Adriana Elisabeth Susarrey García
Expediente 302/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 302/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2015
Partes del expediente
- Adriana Elisabeth Susarrey García
Actuaciones
- Principal
Se tiene por recibido y se glosa a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Decimoquinto Circuito con residencia en Mexicali, Baja California, informa que ese órgano colegiado asumió la competencia planteada por este juzgado de Distrito y admitió la demanda de amparo promovida por Adriana Elizabeth Susarrey García. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el presente cuadernillo, ya que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un expediente auxiliar, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente auxiliar una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, a través del cual acusa de recibo del diverso 22982/2015 de este índice, por el cual se remitió el presente juicio de amparo, promovida por Adriana Elizabeth Susarrey García, sin proveer sobre su admisión e informa que requirió al Juez Primero de lo Civil con residencia en esta ciudad, a efecto de que le remita copia certificada del expediente 876/2013-C. Circunstancia de la que este órgano tomo conocimiento para los efectos legales procedentes, reservando ordenar el archivo del presente asunto hasta en tanto se acepte la competencia planteada
- Principal
Se tiene por recibida la demanda promovida por Adriana Elisabeth Susarrey García, por derecho propio, contra actos de: 1. Juez Primero de lo Civil, con residencia en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 302/2015-II-A. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA Al interpretar el escrito de demanda en su integridad, se aprecia que el acto reclamado es: Del Juez Primero de lo Civil, con residencia en Ensenada, Baja California, se reclama los resolutivos tercero, y quinto, así como los considerandos III y V de la sentencia definitiva de fecha 27 de abril del 2015 dictada en el expediente número 876/2013-C, misma que se recurre, por las violaciones al procedimiento, debido a una inexacta aplicación de las leyes que regulan el juicio en cuestión, además por una indebida valoración a las pruebas, por lo que deberá de dejarse sin efecto la sentencia recurrida, en virtud de que dicha sentencia viola los derecho constitucionales de la suscrita. Este hecho concatenado con los antecedentes narrados en la demanda, permiten determinar que este Juzgado no es competente, en razón que el acto que reclama se debe tramitar en la vía de Amparo Directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito. La anterior conclusión anticipada, deviene del análisis de competencia, bajo el esquema normativo de los artículos 34 y 170 fracción I, de la Ley de Amparo que establecen: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. . Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Los numerales citados, norman la hipótesis de procedencia de Amparo Directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, que se circunscribe básicamente en el acreditamiento de lo siguiente: a) La existencia de una sentencia definitiva, laudo o resolución; b) Que esa sentencia definitiva, laudo o resolución decida el juicio en lo principal; o por resoluciones que pongan fin al juicio; c) Que esa sentencia definitiva, laudo o resolución haya sido dictada por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. En el acto reclamado a estudio, se dan los tres requisitos exigidos por la norma para actualizar la procedencia del juicio de amparo directo; lo anterior, en razón que el quejoso reclama la sentencia de veintisiete de abril de dos mil quince, emitida por el Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, dentro del expediente número 876/2013-C; sentencia que decidió el juicio en lo principal, pues ésta tiene el carácter de definitiva; en razón que no existe medio de defensa ni recurso ordinario a través del cual pueda combatirse. En lo conducente, resulta aplicable al presente asunto, la Jurisprudencia 1a./J. 78/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1, página 428, que precisa: RECURSO NO IDÓNEO. LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE CONSTITUYE EN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ES IRRECURRIBLE, CONFORME AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUNQUE SE HAGA VALER LA APELACIÓN Y ÉSTA SE DESECHE. Acorde con los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas; ello, dada su naturaleza de medio extraordinario de defensa ante la falta de recursos ordinarios por virtud de los cuales el gobernado pueda impugnar la sentencia que le agravia. De esta manera, si el artículo 1339 del Código de Comercio, excluye la procedencia del recurso de apelación contra sentencias que decidan el juicio en lo principal, cuyo valor del negocio sea inferior a una determinada cuantía, resulta inconcuso que las emitidas en juicios ejecutivos mercantiles, que por razón de cuantía son irrecurribles, se constituyen en definitivas para efectos del juicio de amparo directo; de ahí que la circunstancia de que una de las partes interponga en su contra el recurso de apelación previsto en el citado artículo 1339 y que el juez de la instancia determine no admitirlo, desecharlo o tenerlo por no interpuesto, no constituye un obstáculo para que, en el plazo previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, proceda el juicio de amparo directo promovido contra dicha sentencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se declara legalmente incompetente este juzgado para conocer del asunto, ordenando remitir la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en el Estado de Baja California en turno, con residencia en Mexicali. Fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en Boulevard de Los Lagos, número 500-18, del fraccionamiento Valle Dorado, de esta ciudad; y, autorizando para tales efectos, en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a José Luis Gordillo Quevedo, Luis Miguel Mendoza Torres, Miriam Zavala González y Socorro Quevedo Morales; por así solicitarlo expresamente la quejosa en su escrito de demanda; y respecto a Socorro Quevedo Morales, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tienen por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a Mauricio Quevedo Sánchez, en virtud de que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese y cúmplase
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