Adriana Macías Morales
Expediente 973/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 29 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 973/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 22/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Adriana Macías Morales
- Juez de Control de la Region "3" En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Garantías de la Tesorería de la Federación, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado ************, por el cual le fue remitido el billete de depósito número ******* valioso por la cantidad de cinco mil pesos ($*********** pesos 00/100 moneda nacional) e informa que fue aplicado a favor del Erario Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, como el comunicado que se atiende también se encuentra dirigido a diversos juicios de amparo del índice de éste órgano constitucional, obténgase copia certificada del mismo y acuérdese lo conducente en dichos expediente
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que obra en la caja de valores el billete de depósito************, que ampara la cantidad de ***********, que sirvió para garantizar la suspensión provisional. Atento a lo anterior, en virtud de que ha transcurrido el término de dos años previsto en el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, como se desprende de la certificación secretarial de cuenta, sin que la quejosa ***********, haya acudido a recoger el aludido título-valor, no obstante estar en condiciones de hacerlo; se declara la prescripción a favor del erario federal de la cantidad que ampara el mencionado billete de depósito. Se instruye al secretario para que, con transcripción de este proveído, de inmediato envíe dichos documentos transferidos al Tesorero de la Federación. Solicítese acuse de recibo.
- Principal
R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mi diecinueve (fojas 2 a 6), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Celaya, Guanajuato, recibido en este Juzgado Octavo en la misma data, ********** demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado, sede Celaya y otras autoridades, los que hizo consistir en la orden de aprehensión, presentación, comparecencia, detención o arraigo; así como la inminente ejecución de tal orden, al considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 7 a 9), esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo; formó para tal efecto el expediente ***; otorgó la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación; y finalmente fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y TERCERO. Autoridades inexistentes. En proveído de veintidós de octubre y once de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 14 y 64 vuelta), se declararon inexistentes a las autoridades que el quejoso señaló en su escrito inicial de demanda como: Agentes de la Policía Ministerial adscritos al Subcoordinador de a esta ciudad de Celaya, Guanajuato"; "Jefes de Grupo de Mandamientos Especiales de la Policía Ministerial de esta ciudad de Celaya, Guanajuato"; "Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de esta ciudad de Celaya, Guanajuato"; Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de la ciudad de Juventino Rosas, Guanajuato; y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de la ciudad de Cortázar, Guanajuato (.).". Por tanto, esta resolución no se ocupará más de esas autoridades. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al reclamarse actos relacionados con la libertad personal con ejecución dentro de la jurisdicción de este tribunal federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con apego en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: i) La orden de aprehensión girada en contra de la quejosa en la causa penal *** del índice del Juzgado de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado, sede Celaya, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de contra la salud, en la modalidad de posesión simple, previsto y sancionado por el artículo 477, 473 fracciones V, VI y VIII de la Ley General de Salud, con relación a los diversos 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto, todos del Código Penal vigente en el estado; y ii) La inminente ejecución del mandato de captura indicado en el punto que antecede. Las autoridades señaladas como responsables son: Como ordenadoras: 1. El juez de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede Celaya. 2. Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado, sede Salvatierra, base Cortázar; y 3. Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado, sede Salvatierra, base Santa Cruz de Juventino Rosas. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados y sobreseimiento. Las autoridades responsables: 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado, sede Salvatierra, base Cortázar (foja 25); 2. Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado, sede Salvatierra, base Santa Cruz de Juventino Rosas (foja 39). Negaron la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó. Por tanto, si la solicitante del amparo no ofreció prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades supra indicadas, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Luego, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio. Al no oponerse a la actual legislación, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya (fojas 18 y 19), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de la orden de aprehensión que se le reclama en forma destacada; en consecuencia, debe tenerse por cierto tal acto, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de la orden de aprehensión cuestionada se robustece con la documental que acompañó, la juez en mención, a su informe justificado consistente la copia encriptada del audio y video de la audiencia en la que se dictó el acto reclamado; medio de convicción con eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la ley y por tratarse de disco óptico en formato de videograbación (DVD), considerada como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." QUINTO. Existencia de una causal de improcedencia. Previo al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, cuyo examen es preferente por tratarse de un aspecto de orden público que debe abordarse de oficio. Con relación al acto reclamado consistente en la orden de aprehensión girada en contra de la quejosa **********, en audiencia de doce de septiembre de dos mil diecinueve, en la causa penal número *** del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, por el hecho que la ley señala como delito de contra la salud, en la modalidad de posesión simple, previsto y sancionado por el artículo 477, 473 fracciones V, VI y VIII de la Ley General de Salud, con relación a los diversos 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto, todos del Código Penal vigente en el estado; sobrevino la causa prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tal disposición establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se deben cumplir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b) Que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c) Que esta nueva resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que estas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de amparo de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, esto es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. Se reitera que en el caso, el acto combatido de manera destacada consistió en la orden de aprehensión librada en audiencia de doce de septiembre de dos mil diecinueve, en la causa penal número en la causa penal número *** del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede Celaya. Con relación a la reseñada orden de aprehensión cuestionada, el juzgado natural informó mediante oficio *** (foja 65 y vuelta) que a la quejosa ********** se le dictó, en data dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, auto de vinculación a proceso por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de contra la salud, en la modalidad de posesión simple, previsto y sancionado por el artículo 477, 473 fracciones V, VI y VIII de la Ley General de Salud, con relación a los diversos 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto, dentro de la causa penal subyacente ***. Para corroborar la anterior situación el juez del conocimiento primario allegó al sumario un disco compacto gravado en formato DVD, el cual contiene las grabaciones y constancias digitales derivadas de la causa penal de origen ***, específicamente, de la diligencia de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve donde se dictó el auto de vinculación a proceso en comento; documental con eficacia probatoria plena acorde a lo establecido en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. En ese sentido, de las constancias en cita se colige que el juez natural dictó en contra de la quejosa auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal del que deriva la orden reclamada en este asunto; por tanto, es inconcuso que se ha presentado un cambio de situación jurídica. Lo anterior es así, en virtud de que han sido consumadas irreparablemente las violaciones que pudiese contener la orden de aprehensión impugnada, la cual ha sido sustituida por diversa resolución, como lo es el auto de vinculación a proceso dictado en contra de la solicitante del amparo, por lo que resulta claro que se presenta un cambio de situación jurídica, lo que impide a este juzgador entrar al estudio de fondo del acto que se reclama en el presente juicio y decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este, sin afectar la nueva situación jurídica del peticionario de amparo; en las relatadas condiciones, se concluye la materialización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues es patente que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de localizable en la página 270 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXVII, junio de dos mil, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". En las relatadas condiciones, al estar plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto, acorde a lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada codificación. Conviene señalar que al haberse actualizado en forma patente y absolutamente clara la operancia de la causal de improcedencia en estudio, por cuestión de técnica jurídica se genera un impedimento legal para entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada; asimismo, deviene innecesario el análisis sobre diversos motivos de improcedencia, porque el que operen o no, no cambiaría el sentido de esta resolución. Es aplicable al particular, la tesis visible en la página 1264, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Tribunal Pleno, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por algunas de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, en contra de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo; por los motivos expuestos en los puntos considerativos tercero y quinto. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese al sumario la misiva que suscribe la encargada de Sala del Juzgado Único de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región en el estado, sede Celaya, Guanajuato, por el que informa que en audiencia de dieciséis de diciembre del actual año, se decretó auto de vinculación a proceso en contra de la aquí quejosa ***********, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de contra la salud, en la modalidad de posesión simple, previsto y sancionado por el artículo 477, 473 fracciones V, VI y VIII de la Ley General de Salud, con relación a los diversos 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto, todos del Código Penal vigente en el estado, dentro de la causa penal subyacente ***. Con relación a la documental que anexó, consistente en un disco versátil digital (DVD) que contiene la videograbación de la audiencia en cita y constancias digitales relativas a la causa penal en cita, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, en términos del artículo 119 de la ley de la materia. Respecto al dispositivo digital, guárdese en sobre cerrado que se glose al sumario para que obre como legalmente corresponda.
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