Adriana Marina Campos Aguilar

Expediente 36/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
36/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
18/05/2021

Partes del expediente

  • Adriana Marina Campos Aguilar
  • Junta Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Puebla
  • Porfirio Rafael Tlatelpa Tela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del veintitrés de abril de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Cuaderno incidental Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de constancias. Finalmente, tomando en consideración el anexo que fue remitido por la autoridad en atención a los requerimientos efectuados en autos, se ordena la devolución de lo siguiente: 1) A la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla las constancias de la décimo primer pieza del Registro Sindical 2/1973 (Un Tomo de Pruebas). Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los autos, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo que concedió una prórroga de vigencia de la representación sindical del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, por el periodo comprendido del veintiocho de mayo de dos mil veinte al veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, así como la negativa de expedir copia certificada de dicho auto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, los cuales prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; Del precepto legal trascrito en primer término, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando dicha particularidad resulte de alguna disposición de la ley o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que del segundo se desprende que es obligación del quejoso señalar en la demanda de amparo a la autoridad o autoridades responsables, lo anterior, en virtud de que al no cumplir tal señalamiento, no podría analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, por no haberse llamado al juicio a la autoridad que lo emitió y, por tanto, el juicio de amparo resultaría improcedente. Al respecto, las constancias de autos revelan los siguientes antecedentes: El diecinueve de enero de dos mil veintiuno se recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el oficio 34730/2020-I que contenía el acuerdo del catorce de diciembre de dos mil veinte dictado por este Juzgado de Distrito en el diverso juicio de amparo 1209/2020-IV en el que se ordenó la separación de juicios respecto de la demanda promovida por Adriana Marina Campos Aguilar -como representante común- cuyo acto versaría en el presente expediente respecto del acuerdo que concedió una prórroga de vigencia de la representación sindical del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, por el periodo comprendido del veintiocho de mayo de dos mil veinte al veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, así como la negativa de expedir copia certificada de dicho auto. El veinte de enero pasado se admitió a trámite la demanda de amparo por los citados actos y se requirió el informe justificado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. El veintitrés de febrero de dos mil veintiuno se recibió el informe justificado rendido por los integrantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla a través del cual ofrecieron como prueba el original de las constancias de la décima primer pieza del Registro Sindical 2/1973, del cual se advirtió que el acto reclamado derivaba de dicho expediente y que dicho asunto es del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Con motivo de lo anterior, en ese mismo auto, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla quien emitió el acto reclamado en el expediente correspondiente a la décima primer pieza del Registro Sindical 2/1973. Ahora bien, el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para ampliar su escrito inicial de demanda transcurrió del uno al veintidós de marzo de dos mil veintiuno, pues no obstante que presentó su ampliación el veintitrés de marzo del año en curso la misma resultó extemporánea como quedó precisado en acuerdo de veintiséis de marzo del año en curso. En ese contexto, ante la omisión de la parte quejosa de señalar como autoridad responsable a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, impide jurídicamente examinar la constitucionalidad del acto consistente en el acuerdo que concedió una prórroga de vigencia de la representación sindical del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, por el periodo comprendido del veintiocho de mayo de dos mil veinte al veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, así como la negativa de expedir copia certificada de dicho auto porque de hacerlo se privaría a dicha autoridad del derecho defensa al no habérsele oído ni llamado a juicio. Lo anterior encuentra fundamento en las siguientes jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída. AUTORIDADES NO LLAMADAS A JUICIO. Si se impugnan las facultades de una legislatura para hacer una declaración que el quejoso considera unilateral e infundada, eso no puede estudiarse a través del juicio de garantías, si no ha sido llamada a juicio la autoridad de quien emana ese hecho, o sea la legislatura, única capacitada para demostrar la legalidad del acto, siempre y cuando naturalmente hubiera sido materia de impugnación en los autos correspondientes. En el mismo tenor, resultan ilustrativas las tesis emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultables, la primera, en la página 1195, Tomo XLVII y, la segunda, en la página 206, Tomo XLVIII, ambas de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido dice: AUTORIDAD RESPONSABLE, OMISIÓN DE LA. Debe sobreseerse en el amparo cuando esté comprobado en autos que los actos que se reclaman proceden de una autoridad que no ha sido designada como responsable, ni llamada a juicio, ni oída en el procedimiento respectivo, pues es, jurídicamente, imposible examinar la constitucionalidad de esos actos, ya que ese examen tendría que hacerse necesariamente, en un procedimiento unilateral y a espaldas de la autoridad que verdaderamente tiene el carácter de responsable y, por tanto, el derecho de justificar la legalidad de sus procedimientos. AUTORIDADES RESPONSABLES, FALTA DE SEÑALAMIENTO DE LAS, EN EL AMPARO. El juicio de amparo es una controversia que se suscita ente el quejoso y la autoridad responsable y, por lo mismo, tiene que ser ésta designada exactamente, para que sea oída y darle oportunidad a que justifique o intente justificar sus actos, para que el Juez federal decida sobre sí se ha violado alguna garantía constitucional, y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si no se designa a la autoridad de quien realmente ha emanado el acto que se reclama, puede resolverse sobre la constitucionalidad de él, si se señalan como responsables a otras que tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión, o que no han ejecutado actos de la autoridad que ha intervenido en el hecho que se reclama de determinado funcionario, debiendo sobreseerse en el amparo cuando se incurra en tal omisión. Entonces, dado que la parte quejosa omitió señalar como autoridad responsable a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, aun cuando tenía conocimiento de que ésta es quien dictó el acuerdo reclamado en el expediente relativo a la décima primer pieza del Registro Sindical 2/1973, no es factible examinar el acto de una autoridad que no fue citada al juicio. Lo anterior es así, en virtud de que el señalamiento de la autoridad responsable queda a cargo exclusivamente de la peticionaria de amparo, pues en atención al principio de instancia de parte agraviada contenido en el artículo 6º de la Ley de Amparo, la acción constitucional sólo puede enderezarse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro aspecto que se reclame; por lo que el Juez de Distrito está imposibilitado para llamar oficiosamente a aquellas autoridades que no fueron señaladas como responsables por la parte quejosa. Cobra aplicación por su contenido jurídico, la tesis aislada 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 113, tomo IX, Enero de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 194684, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. En ese sentido, dado que la quejosa no señaló como responsable a la autoridad que dictó el acto reclamado, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se les llamó a juicio y no fueron oídas; por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada en autos; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de abril de dos mil veintiuno. Diferimiento. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, se advierte que aún está transcurriendo el término de cinco días que prevé el artículo 99 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa esté en posibilidad de interponer recurso de queja en contra del auto del veintiséis de marzo del año en curso, por el cual se desechó por extemporánea la ampliación de la parte quejosa. En tal sentido, para no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, con fundamento en el artículo 115, párrafo segundo de la Ley de Ampro, procede a diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las quince horas con cuarenta minutos del veintisiete de abril de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de abril de dos mil veintiuno. Escrito de autorizado de la parte quejosa. Agréguese a los autos el escrito de ***, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por la parte quejosa, por medio del cual informa que el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (SUTISSSTEP), el quince de febrero del año en curso, publicó la "Convocatoria para elección de comité ejecutivo", anexando al presente copia de dicha convocatoria; de lo anterior, se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Prueba. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba la documental que anexa a su escrito de cuenta, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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