Adriana Lucía Romero Saavedra
Expediente 433/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 20 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 433/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 02/04/2018
Partes del expediente
- Adriana Lucía Romero Saavedra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y los terceros interesados manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, en el que se declaró cumplido el fallo protector, sin que ello ocurriera; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas que remitió al rendir su informe justificado, consistentes en un tomo.
- Principal
hago efectivo el apercibimiento del A V I S O de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, en el domicilio procesal de la parte quejosa Adriana Lucía Romero Saavedra, ubicado en calle Segunda 1086, Zona Centro de esta ciudad, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por conducto de apoderado o representante, por lo que se ordena la notificación del auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica a la citada quejosa, publicada el uno de marzo de dos mil dieciocho, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29, todos de la Ley de Amparo; que en lo conducente dice: Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por las responsables, respecto a dicho cumplimiento. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia de catorce de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 44 a la 50), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Adriana Lucia Romero Saavedra, la cual causó ejecutoria mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 57 y 58); en esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "[.] El amparo se otorga para que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, y su Presidente, de inmediato, emitan laudo dentro del expediente laboral 35/2013, y una vez hecho lo anterior procedan a notificarlo a la hoy quejosa con la misma prontitud. [.]" En doce de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por la Representante de Gobierno de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por el cual envío copia certificada del laudo de dos de febrero de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio 35/2013, de su índice, así como las constancias de notificación que recayeron al mismo; con lo anterior, se dio vista a las partes. En consecuencia, si la protección de la Justicia Federal fue para que las autoridades responsables Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California y su Presidente, emitieran laudo dentro del expediente laboral 35/2013, y una vez hecho lo anterior, lo notificaran a la aquí quejosa, lo cual así sucedió; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Sin que obste a lo anterior, lo manifestado por el autorizado de la quejosa, en el escrito recibido por oficialía de partes de este Juzgado, y registrado con el número 1692 (foja 142), en el sentido de que no se puede tener por cumplida la ejecutoria de amparo, hasta que la junta aclare el laudo; esto es, corrija las partes y domicilio en que éstas deben ser notificadas, pues en su lugar emitió acuerdo de seis de febrero de dos mil dieciocho en el que ordenó regularizar el procedimiento, esto a fin de subsanar el mencionado error. Sin embargo, no le asiste la razón a la quejosa, ya que el amparo se concedió para que se emitiera laudo en el juicio del cual deriva el acto reclamado y se realizara su notificación, lo cual ya aconteció; y si bien, en el punto resolutivo sexto, la junta responsable omitió precisar el nombre correcto de las partes y el domicilio donde debían ser notificadas; lo cierto es, que remitió a esta juzgadora las notificaciones de manera correcta; es decir, a las partes contendientes en dicho juicio y en el domicilio de las mismas; por tanto, si considera que el proveído de seis de febrero de dos mil dieciocho, emitido por la junta responsable le causa afectación, puede combatirlo a través de los recursos que la ley prevé. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa y a los terceros interesados, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese personalmente.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
A las nueve horas del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, el que suscribe Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, el auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el Juicio de Amparo 433/2017-II-B, a los terceros interesados ****************, de esta ciudad, en cumplimiento al auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, emitido dentro del presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de la materia, que dice: Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por las responsables, respecto a dicho cumplimiento. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia de catorce de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 44 a la 50), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Adriana Lucia Romero Saavedra, la cual causó ejecutoria mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 57 y 58); en esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "[.] El amparo se otorga para que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, y su Presidente, de inmediato, emitan laudo dentro del expediente laboral 35/2013, y una vez hecho lo anterior procedan a notificarlo a la hoy quejosa con la misma prontitud. [.]" En doce de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por la Representante de Gobierno de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por el cual envío copia certificada del laudo de dos de febrero de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio 35/2013, de su índice, así como las constancias de notificación que recayeron al mismo; con lo anterior, se dio vista a las partes. En consecuencia, si la protección de la Justicia Federal fue para que las autoridades responsables Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California y su Presidente, emitieran laudo dentro del expediente laboral 35/2013, y una vez hecho lo anterior, lo notificaran a la aquí quejosa, lo cual así sucedió; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Sin que obste a lo anterior, lo manifestado por el autorizado de la quejosa, en el escrito recibido por oficialía de partes de este Juzgado, y registrado con el número 1692 (foja 142), en el sentido de que no se puede tener por cumplida la ejecutoria de amparo, hasta que la junta aclare el laudo; esto es, corrija las partes y domicilio en que éstas deben ser notificadas, pues en su lugar emitió acuerdo de seis de febrero de dos mil dieciocho en el que ordenó regularizar el procedimiento, esto a fin de subsanar el mencionado error. Sin embargo, no le asiste la razón a la quejosa, ya que el amparo se concedió para que se emitiera laudo en el juicio del cual deriva el acto reclamado y se realizara su notificación, lo cual ya aconteció; y si bien, en el punto resolutivo sexto, la junta responsable omitió precisar el nombre correcto de las partes y el domicilio donde debían ser notificadas; lo cierto es, que remitió a esta juzgadora las notificaciones de manera correcta; es decir, a las partes contendientes en dicho juicio y en el domicilio de las mismas; por tanto, si considera que el proveído de seis de febrero de dos mil dieciocho, emitido por la junta responsable le causa afectación, puede combatirlo a través de los recursos que la ley prevé. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa y a los terceros interesados, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
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