Adriana Dávila Fernández
Expediente 216/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 216/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Myriam Pérez Fuentes
- Leticia Hernández Pérez
- Adriana Dávila Fernández
- Leticia Bautista Hernández,
- Mirna Cruz Fernández de Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala; a través del cual, en lo que aquí interesa solicita la certificación y devolución de las copias que anexa al mismo, relativas a los convenios exhibidos por la parte quejosa al escrito de demanda en el presente juicio de amparo. En atención a su contenido, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que en el presente asunto, en auto de trece de marzo del año en curso (fojas 103 a 112) se realizó la separación de juicios, ya que la demanda que dio origen al mismo fue promovida por tres grupos de personas con las calidades siguientes: Una Diputada Federal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y dos Diputados Locales del Congreso del Estado de Tlaxcala, en ejercicio de sus atribuciones de representación popular; Responsables de Estancias Infantiles y beneficiarios del "Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras"; Padres y Madres de Familia que acuden a estancias infantiles y que son beneficiarios del programa citado. Así, en el presente asunto únicamente se proveyó lo relativo a la demanda de amparo presentada por el grupo identificado con el número 1. Y, por cuanto hace a los restantes, se ordenó remitir al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, copia certificada de la demanda, así como las constancias respectivas exhibidas por los Responsables de Estancias Infantiles y beneficiarios del "Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras" y Padres y Madres de Familia que acuden a estancias infantiles y que son beneficiarios del programa citado, a fin de que realizara el turno correspondiente a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala. En atención a lo anterior, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento de las demandas señaladas, informó la radicación del juicio de amparo 237/2019-I de su índice (foja 124) con motivo de la demanda de amparo promovida por Brenda Angoa Flores y otros, razón por la cual al haberse remitido las constancias que en original exhibieron los promoventes, este juzgado federal se encuentra imposibilitado para proveer lo relativo a la certificación que se solicita. Por lo tanto, mediante oficio que al efecto se gire devuélvanse las constancias que se anexan al oficio que se provee.
- Principal
Agréguese el escrito signado por Magda Sánchez Morales, a través del cual solicita la devolución de dos convenios de concertación celebrados con la Secretaría de Desarrollo Social, respecto a los ejercicios fiscales dos mil ocho y dos mil dieciocho, mismos que según refiere, exhibió en original al escrito de demanda. En atención a su contenido, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que en el presente asunto, en auto de trece de marzo del año en curso (fojas 103 a 112) se realizó la separación de juicios, toda vez que la demanda que dio origen al mismo fue promovida por tres grupos de personas con las calidades siguientes: Una Diputada Federal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y dos Diputados Locales del Congreso del Estado de Tlaxcala, en ejercicio de sus atribuciones de representación popular; Responsables de Estancias Infantiles y beneficiarios del "Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras"; Padres y Madres de Familia que acuden a estancias infantiles y que son beneficiarios del programa citado. Así, en el presente asunto únicamente se proveyó lo relativo a la demanda de amparo presentada por el grupo identificado con el número 1. Y, por cuanto hace a los restantes, se ordenó remitir al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, copia certificada de la demanda, así como las constancias respectivas exhibidas por los Responsables de Estancias Infantiles y beneficiarios del "Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras" y Padres y Madres de Familia que acuden a estancias infantiles y que son beneficiarios del programa citado, a fin de que realizara el turno correspondiente a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala. Ahora, en atención a lo anterior, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento de las demandas señaladas, informó la radicación del juicio de amparo 237/2019-I de su índice (foja 124) con motivo de la demanda de amparo promovida por Magda Sánchez Morales y otros, razón por la cual al haberse remitido las constancias que en original exhibieron los promoventes, este juzgado federal se encuentra imposibilitado para proveer lo relativo a la devolución que se solicita.
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 144 a 146), por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por (1) Adriana Dávila Fernández, (2) Leticia Hernández Pérez y (3) Omar Milton López Avendaño, la primera en su calidad de Diputada Federal del Congreso de la Unión y los dos últimos como Diputados Locales del Congreso del Estado de Tlaxcala, en ejercicio de sus atribuciones de representación popular; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte promovente tal circunstancia. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Se ordena devolución de documentos. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjense a su disposición, los cuales podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibidos que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de diez de abril de dos mil diecinueve: Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 144 a 146), por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por (1) Adriana Dávila Fernández, (2) Leticia Hernández Pérez y (3) Omar Milton López Avendaño, la primera en su calidad de Diputada Federal del Congreso de la Unión y los dos últimos como Diputados Locales del Congreso del Estado de Tlaxcala, en ejercicio de sus atribuciones de representación popular; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte promovente tal circunstancia. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Se ordena devolución de documentos. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjense a su disposición, los cuales podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibidos que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.
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