Adriana González Díaz

Expediente 278/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 66 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
278/2020
Año
2020
Actuaciones
66
Última actuación
07/12/2022

Partes del expediente

  • Adriana González Díaz
  • ADRIANA GONZÁLEZ DÍAZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 66.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de diciembre de dos mil veintidós. CONSENTIDA. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que las partes dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformaron contra el proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración pues se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo de dicho Acuerdo General). 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en mención). 4. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Ahora bien, se hace la precisión que no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reformas los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. De igual forma, se hace de conocimiento que los cuadernos incidentales serán remitidos por separado al archivo físico junto con el cuaderno principal. De igual forma, se hace saber a la quejosa que queda a su disposición el billete de depósito ********************, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y de Servicios Financieros, que ampara la cantidad de $********************), que exhibió en el cuaderno incidental, para lo cual deberá comparecer personalmente, debidamente identificado ante este Juzgado de Distrito, para la entrega precisada, asimismo, se hace de su conocimiento que de no comparecer a recogerlo dentro del plazo de dos años que contempla el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, se decretará su prescripción a favor del Erario Federal. Ahora, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    MESA VI (AVISO) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS QUE REFIERE LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México; siete de diciembre de dos mil veintidós. CONSENTIDA. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que las partes dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformaron contra el proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración pues se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo de dicho Acuerdo General). 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en mención). 4. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Ahora bien, se hace la precisión que no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reformas los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. De igual forma, se hace de conocimiento que los cuadernos incidentales serán remitidos por separado al archivo físico junto con el cuaderno principal. De igual forma, se hace saber a la quejosa que queda a su disposición el billete de depósito ********************, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y de Servicios Financieros, que ampara la cantidad de $********************), que exhibió en el cuaderno incidental, para lo cual deberá comparecer personalmente, debidamente identificado ante este Juzgado de Distrito, para la entrega precisada, asimismo, se hace de su conocimiento que de no comparecer a recogerlo dentro del plazo de dos años que contempla el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, se decretará su prescripción a favor del Erario Federal. Ahora, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA VI CUMPLIDA. Visto la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Adriana González Díaz, por propio derecho, contra el emplazamiento de cinco de agosto de dos mil diecinueve y todo lo actuado en el juicio laboral J.5/379/2019. Ahora, mediante sentencia de tres de junio dos mil veintidós, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "PRIMERO. Es infundado el incidente de objeción de documentos planteado. SEGUNDO. La justicia de la Unión Ampara y Protege a Adriana González Díaz, contra las autoridades y el acto precisados en los considerandos cuarto y quinto esta sentencia, y para los efectos precisados en el último considerando de la misma." Así, la concesión del amparo fue para el efecto de que la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, dentro del término de tres días, posteriores a que causara ejecutoria la sentencia: Deara insubsistente todas las actuaciones emitidas dentro del juicio laboral J.5/379/2019, exclusivamente en lo que se refiere a Adriana González Díaz, a partir de su emplazamiento incluyendo el laudo y etapa de ejecución, sin perjuicio de que determine o no que se practique nuevamente su emplazamiento, lo que no será objeto del cumplimiento del amparo. Resolución que causó ejecutoria el veintitrés de junio de dos mil veintidós, por lo que se requirió el cumplimiento de ésta. En ese sentido, y en acatamiento al fallo protector, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el doce de julio del año en curso, la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, remitió copia certificada de los autos de siete de julio de dos mil veintidós, donde tuvo por recibido el juicio laboral J.5/379/2019 del índice de la Junta Especial Número Cinco, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, radicándolo bajo el número de expediente J.4/219/2022, y dejó insubsistentes todas las actuaciones emitidas en el citado sumario laboral respecto de la quejosa Adriana González Díaz, a partir de su emplazamiento, incluyendo el laudo y etapa de ejecución. En tal contexto, del examen de las documentales allegadas por la multicitada responsable, misma que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que, sin duda, se atendieron los efectos del fallo protector, pues en juicio laboral J.5/379/2019 del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, ahora J.4/219/2022 de la estadística de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, mediante auto de siete de julio de dos veintidós, se dejaron insubsistentes todas las actuaciones emitidas respecto de la quejosa Adriana González Díaz, a partir de su emplazamiento, incluyendo el laudo y etapa de ejecución, y anexó copia certificada del mismo. Por tanto, resulta que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. Es aplicable la jurisprudencia 2/J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2/J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA III. SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL CUAL SE DETERMINÓ: MESA VI CUMPLIDA. Visto la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Adriana González Díaz, por propio derecho, contra el emplazamiento de cinco de agosto de dos mil diecinueve y todo lo actuado en el juicio laboral J.5/379/2019. Ahora, mediante sentencia de tres de junio dos mil veintidós, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "PRIMERO. Es infundado el incidente de objeción de documentos planteado. SEGUNDO. La justicia de la Unión Ampara y Protege a Adriana González Díaz, contra las autoridades y el acto precisados en los considerandos cuarto y quinto esta sentencia, y para los efectos precisados en el último considerando de la misma." Así, la concesión del amparo fue para el efecto de que la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, dentro del término de tres días, posteriores a que causara ejecutoria la sentencia: Deara insubsistente todas las actuaciones emitidas dentro del juicio laboral J.5/379/2019, exclusivamente en lo que se refiere a Adriana González Díaz, a partir de su emplazamiento incluyendo el laudo y etapa de ejecución, sin perjuicio de que determine o no que se practique nuevamente su emplazamiento, lo que no será objeto del cumplimiento del amparo. Resolución que causó ejecutoria el veintitrés de junio de dos mil veintidós, por lo que se requirió el cumplimiento de ésta. En ese sentido, y en acatamiento al fallo protector, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el doce de julio del año en curso, la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, remitió copia certificada de los autos de siete de julio de dos mil veintidós, donde tuvo por recibido el juicio laboral J.5/379/2019 del índice de la Junta Especial Número Cinco, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, radicándolo bajo el número de expediente J.4/219/2022, y dejó insubsistentes todas las actuaciones emitidas en el citado sumario laboral respecto de la quejosa Adriana González Díaz, a partir de su emplazamiento, incluyendo el laudo y etapa de ejecución. En tal contexto, del examen de las documentales allegadas por la multicitada responsable, misma que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que, sin duda, se atendieron los efectos del fallo protector, pues en juicio laboral J.5/379/2019 del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, ahora J.4/219/2022 de la estadística de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, mediante auto de siete de julio de dos veintidós, se dejaron insubsistentes todas las actuaciones emitidas respecto de la quejosa Adriana González Díaz, a partir de su emplazamiento, incluyendo el laudo y etapa de ejecución, y anexó copia certificada del mismo. Por tanto, resulta que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. Es aplicable la jurisprudencia 2/J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2/J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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