Adriana Geraldine García Ornelas

Expediente 579/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
579/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
20/07/2016

Partes del expediente

  • Adriana Geraldine García Ornelas

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios signados por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, a través del cual transcribe la ejecutoria dictada el diecisiete de junio del año en curso, dentro del conflicto competencial civil 3/2016, del cual se advierte que declaro legalmente competente al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, para conocer del juicio de amparo promovido por Adriana Geraldine García Ornelas; circunstancia de la cual toma conocimiento este juzgado federal para los efectos legales conducentes a que haya lugar. En esas condiciones y atento a la certificación de cuenta, al no existir diligencia pendiente de cumplimentar, archívese el presente expediente como concluido. Finalmente, de conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en el que no se aceptó la competencia declinada. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, por medio del cual la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, transcribe el acuerdo de dieciocho de mayo del año en curso; en el que el titular de ese órgano colegiado admitió a trámite el conflicto competencial planteado entre este juzgado y el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, registrándolo bajo el número conflicto competencial 3/2016; de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la circular CCJ/05/2016 de diez de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DEICISÉIS POR MEDIO DE LISTA: "Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través del cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y exhiben copia certificada de la determinación de veinte de mayo de dos mil dieciséis, emitida en el juicio 265/2013, así como de las misivas de esa fecha. Información de la cual toma conocimiento este juzgado para los efectos legales a que haya lugar, a lo que se provee: Conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, con la misiva de cuenta y anexos dese vista a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho y representación convenga, en relación con el cumplimiento realizado al fallo protector. Transcurrido el plazo dado a las partes en cita, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia."

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de abril de dos mil dieciséis. Radicación. Agréguese a los autos el oficio 13,111, signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, al cual anexa el juicio de amparo 419/2016 de su índice estadístico, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Adriana Geraldine García Ornelas; ahora, de dicho juicio se advierte que el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, el órgano de control constitucional oficiante declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo descrita, ello, al estimar que el juez competente para conocer de la omisión de la autoridad responsable lo es el de la jurisdicción en donde deba ejecutarse el acto reclamado. No se acepta competencia declinada. Ahora, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, no acepta la competencia declinada, es criterio reiterado del más alto tribunal de nuestro país, que para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales de amparo, se debe atender al análisis integral de la demanda de amparo, y en su caso, a los demás elementos que se alleguen; una vez hecho esto, entonces sí pronunciarse en relación a si se considera o no competente para conocer de la litis constitucional planteada. Resulta aplicable el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe abocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. (8a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; Tomo IX, Mayo de 1992; Pág. 94) Previamente, cabe establecer que el numeral 37 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El precepto citado, establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales, que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse; sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios jueces de Distrito, pues la primera regla se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción. Tal y como lo refirió la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que versa: COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN DONDE SE DA TAL EJECUCIÓN. (S. J. F. Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1992, página 19). En cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, en cuyo caso conocerá cualquiera de los jueces, a prevención, tal y como lo dispuso la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis, cuyo rubro y texto versan: COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVIENE CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS COMENZARON A EJECUTARSE EN SU JURISDICCIÓN O CONTINÚAN EJECUTÁNDOSE EN ELLA, DEBE ENTENDERSE QUE ES AQUEL ANTE QUIEN INICIALMENTE SE PRESENTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. (S. J. F. Novena Época, Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, página 148). La tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito ante el cual se promueva la demanda de amparo. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de Distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En tales condiciones, para poder establecer cuándo una actuación conlleva un principio de ejecución, es pertinente tomar en consideración que por ejecución se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación derivada del acto de autoridad. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene una autoridad de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus determinaciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En el caso concreto, el juez declinante en su resolución de incompetencia, sostiene que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de la demarcación territorial asignada a este Juzgado de Distrito, al considerar como acto reclamado la falta de emplazamiento a juicio de nulidad de acta de defunción tendrá ejecución en la jurisdicción asignada a este juzgado de Distrito. Al respecto, este órgano de control constitucional no comparte el criterio del juez federal oficiante, atendiendo a las consideraciones siguientes. En el caso, se evidencia que el quejoso señala como acto reclamado la falta de emplazamiento y llamamiento a juicio por parte del Juez Primero de lo Familiar de Toluca, Estado de México, dentro del juicio de nulidad de acta de defunción de Fernando Martínez Ornelas. Además, la parte promovente del amparo refiere en su arábigo diez, correspondiente en los antecedentes: "10. Es el caso de que el día 18 de abril de 2016, cuanto fui a visitar los restos de Fernando Martínez Ornelas al panteón Jardines del Tiempo, ahora Gayoso, el administrador de dicho panteón me dijo que había recibido un comunicado de unos licenciados que al parecer traían una orden del Juzgado Primero de lo Familiar de Toluca, puesto que había fallecido en el Estado de México, y que le estaba pidiendo toda la información sobre la muerte, velación e inhumación del cadáver de Fernando Martínez Ornelas, ya que estaban demandando la nulidad del acta de defunción, porque se estaba llevando a cabo una carpeta de investigación ante el Ministerio Público". En ese contexto, interesa la competencia por razón de territorio. Y respecto de este último criterio, para fijarla del precepto cuyo contenido ha sido relacionado, prevé lo siguiente: La Regla. La competencia territorial se fija de acuerdo al lugar de residencia de la autoridad que dictó el acto reclamado. Excepción. Se determina respecto del hecho de que las consecuencias del acto reclamado: a). Si el acto reclamado no tiene ejecución. Continúa vigente la regla general, esto es, la competencia por razón de territorio, se finca en favor del órgano jurisdiccional del lugar en que resida la autoridad responsable ordenadora, o sea la que dictó el acto reclamado. b). Si el acto reclamado tiene ejecución. En este caso, será competente el órgano jurisdiccional del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado la sentencia o resolución que puso fin al proceso. Precisado lo anterior, se advierte, de la lectura del escrito de demanda, que el aquí quejoso se duele del hecho de no haber sido llamado al juicio de origen, señalando como autoridad responsable al Juez Primero de lo Familiar de Toluca, Estado de México. En esa tesitura, en principio, debe decirse que el acto reclamado, no tiene ejecución material en cuanto a la calidad con que se ostenta el quejoso (tercero extraño a un juicio); motivo por el cual pudiera estimarse la competencia a favor del órgano de control constitucional que ejerza jurisdicción en el territorio en el cual tenga su residencia la autoridad responsable. No obstante, de la lectura del escrito inicial de demanda, se reitera que el promovente, también efectúa las siguientes aserciones: "10. Es el caso de que el día 18 de abril de 2016, cuanto fui a visitar los restos de Fernando Martínez Ornelas al panteón Jardines del Tiempo, ahora Gayoso, el administrador de dicho panteón me dijo que había recibido un comunicado de unos licenciados que al parecer traían una orden del Juzgado Primero de lo Familiar de Toluca, puesto que había fallecido en el Estado de México, y que le estaba pidiendo toda la información sobre la muerte, velación e inhumación del cadáver de Fernando Martínez Ornelas, ya que estaban demandando la nulidad del acta de defunción, porque se estaba llevando a cabo una carpeta de investigación ante el Ministerio Público.". De lo anterior se colige que el acto reclamado no puede estimarse como meramente declarativo, puesto que (atento a lo transcrito), sí conlleva un principio de ejecución material, lo cual determina que en el caso particular, puede dilucidarse la competencia del juez de distrito a la luz de lo establecido en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto prevé que será competente aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En efecto, atendiendo al contenido de la demanda de amparo, la ejecución de que se habla consiste en que al tramitarse el juicio de nulidad de acta de defunción respecto del cual, el promovente, se dice tercero extraño, se han llevado a cabo actuaciones tendentes a requerir información respecto de la muerte, velación e inhumación de Fernando Martínez Ornelas, aspectos que han sido solicitados al Administrador del Panteón "Gayoso", lugar en que fue inhumado el cuerpo del precitado; y, el cual se encuentra ubicado en Morelia, Michoacan, de acuerdo con los datos aportados en el escrito de demanda. Consecuentemente, hasta el momento procesal en que se encuentra el asunto, existe un principio de ejecución que tiene verificativo en el territorio en el cual, el Juez declinante ejerce jurisdicción. En esa tesitura, si el juicio de origen conlleva un principio de ejecución material, aún ante el reclamo realizado por el quejoso como tercero extra a juicio, ello implica la posibilidad de que ambos órganos de control constitucional conozcan del trámite y resolución del juicio de garantías; sin embargo, al haberse presentado la demanda de garantías, ante el homologo declinante, es a éste al que corresponde conocer del asunto, al haberse presentado la demanda de amparo ante su jurisdicción. Por tanto, se advierte que existe actos vinculados al juicio de origen cuya ejecución tiene verificativo en Morelia, Michoacán, es decir existe un principio de ejecución, que se lleva a cabo dentro de la jurisdicción territorial asignada al juzgado declinante; por tanto, atendiendo las consideraciones que el homólogo oficiante vertió respecto a las reglas de competencia en tratándose de actos que ameriten ejecución material, se estima que el competente para conocer de la demanda de mérito, es el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; es decir, el juez declinante, de conformidad con lo que prevé el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, al ser éste que previno en el conocimiento de la demanda de amparo. Es aplicable la tesis número 2006496, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1941, tomo XXVII, mayo de 2014 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décimo Época, materia común, del tenor siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO EJECUTADO O EJECUTABLE EN DOS O MÁS DISTRITOS JUDICIALES. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE CUALQUIERA DE ESAS DEMARCACIONES, A PREVENCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.". Sin embargo, ese enunciado normativo no debe entenderse literal y aisladamente en el sentido de que podrá conocer del asunto cualquier Juez de Distrito del país. Antes bien, es necesario interpretarlo en armonía con el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la demanda de amparo indirecto deberá presentarse "ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". De esta disposición se infiere que, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Así, mediante la interpretación de la norma secundaria conforme al precepto constitucional, se concluye que cuando el acto reclamado haya sido ejecutado o pueda ser ejecutable en dos o más distritos judiciales, será competente para conocer del amparo biinstancial el Juez de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención. Por tanto, no se asume el conocimiento de la demanda en estudio; en tal virtud, devuélvanse los autos del expediente 419/2016 al juzgado declinante para los efectos legales a que haya lugar; y conforme lo dispone el segundo párrafo del numeral 48 de la ley de la materia, solicítesele de manera atenta y respetuosa que informe lo que haya tenido a bien determinar, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído. Registro de expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro aspecto, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en comento, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. Transparencia. La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento expreso del titular, ello de conformidad con lo que establece el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, atento a lo cual, se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste a efecto de realizar las correspondientes solicitudes, en términos del numeral citado. Hecho lo cual se acordará lo conducente. Sistema electrónico y consulta de expedientes. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Jaime Arzate Romero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano