Adriana Carmen Rios Rojas

Expediente 888/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
888/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • Adriana Carmen Rios Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativo del Décimo Tercer Circuito, al que acompaña el testimonio de la ejecutoria de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dictada en la queja 380/2021; acúsese recibo, y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío. Por otro lado, en lo relativo al recurso de queja 380/2021, se advierte que el Tribunal de Alzada confirmó la determinación de desechar la demanda de amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se desechó la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual la promovente ***********, interpone recurso de queja contra del acuerdo de fecha dieciséis de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. Atento lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con los diversos 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se ordena remitir el referido escrito al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en turno del Décimo Tercer Circuito, rendir el informe sobre la materia de la queja y enviar copia certificada de las constancias relacionadas con el auto impugnado. Sin que haya lugar a notificar a las demás partes la presente determinación, para que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el auto materia de la queja es el que desechó la demanda, motivo por el cual las demás partes no fueron emplazadas. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 888/2021. Desechamiento. De conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, dado que advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la disposición inserta se desprende que el órgano jurisdiccional debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el precepto 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se observa que la promovente del amparo ******, reclama el oficio 500-44-00-04-01-2021-05997, de seis de agosto de dos mil veintiuno, notificado mediante buzón tributario el doce siguiente, por el que se le informó el derecho que tiene para acudir a las oficinas de la administradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1", con sede en Oaxaca, para conocer los hechos y omisiones que pudieran implicar el incumplimiento del pago de contribuciones, investigados dentro de la revisión GPF7100011/20. En el caso concreto, se considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Del primero de los citados preceptos trascritos se establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción III inciso b), del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en dictados dentro de un procedimiento administrativo en forma de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que el oficio 500-44-00-04-01-2021-05997, de seis de agosto de dos mil veintiuno, notificado mediante buzón tributario el doce siguiente, por el que se le informó a la peticionaria de amparo el derecho que tiene para acudir a las oficinas de la administradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1", con sede en Oaxaca, para conocer los hechos y omisiones que pudieran implicar un incumplimiento del pago de contribuciones, investigados dentro de la revisión GPF7100011/20, no se trata de un acto de imposible reparación, sino únicamente de un acto a través del cual se hace de su conocimiento, dentro del procedimiento de fiscalización denominado revisión de gabinete, que con motivo del oficio de requerimiento de información y documentación número 500-44-00-03-00-2020-1219 de fecha veinte de febrero de dos mil veinte. Lo que se conoce a partir de la copia electrónica que se adjunta al escrito de demanda y que tiene valor probatorio pleno por tratarse de una documental pública en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden, el acto reclamado no es un acto aislado que por sí mismo transgreda derechos sustantivos, sino que, le otorga a la quejosa la posibilidad de acudir a recibir información sobre las posibles omisiones o irregularidades encontradas en el procedimiento de que se trata, otorgándole una cita en fecha y hora específica, precisamente como medida sanitaria tendente a prevenir el contagio del virus SarsCov2 que produce la enfermedad COVID-19, es decir, es un acto administrativo que le otorga la oportunidad de hacer efectivo el derecho que le asiste a ser informada directamente por la autoridad del estado que guarda su procedimiento de fiscalización (revisión de gabinete). Además, el oficio que se pretende someter a escrutinio constitucional, expresamente aclara que si la quejosa decide no asistir a la cita programada, no se le impondrá sanción alguna, sino que únicamente se levantará un acta circunstanciada; lo que en ninguna manera le provoca una afectación real y actual a su esfera jurídica, tanto menos a un derecho sustantivo. Aunado que es notorio que la quejosa pretende impugnar el oficio de que se trata aduciendo circunstancias propias del contexto de la situación sanitaria generada por la enfermedad COVID-19 causada por el virus SarsCov2, que si bien son un hecho notorio para este juzgado, lo cierto es que no guardan relación intrínseca con el acto reclamado, es decir, se trata de cuestiones ajenas al propio acto administrativo impugnado, empero ello es inconducente porque de estimarlo así, bastaría con que los promoventes del juicio de amparo adujeran que realizar cualquier trámite o diligencia presencial ante la administración pública -federal, estatal o municipal- pone en riesgo su vida, para omitir los presupuestos procesales de esta instancia constitucional. Por tanto, las manifestaciones relativas al contexto de riesgo que existe en materia sanitaria en el país, son insuficientes para hacer procedente lo improcedente. Máxime que, es un hecho notorio para este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que los entes públicos que conforman la administración pública federal continúan laborando bajo esquemas extraordinarios aplicando medidas sanitarias de prevención y contención del virus citado, destacando que en efecto como lo confiesa la promovente, los decretos y medidas sanitarias de emergencia que al inicio del fenómeno de salud pública multicitado, han quedado superados e inaplicables, de manera que tampoco ha lugar a dar trámite a la instancia bajo ese supuesto. Además, que una vez que la promovente reciba el oficio de observaciones que en su momento emitirá la autoridad responsable, la contribuyente aquí quejosa, estará en posibilidad de desvirtuar los hechos y omisiones que, de ser el caso, se hicieran constar, en términos de lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, lo que no implica necesariamente que se le determine un crédito fiscal en su contra, es decir, aún puede resolverse el asunto en su favor. Adicionalmente, el hecho de que la autoridad le haya generado una fecha y hora de cita para que, de ser su voluntad acuda a recibir la información pertinente, no implica tampoco que se encuentre imposibilitada para generar por sí misma una cita para recibir la información necesaria en otra fecha y hora posterior, porque tiene la oportunidad de hacerlo hasta antes de que se emita el oficio de observaciones. A mayor abundamiento, una vez que la autoridad fiscalizadora emita el acto, resolución o determinación que corresponda al finalizar la revisión de gabinete, la contribuyente aquí quejosa, estará en posibilidad de controvertir tal acto a través de la interposición de los medios ordinarios de impugnación procedentes ante las autoridades competentes, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación. En ese orden, no es obstáculo que adjunte la resolución dictada por un colegiado en una queja Administrativa 39/2020 de veintisiete de abril de dos mil veinte, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque no es un criterio obligatorio para este órgano constitucional. Lo anterior, no implica dejar sin defensa a la promovente, porque al tratarse el reclamo de una violación de carácter meramente adjetiva, solo en caso de resultar desfavorable la determinación o resolución que se llegare a dictar en dicho procedimiento de fiscalización (revisión de gabinete), y en caso de que la violación que señala como acto reclamado en la demanda que se provee, trascienda al resultado del fallo, dejando sin defensa a la parte quejosa, podrá hacer valer dicha transgresión en el medio de impugnación que promueva contra aquél. Bajo esa lógica, el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos de ejecución de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del peticionario de amparo previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o efectos no podrían repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación del derecho fundamental. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA de amparo por improcedente. Domicilio para recibir notificaciones. Del escrito de demanda se advierte que la parte promovente señala un domicilio particular para recibir notificaciones, y también precisa que es su voluntad ser notificada electrónicamente; en consecuencia, atendiendo al Acuerdo general 21/2020, que rige las actividades jurisdiccionales en esta modalidad de contingencia sanitaria, y al deber de privilegiar el trabajo a distancia y las comunicaciones digitales, en relación con los artículos 3º y 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza a los usuarios "ADRIANACAR" y "LICCARLOSLUNA" que menciona, ambos para consultar del expediente electrónico y únicamente el segundo, para también ser notificado, de conformidad con los numerales 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 que rige del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Instrúyase a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las gestiones administrativas correspondientes, a efecto que los referidos usuarios puedan consultar el expediente por la vía electrónica y parra ser notificado por la vía electrónica -específicamente por lo que hace al segundo usuario-. Autorizados del quejoso. Se tiene como autorizado de la parte quejosa con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Gómez Luna, por estar dado de alta en el sistema computarizado para el Registro único de profesionales del derecho y únicamente para recibir notificaciones a las personas restantes, debido a que así lo solicita expresamente el quejoso. Finalmente, téngasele proporcionando el número de teléfono que refiere, únicamente para el caso de que sea necesaria su localización. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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