Adriana Guadalupe Peña Cayeros
Expediente 709/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 24 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 709/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 28/04/2021
Partes del expediente
- Adriana Guadalupe Peña Cayeros
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado en este juzgado el dieciocho de febrero del año en curso y anexo al mismo, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director Jurídico Contencioso de dicha Secretaría, comunicó la forma en que la aludida responsable dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ++. Luego, mediante proveído de diecinueve de febrero de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación y anexo, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el diecisiete de marzo del presente año; por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hubiere efectuado alguna manifestación. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el tres de junio de dos mil diecinueve dentro del presente sumario constitucional, por una parte se sobreseyó y por otro lado, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades ahí precisadas, para los efectos siguiente: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.). 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 M.N.) y $280.00 (doscientos ochenta pesos), respectivamente por cuanto hace a las fracciones I y XVIII del artículo 22 de la Ley de Ingresos de que se trata, en relación a la cantidad de $28,469.22 pesos (veintiocho mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 22/100) y la diversa suma de $633.21 (seiscientos treinta y tres pesos 21/100), por concepto de la inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, contenidos en los recibos oficiales 92792356 y 92792127(fojas 60 a 62). (.) 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por los conceptos de inscripción de documento público o privado así como por inscripción de préstamo hipotecario. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)." Cabe precisar, que la responsable de referencia, a través de oficio y anexos remitido ante este juzgado federal el doce de junio de dos mil diecinueve, interpuso recurso de revisión contra la citada sentencia, consecuentemente mediante oficio suscrito por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, remitió testimonio de la resolución dictada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en La Paz, Baja California Sur, de la que se aprecia se desechó el citado medio de impugnación. Ahora, de lo anterior se colige, que los actos que debe realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: A) Desincorporar de la esfera jurídica de la amparista, lo previsto en los artículos 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley, en el presente y en el futuro; y, B) Devolver las contribuciones erogadas por la quejosa, con fundamento en las disposiciones anteriores, determinadas en los recibos de pago exhibidos, exceptuando la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 M.N.) y $280.00 (doscientos ochenta pesos), respectivamente por cuanto hace a las fracciones I y XVIII del artículo 22 de la Ley de Ingresos de que se trata, en relación a la cantidad de $28,469.22 pesos (veintiocho mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 22/100) y la diversa suma de $633.21 (seiscientos treinta y tres pesos 21/100), en la inteligencia que dicha la cantidad tiene que estar debidamente actualizada. Ahora bien, se tiene que por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se indicó que la sentencia protectora de amparo no se encontraba cumplida, en virtud de que de acuerdo a las operaciones aritméticas, resultaba un faltante de $75.28 (setenta y cinco pesos con veintiocho centavos, moneda nacional) por devolver a la parte agraviada. Lo anterior, en virtud de que se estableció que primeramente mediante oficio y anexos presentados ante este Órgano Jurisdiccional, la delegada de la autoridad responsable ejecutora, informó el cumplimiento dado al fallo protector, del cual se advirtió que efectuó la devolución a la quejosa por medio de transferencia electrónica el uno de noviembre de dos mil diecinueve, por la cantidad de $28,696.02 (veintiocho mil seiscientos noventa y seis pesos con dos centavos, moneda nacional). Además, se indicó que monto total de $29,102.43 (veintinueve mil ciento dos pesos con cuarenta y tres centavos, moneda nacional), que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le debía restar la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos, moneada nacional) y $280.00 (doscientos ochenta pesos, moneda nacional), respectivamente, cantidades que no fueron objeto de la concesión, da como resultado la suma de $28,532.43 (veintiocho mil quinientos treinta y dos pesos con cuarenta y tres centavos, moneda nacional) numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados el veintidós y veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, respectivamente y, en el uno de noviembre de ese año, se efectuó la devolución de las contribuciones reclamadas mediante transferencia electrónica, a la parte quejosa; por tanto, el periodo de actualización comprende del mes de febrero a septiembre del dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre del año dos mil diecinueve entre el índice para el mes de febrero de esa misma anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue de 103.079; y para el mes de septiembre de ese mismo año fue de 103.942, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.008372219365729. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $28,771.30 (veintiocho mil setecientos setenta y un pesos con treinta centavos, moneda nacional); por tanto, se desprendió que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $238.87 (doscientos treinta y ocho pesos con ochenta y siete centavos, moneda nacional). En ese sentido, se advirtió que la ejecutoria en análisis no se encontraba cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $28,696.02 (veintiocho mil seiscientos noventa y seis pesos con dos centavos, moneda nacional), lo que pone en evidencia un faltante de pago en favor de la parte quejosa, equivalente a $75.28 (setenta y cinco pesos con veintiocho centavos, moneda nacional). Posteriormente, por oficio recibido en este juzgado el dieciocho de febrero del año en curso y anexo al mismo, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director Jurídico Contencioso de dicha Secretaría, comunicó que el doce de febrero de dos mil veintiuno, transfirió al quejoso a cantidad de $75.28 (setenta y cinco pesos con veintiocho centavos, moneda nacional) que le restaba por devolver. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías, por una parte se sobreseyó, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado en este juzgado el dieciocho de febrero del año en curso y anexo al mismo, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director Jurídico Contencioso de dicha Secretaría, comunicó la forma en que la aludida responsable dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa **. Luego, mediante proveído de diecinueve de febrero de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación y anexo, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el diecisiete de marzo del presente año; por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hubiere efectuado alguna manifestación. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el tres de junio de dos mil diecinueve dentro del presente sumario constitucional, por una parte se sobreseyó y por otro lado, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades ahí precisadas, para los efectos siguiente: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.). 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 M.N.) y $280.00 (doscientos ochenta pesos), respectivamente por cuanto hace a las fracciones I y XVIII del artículo 22 de la Ley de Ingresos de que se trata, en relación a la cantidad de $28,469.22 pesos (veintiocho mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 22/100) y la diversa suma de $633.21 (seiscientos treinta y tres pesos 21/100), por concepto de la inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, contenidos en los recibos oficiales 92792356 y 92792127(fojas 60 a 62). (.) 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por los conceptos de inscripción de documento público o privado así como por inscripción de préstamo hipotecario. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)." Cabe precisar, que la responsable de referencia, a través de oficio y anexos remitido ante este juzgado federal el doce de junio de dos mil diecinueve, interpuso recurso de revisión contra la citada sentencia, consecuentemente mediante oficio suscrito por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, remitió testimonio de la resolución dictada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en La Paz, Baja California Sur, de la que se aprecia se desechó el citado medio de impugnación. Ahora, de lo anterior se colige, que los actos que debe realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: A) Desincorporar de la esfera jurídica de la amparista, lo previsto en los artículos 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley, en el presente y en el futuro; y, B) Devolver las contribuciones erogadas por la quejosa, con fundamento en las disposiciones anteriores, determinadas en los recibos de pago exhibidos, exceptuando la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 M.N.) y $280.00 (doscientos ochenta pesos), respectivamente por cuanto hace a las fracciones I y XVIII del artículo 22 de la Ley de Ingresos de que se trata, en relación a la cantidad de $28,469.22 pesos (veintiocho mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 22/100) y la diversa suma de $633.21 (seiscientos treinta y tres pesos 21/100), en la inteligencia que dicha la cantidad tiene que estar debidamente actualizada. Ahora bien, se tiene que por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se indicó que la sentencia protectora de amparo no se encontraba cumplida, en virtud de que de acuerdo a las operaciones aritméticas, resultaba un faltante de $75.28 (setenta y cinco pesos con veintiocho centavos, moneda nacional) por devolver a la parte agraviada. Lo anterior, en virtud de que se estableció que primeramente mediante oficio y anexos presentados ante este Órgano Jurisdiccional, la delegada de la autoridad responsable ejecutora, informó el cumplimiento dado al fallo protector, del cual se advirtió que efectuó la devolución a la quejosa por medio de transferencia electrónica el uno de noviembre de dos mil diecinueve, por la cantidad de $28,696.02 (veintiocho mil seiscientos noventa y seis pesos con dos centavos, moneda nacional). Además, se indicó que monto total de $29,102.43 (veintinueve mil ciento dos pesos con cuarenta y tres centavos, moneda nacional), que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le debía restar la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos, moneada nacional) y $280.00 (doscientos ochenta pesos, moneda nacional), respectivamente, cantidades que no fueron objeto de la concesión, da como resultado la suma de $28,532.43 (veintiocho mil quinientos treinta y dos pesos con cuarenta y tres centavos, moneda nacional) numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados el veintidós y veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, respectivamente y, en el uno de noviembre de ese año, se efectuó la devolución de las contribuciones reclamadas mediante transferencia electrónica, a la parte quejosa; por tanto, el periodo de actualización comprende del mes de febrero a septiembre del dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre del año dos mil diecinueve entre el índice para el mes de febrero de esa misma anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue de 103.079; y para el mes de septiembre de ese mismo año fue de 103.942, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.008372219365729. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $28,771.30 (veintiocho mil setecientos setenta y un pesos con treinta centavos, moneda nacional); por tanto, se desprendió que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $238.87 (doscientos treinta y ocho pesos con ochenta y siete centavos, moneda nacional). En ese sentido, se advirtió que la ejecutoria en análisis no se encontraba cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $28,696.02 (veintiocho mil seiscientos noventa y seis pesos con dos centavos, moneda nacional), lo que pone en evidencia un faltante de pago en favor de la parte quejosa, equivalente a $75.28 (setenta y cinco pesos con veintiocho centavos, moneda nacional). Posteriormente, por oficio recibido en este juzgado el dieciocho de febrero del año en curso y anexo al mismo, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director Jurídico Contencioso de dicha Secretaría, comunicó que el doce de febrero de dos mil veintiuno, transfirió al quejoso a cantidad de $75.28 (setenta y cinco pesos con veintiocho centavos, moneda nacional) que le restaba por devolver. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías, por una parte se sobreseyó, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en la circular SECNO/10/2021 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite del presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque con los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. De conformidad con las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó el regreso al esquema de contingencia del artículo 1 del Acuerdo General 13/2020 a partir del uno al nueve de febrero y del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, se suspendieron los plazos en esas fechas y en base a la circular SECNO/10/2021 en que se ordenó de nueva cuenta la aplicación del Acuerdo General 21/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, la secretaria o el secretario encargado de la tramitación del asunto brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario de las 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes. Los datos de contacto de la secretaria o el secretario encargado del asunto serán proporcionados en las instalaciones del juzgado, previa cita para acudir que haga el interesado. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada de este juzgado para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. En el presente expediente se encuentra pendiente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. 3. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACTUARIOS EN MATERIA DE NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede); lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.2. Excepcionalmente, las notificaciones se harán de forma personal, cuando así se ordene en la resolución respectiva. 3.3. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 1jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 5. SE AGREGAN OFICIOS. Se tiene por recibido el primero de los comunicados de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual manifiesta haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes quejosa, con el ocurso y anexo que acompaña, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés legal convenga, apercibidas que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obren en el presente sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Asimismo, únicamente agréguese a sus autos para que obren para constancia, los diversos oficios suscritos por la referida autoridad, en los cuales informa los trámites realizados a fin de dar cumplimento a la ejecutoria de amparo. 6. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE REANUDACIÓN. Este acuerdo deberá ser notificado en los términos siguientes: 6.1. Por oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas. 6.2. Personalmente a la parte quejosa. Notifíquese en los términos indicados.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el proveído de nueve de diciembre del año en curso, se aprecia que el la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento al fallo protector dentro del presente sumario constitucional; asimismo, en dicho auto se indicó que se estaría en la espera del acatamiento total del mismo; sin embargo, hasta la fecha no se ha comunicado lo anterior. En consecuencia, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acate la sentencia de amparo concedida en los términos indicados; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese.
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