Adriana Aguayo Labastida

Expediente 65/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 28 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
65/2019
Año
2019
Actuaciones
28
Última actuación
06/08/2019

Partes del expediente

  • Adriana Aguayo Labastida

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a seis de agosto de dos mil diecinueve. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el cuatro de junio de dos mil diecinueve (fojas 157 a 166), este Juzgado de Distrito concedió la protección Constitucional a ***********, en los siguientes términos: "[.] En consecuencia, al resultar inconstitucional el acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Fiscal Investigadora de Ciudad Mendoza, Veracruz: a) Deje insubsistente el acuerdo de nueve de enero de dos mil diecinueve, emitido en la carpeta de investigación *************; y, b) En su lugar emita uno nuevo, en el que funde y motive la determinación que tome respecto de la solicitud de la parte quejosa, contenida en el escrito de ocho de enero anterior, en el sentido de levantar el aseguramiento decretado el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, respecto del inmueble ahí indicado. [.]". Por tanto, la Fiscal Investigadora de Ciudad Mendoza, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo debía: 1. Dejar insubsistente la determinación de nueve de enero de dos mil diecinueve, emitida en la carpeta de investigación ***********; y, 2. Emitir una nueva resolución en la que fundara y motivara la determinación que tomara respecto de la solicitud de la parte quejosa, contenida en el escrito de ocho de enero anterior, en el sentido de levantar el aseguramiento decretado el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, respecto del inmueble ahí indicado. El veintiuno de junio de dos mil diecinueve (fojas 173 y 174), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió al Fiscal responsable, el cumplimiento del fallo protector. En proveído de nueve de julio de dos mil diecinueve, se tuvo como autoridad sustituta, al Fiscal de Distrito en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIV Distrito Judicial, con sede en Córdoba, Veracruz. En consecuencia, mediante oficio 11148/2019 de veintiocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 178 a 183), el citado Fiscal de Distrito en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIV Distrito Judicial, con sede en Córdoba, Veracruz, remitió diversas constancias, con las que consideró dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y en proveído de nueve de julio de este año (foja 201), se dio vista a las partes, por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, la cual desahogó sólo la parte quejosa. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que únicamente la parte quejosa desahogó la vista ordenada en acuerdo de nueve de julio de dos mil diecinueve (foja 201), en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las constancias remitidas por el Fiscal de Distrito en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIV Distrito Judicial, con sede en Córdoba, Veracruz, se advierte, en lo que trascienden, que mediante proveído de veintisiete de junio de este año (foja 179), dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la determinación de nueve de enero de dos mil diecinueve, emitida en la carpeta de investigación *********, de su índice. Por otra parte, en esa misma fecha, al resolver nuevamente respecto de la solicitud de la parte quejosa, contenida en el escrito de ocho de enero anterior, en el sentido de levantar el aseguramiento decretado el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en relación con el inmueble ahí indicado, acató los lineamientos trazados en el fallo que se analiza, esto es, fundó y motivó dicha determinación. En efecto, de la lectura de la nueva determinación -que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita-, se advierte que el citado Fiscal, citó como fundamento los artículos 1°, 20 aparatado C, y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 108, 109 fracción II, V, VII, XIV, XV, y XVII, 110 párrafo 3° y 4°, 229, 230 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, expuso los razonamientos que lo llevaron a declarar improcedente la mencionada solicitud formulada por la parte quejosa, los cuales medularmente son: que dado que el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de ********, por el delito de homicidio calificado, y para tal efecto se decretó un término de investigación complementaria de cuatro meses, el cual fenecerá el veinticinco de julio de dos mil diecinueve, resulta necesario que continúe el aseguramiento del inmueble de que se trata, pues éste es donde se ha determinado como "lugar de los hechos"; que en el caso el plazo de investigación complementaria fenecerá el veinticinco de julio del presente año, por lo que no existe incertidumbre jurídica por cuanto hace a la devolución del inmueble de referencia, ya que cuando fenezca dicho término, se estará en posibilidad de dejar sin efecto el aseguramiento respectivo; que de levantar el aseguramiento en estos momentos, se podría vulnerar el derecho de la víctima o parte ofendida a rendir pruebas, previsto en el artículo 20 aparatado C, constitucional, que establece su derecho a rendir pruebas en cualquier etapa del proceso, y al estar en la etapa de investigación complementaria, existe la posibilidad de que la parte ofendida solicite en cualquier momento algún tipo de diligencia para realizar en dicho inmueble, en el entendido de que "no es factible por parte de esta autoridad ministerial requerirle que informe si solicitará la realización de alguna diligencia en dicho bien", pues en el ejercicio del citado derecho, aquél puede solicitar la prórroga de dicho plazo siempre y cuando se encuentre dentro de los límites establecidos. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que se subsanaron las irregularidades precisadas en el cuerpo del fallo amparador. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en esta sólo se ordenó a que emitiera una nueva determinación en la que purgara los vicios formales destacados en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. No pasa inadvertido lo manifestado por el autorizado de la parte quejosa, a través de su escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el doce de julio de dos mil diecinueve, en el cual refiere, sustancialmente, que la responsable no acató los lineamientos que le fueron trazados en la ejecutoria que se analiza, pues en ésta se le ordenó emitir un acuerdo en el que levantara el aseguramiento "decretado el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, respecto del inmueble que es propiedad de los quejosos"; y no en el sentido de reiterar dicha negativa. Sin embargo, dicho argumento debe desestimarse, en razón de que la protección constitucional fue para el efecto de que la responsable dejara insubsistente el acto reclamado, y con plenitud de jurisdicción resolviera nuevamente la solicitud de la parte quejosa, contenida en el escrito de ocho de enero anterior, en el sentido de levantar el aseguramiento decretado el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, respecto del inmueble ahí indicado; sin que, se reitera, existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por tanto, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez transcurridos tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese orden, el presente expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos cinco años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, en razón de que SE CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Finalmente, tomando en consideración que de la certificación de cuenta, se advierte que la promovente exhibió un documento original (fojas 8 a 11); por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquel en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, la referida constancia correrá la misma suerte que este expediente.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA LA RESOLUCIÓN DE 05 DE AGOSTO DE 2019, QUE DICE: ÚNICO. Se declara INFUNDADA la denuncia de repetición del acto reclamado interpuesta por **********, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta interlocutoria.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido la vista de tres días concedida a la parte quejosa mediante proveído de veintitrés de julio del año en curso, con el informe rendido por la Fiscal adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, en relación con el incidente de repetición del acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 199, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se turnan los autos del presente expediente a efecto de que se dicte la resolución correspondiente al referido incidente.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el informe rendido por la autoridad responsable Fiscal adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, en relación con el incidente de repetición del acto reclamado promovido por la parte quejosa a través de su autorizado. con facultades amplías establecidas en el artículo 12 de la ley de Amparo. En consecuencia; dese vista a las partes por el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, y una vez que fenezca dicho plazo túrnense los presentes autos a efecto de que se dicte la interlocutoria respectiva.

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