Adriana Jardon Flores

Expediente 24/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
24/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
25/01/2019

Partes del expediente

  • Adriana Jardon Flores

Actuaciones

  1. Principal

    ii)Toluca, Estado de México; veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de quince de enero de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Adriana Jardón Flores, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de enero de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Adriana Jardón Flores, contra actos del Director General del Centro Médico "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS", de la Secretaría de Salud del Estado de México y otras; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 24/2019-II. Precisión del acto reclamado. En esa tesitura, se estima pertinente señalar que del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa en esencia reclama en la presente vía de amparo la omisión de dar contestación al escrito presentado el tres de enero de dos mil dieciocho, en el que solicitó copias certificadas de los contratos individuales de trabajo, una constancia laboral en la que se precisa el cargo y copias certificadas y constatadas de su expediente personal. Desechamiento. De conformidad con el artículo 62 de la vigente Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, además de que de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, procederá desecharse de plano la demanda de amparo. Al caso es aplicable la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación, mayo 1991, Tomo VII Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5º, fracción II (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.(.)." Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. Al respecto, debe decirse que conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo es la que, con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico, emitiendo actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. De ahí que una autoridad para efectos del amparo es la que -teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas-, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Sobre el particular, se tiene que el acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable en términos de los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° de la Ley de Amparo, preceptos que consagran su procedencia contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo -decisión, ejecución o ambas-, o negativo -abstención u omisión-, que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas -ley-, que constituye un acto concreto de efectos particulares imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquéllos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo necesariamente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, para establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, es necesario constatar si éste afectó directamente y de manera unilateral la esfera jurídica del gobernado y si se impuso contra y sobre la voluntad de éste; adicionalmente y de acuerdo con su naturaleza, debe considerarse si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente. Para estar en posibilidad de pronunciarse si en la especie, los actos reclamados provienen o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, este órgano jurisdiccional abordará los siguientes tópicos: a. Naturaleza del escrito presentado por el quejoso el tres de enero de dos mil dieciocho. Para analizar esta cuestión en primer lugar debemos precisar que el escrito presentado por el quejoso ante la responsable obedece al interés de éste como trabajador, es decir, es un escrito dirigido al patrón por haber brindado un servicio dentro del Centro Médico "LIC. Adolfo López Mateos" de la Secretaría de Salud del Estado de México, para diversas cuestiones atenientes a la relación laboral entre un trabajador y su patrón y no con imperio de ley, consistente en: Rescindir la relación laboral por causa justificada por las razones que en su escrito expone. La solicitud de copias certificadas de los contratos individuales de trabajo, durante el tiempo que duró la relación de trabajo. En una constancia laboral en la que se precisa el cargo de la quejosa; y, Copias certificadas y constatadas de su expediente personal. De las cuales se advierte que las mismas tienen como intención que las autoridades responsables, en su carácter de patrón, realicen una contestación al escrito presentado por la quejosa como trabajador. Ello, pues presentar su renuncia es una cuestión inherentemente laboral y la posterior solicitud de copias y constancias no puede desvincularse de la misma, además de que dichas copias y constancias versan sobre documentos de la quejosa como trabajadora den Centro Médico "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS", de la Secretaría de Salud del Estado de México. Como ya se precisó en párrafos anteriores, tienen calidad de autoridad responsable, en términos de lo dispuesto por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que ordena o ejecuta el acto reclamado, ya que se traduce en el ejercicio de una potestad administrativa, expresión de una relación de supra a subordinación, que tiene su origen en una disposición integrada al orden jurídico nacional y que implica un acto unilateral, lo cual hace innecesario acudir a los tribunales ordinarios para que surtan efectos las consecuencias jurídicas impuestas por el órgano decisor sin el consenso del afectado. Si bien el quejoso aduce que elevó un escrito de manera pacífica y respetuosa ante un funcionario y/o empleado de la administración pública estatal, en ejercicio del derecho de petición consagrado por el numeral 8° de la Carta Fundamental, en realidad se aprecia que la solicitud elevada constituye un solicitud a fin de que su patrón de contestación a sus peticiones. En este sentido, se puede apreciar con toda claridad, que el escrito de referencia realmente se hizo derivado de una relación de trabajo, en cuyo caso no se está en presencia de un acto de autoridad para el efecto del juicio de amparo, dado que no modifica unilateralmente una situación jurídica, pues no debe perderse de vista que entre la particular que elevó la petición y el Centro Médico "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS", de la Secretaría de Salud del Estado de México, existe una relación jurídica de carácter laboral, de acuerdo al dicho del quejoso. Así como la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 303, tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente." Así como la tesis, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 2358, Registro 2008612, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA SU OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN RELACIONADA CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO, QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE PATRÓN. El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley y sus condiciones generales de trabajo; por tanto, contra la omisión atribuida a su director general de responder a una solicitud formulada por uno de sus trabajadores en ejercicio del derecho de petición, relacionada con cuestiones de las condiciones generales de trabajo, es improcedente el juicio de amparo, pues no se está en presencia de un acto de autoridad, en virtud de que la relación existente entre el colegio y sus trabajadores es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad. En congruencia con lo anotado, se tiene que la respuesta a la solicitud elevada por el quejoso, constituye un acto verificado entre partes en un plano de coordinación, donde la nota distintiva es la igualdad jurídica, al ser evidente que el origen de la relación es el vínculo laboral, por lo que al carecer de unilateralidad, imperatividad y coercitividad de que todo acto de autoridad está revestido, actúa como patrón y trabajador y no como autoridad y gobernado, por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Adriana Jardón Flores, contra actos del Director General del Centro Médico "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS", de la Secretaría de Salud del Estado de México y otras. Domicilio. En términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones al quejoso por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluso las de carácter personal, por así solicitarlo expresamente en su escrito inicial de demanda. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se autoriza en términos amplios a Rubí Lizeth Cárdenas Jadón, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las demás personas en términos de la última parte del párrafo segundo del numeral citado, por no contar con dicho registro. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Jorge Daniel Ochoa Ruiz que autoriza, firma y da fe.

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