Adriana Lorena Rivera Valadez (Apoderada Legal)
Expediente 508/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 508/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Adriana Lorena Rivera Valadez (Apoderada Legal)
- Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal Y Pesquero (Antes Financiera Rural)
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio signado la Jueza Primera Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, por el cual acusa recibo del oficio 4668/2015 del índice de este juzgado, que fue enviado para notificarle el dictado del auto de ocho de los actuales y se adjuntó el original del expediente M-123/2008 en dos tomos y un sobre que contienen diversas documentales; agréguese para que obre como corresponde.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que tuvo el promovente para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del proveído dictado el veintitrés de junio de dos mil quince, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho; consecuentemente, se declara que dicho acuerdo queda firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, no se tramitó incidente de suspensión y no existen documentos originales exhibidos por el quejoso. Toda vez que el presente asunto ha sido concluido en forma definitiva, devuélvase al Juez Primero Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, el original del expediente ***en dos tomos, y dos sobres que contienen copia certificada de la escritura pública 7621 y un estado de cuenta bancario. Solicítese acuse de recibo.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se desprende que concluyó el término de cinco días que se concedió a la parte quejosa, mediante proveído de diez de junio de dos mil quince, para que cumpliera con la prevención formulada, sin que lo haya hecho; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de mérito.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el Juez Suplente Primero Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato, al que adjuntó original de la demanda de amparo promovida por **********, en su carácter de apoderada legal de "**********" (antes denominada Financiera Rural), una copia de traslado, informe justificado, cuadernillo de amparo, original del expediente M-123/2009 en dos tomos y dos sobres que contienen copia certificada de la escritura pública 7621 y un estado de cuenta bancario; dado lo voluminoso de los anexos, fórmense dos tomos de pruebas y guárdense en esta secretaría los documentos exhibidos en sobre cerrado. Vista la demanda de amparo promovida por **********, en su carácter de apoderada legal de "***********" personalidad que se le tiene acreditada en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo; contra el acto del Juez Primero Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 508/2015. De las manifestaciones, hechas bajo protesta de decir verdad, en la demanda de cuenta, así como de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil M-123/2009 del índice del juzgado responsable, se desprende: La promovente es mandataria judicial de la quejosa, "**********), quien a su vez es parte actora en el juicio de origen. El cuatro de junio de dos mil diez, ella y la demandada celebraron convenio judicial de pago que fue elevado a la categoría de cosa juzgada el diez del mismo mes y año. Ante el incumplimiento de la demandada, la aquí quejosa solicitó su ejecución; en lo que interesa, se ordenó el remate de diversos inmuebles, para el dieciocho de marzo de dos mil quince, ordenándose las respectivas publicaciones de edictos. En esa fecha, el secretario adscrito al juzgado responsable levantó certificación de imposibilidad para llevar a cabo la audiencia de remate, por existir inconsistencias en las publicaciones de los edictos. (Éste es el acto reclamado) En contra de dicha certificación, la quejosa interpuso sendos recursos de revocación y apelación, los cuales fueron desechados el veinticinco de marzo "por notoriamente improcedentes, toda vez que (.) únicamente se pueden impugnar los autos y resoluciones, no así las certificaciones, como en el presente caso lo pretende hacer." Ahora bien, de la demanda de cuenta se desprende que la demanda se encuentra dirigida al "juez de distrito con residencia en Celaya" y cita requisitos exclusivos del amparo indirecto, como la "protesta de decir verdad"; por otra parte, cita el artículo 170 de la Ley de Amparo (procedencia del amparo directo), además de que la demanda fue presentada ante la autoridad responsable (a manera de amparo directo, acorde con el artículo 176 de la Ley de Amparo). Lo anterior, genera incertidumbre sobre la vía en la que pretendió impugnar, a saber, directa o indirecta. De tal manera que resulta necesario prevenir a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días: Aclare la vía en la que impugna el acto reclamado, a saber, directa o indirecta. Por otra parte, señala como responsable al juez primero de partido civil, residente en esta ciudad; sin embargo, el acto reclamado (certificación de imposibilidad para llevar a cabo audiencia de remate) fue realizado por el secretario adscrito a dicho tribunal. Por tanto, también resulta necesario prevenir a la quejosa para que, en el mismo plazo: Aclare a quién le atribuye la emisión del acto reclamado, al Juez o al Secretario de su adscripción. En caso de que se lo atribuya al segundo de los citados, deberá precisar qué conducta atribuye al juzgador. Deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, esto es, una para la autoridad responsable (1); seis para los terceros interesados (6) y una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (1); apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda, en términos de lo previsto en el numeral 114 de la ley en cita. Respecto al domicilio para recibir notificaciones, como señalaron los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, ésta y las posteriores, aún las de carácter personal, háganseles por medio de lista. Se tienen como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, toda vez que no cuentan con su cédula profesional registrada en el sistema correspondiente que se lleva dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.
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