Adriana Estrada Pacheco
Expediente 240/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 07/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Adriana Estrada Pacheco
- ADRIANA ESTRADA PACHECO y Otros.
- juez Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra del acuerdo en donde se sobreseyó en este juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como se sobreseyó en este juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, el tomo de copias certificadas, consistentes las constancias que integran el juicio de controversias 747/2016, de su índice, que exhibió como apoyo de su informe de ley, lo anterior, debido a que resulta innecesaria su retención en este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y del estado que guarda el presente sumario, se advierte que la quejosa Adriana Estrada Pacheco, no desahogó el requerimiento formulado mediante proveído de uno de junio del año en curso, a través del cual se le requirió para que se presentara en el local de este Juzgado Federal a recoger los edictos ordenados en el auto de referencia para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico "El Universal", mediante los cuales se pretendía emplazar a juicio los terceros interesados María de Lourdes Figueroa García y José Ángel Espinosa Estrada, tal y como lo señalan los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la primera de las legislaciones invocadas por disposición expresa de su numeral 2°. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito y, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b) y 5, fracción III del propio ordenamiento, así como en el 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, debido a la falta de emplazamiento de una de las partes y a la falta de interés de la otra para colaborar en la integración de este asunto. A mayor abundamiento, se precisa que, el emplazamiento del tercero interesado, que permita tener válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la demandante del amparo recoja y pague la publicación de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debía estimarse que su emplazamiento al juicio constituía un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, al tomar en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo procedimiento, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio biinstancial pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercero interesada, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la quejosa por no recoger los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente juicio, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Lo anterior, porque al quedar paralizado el juicio constitucional por no recoger los edictos, a costa de la justiciable, para lograr el emplazamiento de la parte tercero interesada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible a este órgano jurisdiccional sino a la propia impetrante, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos que al respecto señala la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, de los agraviados, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Atento a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita tal y como lo ordena el artículo 17 constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 108/2010, localizable en la página 416, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Novena Época, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Se hace hincapié en que este Juzgado agotó los medios a su alcance para lograr el emplazamiento de los terceros interesados María de Lourdes Figueroa García y José Ángel Espinosa Estrada, ya que mediante acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinte, se giraron oficios a diversas dependencias con el fin de investigar los domicilios en los cuales podrían ser localizados estos; máxime que la propia quejosa no justificó con constancia alguna su imposibilidad de recoger o erogar el gasto de los edictos, lo que hace indudable su desinterés de coadyuvar a la integración de este juicio. Consecuentemente y, como se dijo con anterioridad, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en los términos antes indicados; por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas con anterioridad, para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de éste órgano de control constitucional. A lo anterior, sirve de apoyo la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, Quinta Época, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos que guarda el presente sumario, se aprecia que no se ha podido emplazar a los terceros interesados * **, ello a pesar del procedimiento de búsqueda de domicilios iniciado el tres de diciembre de dos mil veinte y haber ordenado su emplazamiento en los domicilios proporcionados a este Juzgado de Distrito. En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso b), se ordena el emplazamiento a juicio de * * *, como terceros interesados, mediante edictos que deberá publicar la parte quejosa por tres veces en intervalos de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y un periódico de circulación nacional, conforme al numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, en los que se redactará una síntesis de la demanda. Hágase saber a los nombrados terceros que deberán comparecer dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación del edicto, ante este órgano de control constitucional a deducir lo que a sus intereses convenga; apercibidos que de no hacerlo, las posteriores notificaciones se les harán por lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Tribunal. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis número XXII.6 C, publicada en la página quinientos sesenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo dos, Novena Época, cuyo rubro y contenido son: "NOTIFICACIÓN EN AMPARO AL TERCERO PERJUDICADO CUANDO SE DESCONOCE SU DOMICILIO, DEBE REALIZARSE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II DE LA LEY DE AMPARO. En el caso de desconocerse el domicilio del tercero perjudicado o de la designación de casa o despacho para oír notificaciones, el actuario adscrito lo asentará así, dando cuenta, al titular del órgano respectivo, para que dicte las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio. Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso, en los términos establecidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles; sin que resulte aplicable por ende, diverso ordenamiento legal de manera supletoria, por encontrarse plenamente regulada la conducta que nos ocupa por el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, de ahí que resulte procedente que una vez concluida la investigación del domicilio del tercero perjudicado, que resulte infructuosa, se ordene la publicación de edictos a costa del quejoso, a efecto de llamar a su contrario a juicio.". En tales condiciones, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, establecido en el numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se presente en el local de este Juzgado de Distrito a recoger los edictos para su publicación. En la inteligencia que la parte quejosa deberá generar la cita respectiva, para que comparezca al despacho de este juzgado, identificada con documento oficial vigente y en diligencia relativa, sean entregados los edictos respectivos. La cita deberá generarse de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, cuyo procedimiento se encuentra indicado en los artículos 3 a 7, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. En el entendido que a partir del día siguiente a la data en que recepcionen los edictos de mérito, comenzará a transcurrir el término de veinte días, previsto por el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo último de la ley de la materia, para justificar que efectuaron el pago correspondiente a fin de que se publiquen los edictos tanto en el Diario Oficial de la Federación como en el diverso periódico, apercibidos que de no hacerlo dentro de dichos plazos, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el numeral 5, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, así como en el 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decretará el sobreseimiento del presente juicio, debido a la falta de notificación y emplazamiento de una de las partes y la falta de interés de la otra para colaborar en la integración de este asunto. En lo conducente sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 108/2010, localizable en la página cuatrocientos dieciséis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo treinta y dos, Novena Época, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Asimismo, y toda vez que subsiste la situación de emergencia sanitaria y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, relativo al trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables y al personal del propio consejo; deberá presentarse en la entrada del edificio que alberga este órgano jurisdiccional cuando menos con cinco minutos de anticipación a efecto de que se permita su ingreso, ya que no existe tiempo de tolerancia; asimismo, que deberá observar los protocolos y medidas de seguridad y sanitarias que al efecto se tienen en el edificio, entre ellas, portar cubrebocas en todo momento, respetar la sana distancia y el uso de gel antibacterial. Se hace también del conocimiento de la parte quejosa que queda constreñida a exhibir los originales de las publicaciones una vez que éstas se hayan efectuado. Para dar oportunidad de lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se reprograma para las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del uno de julio de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOS
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil veintiuno. Agréguense la comunicación y el anexo señalados en la nota de cuenta al expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la secretaria del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, devuelve sin diligenciar el exhorto con número de orden 301/2020 y de origen 74/2020; ello, en razón que mediante diligencia de veintiséis de abril de dos mil veintiuno realizada por el secretario de acuerdos en carácter de actuario del Juzgado Municipal de Ixtaczoquitlán, Veracruz, se apersonó en el domicilio correspondiente a la tercera interesada María de Lourdes Figueroa García y al estar cerrado el mismo se entrevistó con los vecinos de la zona quienes afirmaron desconocer a la referido tercero interesada. En consecuencia, regístrese la baja de la citada comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo, sin que haya lugar a acusar recibo, ya que éste se genera electrónicamente. Ahora bien, en el presente sumario se advierte que en proveído de dos de marzo del año en curso, se reservó proveer lo conducente hasta en tanto fuese devuelto el diverso exhorto para localizar a la tercero interesada María de Lourdes Figueroa García y como lo anterior ya sucedió, al efecto se provee: En virtud que no se ha podido emplazar a los terceros interesados María de Lourdes Figueroa García y José Ángel Espinosa Estrada, pese al procedimiento oficioso de búsqueda de domicilios iniciado el tres de diciembre de dos mil veinte y haber ordenado su emplazamiento en los domicilios proporcionados a este Juzgado de Distrito. En esa tesitura, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 27, fracción III, inciso b), de la ley reglamentaria, requiérase por última ocasión a la justiciable Adriana Estrada Pacheco para que, dentro del plazo de tres días proporcione a este Juzgado de Distrito un domicilio diferente a los ya proporcionados en este sumario, en donde puedan ser localizados los terceros interesados María de Lourdes Figueroa García y José Ángel Espinosa Estrada, máxime que de autos se advierte que el segundo mencionado es su hijo. Se le hace saber a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, dado que la investigación de los domicilios de los terceros interesados ordenada en autos fue infructuosa, se ordenará emplazarlos por edictos a costa de la justiciable, de conformidad con lo previsto por el arábigo 27, fracción III, de la Ley de Amparo o, en última instancia, a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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