Adriana Ivonne Sepúlveda Ccoolle

Expediente 920/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
920/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
05/09/2017

Partes del expediente

  • Adriana Ivonne Sepúlveda Ccoolle
  • Juez Octavo de Distrito En el Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de septiembre de dos mil diecisiete. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 920/2017-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE EN EL LUGAR DE SU RECLUSION. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca Morelos, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 920/2017-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco René Marmolejo Vázquez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/3595/2017 de fecha once de julio de dos mil diecisiete, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. ...Cuernavaca, Morelos, veintiséis de julio de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los oficios remitidos vía fax y ordinaria por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, a través de los cuales envía copia certificada de las constancias solicitadas por auto de seis de julio de dos mil diecisiete, consistentes en lo siguiente: 1) Acuerdo de doce de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 20/2014 y su constancia de notificación (por lista); 2) Auto de catorce de febrero de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal 20/2014; y, 3) Constancia de notificación del proveído de catorce de febrero de dos mil diecisiete, correspondiente a la causa penal 20/2014, realizada a la parte quejosa el veintitrés de febrero siguiente. Documentales a las que, al obrar en copia certificada, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Ahora bien, en atención a su contenido y al de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, se provee: Acto Reclamado. En principio, debe precisarse que la parte quejosa señaló como acto reclamado la negativa de la autoridad responsable de expedirle, en forma gratuita, copia simples de la causa que se instruye en su contra, aduciendo que se encuentra interna en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos". Para ello, expuso en el capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, que el catorce de febrero de dos mil diecisiete, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México dictó el acuerdo donde le hace de su conocimiento que ese órgano jurisdiccional no cuenta con partida especial para el caso de que los procesados no puedan cubrir el importe de las copias de constancias de su causa penal. En efecto, como se advierte de las constancias de cuenta, el auto en comento contiene la negativa de la autoridad responsable para expedirle, en forma gratuita (a cargo del erario público federal), las copias solicitadas (parte informativo, declaraciones de coprocesados, declaraciones de las víctimas Gustavo Robles Jiménez y Fabiola Ivonne Atempa Castillo, así como ampliación de declaración de esta última), en razón de que adujo no contar con partida especial para el caso de que los procesados no puedan cubrir el importe de las copias que requieran, pero ordenó la expedición de éstas a su costa, requiriéndole designara persona para que las recibiera a su nombre. Esta resolución, según las constancias enviadas por la autoridad responsable, le fue notificada a la parte quejosa el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, por conducto de la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, en el lugar de su reclusión. Aunado a lo anterior, la parte quejosa también citó el acuerdo de doce de septiembre de dos mil dieciséis, aunque refiriendo un diverso contenido al que obra en la constancia enviada por la autoridad responsable, donde esta última, ante la ratificación del escrito de la quejosa, también le responde que no cuenta con partida especial para cubrir el importe de las copias solicitadas (parte informativo, declaraciones de sus coprocesados, declaraciones y ampliaciones de declaración de las víctimas Fabiola Ivonne Atempa Castillo y Gustavo Robles Jiménez), dejando expedito el derecho para que la defensa pueda fotocopiarlas. De las documentales remitidas por la autoridad responsable, no se advierte que se haya ordenado notificar esta determinación personalmente, sino que se realizó por lista. Sobreseimiento fuera de audiencia Precisado lo anterior, este Órgano de Control Constitucional advierte que en el presente juicio de amparo se actualizan dos causales de improcedencia: 1) Extemporaneidad en la presentación de la demanda: Esto es, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por las razones jurídicas que enseguida se explican: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la misma ley señalan: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De lo anterior, se desprende que el término para la interposición de la demanda de amparo por regla general es de quince días y que dicho plazo se computa a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora, si bien es cierto que la parte quejosa señala como acto reclamado la negativa de la autoridad responsable de expedirle, en forma gratuita, copia simples de la causa que se instruye en su contra, aduciendo que se encuentra interna en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", también lo es que, según sus antecedentes y las constancias remitidas por la autoridad responsable, estas negativas se vieron materializadas en los acuerdos de doce de septiembre de dos mil dieciséis y catorce de febrero de dos mil diecisiete. En este sentido, si el acuerdo más reciente (catorce de febrero de dos mil diecisiete), donde se niegan las mismas constancias que en el diverso de doce de septiembre de dos mil dieciséis -sin emitir pronunciamiento respecto a la temporalidad de este último-, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento de la negativa que reclama al menos desde el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Por tanto, el término de quince días a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de garantías contra el acto reclamado, transcurrió a partir del día veinticuatro de febrero y abarcó hasta el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Penales -legislación aplicable a la causa penal que se instruye en su contra, que data de dos mil catorce-, sin contar los días inhábiles: veinticinco y veintiséis de febrero, así como cuatro, cinco, once y doce de marzo, todos de dos mil diecisiete. De tal manera que si la demanda de amparo fue suscrita, como lo manifiesta la quejosa en su demanda, el ocho de mayo de dos mil diecisiete -no obstante que fue recibida en este Juzgado hasta el doce de junio de dos mil diecisiete-, el plazo de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, se encontraba rebasado en exceso, motivo para considerar que se actualiza la causal de improcedencia hecha valer, prevista en la fracción XIV del artículo 61 del mismo ordenamiento legal antes mencionado. En las condiciones apuntadas, al presentarse de manera extemporánea la demanda de amparo, debe sobreseerse en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio prevista en la fracción XIV del artículo 61 del citado ordenamiento legal. 2) No agotarse el principio de definitividad: Es decir, causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Efectivamente, contra la negativa reclamada (materializada a través de los acuerdos de doce de septiembre de dos mil dieciséis y catorce de febrero de dos mil diecisiete), procede el recurso de revocación, según lo dispuesto por el artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales, que a la letra dice: Artículo 361.- Solamente los autos contra los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó. También lo serán las resoluciones que se dicten en segunda instancia antes de la sentencia. Por lo anterior, válidamente puede aseverarse que la parte quejosa desatendió el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que deviene improcedente este juicio con relación al acto reclamado analizado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV, Mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En las relatadas consideraciones, lo procedente sobreseer el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracciones XIV y XVIII, ambos de la Ley de Amparo. Déjense sin efectos la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional. Finalmente, este Juzgador considera innecesario dar a la parte quejosa la vista que refiere el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, con la actualización de las causas de improcedencia en comento, siguiendo los razonamientos contenidos en la tesis VII.2o.C.18 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 2376, Libro diez, Septiembre de dos mil catorce, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: CAUSA DE IMPROCEDENCIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO LA ADVIERTE, DE OFICIO, EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, ES INNECESARIO DAR VISTA A LA QUEJOSA (INTERPRETACIÓN GRAMATICAL DEL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO). En términos del artículo citado, la causa de improcedencia advertida oficiosamente por el órgano jurisdiccional de amparo debe ser analizada por un órgano jurisdiccional "inferior", por ello, se concluye que dicho imperativo no vincula a los Jueces de Distrito ni a los Tribunales Unitarios de Circuito, dado que esas autoridades son las competentes para conocer del juicio de amparo indirecto en primera instancia y los actos que juzgan no provienen exclusivamente de órganos jurisdiccionales "inferiores", pues también conocen de actos de autoridades administrativas emitidos de manera unilateral, no dentro de un procedimiento jurisdiccional; por tanto, no hay forma de que esa obligación se actualice en un juicio de amparo seguido ante un Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito. En esa tesitura, la interpretación gramatical del referido artículo 64 revela que la obligación de dar vista a la parte quejosa, únicamente vincula a los órganos jurisdiccionales de amparo que conocen del recurso de revisión (Suprema Corte de Justicia de la Nación-Pleno o Salas y Tribunales Colegiados de Circuito) y opera en la sustanciación de ese medio de impugnación, dado que constituye la segunda instancia del juicio de amparo indirecto y, necesariamente, el acto impugnado proviene de un órgano jurisdiccional inferior a saber: Jueces de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito. La interpretación también cobra sentido si se toma en cuenta que, en caso de que el órgano revisor de amparo detecte una causa de improcedencia no analizada por el Juez de Distrito ni alegada por las partes y sobresee en el juicio, produciría indefensión a la parte quejosa si previamente no le dio vista, dado que no existe ningún recurso contra lo resuelto en un recurso de revisión, por lo que al menos se le debió permitir que alegara lo que a su derecho conviniera en relación con la causa detectada. En cambio, si en la primera instancia del juicio de amparo indirecto se sobresee en el juicio con base en una causa de improcedencia advertida oficiosamente, sin dar vista a la parte quejosa, no constituye una violación irreparable en su esfera de derechos, pues en caso de considerar que no se actualizaba la causal por la que sobreseyó el Juez, está en posibilidad de interponer recurso de revisión y exponer los argumentos correspondientes, los cuales, de ser fundados, provocarían que el órgano revisor levante el sobreseimiento decretado y examine el fondo del asunto. Por ello, es que resulta lógico pensar que el legislador introdujo la vista que se ha analizado con la finalidad de que, en el recurso de revisión, la parte quejosa pueda cuando menos alegar lo que a su interés convenga cuando el órgano jurisdiccional de amparo, en la segunda instancia del juicio de control constitucional, advierta la actualización de una causa de improcedencia oficiosamente, no alegada por las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior. Bajo esta óptica, se concluye que el precepto legal en comento no vincula a los órganos jurisdiccionales que conocen en primera instancia del juicio de amparo indirecto, por tanto, no sería obligatorio que esas autoridades den vista a la quejosa respecto de alguna causa de improcedencia advertida de oficio, aun cuando no la haya alegado ninguna de las partes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de seis de julio de dos mil diecisiete, a efecto de que parte quejosa tuviera el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Octavo De Distrito En El Estado De México. En consecuencia, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del veintisiete de julio de dos mil diecisiete. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado que rinde:  Juez Octavo de Distrito en el Estado de México (en su denominación correcta) Como lo solicita el Juzgado oficiante, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, para que manifieste lo que a sus intereses convenga. En relación con las pruebas documentales que ofrece, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por anunciadas, se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán relacionadas en el momento procesal oportuno. Para facilitar el manejo del presente expediente, tomando en cuenta la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, fórmese el anexo I; en el entendido que se continuará actuando en el presente expediente. Ahora, de la revisión de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que las referentes al acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecisiete, no son completamente legibles, en virtud de que está recortado el texto en el margen superior. Por tanto, solicítese al Juez Octavo de Distrito en el Estado de México que dentro del plazo de veinticuatro horas, remita copia certificada del acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 20/2014. Asimismo, toda vez que este juzgador advierte una posible causal de improcedencia, solicítese al Juez Octavo de Distrito en el Estado de México que, de no tener inconveniente alguno, remita dentro del plazo de veinticuatro horas, copia certificada de las constancias de notificación a la parte quejosa de los acuerdos de doce de septiembre de dos mil dieciséis y catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictados en la causa penal 20/2014. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el lugar donde se encuentra recluida...

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