Adriana Derbez Guadarrama
Expediente 375/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 375/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/05/2022
Partes del expediente
- Adriana Derbez Guadarrama
- Escuela Momentos
Actuaciones
- Principal
MESA I CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y al físico, el escrito firmado por René Aguilar Santana, autorizado en términos amplios de la quejosa Adriana Dérbez Guadarrama, representante legal de la Escuela MOMENTOS, por medio del cual desahoga el requerimiento que le fuera formulado mediante proveído de veinticinco de marzo de la presente anualidad. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 114 de la Ley de Amparo, téngase por cumplida la prevención de que fue objeto la parte quejosa y déjese sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: * El Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de mayo de dos mil veintiuno. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar la quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y en tal supuesto, debe desecharse de plano. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Expuesto lo anterior, este juzgador, estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .) En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: (.) g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general (.)." De lo reproducido se observa, que el juicio de amparo es procedente contra normas generales que por su sola entrada en vigencia o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio a la parte quejosa. Asimismo, establece que debe entenderse como norma general, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. En ese orden de pensamiento, las normas oficiales mexicanas son reglas generales administrativas sobre aspectos técnicos y operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública federal, debido a lo cual se explica que en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Congreso de la Unión haya otorgado a la Secretaría de Economía la facultad de expedir las normas oficiales mexicanas de carácter obligatorio en el ámbito de su competencia. De ahí que sea válido determinar que tales cuerpos normativos constituyen un acto materialmente legislativo, pues de forma general, abstracta e impersonal regulan con detalle y de manera pormenorizada las materias comprendidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, como expresión de la facultad reglamentaria. Por lo anterior, es que su impugnación en el juicio constitucional es en términos del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, al ser considerados como resoluciones de carácter general. Al respeto, es ilustrativa la jurisprudencia VI.1o.A. J/29, emitida por Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, página 1695, registro digital 177569, que es del tenor literal siguiente: "NORMAS OFICIALES MEXICANAS. CONSTITUYEN UN ACTO MATERIALMENTE LEGISLATIVO, PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN EN EL AMPARO CONTRA LEYES. De conformidad con los lineamientos fijados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XV/2002, es posible establecer que las normas oficiales mexicanas, emitidas por el director general de Normas de la Secretaría de Economía, son reglas generales administrativas sobre aspectos técnicos y operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública federal, debido a lo cual se explica que en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Congreso de la Unión haya otorgado a la Secretaría de Economía la facultad de expedir las normas oficiales mexicanas de carácter obligatorio en el ámbito de su competencia (si bien esa atribución fue conferida en concreto al director general de normas de aquella dependencia), de ahí que sea válido determinar que tales cuerpos normativos constituyen un acto materialmente legislativo, pues de forma general, abstracta e impersonal regulan con detalle y de manera pormenorizada las materias comprendidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, como expresión de la facultad reglamentaria y, en esa medida, para efectos de su impugnación en el juicio de garantías tramitado en la vía indirecta, en términos del artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, en cuanto prevé su procedencia contra ".otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicios al quejoso ...", se deben aplicar las reglas inherentes al amparo contra leyes." Ahora bien, en la especie, del análisis de los actos reclamados, concatenados con los demás datos que aporta la parte promovente en el escrito de demanda, se puede ver que de lo que realmente se duele es del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020, en el que se establecen las disposiciones a las que se sujetarán los particulares que presten servicios en materia de educación. Lo anterior, evidencia la causa de improcedencia que se analiza, puesto que el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020, aún no surte sus efectos jurídicos al no ser un acto administrativo con carácter definitivo, y por lo tanto, no se ubica en los supuesto de procedencia del juicio de amparo. Al respecto, el procedimiento de creación de leyes también es aplicable a los proyectos de Normas Oficiales Mexicanas, porque aun cuando las mismas cuentan con la característica de general, abstracta e impersonal, no por ello dejan de ser actos administrativos donde ese tipo de actos solamente pueden controvertirse una vez que se emita la resolución definitiva, en el caso, hasta la publicación de la Norma Oficial Mexicana. Ello es así porque es palpable que el proyecto de norma no es el acto definitivo porque aún se encuentra sometido a escrutinio, y en términos del artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, dicho proyecto de norma oficial mexicana debe sujetarse a un procedimiento administrativo tramitado en etapas asimilables a aquéllos definidos como seguidos en forma de juicio, pues la autoridad, aun con la intervención del particular, debe preparar su resolución definitiva en la que se determine la norma oficial, como resolución de carácter general. Así, el artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, señala: "Artículo 47.- Los proyectos de normas oficiales mexicanas se ajustarán al siguiente procedimiento: I. Se publicarán íntegramente en el Diario Oficial de la Federación a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios al comité consultivo nacional de normalización correspondiente. Durante este plazo la manifestación a que se refiere el artículo 45 estará a disposición del público para su consulta en el comité; II. Al término del plazo a que se refiere de la fracción anterior, el comité consultivo nacional de normalización correspondiente estudiará los comentarios recibidos y, en su caso, procederá a modificar el proyecto en un plazo que no excederá los 45 días naturales; III. Se ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las respuestas a los comentarios recibidos así como de las modificaciones al proyecto, cuando menos 15 días naturales antes de la publicación de la norma oficial mexicana; y IV. Una vez aprobadas por el comité de normalización respectivo, las normas oficiales mexicanas serán expedidas por la dependencia competente y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Cuando dos o más dependencias sean competentes para regular un bien, servicio, proceso, actividad o materia, deberán expedir las normas oficiales mexicanas conjuntamente. En todos los casos, el presidente del comité será el encargado de ordenar las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación." De la lectura al artículo de mérito se establece que una Norma Oficial Mexicana adquiere la naturaleza de acto de carácter general, una vez que concluye su procedimiento de creación con la publicación de la norma aprobada por el comité de normalización, en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el proyecto de Norma Oficial Mexicana no tiene el carácter de definitivo, por lo que no se ubica en los supuestos de procedencia de la fracción I, del artículo 107, de la Ley de Amparo, al no ser, hasta este momento, una resolución de observancia general. Lo anterior, porque no constituye un acto administrativo que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas al no ser definitivo, y por lo tanto, no se ubica en los supuestos de procedencia del juicio constitucional. Es decir, el acto reclamado no representa una afectación real y actual a la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa, pues será hasta que el procedimiento de creación de la norma finalice y se emita la Norma Oficial Mexicana definitiva, en que estará en aptitud de combatirla. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *, representante legal de la Escuela MOMENTOS, contra actos de la Secretaría de Economía y otras autoridades. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Enrique Vázquez Pérez, Juez Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Luz del Carmen Peñaloza Mireles, Secretaria que autoriza, firma y da fe, sin perjuicio de firmarlo electrónicamente. Doy fe.
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Toluca, Estado de México; ocho de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el escrito firmado electrónicamente por ********************, presuntamente suscrito por ********************, autorizado de la parte quejosa, por el cual pretende desahogar la prevención de veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Sin que haya lugar a tener por desahogada la prevención de mérito, en atención a que el escrito de cuenta, fue recibido por la vía electrónica, de ahí que su presentación debe ceñirse a las reglas para tal efecto establecidas, y la firma digital que le acompaña, no pertenece a persona alguna autorizada en el presente juicio para intervenir a favor de la parte quejosa, ya sea de forma amplia o restringida por el artículo 12 de la ley de la materia, en que se estipulan las facultades que tendrán los autorizados en los distintos juicios de amparo. Por tanto, la prevención de mérito subiste, en la inteligencia de que la parte quejosa cuenta con un día de los cinco que le fueron otorgados originalmente, en atención a que la prevención le fue notificada el treinta de marzo de dos mil veintidós, por lo que surtió sus efectos el treinta y uno siguiente, comenzando a correr el uno de abril en curso, de ahí que si el de cuenta se presentó electrónicamente el siete del mes en curso, es evidente que se hizo en el último día del plazo original. En la inteligencia de que el día restante será aquel hábil que inmediatamente siga al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de marzo de dos mil veintidós. TESTIMONIO. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio firmado por la Secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el cual devuelve los presentes autos, así como sus anexos, y remite un testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 220/2021, en sesión de diez de los cursantes, cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. Con precisiones, se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión, no ampara ni protege a Benjamín Morales Aguilar." Háganse las anotaciones de rigor, acúsese recibo a la Superioridad, glósense las constancias originales del cuaderno de antecedentes, y el resto destrúyanse. Devuélvanse a la responsable las constancias que exhibió, teniendo como acuse de recibo el oficio por el que se le entreguen. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El asunto en que se actúa es susceptible de depuración, pues se negó el amparo y protección de la justicia federal (artículo 18, fracción I, inciso b del acuerdo en cita). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración pues se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado (artículo 18, fracción I, inciso a del citado Acuerdo General). 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo en mención). 4. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 18 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, trascurrido dicho término se procederá a la depuración, para posteriormente remitirse al Centro archivístico respectivo. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Notifíquese.
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