Adriana González Delgado
Expediente 747/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 747/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Adriana González Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de catorce de abril de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se determina que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por lo que toca al original del incidente de suspensión y en cumplimiento también del referido Acuerdo, se establece que éste una vez transcurridos tres años es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, de autos se advierte que el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, remitió diversas constancias, con las que en proveído de siete de noviembre del año próximo pasado, se ordenó formar un tomo de prueba, y habida consideración que resulta innecesaria su conservación devuélvase a su lugar de origen; solicitándole de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de catorce de abril de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se determina que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por lo que toca al original del incidente de suspensión y en cumplimiento también del referido Acuerdo, se establece que éste una vez transcurridos tres años es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, de autos se advierte que el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, remitió diversas constancias, con las que en proveído de siete de noviembre del año próximo pasado, se ordenó formar un tomo de prueba, y habida consideración que resulta innecesaria su conservación devuélvase a su lugar de origen; solicitándole de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio número 8642/2023 mediante el cual se le notificó la sentencia de catorce de abril del año en curso. Finalmente, con fundamento en los artículos 251, incisos a) y f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los acuses de recibo que envíen las partes, respecto de los oficios que a manera de notificación se les remitan, así como aquellas promociones que hayan sido recibidas y atendidas con anterioridad, serán agregados al expediente y vinculados electrónicamente con la determinación judicial con la que se relacionen, sin necesidad de proveído. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa; en atención a su contenido y a la certificación de cuenta, se advierte que se dictó sentencia el catorce de abril de dos mil veintitrés, dentro del cuaderno auxiliar 157/2023-II, de su índice, formado con motivo del presente juicio de amparo 747/2022, del índice de este juzgado, promovido por*** En consecuencia, agréguese el oficio y anexo de cuenta; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); notifíquese a las partes dicha resolución; y acúsese el recibo correspondiente. Por otro lado, con fundamento en los artículos 251, incisos a) y f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los acuses de recibo que envíen las partes, respecto de los oficios que a manera de notificación se les remitan, así como aquellas promociones que hayan sido recibidas y atendidas con anterioridad, serán agregados al expediente y vinculados electrónicamente con la determinación judicial con la que se relacionen, sin necesidad de proveído Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, vía electrónica al Agente del Ministerio Público adscrito, por lista de acuerdos a la parte tercero interesada y por oficios a las autoridades responsables*** LA SENTENCIA DE CATORCE DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN SINTESIS DICE*** XALAPA, VERACRUZ, A CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 747/2022, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, promovido por*** contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, por así haberlo manifestado en su informe con justificación; lo que se corrobora con las constancias remitidas en apoyo, consistentes en copias certificadas del expediente en mención, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º, segundo párrafo, de este último ordenamiento, por tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley*** Debe tenerse por cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, debido a que si bien dicha autoridad negó su existencia al rendir informe con justificación, lo cierto es que dicha negativa queda desvirtuada con las copias certificadas remitidas por la autoridad ordenadora, en las que obra el oficio 5036*** en el que se ordenó a dicha autoridad que prestara el auxilio de la fuerza pública para dar cumplimiento al acuerdo reclamado*** CUARTO. Oportunidad de la demanda. La quejosa manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el día catorce de septiembre de dos mil veintidós y presentó su demanda de amparo el día veinte de septiembre siguiente; por lo que se estima evidente que dicho libelo constitucional se exhibió dentro del término genérico de quince días hábiles establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, debido a que entre ambas fechas transcurren solamente seis días naturales. QUINTO. El estudio de las causas de improcedencia es preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo En ese sentido, de manera oficiosa se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Para sustentar la aseveración que antecede, resulta necesario tener presente el contenido del artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, que dispone*** Por su parte, los artículos 5°, fracción I, párrafos primero, segundo y cuarto, 6° y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, indican*** De la interpretación sistemática de los numerales en cita, se obtiene que el ejercicio de la acción constitucional está reservado a los gobernados que aduzcan ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que aleguen que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún Tratado Internacional en el que el Estado Mexicano sea parte y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o debido a su especial situación frente al orden jurídico, siendo así que la Ley de Amparo prevé la afectación que puedan sufrir los gobernados en su interés jurídico como legítimo. El interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, consiste en el poder de exigencia con que cuenta un sujeto, que si bien no se traduce en un derecho subjetivo, permite reconocerle la facultad de impugnar la actuación o la omisión de la autoridad en orden a la afectación que ello le genera, al no acatar lo previsto por determinadas disposiciones jurídicas que le reportan una situación favorable o ventajosa. Por tanto, tratándose de actos provenientes de autoridades diferentes a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo (caso distinto al que se analiza), para efectos de la procedencia del juicio de amparo, el impetrante debe aducir ser titular de un derecho o un interés legítimo, ya sea individual o colectivo, siempre que alegue que el acto viola derechos reconocidos en nuestra Carta Magna y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico*** En cambio, cuando el acto sea emitido por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo (como en el caso ocurre), el quejoso debe alegar ser titular de algún derecho subjetivo que se afecte de forma personal y directa, lo que no es otra cosa que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo. Es decir, que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que es la titularidad que a la parte quejosa le corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectadas por el acto de autoridad reclamado; lo que debe entenderse en el sentido de que, para la procedencia del juicio constitucional, es menester que el impetrante demuestre ser titular de un derecho tutelado por la ley y que ha sufrido un agravio en ese derecho. Consecuentemente, el interés jurídico de quien promueva la acción constitucional sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado, le ha causado molestias relacionadas a su esfera jurídica, entendiéndose por ésta, el cúmulo de derechos u obligaciones que legalmente le correspondan; interés que ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano constitucional demandando el cese de esa violación, es decir, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Así, a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho público subjetivo, que dice fue infringido en su perjuicio por las autoridades que emitieron el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce, para lo cual no será suficiente que las autoridades responsables informen que es cierto el acto para concluir necesariamente que el mismo perjudica al solicitante, puesto que el perjuicio depende de que existan, legítimamente tutelados, los derechos cuyo respeto se reclama mediante la acción constitucional*** En ese contexto, en virtud de que los actos reclamados en este juicio de amparo provienen de un órgano jurisdiccional, para pedir el amparo los gobernados deben resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos, con motivo de un acto de autoridad, lo que puede ocurrir de dos formas, a saber*** Que se afecte la esfera jurídica del demandante en abstracto, imponiendo una obligación que antes no se tenía, o Que se afecte un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. Además, conviene destacar que, cuando la parte quejosa se ostenta tercera extraña en estricto sentido al juicio natural ya que no fue parte en él y reclama la afectación de algún derecho de propiedad o posesión, para la acreditación del interés jurídico para efectos del amparo es indispensable que el documento con el que se pretende demostrar la afectación de mérito debe ser apto, es decir, que por sus características objetivas reúna los requisitos siguientes*** Que le otorgue la titularidad del bien o derecho subjetivo respecto de éste*** Que sea de fecha cierta, pues esta exigencia se encuentra intrínsecamente relacionada con su demostración, ya que de lo contrario el documento que se exhibe para acreditar ese extremo, no tendría el alcance probatorio suficiente para acreditar cuándo se llevó a cabo el acto jurídico ahí contenido. Respecto del primer punto, es necesaria la existencia de un título sustentado en alguna de las figuras jurídicas previstas por la ley, que genere el derecho a poseer, y se debe entender por título, la causa jurídica por la que entró a poseer el bien, esto es, el acto que da origen o transmite la posesión legal y, que con motivo de esa relación contractual, se entró a poseer el bien inmueble objeto de la controversia. En efecto, la posesión constituye un poder de hecho; el cual se encuentra conformado por dos elementos esenciales; uno material y otro psicológico. El primero se concreta a través de un conjunto de hechos que revelan el ejercicio del poder de hecho sobre la cosa, lo que implica actos materiales de uso, de goce, de transformación, que recaen sobre las cosas y que constituye el poder sobre ella; el segundo elemento, como animus, es la intención en el autor de los actos materiales relativos a la cosa, de manejarse como titular de esa posesión sea en forma original o por causa derivada, puesto que siempre debe existir el título o acto jurídico generador de ese derecho a poseer. De ahí que no basta la tenencia física de la cosa, sino que debe existir la causa generadora que configure el elemento subjetivo o intencional, que permite al poseedor actuar con derecho sobre la cosa; por ello, la persona que tiene la cosa pero carece de la intención, puede decirse que solamente la detenta y, en consecuencia, carece del elemento volitivo de someter la cosa a su poder; así, el detentador no es poseedor, y no es procedente tutelar la simple detención a través del juicio de amparo. Ahora, de las copias certificadas del aludido juicio se desprenden los siguientes antecedentes*** Ahora bien, de las constancias relatadas, se desprende que la quejosa no figura propiamente como parte del juicio ordinario civil*** debido a que la parte actora se desistió de la demanda en su perjuicio antes del dictado de la sentencia. Sin embargo, en el caso, se considera que la impetrante no acredita fehacientemente contar con interés jurídico para instar el presente juicio constitucional, porque para tal efecto ofreció*** Constancia de residencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós*** expedida por Francisco Y. Tovar Cortes, en su carácter de Jefe de Manzana número 75 y 76, zona 06 de la Ciudad de Orizaba, Veracruz, certificada por el Secretario del Ayuntamiento de dicha localidad, en la que se hizo constar que la aquí quejosa tiene ocho años de tener su domicilio particular en el inmueble afecto al juicio ordinario civil reivindicatorio*** Sin embargo, con independencia del valor probatorio que merece dicha documental, se estima que únicamente tiende a demostrar que la quejosa es detendadora del inmueble en comento, pero no que tenga constituido algún derecho a su favor susceptible de protección constitucional y, por tal motivo resulta insuficiente para acreditar que dicha impetrante cuente con interés jurídico para instar el presente juicio constitucional. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, al no reclamarse por vicios propios*** Consecuentemente, al resultar improcedente la presente instancia constitucional y ante el sobreseimiento decretado, este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto*** Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo*** Finalmente, cabe precisar, que los criterios citados a lo largo de esta sentencia son aplicables al caso concreto, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la Ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. SEXTO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes. Sin que resulte aplicable el principio de reserva de los expedientes judiciales hasta en tanto hayan causado estado, señalada en términos de los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción Xl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a la publicidad de la resolución que nos ocupa, toda vez que ésta culminó con el juicio respectivo, y dicho principio únicamente resulta de aplicación cuando la divulgación pueda ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto*** SEPTIMO. Toda vez que se ha dictado la sentencia correspondiente en el juicio de amparo indirecto 747/2022, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, infórmese por oficio a la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de esta Región, para que realice las anotaciones correspondientes; finalmente, como se señaló en el auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, en atención al Punto de Acuerdo 19/2021 de treinta de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 157/2023-II de este juzgado. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo, se*** PRIMERO. SE SOBRESEE el juicio de amparo 747/2022, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, promovido por*** contra las autoridades responsables y actos reclamados que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los fundamentos y motivos expuestos en el diverso considerando quinto de la misma. SEGUNDO. Queda esta sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando relativo de esta sentencia. TERCERO. Envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 157/2023-II de este juzgado. CÚMPLASE.
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