Adriana Delgado García

Expediente 2462/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 22 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2462/2017
Año
2017
Actuaciones
22
Última actuación
05/09/2018

Partes del expediente

  • Adriana Delgado García
  • ADRIANA DELGADO GARCÍA y Otros.
  • AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A ESTE JUZGADO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito de esta ciudad, remite testimonio de la resolución emitida por el Pleno del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, en auxilio de dicho Tribunal Colegiado, el doce de julio del presente año, en el amparo en revisión número 210/2018, con número de cuaderno auxiliar 757/2018, relativo al presente juicio de garantías 2462/2017, de la que se aprecia que CONFIRMA la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada por este juzgado (fojas 65 a 74), misma que SOBRESEYÓ en el presente juicio de garantías, promovido por Adriana Delgado García, en contra de los actos reclamados del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Nayarit, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó a partir del escrito en que se interpuso el recurso de revisión. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Legislación de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió respecto de los actos reclamados (fojas 24 a 28 y 48 a 53, del cuaderno incidental original); razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la última interlocutoria del incidente de suspensión, procédase a la destrucción del mismo, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio enviado en línea por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual comunica que el Magistrado Presidente de dicho Órgano, admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la resolución terminada de engrosar el veintiocho de febrero del año en curso, en el juicio de amparo 2462/2017, del índice de este Juzgado; revisión que se registró con el número 210/2018.

  3. Incidental

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el ocurso signado por el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, con sede en esta ciudad, a través del cual informa el acatamiento dado al incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva de seis de marzo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 209 de la Ley de Amparo en vigor, agréguense a sus autos el libelo y anexo de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que mediante auto de veintiséis de febrero de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informó que la parte quejosa había sido omisa en comparecer a recoger el cheque que dejó a su disposición en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por concepto de actualización; no obstante de encontrase debidamente notificada, como lo demostró con las documentales que adjuntó. En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte promovente del amparo, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que durante dicho plazo hubiera hecho uso de ese derecho, como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede resolver si de acuerdo con las constancias que existen en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." En ese sentido, mediante sentencia dictada en el presente sumario constitucional el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Sergio Ramírez Ramírez, por lo que se determinó que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones debían: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los artículos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito." (.) "2. Asimismo, para que el Secretario y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva al quejoso la cantidad de $9,879.96 (Nueve mil ochocientos setenta y nueve pesos 96/100 moneda nacional), que pagó el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "DER.REV.PERM.MINISUPER ABARROT. BEB. ALC. >200M2", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit" (fojas 13 y 49), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil diecisiete, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo." (.) "Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos) que se indicó en el formato de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual (foja 13), documental que exhibió el quejoso a su demanda de amparo; toda vez que el accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto." (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto..." Resolución que causó ejecutoria el veintidós de junio del año próximo pasado. De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar el Secretario y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A) Que no le fuera aplicado al quejoso el artículo 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los artículos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; esto es, para que vigilaran que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolver al impetrante la cantidad de $9,879.96 (nueve mil ochocientos setenta y nueve pesos 96/100 moneda nacional), menos el monto de $3.00 (tres pesos), que pagó por concepto de comisión bancaria; cantidad que debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Al respecto, mediante oficio DJC/3408/2017 signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que se encontraba a disposición de Sergio Ramírez Ramírez el cheque 0004 de diez de octubre del año inmediato anterior, valioso por la cantidad que erogó con motivo del cobro declarado inconstitucional, sin incluir el monto de $3.00 (tres pesos), que pagó por concepto de comisión bancaria. Luego, mediante diverso comunicado sin número el citado funcionario exhibió la notificación practicada al citado quejoso, respecto del escrito en el que se le hace de su conocimiento la puesta a su disposición del citado título nominativo. Posteriormente, mediante oficio DJC/1115/2018 el aludido director general jurídico exhibió ante este juzgado las operaciones aritméticas realizadas a fin de actualizar la cantidad materia de reclamo, copia del cheque 0000271 que ampara la cantidad resultante por concepto de actualización y la notificación practicada a la parte quejosa, en la que se le hizo saber que se encontraba a su disposición el citado título nominativo. En ese tenor, si tenemos que debía entregarse al impetrante la cantidad de $9,876.96 (nueve mil ochocientos setenta y seis pesos con noventa y seis centavos moneda nacional), debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. Ahora, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete y en el mes de octubre de ese año, se elaboró el cheque a favor de la parte quejosa por la cantidad precisada en la ejecutoria de que se trata; por ende, la actualización de que se habla comprende el periodo transcurrido entre dichos meses; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, en el caso, los meses de febrero y septiembre del año inmediato anterior. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre entre el índice para el mes de febrero de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores al periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecisiete fue de 125.318; y para el mes de septiembre de ese año de 127.912. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02069. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad de $9,876.96 (nueve mil ochocientos setenta y seis pesos con noventa y seis centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $10,081.31 (diez mil ochenta y un pesos con treinta y un centavos moneda nacional); entonces, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa a devolver, esto es, $9,876.96 (nueve mil ochocientos setenta y seis pesos con noventa y seis centavos moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $204.35 (doscientos cuatro pesos con treinta y cinco centavos moneda nacional). Por tanto, si las responsables de mérito dejaron a disposición de la parte quejosa dos cheques, uno valioso por la cantidad de $9,876.96 (nueve mil ochocientos setenta y seis pesos con noventa y seis centavos moneda nacional); y otro por $433.09 (cuatrocientos treinta y tres pesos con nueve centavos moneda nacional), por concepto de actualización, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido que el monto que las responsables debían devolver por concepto de actualización a la parte quejosa es de $204.35 (doscientos cuatro pesos con treinta y cinco centavos moneda nacional).y que éstas pusieron a su disposición un cheque por la diversa de $433.09 (cuatrocientos treinta y tres pesos con nueve centavos moneda nacional), es decir, un existe un excedente de $228.74 (doscientos veintiocho pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), ya que dicha diferencia no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada su magnitud a nada práctico conduciría reintegrarla. Tampoco es obstáculo que la quejosa no haya recogido los cheques expedidos en su favor, en virtud de que las responsables ejecutoras acreditaron que le notificaron que se encontraban a su disposición; por lo que únicamente resta que dicha parte acuda ante los entes de que se trata, a fin de que le sean entregados los títulos nominativos en comento. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "..." Bajo ese contexto, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

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