Adriana Martínez Martínez

Expediente 289/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
289/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
11/04/2017

Partes del expediente

  • Adriana Martínez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio número 347, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual acompaña el cuaderno original del juicio de amparo 714/2015, así como el testimonio de la ejecutoria pronunciada el nueve de marzo de dos mil diecisiete en el toca 30/2016, relativa al recurso de inconformidad interpuesto contra el auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis; la cual fue resuelto en los términos siguientes: "Único. Se declara infundado el recurso de inconformidad interpuesto por Edgar Martínez Mateo, contra el auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Tercero de Distrito de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo 714/2015 de su índice [anteriormente 1671/2014 del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla]". Por lo anterior, acúsese el recibo correspondiente a la superioridad, glósese a los autos el expedientillo que se formó con motivo de la interposición del citado recurso de inconformidad y, en vista de que por auto de esa misma fecha se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, devuélvase al archivo provisional para proceder a su depuración de acuerdo a los lineamientos establecidos en dicho proveído.

  3. Principal

    de Arbitraje del Estado, por el que da cumplimiento al requerimiento de ocho de marzo de dos mil diecisiete, y exhibe las constancias solicitadas, para que surtan sus efectos legales procedentes. Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que la quejosa Adriana Martínez Martínez, por escrito presentado el nueve de febrero de dos mil diecisiete (fojas 2 y 3), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. La dilación procesal en todas y cada una de las etapas dentro del juicio laboral D-779/2015, consistentes en que no ha radicado la demanda, no la ha notificado a la parte demandada para que dé contestación a la misma, y no ha señalado fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto del Secretario General, al rendir su informe de ley, negó la existencia de los actos que se le reclaman consistentes en la dilación procesal dentro del juicio laboral D-779/2015, acompañando copia del auto de seis de marzo de dos mil diecisiete, en el que se admitió a trámite la demanda presentada, previniendo a la parte actora para que, en el término de tres días siguientes a su notificación, describiera detalladamente en qué consistían las actividades que realizaba en el desempeño de su cargo, y una vez que diera cumplimiento procedería a realizar el emplazamiento de la parte señalada como demandada, salvo que existiera alguna irregularidad u omisión que notara para la debida sustanciación del proceso, por lo que no existe obligación de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ley, remitiendo las constancias de notificación respectiva en el oficio de cuenta. En esa medida, es evidente que, respecto de la omisión de radicar la demanda del juicio natural se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Efectivamente, hecho el análisis de los argumentos de inconformidad que hace valer el solicitante de amparo, así como de las constancias allegadas por el tribunal responsable, se advierte, en primer término, que el acto reclamado consiste en la falta de radicación de la demanda del juicio laboral D-779/2015; así como la omisión de fijar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley, ante la falta de emplazamiento a la demandada. En segundo lugar, se evidencia que, respecto del primer de esos actos (falta de radicación), el seis de marzo de dos mil diecisiete, el tribunal responsable se pronunció al respecto de la demanda de la parte actora, aquí quejosa, Adriana Martínez Martínez, en el sentido de prevenirla para que la aclarara (foja 16), notificándole dicho auto el catorce del mismo mes y año. Atento a lo expuesto, es dable concluir, que los efectos del acto reclamado han cesado, lo que significa que la autoridad a quien se atribuyó el mismo, dejó de afectar la esfera jurídica de la parte solicitante de amparo, restituyéndole en el pleno goce de las garantías individuales que en algún momento estuvieron vulneradas como si se hubiere concedido el amparo y protección federal, actualizándose de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia en comento. En esas condiciones, ya que la improcedencia que se comenta se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es precisamente el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte inconforme en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija, cuando sea de carácter negativo, lo que en el caso ocurre, pues la abstención reclamada ha cesado con el dictado y notificación de la determinación respectiva, por lo que con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento respecto de los actos antes citados y por los motivos aludidos. En el entendido que este órgano de control constitucional no se encuentra facultado para analizar la legalidad del proveído de seis de marzo de dos mil diecisiete, dictado en los autos del juicio natural, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, la litis constitucional únicamente puede constreñirse a la omisión reclamada, sin que pueda comprender diversas resoluciones que no fueron impugnadas; sobre todo si se toma en consideración que estudiar una violación distinta rompería con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo; de ahí que el estudio de la constitucionalidad o no de los actos reclamados, debe limitarse a lo reclamado primigeniamente en relación con la etapa procesal en que se encuentre el juicio laboral. Lo anterior no deja en estado de indefensión a la quejosa, pues, de considerar que en una etapa distinta a la estudiada en este asunto existe una dilación procesal o violación por parte del tribunal responsable, está en aptitud de hacer valer los recursos o medios de defensa que estime pertinentes. Además, aun cuando también se reclamara el aludido proveído de seis de marzo de dos mil diecisiete, se estima que dicha actuación no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, razón por la cual el juicio de amparo resultaría improcedente, en tanto que esa actuación solamente recaería en derechos adjetivos susceptibles de ser subsanados con posterioridad. En otras palabras, en el presente juicio de amparo indirecto no sería posible analizar la pertinencia o no de la prevención formulada por el tribunal responsable mediante el citado acuerdo de seis de marzo de dos mil diecisiete, ya que ese análisis sólo se podría efectuar, vía amparo directo, cuando ante su incumplimiento dicho tribunal, llevando adelante el apercibimiento decretado, tuviera por no presentada la demanda laboral. Bajo ese mismo hilo argumentativo, se advierte entonces que los actos reclamados consistentes en la falta de señalamiento de fecha para la celebración de la audiencia de ley y la falta de emplazamiento a juicio de la parte demandada al juicio laboral D-779/2015 son inexistentes, ya que el seis de marzo de dos mil diecisiete, el tribunal responsable se pronunció al respecto de la demanda de la parte actora, aquí quejosa, Adriana Martínez Martínez, en el sentido de prevenirla para que aclarara su demanda, por lo que no existe obligación de ordenar el emplazamiento de la parte demanda ni de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ley; lo que lleva a sobreseer en el presente juicio. En efecto, lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." De lo anterior se desprende que procede el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo, cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Cierto, de las constancias que obran en autos, es posible advertir que hasta el seis de marzo de dos mil diecisiete, el tribunal responsable se pronunció al respecto de la demanda de la parte actora, aquí quejosa, Adriana Martínez Martínez, en el sentido de prevenirla para que aclarara su demanda; de tal forma que, al momento de la presentación de la demanda de amparo, la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución dentro del juicio de origen, no existía en la forma planteada por la solicitante de amparo. Ello pues, cuando se presentó el escrito de demanda de amparo, esto es, el nueve de febrero de dos mil diecisiete (como se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla que obra a foja dos) aún no se había ordenado emplazar a la parte demanda dentro del juicio de origen, ni señalado fecha y hora para la audiencia de ley. Por consiguiente, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, el juicio laboral de origen aún no guardaba estado para que se le diera trámite y se señalara la fecha de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, la omisión reclamada no existía y no transgrede el derecho humano de acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17 Constitucional. En efecto, en lo que importa, los artículos 86 y 87 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, disponen "ARTÍCULO 86.- La contestación de la demanda se presentará en un término que no exceda de cinco días, contados a partir del siguiente a la fecha de su notificación; deberá referirse a todos y cada uno de los hechos que comprenda la demanda, y ofrecer pruebas en los términos de la fracción V del artículo anterior. Cuando el domicilio del demandado se encuentre fuera del lugar en que radica el Tribunal, se aplicará el término en un día más por cada 40 kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad. ARTICULO 87.- El Tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes y, en su caso, a los testigos y peritos, para la audiencia de pruebas alegatos y resolución". Luego, es evidente que la dilación reclamada por la quejosa es inexistente, pues el tribunal responsable el seis de marzo de dos mil diecisiete, admitió la demanda y previno a la parte quejosa; por lo que, si en el juicio de origen aún no se había ordenado emplazar a la parte demandada, resulta evidente que el tribunal responsable no podía pronunciarse respecto de fijar fecha y hora para la audiencia en el juicio de origen. En esas condiciones, atendiendo a que los actos reclamados al Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla, son inexistentes, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con veintiocho minutos del diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la cual se desprende que la audiencia constitucional en el presente juicio se celebró a las nueve horas con diecinueve minutos del diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, sin que a la fecha se haya dictado sentencia, en cumplimiento al oficio STCCNO/1122/2016 de siete de noviembre de dos mil dieciséis, del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al auxilio en el dictado de sentencias de amparo, por parte del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés, Cholula, Puebla, se ordena remitir el presente expediente con dos anexos a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en el plazo establecido por dicha Secretaría Técnica en el punto de acuerdo C. CAR 110/2016-V de siete de noviembre de dos mil dieciséis; expediente que corresponde a la remesa del mes de marzo de dos mil diecisiete, para que por su conducto sea remitido al referido Juzgado de Distrito Auxiliar, relacionándose en el acta circunstanciada que para tal efecto se levante. En razón de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia simple de las siguientes constancias: 1) papeleta de turno; 2) demanda de amparo; 3) auto admisorio; y, 4) audiencia constitucional; así como con el presente acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

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