Adriana Guzman Ángeles

Expediente 1709/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1709/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
23/04/2018

Partes del expediente

  • Adriana Guzman Ángeles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1709/2017-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos, apareciendo de los mismos que se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 1709/2017 promovido por ADRIANA GUZMAN ÁNGELES, constante de noventa y cinco fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de marzo actual, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo, asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se comunica a las partes que el Titular del Juzgado a partir del uno de abril de dos mil dieciocho, es el Juez Jorge Isaac Lagunes Leano. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO... RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 1709/2017-IV del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 128/2018-III del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Adriana Guzmán Ángeles, por propio derecho, en contra de actos de la directora general del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito depositado en la Oficina de Correos el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete y recibido en la misma data (fojas 2 a 4 del expediente de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Adriana Guzmán Ángeles, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades que a continuación se transcriben: "IV.- Acto Reclamado: A las autoridades señaladas como responsables ordenadoras y ejecutoras reclamo atención médica y suministro de medicamentos". [.] VI.- Antecedentes del Acto reclamado.- [.] Solicito atención ginecológica, odontológica y por medio de usted solicito la Dieta Hipercalórica ya que por la enfermedad de Hipotensión que tengo presente la utilizo y médico general". III.- Autoridades Responsables: Señalo como autoridad responsable ordenadora a las siguientes: 1).- Directora General del Centro Penitenciario Social #16. 2).- Titular del área técnica del Centro Penitenciario Social #16. 3).- Titular del área médica del Centro Penitenciario Social #16". Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló que no existe tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, cuya secretaria encargada del despacho mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 5 a 10 del expediente de amparo), la registró con el número 1709/2017-IV; la admitió a trámite; decretó de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en la falta de atención médica y suministro de medicamentos; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual dio inicio a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del once de diciembre de dos mil diecisiete, al tenor del acta que obra a foja 75. TERCERO. Envío del expediente de amparo. Por acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho (foja 76 del expediente de amparo), el juez auxiliado ordenó la remisión del expediente 1709/2017-IV a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número auxiliar 128/2018-III; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de once de diciembre de dos mil diecisiete, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales, 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2a./J. 107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclaman actos atribuidos a autoridades con residencia en Coatlán del Río, Morelos; localidad donde ejerce competencia territorial el órgano de control constitucional auxiliado, a quien correspondió conocer la demanda de amparo. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados, los constituyen: a) La omisión de proporcionar a la quejosa atención médica general, así como en ginecología y odontología. b) La omisión de proporcionarle la dieta hipercalórica, con motivo de la hipotensión que aduce sufrir. Actos reclamados de las siguientes autoridades: 1. Directora general del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos. 2. Directora técnica del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos. 3. Encargada del departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado precisado en el inciso b). La directora general, la directora técnica y la encargada del departamento de Servicios Médicos (fojas 30 a 33 del expediente de amparo), todas del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que se les atribuye, consistente en la omisión de proporcionar a la quejosa la dieta hipercalórica, con motivo de la hipotensión que aduce sufrir. Es menester puntualizar que el acto impugnado por la inconforme es de naturaleza negativa u omisiva, por lo que corresponde a las autoridades responsables la carga de probar que no incurrieron en el. Ello, de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIO LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". En efecto, la aseveración de las autoridades responsables se acredita con las documentales que exhibieron a fin de desvirtuar la omisión que se les reclama, las cuales consisten en copia certificada del expediente clínico de la quejosa como interna del referido centro federal, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Así, en el caso, las autoridades responsables, a fin de desvirtuar la omisión que se les reclama, exhibieron diversas documentales, de entre las cuales destacan: 1. Historia clínica de trece de abril de dos mil diecisiete, de la que se desprende, en relación a los antecedentes personales patológicos de la interna, que padece de PB Hipotensión (presión arterial baja) (foja 42 del expediente de amparo). 2. Nota médica de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, en la que se diagnosticó y recetó a la quejosa, lo siguiente: "Impresión diagnóstica: PB HIPOTENSIÓN, OTITIS MICOTICA, HIPERTRIGLICERIDEMIA . Indicaciones: Dieta alta en avena, Itraconazol cápsulas tomar 1 cápsula cada 12 hrs. 20 días, Omeprazol cápsulas tomar 1 cápsula cada 24 hrs. 28 días, Loratadina compuesta tabletas tomar 1 tableta cada 24 hrs. 20 días, Aas tabletas ¼ cada 24 hrs. 30 días renovar 1 mes más (foja 46, ídem). 3. Prescripción dietética de veintidós de agosto de dos mil diecisiete a nombre de Adriana Guzmán Ángeles, de la que se advierte lo siguiente: "IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: HIPERTRIGLICERIDEMIA. DIETA-VIGENCIA. ALTA EN AVENA. 3 MESES" (foja 62 del expediente de amparo). Pues bien, del análisis de las mencionadas documentales no obra constancia alguna que demuestre que a la quejosa se le prescribió una dieta hipercalórica debido a la hipotensión que padece. Ciertamente, se reitera, aunque la quejosa destacó como acto reclamado en su escrito de demanda, la omisión de proporcionarle una dieta hipercalórica (dieta alta en calorías); en las constancias que obran en autos del expediente clínico de la quejosa como interna del referido centro federal, si bien se advierte que efectivamente padece hipotensión, no obra la nota correspondiente de que se le haya prescrito ese tipo de dieta por el médico. En consecuencia, la quejosa no demostró con probanza alguna que efectivamente se le prescribió una dieta hipercalórica, ni que la hubiera solicitado. Cuanto más que, en relación con la dieta alimenticia que reclama, únicamente obra en autos la orden de dieta de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, en la que con motivo de la hipertrigliceridemia que presentó la quejosa, se indicó una dieta alta en avena. En tales condiciones, la sola manifestación de la quejosa en cuanto a que las autoridades responsables han sido omisas en proporcionar la dieta alimenticia señalada, resulta insuficiente para tener por acreditado tal hecho; en virtud de que no existe en el sumario alguna prueba que soporte su dicho. Por lo anteriormente expuesto, es inexistente el acto reclamado por la quejosa, precisado en el inciso b), pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado y la quejosa no ofreció prueba para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Es aplicable a este caso, la tesis de jurisprudencia 284 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado señalado en el inciso a). La directora general, la directora técnica y la encargada del departamento de Servicios Médicos (fojas 30 a 33 del expediente de amparo), todas del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Río, Morelos, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que se les atribuye, consistente en la omisión de proporcionar a la quejosa atención médica general, así como especializada en ginecología y odontología. Es importante recordar que el acto reclamado es de naturaleza negativa (omisión); por lo que corresponde a las autoridades responsables desvirtuar la conducta omisiva o negativa que se les atribuye. Cabe destacar que la negativa de las autoridades responsables se encuentra desvirtuada con las constancias que anexaron a este juicio, consistentes en copia certificada del expediente clínico de la quejosa; las que fueron valoradas en el apartado que antecede. Documentales de las que se advierte que con posterioridad a la promoción del presente juicio de amparo se le proporcionó a la quejosa atención médica y suministro de medicamentos. En mérito de lo expuesto, es improcedente decretar el sobreseimiento en el juicio por inexistencia del acto reclamado, como lo pretenden las autoridades responsables; pues como se expuso, de las documentales que se anexaron a este juicio, se acredita la existencia del acto impugnado. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En esa línea de pensamiento, este juzgado federal considera que el presente asunto es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo , en relación con los numerales 18 y 21 constitucionales, pues se estima que el acto reclamado no es susceptible de combatirse en la vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. Con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo un modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización. En ese sentido, los artículos 18 y 21 de nuestra Carta Magna disponen: "Artículo 18. [.] El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. [.] Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad". "Artículo 21. [.] La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial [.]". Los dispositivos constitucionales transcritos establecen que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que prevé la ley respecto de los sentenciados, en los casos y condiciones que esta establezca, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, beneficio que no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Conforme al nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas. Lo anterior tuvo como finalidad que sea el Poder Judicial, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que puedan surgir durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, donde se incluye la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.) , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas". Ahora bien, como resultado de la citada reforma constitucional, entre otras disposiciones legales se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual fue publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Atendiendo a su artículo Primero Transitorio, dicha norma entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por lo que a partir de esa fecha su aplicación resulta obligatoria. Sin embargo, el legislador limitó el inicio de la vigencia únicamente de diversos artículos, pero no de toda la ley, de acuerdo a las siguientes reglas contenidas en los primeros dos párrafos del artículo segundo transitorio; las cuales se transcriben: 1. "Las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27; fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151 de esta Ley, entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2017". 2. "Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 de esta Ley, entrarán en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018". De las reglas contenidas en los artículos citados -transitorios primero y segundo-, se desprende lo siguiente: Primero, la Ley Nacional de Ejecución Penal entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a nivel nacional. Segundo, únicamente la vigencia de los artículos expresamente señalados en los párrafos primero y segundo del artículo segundo transitorio, descritos en párrafos anteriores, depende, de que se emita una declaratoria para el inicio de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o de que transcurran las fechas señaladas expresamente en dicho numeral. Esto en la inteligencia de que si los órganos legislativos correspondientes no emiten la declaratoria respectiva dentro del plazo señalado , los artículos señalados en el primer párrafo del referido numeral cobrarán vigencia, por ministerio de ley a más tardar el diecisiete de junio de dos mil diecisiete, o previa Declaratoria el treinta de noviembre de dos mil diecisiete; y los estipulados en el párrafo segundo, entrarán en vigor por ministerio de ley el diecisiete de junio de dos mil dieciocho, o previa Declaratoria a más tardar el treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Por ello, la emisión de la Declaratoria de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal no es un presupuesto indispensable para que entre en vigor la referida Ley, salvo los aspectos que específicamente se han destacado. Ahora bien, se estima que la vigencia de la ley en cuestión no es limitativa a las personas que fueron sentenciadas con posterioridad al diecisiete de junio de dos mil dieciséis -fecha en que entró en vigor-, pues sus artículos transitorios no lo señalan así, además de que la aplicabilidad de la ley no está supeditada al sistema penal bajo el que los sujetos fueron sentenciados, pues con independencia de la voluntad política y de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia, la Ley Nacional busca homologar el marco normativo aplicable a las personas privadas de la libertad y a la ejecución de sentencias. En ese sentido, no debe perderse de vista que el artículo Tercero Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal sostiene que tanto la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social, como las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, como es la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, quedarán abrogadas en cuanto la primera entre en vigor y que los "procedimientos" iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley en estudio, se deberán seguir tramitando de acuerdo a los ordenamientos aplicables en ese momento, sin perder de vista la obligación del juzgador de realizar los controles necesarios para respetar el principio de reinserción social y los derechos humanos de los sentenciados. Sin embargo, se considera que dichos "procedimientos" no se refieren a los "sistemas penales" en que se siguieron los procesos penales (mixto o acusatorio), sino, única y exclusivamente, a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, planteados al juez de ejecución con base en legislaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional; por ejemplo, la tramitación de algún beneficio de libertad anticipada, a la solicitud de traslado a diverso centro penitenciario, a condiciones sobre su internamiento, entre otros. Además, una de las finalidades de la reforma constitucional de dos mil ocho, fue distinguir la etapa del proceso penal de la etapa de ejecución penal propiamente dicha, considerando a esta última autónoma y no como parte del proceso de enjuiciamiento, pues tal y como lo establece la ley, la etapa de ejecución inicia, incluso, en la prisión preventiva, momento desde el que debe abrirse un expediente de ejecución para cada persona privada de su libertad. En ese sentido, la referida ley establece en sus artículos 1º y 2º , que la misma tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por:  Prisión preventiva,  Ejecución de penas y,  Medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. También, dicha ley refiere que tiene por objeto establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social; lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. Del mismo modo, se establece en lo que aquí importa, que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Asimismo, en el artículo 24 de la referida ley , se estableció, en lo que interesa, que el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de dicha ley, además de que los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. Relacionado con lo anterior, la Ley en cita establece los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento". "Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva [.]". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación [.]". "Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito [.]". "Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente [.]". "Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria". "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega". Del estudio armónico y sistemático de dichos preceptos, se colige lo siguiente:  Las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento.  Las referidas peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciaria resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanar dicha afectación.  Si la resolución es en sentido contrario a los intereses del peticionario, este podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución.  Si la petición formulada no fue resuelta en el término establecido para ello -cinco días-, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución.  En casos urgentes, se podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que dicha autoridad suspenderá el hecho que motivó la petición, hasta en tanto resuelva en definitiva.  Que los jueces de ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas.  Que para la procedencia de la controversia ante el Juez de Ejecución constituye un requisito indispensable que se haya agotado previamente la petición administrativa, con excepción de los casos urgentes. Ahora bien, como puede advertirse, el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, la quejosa acudió al juicio de amparo y señaló como acto reclamado: "reclamo atención médica y suministro de medicamentos" y en los antecedentes del acto reclamado menciona: "Solicito atención ginecológica, odontológica y por medio de usted solicito la Dieta Hipercalórica ya que por la enfermedad de Hipotensión que tengo presente la utilizo y médico general". Por lo que debe entenderse que tal solicitud se realizó ese día, pues de los antecedentes no se advierte una fecha anterior, en consecuencia, resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Por tanto, conforme a lo antes citado, la quejosa debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de estar inconforme con la respuesta, formular controversia ante el Juez de Ejecución, pues aunque se trate de una disposición tendiente a revisar las condiciones de internamiento de la parte quejosa, dada la destacada trascendencia que tienen las reformas constitucionales en la materia, es un acto vinculado con la ejecución de las penas. En efecto, como se puede observar en autos, la quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", ubicado en Coatlán del Río, Morelos; por tanto, está en condiciones de realizar su solicitud ante esa autoridad penitenciaria, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 18 y 21 de la Constitución federal, ya que el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, no es susceptible de combatirse en sede constitucional. Al caso, es aplicable la tesis III.2o.P.135 P (10a.) , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que señala: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad". En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 18 y 21 constitucionales; y lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la jurisprudencia 509 , emitida por la Segunda Sala del máximo tribunal de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, cabe señalar que en la presente resolución, se acoge el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en Cuernavaca, Morelos, al resolver el amparo en revisión 388/2017, en sesión de nueve de marzo de dos mil dieciocho. Ello, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica de las partes, al pertenecer el juzgado auxiliado al Decimoctavo Circuito. SEXTO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adriana Guzmán Ángeles, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, de conformidad con los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de José Manuel Sánchez Acosta, secretario que firma y da fe, hasta el día de hoy veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En consecuencia, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio por el que rinden su informe justificado las siguientes autoridades: Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos"; Directora Técnica del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos"; y, Encargada del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos". Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto. En relación con las pruebas documentales que ofrecen, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por anunciadas, se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán relacionadas en la audiencia constitucional. Finalmente, en atención a lo solicitado por las autoridades responsables, se les tiene oponiéndose a la publicación de datos personales, en términos de los artículos 8º y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa...

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