Adriana García Navarrete

Expediente 470/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
470/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
17/06/2019

Partes del expediente

  • Adriana García Navarrete

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicha providencia ha causado estado; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de treinta y uno de mayo de esta anaulidad, que en lo conducente dice: Vista la separación decretada el veintinueve de mayo del año en curso, en el juicio de amparo 329/2019 -IV-A promovido por ***, por propio derecho, de la estadística del Juzgado Octavo de Distrito residente en esta ciudad, y habida cuenta de que tocó a este órgano jurisdiccional el conocimiento por lo que hace al acto de autoridad reclamado al Juzgado Quinto Menor Civil de esta ciudad, derivado del juicio ejecutivo mercantil M-81/2019. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 470/2019-IV.2, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así las cosas, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, es menester narrar algunos antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes Común Civil del Partido Judicial de esta ciudad, ***, en su calidad de endosatarios en procuración de ***, demandaron en la vía ejecutiva mercantil a *** en su carácter de deudora principal, el pago de la cantidad de ***. Señalado como domicilio para llevar a cabo el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, el ubicado en *** esta urbe. 2. Por auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Juez Quinto Menor Civil en esta ciudad, autoridad a la que correspondió por razón de turno el conocimiento del asunto, registró y admitió la demanda con el número M-81/2019, y ordenó mandamiento ejecución en forma, en el domicilio de la ahora quejosa. 3. Ahora bien, en cuanto al mandamiento en forma ordenado en contra de la impetrante es de advertirse que únicamente el actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios de esta ciudad, dejó citatorio de fecha veintidós de abril del año que corre en el domicilio de la aquí quejosa, a fin de que lo esperara al día siguiente, sin que a la fecha se haya llevado a cabo diligencia tendente a ejecutar el auto admisorio; abona a lo anterior, lo manifestado por el Juez Quinto Menor Civil, en su informe de ley en el sentido de que aún no se ha llevado a cabo la diligencia de ejecución. 4. Lo anterior, sin que a la fecha en que se pronuncia el presente acuerdo, se desprenda actuación diversa que dé impulso al mandamiento ejecución en forma ordenado contra la hoy impetrante, ni tampoco que en el juicio se haya dictado sentencia. Así, se desprende que esencialmente la quejosa se duele en la presente instancia constitucional de: El auto de dieciséis de enero del año en curso, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil M81/2019 de la estadística del Juzgado Quinto Menor Civil de esta urbe, mediante el cual se ordenó mandamiento de ejecución en forma, en el domicilio de la ahora quejosa. Precisión que encuentra apoyo en las tesis siguientes: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es necesario destacar que los artículos 1334 y 1339 del Código de Comercio estatuyen: Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a *** por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama el proveído de dieciséis de enero del año en curso, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil M81/2019 de la estadística del Juzgado Quinto Menor Civil de esta urbe, mediante el cual se ordenó mandamiento de ejecución en forma -requerimiento de pago, embargo y emplazamiento-, en su domicilio, juicio en el cual figura como parte demandada; y el referido ordinal 1334 del Código de Comercio contempla el recurso de revocación a través del cual puede ser modificado total o parcialmente el auto impugnado; es inconcuso que la peticionaria del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, como la solicitante del amparo no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Lo anterior, dado que es de destacarse que está en aptitud de acudir al procedimiento natural, ya que de las constancias recibidas se desprende que es parte demandada y únicamente se ha dictado el auto de ejecución antes referido. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguiente: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Asimismo la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. Sin que obste que la resolución reclamada pudiera considerarse un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en el caso de actos de esa índole, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Las consideraciones que anteceden se localizan en la jurisprudencia que dice: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En la inteligencia de que la tesis invocadas de la novena época son aplicables conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el diario oficial de la federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada ley. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Previa autorización verbal por parte del secretario encargado del presente expediente. Es aplicable a lo anterior la tesis del rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Se hace del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y primero y segundo, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, son públicos para su difusión; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y, de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Se tiene a la quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en *** esta urbe; asimismo, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, por encontrarse sus cédulas profesionales registradas en la base de datos instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en restringidos términos conforme al precepto legal en cita a ***, por así haberlo peticionado. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.

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