Adriana Gabriela de la Peña Magaña

Expediente 347/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
347/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
03/08/2023

Partes del expediente

  • Adriana Gabriela de la Peña Magaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra el proveído que sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, SE DECLARA QUE EL CITADO AUTO HA QUEDADO FIRME. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia. El cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General mencionado, es conservable, pues se concedió la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 3 DE JULIO DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE 27 DE JUNIO DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: " Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó el requerimiento ordenado el ocho de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento y no se tiene como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Sexagésimo Octavo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien realizó su emplazamiento en el juicio de origen. Atento a ello, se determina lo siguiente: PRIMERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación juicio ordinario civil ..., del índice del Juez Sexagésimo Octavo Civil de la Ciudad de México y reclama la falta de llamamiento y todo lo actuado, particularmente la sentencia definitiva dictada en el procedimiento primigenio. SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. De las constancias allegadas por el juez responsable en apoyo a su informe justificado, se advirtió que el emplazamiento de la quejosa al juicio de origen (acto reclamado destacado en la demanda de amparo), fue practicado por el Actuario adscrito al Juzgado Sexagésimo Octavo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sin que lo hubiera señalado como responsable. Además, tampoco desahogó el requerimiento ordenado el ocho de junio de la presente anualidad, lo que conllevó a continuar el trámite del juicio sin tenerlo como autoridad responsable. Por ello, se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 5º, fracción II, y éstos a su vez con la fracción V, del numeral 63, todos de la Ley de Amparo. La disposición imperativa de la fracción XXIII, del artículo 61 citada, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 63 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación de lo previsto en el numeral 5º de la ley de la materia. Del análisis sistemático de los preceptos citados se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos o garantías individuales de los particulares, considerados como tales. En este punto, cabe destacar que la disposición constitucional en estudio, contiene una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que el poder constituyente y el legislador ordinario al establecer que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, únicamente mencionaron las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificó las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución Federal y de las disposiciones que de ella emanan, han establecido diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo. Al respecto, es de mencionarse que de acuerdo con los criterios emitidos por el Alto Tribunal, el concepto de "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, evidentemente, en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 emitida por el Tribunal Pleno, publicada en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." En otras palabras, además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º de la Ley de Amparo (la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en los criterios citados del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que incidan en la esfera de los particulares, considerados como tales. Por las consideraciones en que se sustenta, es aplicable al caso la tesis número I.3º.C.720 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "ACTUARIOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Para que se reconozca a una autoridad el carácter de responsable ejecutora, los actos que se le atribuyen deben estar comprendidos dentro de sus funciones legales, esto es, la facultad de ejecutar la sentencia definitiva o resolución que puso fin a juicio debe estar prevista dentro de las atribuciones que le otorgue el ordenamiento jurídico de carácter general, abstracto, obligatorio e impersonal, relacionado con la estructura orgánica de la autoridad a la que esté adscrito, puesto que las características de las autoridades responsables para los efectos del amparo son de imperio, de capacidad decisoria y de ejecución de la ley o del acto reclamado; luego, dado que no se previene que dentro de las facultades de los actuarios adscritos a un tribunal cuando actúa como autoridad de alzada sea la de ejecutar la sentencia de primera instancia que confirmó, modificó o revocó el tribunal de apelación y por lo mismo, tampoco reciben orden alguna por parte de su titular en el sentido de ejecutar la sentencia de primera instancia, dado que dicho tribunal de apelación no es el encargado de la ejecución de la sentencia definitiva y menos aún, del fallo primigenio, sino que sólo le corresponde resolver el recurso interpuesto en contra de la resolución de primer grado, lo que tiene que ver con su legalidad y su firmeza y, por su parte, en términos de la ley orgánica y códigos de procedimientos que regulan la función de los actuarios adscritos al mismo, sólo se les encomienda hacer del conocimiento de las partes la resolución recaída en el recurso de apelación, lo que además les ordena efectuar el ad quem, por ello, la única intervención que tienen será como notificadores de la sentencia de segundo grado y por tanto, no tienen el carácter de autoridad responsable ejecutora para los efectos del juicio de amparo directo, pues no se les puede atribuir la ejecución de fallo alguno. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa les atribuya genéricamente la ejecución de la sentencia, dado que corresponde al Tribunal Colegiado determinar quién tiene la calidad de autoridad en el juicio de garantías y si su función es como ordenadora o ejecutora en base al análisis en cada caso, de las características de la autoridad señalada como responsable para establecer si efectivamente existe un acto de autoridad y quién o quiénes participaron en él y en esa medida, emplazarles a juicio constitucional. Por tanto, solamente en la etapa de ejecución de un juicio, que inicia con posterioridad a que el fallo quedó firme, de infringir agravio la ejecución a alguna de las partes, podrá plantearse un diverso juicio de amparo en vía indirecta en que sea señalado como autoridad responsable la ejecutora a efecto de que tenga oportunidad de demostrar la legalidad del acto que se le imputa, o en su caso, exponga las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto o la improcedencia del juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, tanto más, si se considera que es el actuario y no el Juez, quien materialmente practica las diligencias o actos que se le reclaman." En ese sentido, es claro que el actuario adscrito a cualquier órgano jurisdiccional del ámbito federal o local, también le recae el carácter de autoridad responsable, pues conforme al código procesal civil, sus actuaciones son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de los lineamientos legales que regulan tales actos. Lo anterior se robustece con el criterio obligatorio 3ª./J.33/90, consultable en la página 186 del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos." En el caso, la quejosa únicamente señaló como autoridades responsables de los actos que en esta vía combate, al Juez Sexagésimo Octavo Civil de la Ciudad de México, así como del Juez y Notificadora adscritos al Juzgado Noveno Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México. Empero, durante el trámite del presente juicio de amparo se advirtió la participación en el reclamo, del Actuario adscrito al Juzgado Sexagésimo Octavo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues fue el encargado de realizar el emplazamiento que constituye el reclamo destacado y del que deriva esta instancia constitucional. Con ello, se previno a la quejosa para que indicara si era su deseo señalarlo como responsable, sin que hiciera manifestación alguna, no obstante de habérsele notificado personalmente el proveído respectivo; por ello, este juzgador se encuentra impedido para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado sobre autoridades no designadas como responsables, dado que no fueron oídas en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, pues el resultado del eventual examen que se realizará al acto reclamado respecto de las autoridades -que sí fueron llamadas al proceso- de ningún modo podría hacerse extensivo a otras, dado que sería jurídicamente imposible analizar la actuación de quien no intervino en la contienda constitucional, e imponer el deber de dejar insubsistentes sus actos, cuando no fueron parte formal dentro del procedimiento. De este modo cobra mayor relevancia el hecho de que la peticionaria de amparo no hubiera señalado como responsable a la autoridad encargada de emplazarla a juicio, pues incluso el suscrito no podría analizar oficiosamente e introducir el estudio de una acto practicado conforme a una normativa ajena a esta entidad, oficiosamente. Por lo tanto, si el acto reclamado consistente en el llamamiento al juicio natural, es atribuible única y exclusivamente al actuario encargado de su encomienda; ante la omisión de la parte quejosa de señalar a la autoridad que intervino en esa diligencia, procede sobreseer en el presente juicio con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de amparo. Se cita como sustento la jurisprudencia 108 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa VII.A.T.J/6, del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." Sin que sea obstáculo para el sentido de esta determinación que se admitiera la demanda, en razón de que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que vulnera el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y los términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Lo anterior es así, pues las causas de sobreseimiento y de improcedencia en el juicio constitucional son de orden público y de estudio preferente, tal y como lo establece el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, queda sin efectos la fecha señalada para la celebración de audiencia constitucional, así como los requerimientos y apercibimientos decretados en autos. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. "

  3. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó el requerimiento ordenado el ocho de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento y no se tiene como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Sexagésimo Octavo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien realizó su emplazamiento en el juicio de origen. Atento a ello, se determina lo siguiente: PRIMERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación juicio ordinario civil ..., del índice del Juez Sexagésimo Octavo Civil de la Ciudad de México y reclama la falta de llamamiento y todo lo actuado, particularmente la sentencia definitiva dictada en el procedimiento primigenio. SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. De las constancias allegadas por el juez responsable en apoyo a su informe justificado, se advirtió que el emplazamiento de la quejosa al juicio de origen (acto reclamado destacado en la demanda de amparo), fue practicado por el Actuario adscrito al Juzgado Sexagésimo Octavo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sin que lo hubiera señalado como responsable. Además, tampoco desahogó el requerimiento ordenado el ocho de junio de la presente anualidad, lo que conllevó a continuar el trámite del juicio sin tenerlo como autoridad responsable. Por ello, se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 5º, fracción II, y éstos a su vez con la fracción V, del numeral 63, todos de la Ley de Amparo. La disposición imperativa de la fracción XXIII, del artículo 61 citada, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 63 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación de lo previsto en el numeral 5º de la ley de la materia. Del análisis sistemático de los preceptos citados se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos o garantías individuales de los particulares, considerados como tales. En este punto, cabe destacar que la disposición constitucional en estudio, contiene una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que el poder constituyente y el legislador ordinario al establecer que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, únicamente mencionaron las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificó las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución Federal y de las disposiciones que de ella emanan, han establecido diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo. Al respecto, es de mencionarse que de acuerdo con los criterios emitidos por el Alto Tribunal, el concepto de "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, evidentemente, en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 emitida por el Tribunal Pleno, publicada en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." En otras palabras, además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º de la Ley de Amparo (la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en los criterios citados del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que incidan en la esfera de los particulares, considerados como tales. Por las consideraciones en que se sustenta, es aplicable al caso la tesis número I.3º.C.720 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "ACTUARIOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Para que se reconozca a una autoridad el carácter de responsable ejecutora, los actos que se le atribuyen deben estar comprendidos dentro de sus funciones legales, esto es, la facultad de ejecutar la sentencia definitiva o resolución que puso fin a juicio debe estar prevista dentro de las atribuciones que le otorgue el ordenamiento jurídico de carácter general, abstracto, obligatorio e impersonal, relacionado con la estructura orgánica de la autoridad a la que esté adscrito, puesto que las características de las autoridades responsables para los efectos del amparo son de imperio, de capacidad decisoria y de ejecución de la ley o del acto reclamado; luego, dado que no se previene que dentro de las facultades de los actuarios adscritos a un tribunal cuando actúa como autoridad de alzada sea la de ejecutar la sentencia de primera instancia que confirmó, modificó o revocó el tribunal de apelación y por lo mismo, tampoco reciben orden alguna por parte de su titular en el sentido de ejecutar la sentencia de primera instancia, dado que dicho tribunal de apelación no es el encargado de la ejecución de la sentencia definitiva y menos aún, del fallo primigenio, sino que sólo le corresponde resolver el recurso interpuesto en contra de la resolución de primer grado, lo que tiene que ver con su legalidad y su firmeza y, por su parte, en términos de la ley orgánica y códigos de procedimientos que regulan la función de los actuarios adscritos al mismo, sólo se les encomienda hacer del conocimiento de las partes la resolución recaída en el recurso de apelación, lo que además les ordena efectuar el ad quem, por ello, la única intervención que tienen será como notificadores de la sentencia de segundo grado y por tanto, no tienen el carácter de autoridad responsable ejecutora para los efectos del juicio de amparo directo, pues no se les puede atribuir la ejecución de fallo alguno. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa les atribuya genéricamente la ejecución de la sentencia, dado que corresponde al Tribunal Colegiado determinar quién tiene la calidad de autoridad en el juicio de garantías y si su función es como ordenadora o ejecutora en base al análisis en cada caso, de las características de la autoridad señalada como responsable para establecer si efectivamente existe un acto de autoridad y quién o quiénes participaron en él y en esa medida, emplazarles a juicio constitucional. Por tanto, solamente en la etapa de ejecución de un juicio, que inicia con posterioridad a que el fallo quedó firme, de infringir agravio la ejecución a alguna de las partes, podrá plantearse un diverso juicio de amparo en vía indirecta en que sea señalado como autoridad responsable la ejecutora a efecto de que tenga oportunidad de demostrar la legalidad del acto que se le imputa, o en su caso, exponga las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto o la improcedencia del juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, tanto más, si se considera que es el actuario y no el Juez, quien materialmente practica las diligencias o actos que se le reclaman." En ese sentido, es claro que el actuario adscrito a cualquier órgano jurisdiccional del ámbito federal o local, también le recae el carácter de autoridad responsable, pues conforme al código procesal civil, sus actuaciones son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de los lineamientos legales que regulan tales actos. Lo anterior se robustece con el criterio obligatorio 3ª./J.33/90, consultable en la página 186 del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos." En el caso, la quejosa únicamente señaló como autoridades responsables de los actos que en esta vía combate, al Juez Sexagésimo Octavo Civil de la Ciudad de México, así como del Juez y Notificadora adscritos al Juzgado Noveno Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México. Empero, durante el trámite del presente juicio de amparo se advirtió la participación en el reclamo, del Actuario adscrito al Juzgado Sexagésimo Octavo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues fue el encargado de realizar el emplazamiento que constituye el reclamo destacado y del que deriva esta instancia constitucional. Con ello, se previno a la quejosa para que indicara si era su deseo señalarlo como responsable, sin que hiciera manifestación alguna, no obstante de habérsele notificado personalmente el proveído respectivo; por ello, este juzgador se encuentra impedido para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado sobre autoridades no designadas como responsables, dado que no fueron oídas en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, pues el resultado del eventual examen que se realizará al acto reclamado respecto de las autoridades -que sí fueron llamadas al proceso- de ningún modo podría hacerse extensivo a otras, dado que sería jurídicamente imposible analizar la actuación de quien no intervino en la contienda constitucional, e imponer el deber de dejar insubsistentes sus actos, cuando no fueron parte formal dentro del procedimiento. De este modo cobra mayor relevancia el hecho de que la peticionaria de amparo no hubiera señalado como responsable a la autoridad encargada de emplazarla a juicio, pues incluso el suscrito no podría analizar oficiosamente e introducir el estudio de una acto practicado conforme a una normativa ajena a esta entidad, oficiosamente. Por lo tanto, si el acto reclamado consistente en el llamamiento al juicio natural, es atribuible única y exclusivamente al actuario encargado de su encomienda; ante la omisión de la parte quejosa de señalar a la autoridad que intervino en esa diligencia, procede sobreseer en el presente juicio con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de amparo. Se cita como sustento la jurisprudencia 108 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa VII.A.T.J/6, del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." Sin que sea obstáculo para el sentido de esta determinación que se admitiera la demanda, en razón de que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que vulnera el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y los términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Lo anterior es así, pues las causas de sobreseimiento y de improcedencia en el juicio constitucional son de orden público y de estudio preferente, tal y como lo establece el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, queda sin efectos la fecha señalada para la celebración de audiencia constitucional, así como los requerimientos y apercibimientos decretados en autos. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

  4. Principal

    Agréguese el ocurso de ...z, en atención a su contenido, se le tiene apersonándose al presente juicio; por señaladas las listas como lugar para oír y recibir notificaciones. Conforme a ello, es innecesario continuar las gestiones ordenadas el cinco de junio pasado para su localización, por lo que se deja sin efectos el requerimiento girado a las dependencias ahí señaladas y por ende se instruye al Actuario de la adscripción que no entregue los oficios respectivos. Respecto de quienes autoriza conforme al numeral 12 de la ley de la materia, tendrán las facultades amplias que prevé, si tienen registradas sus cédulas profesionales en el sistema correspondiente, pues de lo contrario, únicamente podrán oír y recibir notificaciones. Como lo solicita, se ordena realizar la autorización con el nombre de usuario proporcionado, para consultar el expediente a través de la vía electrónica. Se tienen por anunciadas las pruebas que refiere, invocada la improcedencia del juicio y hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, con las que se ordena hacer relación en la audiencia constitucional. Ahora bien, la promovente invoca un criterio relativo al sobreseimiento fuera de audiencia; sin embargo, no ha lugar a decretarlo pues el artículo 65 de la Ley de Amparo dispone que solo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización. En el caso, la causal invocada requiere de un estudio detallado; por lo que se tomará en consideración al momento de dictar sentencia definitiva, y será en ésta donde se decrete si es viable o no su planteamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la página 377, Tomo III, Segunda Parte-1, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO." En otro orden, del estado procesal de autos, particularmente de las constancias allegadas por el juez responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que el emplazamiento de la quejosa al juicio de origen (acto reclamado destacado en la demanda de amparo), fue practicado por el Actuario adscrito al Juzgado Sexagésimo Octavo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sin que lo hubiera señalado como responsable. Con base en lo anterior, mediante notificación personal, requiérase a la quejosa, para que dentro del término de cinco días, legalmente computado, manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al fedatario referido y de ser así, exhiba un juego de copias más de su escrito inicial de demanda. Aunado a ello, deberá acompañar copias de traslado del ocurso con el que dé cumplimiento a este requerimiento, para cada una de las partes, conforme al numeral 110 de la ley de la materia. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído dentro del término concedido para tal efecto, no se tendrá como autoridad responsable a la autoridad referida y precluirá su derecho para señalarla con posterioridad. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 112/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 93, Novena Época, Materia Común, número de registro 182617, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA." NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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