Adriana Maria Montiel Varela

Expediente 1810/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1810/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • Alana Montiel Varela
  • Adriana Maria Montiel Varela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado resuelve recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 1810/2021, copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada el once de febrero de dos mil veintidós, emitida en el recurso de queja número Q-285/2021 de su índice. Ahora, de la ejecutoria de mérito, se advierte lo siguiente: "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja. SEGUNTO. Se confirma el auto recurrido TERCERO. Se desecha por improcedente la demanda de amparo promovida por Adriana María, Alana y José César de apellidos, Montiel Varela, en contra de los actos que reclamaron del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, consistentes en el emplazamiento de todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario 1235/2020." Acúsese el recibo de estilo a dicho Tribunal de Alzada, respecto de la copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada por videoconferencia el once de febrero de dos mil veintidós emitida en el recurso de queja número Q-285/2021 de su índice, así como del cuaderno original del presente juicio. A fin de evitar la repetición innecesaria de las actuaciones que ya obran en el presente sumario, se ordena glosar únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la interposición del aludido recurso. En tal virtud, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del asunto. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dese vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este tribunal dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que ofreció en el presente asunto, apercibida que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán glosados al expediente en que se actúa y en su momento podrán ser destruido junto con las constancias judiciales. Ahora, se hace de su conocimiento que en atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, deberá atender los lineamientos ahí establecidos para poder acudir a las instalaciones de este Juzgado Federal para el desahogo de la referida diligencia. Ahora, por lo que hace a los documentos que adjuntó en copia, se le indica que en caso de que requiera su devolución, deberá solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado resuelve recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 1810/2021, copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada el once de febrero de dos mil veintidós, emitida en el recurso de queja número Q-285/2021 de su índice. Ahora, de la ejecutoria de mérito, se advierte lo siguiente: "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja. SEGUNTO. Se confirma el auto recurrido TERCERO. Se desecha por improcedente la demanda de amparo promovida por Adriana María, Alana y José César de apellidos, Montiel Varela, en contra de los actos que reclamaron del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, consistentes en el emplazamiento de todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario 1235/2020." Acúsese el recibo de estilo a dicho Tribunal de Alzada, respecto de la copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada por videoconferencia el once de febrero de dos mil veintidós emitida en el recurso de queja número Q-285/2021 de su índice, así como del cuaderno original del presente juicio. A fin de evitar la repetición innecesaria de las actuaciones que ya obran en el presente sumario, se ordena glosar únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la interposición del aludido recurso. En tal virtud, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del asunto. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dese vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este tribunal dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que ofreció en el presente asunto, apercibida que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán glosados al expediente en que se actúa y en su momento podrán ser destruido junto con las constancias judiciales. Ahora, se hace de su conocimiento que en atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, deberá atender los lineamientos ahí establecidos para poder acudir a las instalaciones de este Juzgado Federal para el desahogo de la referida diligencia. Ahora, por lo que hace a los documentos que adjuntó en copia, se le indica que en caso de que requiera su devolución, deberá solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de enero de dos mil veintidós. Se admite queja. Agréguese a los autos el oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el cual transcribe el auto de cinco de enero pasado, del que se advierte que se admitió a trámite el recurso de queja 285/2021 de su índice, interpuesto por la parte quejosa contra el auto del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno en el que se desechó su demanda de amparo; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Dictamen perito oficial. William Jiménez Martínez perito oficial en materia de Ingeniería Civil y Arquitectura, designado para intervenir en el presente juicio de amparo, exhibe su aclaración de dictamen en topografía y agrimensura. Vista con dictamen. Asimismo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el dictamen pericial recibido en proveído de once de noviembre del año en curso y aclaración del mismo, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Sin que sea el caso requerir su ratificación, pues ni la Ley de Amparo, ni el Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria al primer ordenamiento mencionado-, prevén que para la validez de la prueba pericial sea necesaria la ratificación del dictamen, sino que basta la aceptación del perito de su cargo y que se rinda el dictamen correspondiente. Por las razones jurídicas expuestas, resulta ilustrativa al caso la jurisprudencia 70/2014, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRUEBA PERICIAL EN MATERIA AGRARIA. PARA SU VALIDEZ NO SE REQUIERE QUE EL PERITO RATIFIQUE SU DICTAMEN. De la Ley Agraria y el Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria al primer ordenamiento mencionado-, no se advierte que para la validez de la prueba pericial sea necesaria la ratificación del dictamen elaborado por el perito, sino que basta que la persona designada con ese carácter manifieste la aceptación de su cargo y rinda el dictamen correspondiente, lo cual puede llevarse a cabo al celebrarse la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, pues es en este momento procesal en el que las partes del juicio agrario, así como los peritos y testigos, deben concurrir. Por tanto, la falta de ratificación del dictamen pericial no es motivo para restar valor probatorio a la prueba pericial respectiva, por no ser un requisito legal de su desahogo." Diferimiento. En consecuencia, para dar margen a lo anterior se procede a diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose en su lugar las dieciséis horas con veinte minutos del seis de enero de dos mil veintidós; lo que se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. ... Alegatos tercera interesada. Finalmente, la tercera interesada *** formula alegatos. Se tienen por reproducidas las manifestaciones en vía de alegatos, que hace valer la parte tercera interesada en términos del artículo 124 de la ley de la materia, debiendo darse cuenta con ellos en la audiencia constitucional.

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