Adriana Hernández Ramos

Expediente 835/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
835/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Adriana Hernández Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de junio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por *****por propio derecho; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 835/2023-III-A. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En ese sentido, del escrito de demanda que se atiende, se advierte que la solicitante del amparo reclama, como acto destacado, del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, así como del Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada de Homicidios del Valle de Toluca, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la resolución que autoriza la intromisión al domicilio y su ejecución, que posteriormente dio origen a la causa de control ****** del índice del citado juez. Ahora, previamente a proveer sobre la procedencia del juicio de amparo que nos ocupa, se tiene como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como en términos de la jurisprudencia publicada en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación, enero de 1997, Tomo V; que en el juicio de amparo ********************, del índice estadístico de este juzgado federal, se tuvo como acto reclamado el auto de vinculación a proceso de fecha el dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, en los autos de la causa penal 806/2020, que se instruye en contra de la quejosa ******************** Cabe señalar que de dicho juicio de amparo, se observan los siguientes antecedentes: 1. El uno de marzo de dos mil veintitrés, el Agente del Ministerio Público solicitó audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, contra la aquí imputada ******************** 2. En la propia fecha se celebró dicha audiencia, en la que: - La Jueza de Control hizo saber a la indiciada Adriana Hernández Ramos los derechos consagrados en su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; - Asimismo, requirió a Adriana Hernández Ramos para que nombrara un defensor; en atención a ello, designó a la defensora pública, quien aceptó y protestó el cargo conferido; - A la postre, la Jueza concedió el uso de la voz a la representación social quien formuló imputación respecto de los hechos que se le imputaban a la justiciable. - Acto seguido, enterada de tal circunstancia la Jueza de Control cuestionó a la imputada si era su deseo declarar o guardar silencio, siendo que Adriana Hernández Ramos manifestó que en ese momento no era su deseo hacerlo; - Posteriormente, la institución ministerial elevó su petición de vinculación a proceso, exponiendo los datos de prueba; y hecho lo anterior, se solicitó a la Jueza que resolviera su situación jurídica en el plazo de setenta y dos horas. - Finalmente, se fijó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. 3. El dos de marzo de dos mil veintitrés una vez que la defensa vertió sus manifestaciones exculpatorias y el Ministerio Público realizó sus argumentos vinculatorios; la Juez después de haber ponderado los datos de prueba, dictó auto de vinculación a proceso contra Adriana Hernández Ramos por su probable participación en la comisión del delito de homicidio con la calificativa de haberse cometido en contra de su cónyuge Alfonso Homero Rosas Gómez, teniendo conocimiento del parentesco, previsto y sancionado en los artículos 241 y 242, fracción III, en relación con los diversos 6º, 7º, 8º, fracciones I y III, y 11, inciso d), del Código Penal del Estado de México. DESECHAMIENTO Sentado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" De la interpretación del precepto legal parcialmente descrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación de la demanda de amparo, ya que él no promoverse dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conlleva a su extemporaneidad. Por su parte, los artículos 17, primer párrafo y 18 de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". En ese tenor, se sigue, que el plazo general para la promoción del juicio constitucional será de quince días, el cual se computará de acuerdo con tres supuestos distintos: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 17 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 17 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Establecido lo anterior y tomando en cuenta los antecedentes del juicio de amparo ********************, de este índice, resulta factible considerar que desde el uno de marzo de dos mil veintitrés, fecha en que se formuló imputación en contra de la quejosa en la causa penal 806/2020; ésta última tuvo pleno conocimiento de los actos que aquí reclama, lo cual se corrobora con la manifestación que efectuó la propia quejosa bajo protesta de decir verdad, en la demanda que se atiende, aduciendo que tuvo conocimiento de los actos que reclama en la presente instancia constitucional desde el uno de marzo de dos mil veintitrés. Ahora bien, se destaca que dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Por lo anterior, si la quejosa tuvo conocimiento de los actos destacados reclamados desde el uno de marzo de dos mil veintitrés; resulta inconcuso que el plazo para promover el juicio intentado transcurrió del dos al veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, previo descuento de días inhábiles (sábados y domingos, así como el veinte y veintiuno de dicha mensualidad, por haber sido inhábiles y no haber corrido término), que mediaron en ese periodo. En ese contexto, si la demanda que se acuerda por la quejosa, fue presentada en el buzón judicial de la oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, el cinco de junio de dos mil veintitrés, debe considerarse que el acto de aplicación fue consentido por la solicitante del amparo al haber instado al juicio constitucional en su contra de modo extemporáneo; por lo que resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Asimismo, la jurisprudencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XXXIII, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año dos mil once, Novena Época, materia común, con número de registro 163172, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." No se soslaya que la quejosa refiere que los actos reclamados sean ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; sin embargo, ello se desestima en virtud de que, de las propias manifestaciones de la quejosa, se advierte que esa orden de intromisión y su ejecución (actos reclamados), fue autorizada por un Juez de Control, a petición de la representación social, de ahí que se advierta que los mismos si fueron dictados dentro de un procedimiento, por lo que no se actualiza la hipótesis normativa de la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo. Máxime que, los actos que reclama debió de haberlos reclamado desde que promovió el juicio de amparo ******************** de este índice, precisamente como una violación procesal; por lo que, al no haberlo hecho así, resulta evidente que la quejosa consintió los actos que ahora reclama en la instancia constitucional. Por tales motivos, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IV, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el numeral 113 de la legislación de amparo lo procedente es desechar la demanda de amparo promovido por ******************** DOMICILIO Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia de este Juzgado, ********************; con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este juzgado; lo anterior hasta en tanto señale algún domicilio dentro de la residencia (Toluca), o en su defecto dentro de la zona conurbada de este Juzgado (Metepec, Zinacantepec, Almoloya de Juárez o Lerma). No obstante lo anterior, y dada la trascendencia de determinación aquí emitida, se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción para que por única ocasión se constituyan en el Centro de Prevención y de Readaptación Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y le notifiquen de manera personal el presente auto. medio alterno de comunicación En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como medio alterno de comunicación no procesal y, por excepción, los correos electrónicos que proporciona, para efectos del sumario en que se actúa. Requerimiento de usuario En razón de lo anterior, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se le requiere para que, en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, señale usuario electrónico, lo anterior, a fin de que se encuentre en posibilidades de acceder al expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Instrucciones para la creación de usuario electrónico A fin de realizar lo anterior, deberá crear su usuario electrónico y tramitarse la firma electrónica vigente (FIREL), así como, solicitarse la autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal, debiendo indicar el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Para lo cual deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta de expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.

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