Adriana Eugenia Arteaga Mena
Expediente 628/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Adriana Eugenia Arteaga Mena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir en queja el auto que desechó la demanda, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado paro los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA QUEJOSA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE 03 DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Agréguese el escrito de la quejosa, donde cumple con la prevención hecha en autos, al efecto se acuerda: SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso 62 de la ley de la materia2, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. De la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación y reclama el emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ordinario civil 587/2019 del índice del Juzgado Trigésimo Octavo Civil de la Ciudad de México particularmente, la sentencia definitiva y sus consecuencias. En el citado fallo final se revocó la determinación primigenia emitida por el Juez responsable y se estableció en el resolutivo primero y segundo lo siguiente: "PRIMERO.- Ha procedido la vía Ordinaria Civil, en la que ..., también conocida como ..., 1 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 2 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." como ..., acredito los elementos constitutivos de sus pretensiones en contra de ..., también conocida como ..., quien no acredito sus excepciones y defensas. En tanto que ... aun cuando permaneció en rebeldía no se acredito su legitimación pasiva; en consecuencia: SEGUNDO.- Se absuelve a la demandada ... de las prestaciones reclamadas en el escrito de demanda. (.)" III. En el particular, la demanda intentada es improcedente porque el acto reclamado, por sí mismo, no genera un agravio actual, real y directo contra la quejosa, en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales referidos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] Por otra parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, dispone: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De los preceptos transcritos, se infiere que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Así, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico); y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad (agravio). Al respecto se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 135, que es del tenor literal siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". También se cita el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª.LXXX/2013 (10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, página 1854, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En el particular, la quejosa reclama todo lo actuado en el juicio ordinario civil 587/2019 del que se ostenta tercera extraña por equiparación y se duele particularmente de la sentencia emitida en autos, donde en segunda instancia se revocó la determinación dictada por el juez de origen, para en su lugar absolverla de las prestaciones reclamadas en su contra, resolución que quedó firme con la emisión de la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo directo civil 457/2020. En ese sentido, conforme a lo manifestado por la quejosa en la demanda, dicha determinación, no le causa afectación de forma directa, en virtud que no existe algún acto de ejecución que vulnere su esfera jurídica, pues fue absuelta de las prestaciones que se reclamaron en el juicio de origen. De tal forma que, lo reclamado, no colma el presupuesto de la Ley de Amparo relativo a la existencia de una afectación real y actual en perjuicio de la quejosa, así el amparo promovido contra ese acto es improcedente por no reunir el presupuesto del juicio de garantías, consistente en "la afectación" a los derechos de la impetrante. Al respecto, se cita la tesis II.3o.C.19 K, de la Novena Época, Registro: 173849, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Materia(s): Común, página: 1245, que establece: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI LA SENTENCIA RECLAMADA NO CAUSA AL QUEJOSO AGRAVIO ALGUNO QUE TRASCIENDA A SU ESFERA JURÍDICA. Si el quejoso obtiene sentencia favorable en primera instancia e inconforme con ella el actor apela, confirmándola la Sala en el sentido de que los agravios expuestos resultan parcialmente fundados pero inoperantes y contra esta última resolución el demandado promueve amparo directo, resulta evidente que éste es improcedente, pues de la interpretación de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y, 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo se colige que uno de los requisitos de procedencia del juicio de garantías es que el acto reclamado cause al quejoso algún agravio de manera que trascienda a su esfera jurídica generándole un perjuicio, situación que no se actualiza en el caso, pues aun cuando los agravios del actor apelante resultaron parcialmente fundados, ello no es motivo para estimar que se le hubiese causado un agravio personal y directo al demandado, pues la Sala confirmó la resolución de primera instancia absolviéndolo de las prestaciones reclamadas." Lo anterior evidencia que la resolución reclamada, por su sola emisión no causa perjuicio o afectación en los intereses de la quejosa, pues dada su naturaleza, carece de ejecución en contra de la impetrante. Consecuentemente, al no afectarse de forma personal y directa la esfera jurídica de la quejosa con la emisión del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia aludida; y con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, debe DESECHARSE LA DEMANDA. En términos del artículo 21 de la citada legislación, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presenteproveído. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México.".
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