Adriana Fernández Vega

Expediente 387/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
387/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
27/01/2021

Partes del expediente

  • Adriana Fernández Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el catorce de diciembre de dos mil veinte (fojas 67 a 75), en la que por una parte se decretó sobreseer y por otra negar el amparo y protección constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por haberse negado la protección constitucional, en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido dicho termino, dentro del pazo de noventa días hágase la depuración del mismo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Incidente de suspensión Se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, por haberse concedido la suspensión provisional como definitiva. Resguárdese el juicio principal como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión, para su constancia Devolución de documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO*

  2. Principal

    RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, la Secretaria con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: La demanda de amparo de la parte quejosa (fojas 2 a 8); La legal vinculación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 60-61); Los informes con justificación que rindieron: Juez de Distrito Encargado de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por sí y por las Juezas de Control y el Juez de Ejecución, del Centro de Justicia Penal en el Estado de Puebla (fojas 17-18); Agente del Ministerio Público de la Federación en Funciones de Titular de la Unidad de Investigación y Litigación en Tlaxcala (foja 21-22); Subdelegado Sustantivo en Funciones de Fiscal de Averiguaciones Previas, Fiscal de Procesos Penales y Fiscal Supervisor de la Unidad de Atención Inmediata (fojas 23-24). Subdelegado en suplencia por ausencia de la Delegada de la Fiscalía General de la República en el Estado de Tlaxcala (foja 25-26). Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (foja 32). Secretario del Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, Encargado del Despacho (foja 33). Delegado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Tlaxcala (foja 34). Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con Competencia en Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (foja 47). Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (fojas 48-49). Asistente de Despacho Judicial, Encargado de la Administración del Centro de justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (foja 50) Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (foja 57) Finalmente, se hace constar que las autoridades responsables Delegado Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República. Titular de la Unidad de Investigación y Litigación de la Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República. Subdelegado de Procedimientos Penales en funciones de Supervisor de la UNAI y Encargado del Sistema Tradicional, de la Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República. Jefe de Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República. No rindieron su informe justificado, no obstante de estar notificados para tal efecto con la oportunidad debida, tal como se advierte de su constancia de notificación respectiva (fojas 62 y 66), obtenida de la página de internet del servicio de mensajería de Estafeta, respecto del rastreo de envió de los números de oficios 12208/2020, 12209/2020, 12210/2020 y 12211/2020, respectivamente, los cuales contienen inserto el proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, mediante el cual se les requirió su informe justificado. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos. Por otra parte, tomando en consideración que el 1) Delegado Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República, 2) Titular de la Unidad de Investigación y Litigación de la Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República, 3) Subdelegado de Procedimientos Penales en funciones de Supervisor de la UNAI y Encargado del Sistema Tradicional, de la Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República, 4)Jefe de Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República, no rindieron su informe justificado, no obstante de estar notificado para tal efecto con la oportunidad debida, tal como se advierte de su constancia de notificación respectiva (foja 62 y 66); con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene con el carácter de omisa. Todo lo anterior obra en autos; se cierra dicha etapa y se abre el período de pruebas. PERÍODO PROBATORIO En este periodo, el Secretario hace constar que en el presente juicio de amparo, ninguna de las partes presentó algún medio de convicción. El Juez acuerda: Sin pruebas por relacionar, se cierra el período de pruebas. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que el Secretario hace constar que ninguna de las partes realizo manifestación alguna. El Juez acuerda: Al no existir alegatos por relacionar, se cierra la fase respectiva. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. S E N T E N C I A. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 387/2020-III, promovido por Adriana Fernández Vega; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Adriana Fernández Vega, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: "1.- Alejandra Guadalupe Baños Espínola, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro De Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala con Residencia en Apizaco. 2.- Carlos Fernando Gallegos Santelices, Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala con Residencia en Apizaco. 3.- Gabriela Capetillo Piña, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala con Residencia en Apizaco. 4.- Roberto Omar Paredes Gorostieta, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala con Residencia en Apizaco 5.- Jesús Enrique Palacios Iniestra, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla con Residencia en Puebla. 6.- Marcela Elizabhet García Cante, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla con Residencia en Puebla. 7.- Marco Antonio Meneses Aguilar, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla con Residencia en Puebla. 8.- Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla con Residencia en Puebla. 9.- Milton Moctezuma Vega, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla con Residencia en Puebla. 10.- Francisco Rubén Martínez Iñiguez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla con Residencia en Puebla. 11.- Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en San Andrés Cholula, Puebla. 12.- Delegado Estatal en Tlaxcala de la Fiscalía General de la República. 13.- Titular de la Unidad de Investigación y Litigación de la Delegación Estatal en Tlaxcala de la Fiscalía General de la República. 14.-Subdelegado de Procedimientos Penales en Funciones de Supervisor de la UNAI y Encargado del Sistema Tradicional, de la Delegación Estatal en Tlaxcala de la Fiscalía General de la República. 15.- Jefe de Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Delegación Estatal en Tlaxcala de la Fiscalía General de la República 17.- Delegado Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República. 13.- Titular de la Unidad de Investigación y Litigación de la Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República. 14.- Subdelegado de Procedimientos Penales en Funciones de Supervisor de la UNAI y Encargado del Sistema Tradicional, de la Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República. 15.- Jefe de Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República. (.)" ACTO RECLAMADO: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. De las autoridades responsables señaladas previamente, reclamo: La orden de aprehensión, búsqueda, comparecencia, detención, investigación, presentación, citación para audiencia de formulación de imputación y la posible imputación de medidas cautelares, vinculación a proceso, así como su ejecución. SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimaron pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veinte (fojas 9 a 13), este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de mérito (registrada bajo el expediente 387/2020-III), por lo que se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previo diferimiento. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero del año en curso, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que se reclaman actos a diversas autoridades que se encuentran dentro de la jurisdicción donde este Juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y a las constancias del presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión, búsqueda, comparecencia, detención, investigación, presentación, citación para audiencia de formulación de imputación y la posible imputación de medidas cautelares, vinculación a proceso, así como su ejecución. Señalados los actos reclamados, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia del mismo, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. (Inexistencia de los actos reclamados). Son inexistentes los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables: Juez de Distrito Encargado de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por si y por las Juezas de Control y el Juez de Ejecución, del Centro de Justicia Penal en el Estado de Puebla (fojas 17-18); Agente del Ministerio Público de la Federación en Funciones de Titular de la Unidad de Investigación y Litigación en Tlaxcala (foja 21-22); Subdelegado Sustantivo en Funciones de Fiscal de Averiguaciones Previas, Fiscal de Procesos Penales y Fiscal Supervisor de la Unidad de Atención Inmediata (fojas 23-24). Subdelegado en suplencia por ausencia de la Delegada de la Fiscalía General de la República en el Estado de Tlaxcala, (foja 25-26). Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (foja 32). Secretario del Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, Encargado del Despacho, (foja 33). Delegado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Tlaxcala (foja 34). Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con Competencia en Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (foja 47). Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (fojas 48-49). Asistente de Despacho Judicial, Encargado de la Administración del Centro de justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (foja 50) Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (foja 57) Lo anterior, pues negaron su existencia al rendir su informe justificado, ello sin que el peticionario de garantías haya aportado alguna prueba para desvirtuar tal negativa. En vía de consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto respecto del acto reclamado a las autoridades responsables. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Además, cobra aplicación la tesis VI.2°.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que lleva por rubro: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". Por otro lado, es presuntivamente cierto el acto reclamado a la autoridades responsables 1) Delegado Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República, 2) Titular de la Unidad de Investigación y Litigación de la Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República, 3) Subdelegado de Procedimientos Penales en funciones de Supervisor de la UNAI y Encargado del Sistema Tradicional, de la Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República, 4)Jefe de Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República. Lo anterior en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, pues dichas autoridades omitieron rendir el informe justificado que se les solicitó, no obstante estar debidamente notificadas para ello, según se advierte de las constancias que obran agregadas a fojas 62 de autos. CUARTO. Estudio innecesario del asunto. A pesar de lo anterior, esto es, de que se haya tenido por presuntivamente cierto el acto reclamado a las autoridades responsables mencionadas en el párrafo antecede; no se analizará el fondo del asunto planteado. Es así, porque la parte quejosa no exhibió las constancias relativas a fin de acreditar que el acto reclamado es inconstitucional, lo cual constituye una carga de su parte conforme lo establece el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, puesto que dicho acto no es en sí mismo violatorio de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1° de esta ley, toda vez que, conforme al artículo 16, párrafo sexto, de la Carta Magna, el Ministerio Público, tiene a facultad constitucional de emitir órdenes de detención; de ahí que, la ilegalidad en cada caso depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado, y al no contar con las constancias antes mencionadas, es patente que quien resuelve se encuentra imposibilitada para analizar tal determinación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXI.1o.30 K6 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de contenido siguiente: "ORDEN DE APREHENSION, CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA. En atención a que la orden de aprehensión no es un acto violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado la responsable para emitirla, cuando ésta no envía con su informe copia certificada de dicha resolución, corresponde al quejoso, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo exhibirla, así como de las demás constancias en que aquélla se hubiese apoyado; por lo que si no lo hizo, sino que únicamente se aportó copia simple de la orden de captura, misma que carece de valor probatorio por no estar certificada por funcionario facultado legalmente para hacer su cotejo y autorizar su autenticidad, es claro que el juez de Distrito no está en condiciones de resolver sobre su legalidad y la sentencia que pronuncie negando el amparo, está apegada a derecho." Cabe señalar que en el caso, no se actualiza el supuesto que establece el artículo 75 tercer párrafo de la Ley de Amparo, el cual obliga a recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable, no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, puesto que tal hipótesis no se actualiza cuando existe omisión en el rendimiento del informe justificado, ya que el artículo 117 del citado ordenamiento legal, establece la carga de la prueba por parte de la quejosa, cuando las autoridades responsables son omisas en rendir informe justificado. A mayor abundamiento cabe señalar, que la obligación de la parte quejosa de allegar las pruebas en que se funda la inconstitucionalidad de los actos que reclama, deriva precisamente de que la autoridad que emitió los actos reclamados, sean omisas en rendir informe justificado; es decir, no se impone al promovente del amparo la carga de la prueba, si el acto reclamado es violatorio de derechos constitucionales en sí mismo, si no cuando su constitucionalidad depende del análisis de las pruebas en que se haya basado la responsable para emitir el acto que se combate, evento éste en el cual resulta incuestionable que la carga de la prueba corresponda a la parte quejosa. Tiene aplicación, por analogía y dado que no contraviene las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia P./J. 17/977 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del 7 Novena Época; Registro: 199454; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo V, Febrero de 1997; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 17/97; Página: 108. 2021-11-20 10:32:51 amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Asimismo, ya que no se contrapone a las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, se cita la jurisprudencia VI.2o. J/84, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. NO ES OBLIGACION DEL JUEZ DE DISTRITO RECABARLO DE OFICIO, CUANDO TANTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO EL QUEJOSO OMITEN EXHIBIRLO. Si bien es cierto que atento lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Amparo (cuya reforma fue publicada el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación), el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y las estime necesarias para la resolución del asunto, sin embargo, esta obligación opera cuando el Juez constitucional, previo el examen del acto reclamado, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de fundamento a la responsable para emitir dicho acto, o bien, cuando en el juicio de donde el mismo emana, obran pruebas que resultan indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando el 8 Novena Época; Registro: 199523; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo V, Enero de 1997; Materia(s): Común; Tesis: VI.2o. J/84; Página: 245. Juez responsable y el quejoso omiten exhibir el auto combatido, es decir, no se trata de pruebas, sino del propio acto reclamado. Asumir un criterio contrario, equivaldría a ignorar lo expresamente establecido en el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, esto es, que ante la falta del informe justificado de la autoridad responsable, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, corresponde al quejoso la carga procesal de demostrar su inconstitucionalidad, aportando por lo menos, el auto que reclama." No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 75 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 387/2020-III, promovido por Adriana Fernández Vega, contra del acto y autoridades responsables en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección en el presente juicio de amparo 387/2020-III, promovido por Adriana Fernández Vega, contra del acto y autoridades responsables en términos del considerando tercero y cuarto de esta sentencia.

  3. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 387/2020-III, promovido por Adriana Fernández Vega, contra del acto y autoridades responsables en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección en el presente juicio de amparo 387/2020-III, promovido por Adriana Fernández Vega, contra del acto y autoridades responsables en términos del considerando tercero y cuarto de esta sentencia.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, once de noviembre de dos mil veinte. Estado de autos y se reexpide oficio. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha no obra las constancias de notificación del número de oficio 12208/2020 dirigido al Delegado Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República; girado a dicha autoridad responsable a fin de comunicarle el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se le requirió su informe justificado, Por tanto, en obvio de mayores dilaciones y toda vez que se encuentra pendiente de integrar debidamente el presente asunto para su resolución, reexpídanse el oficio 12208/2020 dirigido al Delegado Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo.

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