Adriana García Navarrete

Expediente 471/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
471/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
18/06/2019

Partes del expediente

  • Adriana García Navarrete

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (f. 114-117), que desechó la demanda promovida por ***, por su propio derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del cuerpo de leyes citado en último término se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó el juicio de amparo en que se actúa, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de treinta y uno de mayo actual, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio número 8538/2019, suscrito por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, al que adjunta copia certificada del juicio de amparo 329/2019-IV-A, promovido por *** por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Menor Civil, con sede en Celaya, Guanajuato y otras autoridades, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 471/2019-V-2, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Por otra parte, del contenido del oficio que se recibe, se desprende, que con motivo de la separación de juicios, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, conocerá de los actos que resultan del juicio ejecutivo mercantil 480/2019, del índice del Juzgado Primero Menor Civil de Celaya, Guanajuato; y corresponderá conocer a este Juzgado de la Federación en el juicio de amparo en que se actúa, de los actos que derivan del juicio ejecutivo mercantil 482/2019, de la estadística del Juzgado Cuarto Menor Civil, de esa misma sede. En ese orden, de la copia certificada del aludido juicio ejecutivo mercantil 482/2019, se desprende, que el acto reclamado lo constituye esencialmente el auto de exequendo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 482/2019, por el Juez Cuarto Menor Civil, con residencia en Celaya, Guanajuato, y su ejecución que resulta a la Directora de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de esa misma sede; respectivamente. Fijado lo anterior, en relación con la copia certificada de la demanda de amparo y copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 482/2019, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De las copias certificadas que se reciben, se desprende, en lo que aquí interesa, que por acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, el Juez Cuarto Menor Civil, con residencia en Celaya, Guanajuato, tuvo a ***, en su carácter de endosatarias en procuración de ***, en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, demandó a *** en su carácter de aval, con domicilio en calle *** de Celaya, Guanajuato, y diversa demandada en su carácter de deudora principal, el pago de la cantidad de *** por concepto de suerte principal, más el pago de anexidades que se reclamaron en la demanda con que se formó el juicio de origen; ordenando requerir a la parte demandada del pago de las prestaciones reclamadas, y para el caso de no hacerlo, se le embargarían bienes de su propiedad suficientes para garantizar lo reclamado, poniéndolos en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designada la parte actora; y enseguida, se le emplazara para que dentro del término de ocho días compareciera ante el Juzgado a realizar el pago de lo reclamado u oponerse a la ejecución si tuviera excepciones que hacer valer (f. 44-45 copia certificada del juicio de amparo 329/2019-IV-A). En auto de tres de mayo de dos mil diecinueve, el Juez responsable, en razón de lo asentado en diligencia de abstención de dos de mayo del apuntado año, a petición de la parte actora en el juicio de origen, autorizó el uso de cerrajero y fuerza pública, en caso de ser necesario, para ingresar al fraccionamiento y domicilio de la demandada; a fin de que tuviera verificativo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el domicilio de la parte demandada (f. 53 copia certificada del juicio de amparo 329/2019-IV-A). En el caso, en relación con el acto reclamado consistente en el exequendo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 482/2019, y su ejecución; se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De lo transcrito, se obtiene que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, por lo que, en atención al Principio de Definitividad que rige el juicio de amparo, la parte quejosa, previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debió agotar el recurso o medio de defensa ordinario, pues es claro que con su interposición podía alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr que desaparecieren de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. En la especie, el auto de exequendo, en el que se contiene la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en contra de la quejosa en el juicio natural; carece de definitividad para los efectos del juicio de amparo, toda vez que en su contra, procede el recurso de revocación a que se refiere el artículo 1334 primer párrafo del Código de Comercio; precepto legal que a la letra dice: Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. En efecto, la demandante del amparo debió promover el citado medio ordinario de defensa legal, previamente a la instauración del Juicio de Amparo, pues éste tiene como efecto, modificar, revocar o nulificar el acto tildado de inconstitucional y, al no hacerlo, es claro que soslayó agotar el Principio de Definitividad, conforme al cual, el acto reclamado debe ser atacado previamente, mediante los recursos o medios de defensa establecidos en la Ley, siendo por ende, indispensable para la procedencia del Juicio de Amparo el cumplimiento de aquel principio, pues resulta evidente que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Asimismo, en el caso no se actualiza ninguno de los casos de excepción a que se refieren los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; puesto que el acto reclamado no se encuentra vinculado con actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales [inciso a)]. De igual forma, el acto reclamado no lo constituye la orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso [(inciso b)]. Además de que la parte quejosa no es persona extraña al procedimiento de origen ya que se trata de la parte demandada, y para la procedencia del recurso o medio de defensa que establece la Ley no se requiere de interpretación adicional y tampoco su fundamento legal es insuficiente para determinarlo [(inciso c)]. Así, el auto de exequendo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en que se contiene la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, que resultó ser el acto reclamado y que por esta vía se combate, carece de definitividad para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que no debe perderse de vista que si la quejosa *** reclama la mencionada orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, bien pudo impugnar el contenido del auto de exequendo donde se contiene dicha orden a través del recurso de revocación a que se refiere el artículo 1334 primer párrafo del Código de Comercio; medio de defensa por virtud del cual, pudo lograr su modificación o revocación, y con ello lograr de igual forma, la insubsistencia del aludido auto de exequendo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve; recurso ordinario que la parte quejosa estaba obligada a agotar antes de acudir a la promoción del Juicio de Amparo. Consecuentemente, al quedar evidenciado que sobre el particular se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se desecha la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, con fundamento en el artículo 113 de la invocada Ley. Es aplicable al caso, en lo sustancial la Jurisprudencia siguiente: Séptima Época Registro: 394942 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 986 Página: 678 RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por analogía, la Tesis de Jurisprudencia que dice: Octava Época Registro: 224800 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990 Materia(s): Civil, Común Tesis: I. 4o. C. J/25 Página: 361 IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. En otro orden, con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como autorizados en amplios términos a los licenciados ***, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que los autoriza a ejercer la profesión de abogado; y únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de autos a los licenciados ***, por así haberse solicitado; y como domicilio para tal fin el ubicado en ***. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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