Adriana Elizabeth Ceballos Rojas

Expediente 188/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
188/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
20/06/2016

Partes del expediente

  • Adriana Elizabeth Ceballos Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; veinte de junio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que las partes no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria decretada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentido, para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. Ello es así, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso IV, del acuerdo general conjunto de referencia, cuyo contenido es: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: (.) IV. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, de los cuales se conservará en todos los casos la demanda y la sentencia respectivas; (...)" Lo anterior, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del acuerdo general conjunto referido. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo normativo aludido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Jazmín Nallely Martínez Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta evidencia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de once de mayo del año en curso, para desahogar la vista respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo; sin que se manifestaran al respecto, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y este Juzgado Federal analiza de oficio el cumplimiento al fallo de amparo. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En consecuencia, para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: La parte agraviada señaló como acto reclamado: La resolución de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de revisión 1861/2015, por medio del cual la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, confirma el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil quince, dictado por el Magistrado de la Séptima Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el juicio administrativo 994/2015, en el cual se niega a la quejosa la suspensión del acto impugnado en dicho juicio. Mediante sentencia dictada por este juzgado, el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, en la cual se resolvió: "ÚNICO. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, a Adriana Elizabeth Ceballos Rojas, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, en términos de la litis fijada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso quinto y para los efectos precisados en la parte final de esta resolución." En esa tesitura, la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "(.) En consecuencia, lo precedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la resolución de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de revisión 1861/2015, y en su lugar emita otra en la que atendiendo a lo expuesto en la presente determinación, declare fundado el agravio planteado por la recurrente en el sentido que resulta aplicable el criterio que invoca y, en consecuencia, revoque el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil quince, dictado por el Magistrado de la Séptima Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el juicio administrativo 994/2015, en el cual se niega a Adriana Elizabeth Ceballos Rojas la suspensión del acto impugnado en dicho juicio; concediendo la suspensión del acto impugnado no respecto de la continuación de todo el procedimiento administrativo de separación, sino exclusivamente el dictado de la resolución que ha de recaer en ese procedimiento administrativo, ello mientras se resuelve el juicio administrativo en cuanto al fondo, teniendo plenitud de jurisdicción para fijar, en caso de estimarlo conducente, efectos restitutorios con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables a Adriana Elizabeth Ceballos Rojas, en términos del artículo 255, párrafo segundo del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Mediante proveído de veintiuno de abril del año en curso, dicha determinación causó ejecutoria y, por tanto, se requirió al Juez responsable, su cumplimiento. Por oficio recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diez de mayo de dos mil dieciséis, la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, remitió copia certificada de la resolución de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de revisión 1861/2015, de la cual se desprende que realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la resolución de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de revisión 1861/2015; y, - En su lugar emitió otra en la que atendiendo a lo expuesto en la sentencia dictada en el presente juicio, declaró fundado el agravio planteado por la recurrente en el sentido que resulta aplicable el criterio que invocó y, en consecuencia, revoco el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil quince, dictado por el Magistrado de la Séptima Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el juicio administrativo 994/2015, asimismo, concedió la suspensión del acto impugnado para que se mantengan en el estado procesal que guardan, específicamente en el caso de que el autoridad demandada no haya dictado resolución definitiva en el expediente CESC/CHJ/PS/413/2015 para que se abstenga de hacerlos, hasta en tanto se resuelva el juicio administrativo 994/2015, es decir, ordeno reservar la decisión de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana hasta que se decida sobre la legalidad de lo actos reclamados en el mismo. En tales consideraciones, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues tal actuar cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Jazmín Nallely Martínez Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; once de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, a través del cual en atención al requerimiento formulado el dos de mayo de dos mil dieciséis, hace del conocimiento el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio suscrito por la autoridad oficiante y con el anexo que adjunta, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibida que en caso de omisión se resolverá lo conducente con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias de autos. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación de Marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; dos de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, a través del cual en atención al requerimiento formulado el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, hace del conocimiento las gestiones que se encuentran realizando a efecto de dar cumplimiento cabal a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, agréguese a los autos para que surtan los efectos legales conducentes y con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase nuevamente a la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo en el Estado de México, para que dentro del término de tres días de cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en el precepto en cita, y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, visto el contenido del oficio SEADS/760/2016, de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción del Juez Breyman Labastida Martínez, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil dieciséis; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio del año dos mil diez, Novena Época, materia común, con número de registro 164217, cuyo rubro establece: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la licenciada Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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