Adriana Essés Medina

Expediente 223/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
223/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
20/07/2018

Partes del expediente

  • Adriana Essés Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintinueve de junio del año en curso, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, en vista de que en el presente expediente existe un documento original exhibido por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General citado en los párrafos que anteceden, indíquesele que cuenta con un plazo de noventa días computados a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificada del presente proveído, para acudir a este órgano jurisdiccional a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo, éste documento podrá ser depurado junto con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintinueve de junio del año en curso, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, en vista de que en el presente expediente existe un documento original exhibido por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General citado en los párrafos que anteceden, indíquesele que cuenta con un plazo de noventa días computados a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificada del presente proveído, para acudir a este órgano jurisdiccional a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo, éste documento podrá ser depurado junto con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIUOCHO, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 223/2018-II, promovido por *******, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de abril de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, remitido al día hábil siguiente a este Juzgado de Distrito, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso, Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Chihuahua, así como del Ayuntamiento, Tesorero, Jefe del Departamento de Valuación adscrito a la Dirección de Catastro y Directora de Catastro, estos últimos del Municipio de Juárez, Chihuahua, de quienes reclamó, en esencia, el sistema normativo que prevé y determina el cálculo del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en el Municipio de Juárez, Chihuahua. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración, mediante acuerdo de doce de abril de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: a) Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición de los siguientes ordenamientos legales: - Los artículos 1 al 32 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, expedida mediante Decreto 818-95 XVII P.E., publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, modificada posteriormente, según lo reclamado por la quejosa, por los Decretos: 112-04 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintinueve de diciembre de dos mil cuatro; 786-06 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de diciembre de dos mil seis; y, 406-08 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinte de diciembre de dos mil ocho. - Los artículos 145 al 154 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, expedido mediante Decreto 850-95 XVII P.E., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua de Chihuahua, el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. - El Decreto LXV/APLIM/0600/2017 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintitrés de diciembre de dos mil diecisiete, que contiene la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Juárez, específicamente en lo establecido en el artículo séptimo, inciso a), numeral 2), así como primero y tercero transitorios. - El Decreto LXV/APTVV/0515/2017 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que contiene las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción que servirán de base para la determinación del valor catastral y cálculo de las construcciones en materia inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en sus artículos primero, segundo y tercero transitorios. b) Del Gobernador y Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, la promulgación y la publicación de los ordenamientos legales descritos en el inciso que antecede. c) Del Ayuntamiento Municipal, Tesorero, Jefe del Departamento de Valuación adscrito a la Dirección de Catastro y Directora de Catastro, todos del Municipio de Juárez, Chihuahua, la aplicación de los ordenamientos legales reclamados. TERCERO. En su informe justificado, el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, no se manifestó respecto a la certeza o inexistencia del acto que se le atribuyó, consistente en la promulgación de los Decretos reclamados, sin embargo, no ha lugar a presumir cierto dicho acto conforme al artículo 119, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo , pues dicho acto legislativo corresponde al Ejecutivo Estatal ello conforme a los artículos 69 y 97 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua . Por lo tanto, se tiene como inexistente dicho acto reclamado a la señalada autoridad y con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobreseer en este asunto al respecto. Continuando, al rendir su informe con justificación, el Presidente del Ayuntamiento, Tesorero, Directora de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación adscrito a la Dirección de Catastro, todos del Municipio de Juárez, Chihuahua, negaron la existencia del acto que se les reclama, consistente en la aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, que se traduce en el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, respecto de los bienes inmuebles de su propiedad. Al respecto, debe precisarse que efectivamente, la aplicación de los preceptos reclamados, a través del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, no le es imputable a las citadas autoridades municipales. Lo anterior es así, ya que el acto concreto de aplicación de una ley, no sólo lo constituye el proveniente de una autoridad, sino que puede provenir de un particular que actúa por mandato expreso de la ley; en ésta hipótesis, se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio agraviado, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple, sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, lo conmine a ello. En el caso, la promovente del amparo refirió que cubrió el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2018, el nueve de marzo de dos mil dieciocho, por conducto de la "Cadena Comercial OXXO", en donde se le extendió un comprobante de pago con folio 760668, por la cantidad de $3,155.00 (tres mil ciento cincuenta y cinco pesos 11/100 moneda nacional), el cual manifestó agregar a la demanda; sin embargo, el documento relativo, que obra glosado en la foja veinte de autos es ilegible y no permite corroborar esas circunstancias, como se certificó en el auto de cinco de abril de dos mil dieciocho, en el que se radicó la demanda de amparo; no obstante, de lo narrado por la propia quejosa, se advierte que no existió por parte de las autoridades responsables municipales, la aplicación de los ordenamientos legales reclamados, a través del cobro del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, pues de sus manifestaciones no se aprecia que el pago se haya efectuado en acatamiento a una orden de dichas autoridades en ese sentido, sino que la quejosa realizó los pagos descritos de manera espontánea. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVI, de agosto de 2007, materia común, página 367, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Asimismo, es aplicable al caso, por analogía, la tesis 1673, emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1167, del tomo I, materia constitucional, sección precedentes relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, que estatuye: LEYES, AMPARO CONTRA. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede lógicamente hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; de modo que la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. Si bien la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, esto no quiere decir que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el término de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en la hipótesis prevista por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto del acto de aplicación reclamado por la quejosa, al Ayuntamiento, Tesorero, Director General de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación adscrito, todos del Municipio de Juárez, Chihuahua. Ahora bien, el Congreso del Estado de Chihuahua, en su informe justificado, manifestó lo siguiente: (.) Pero NO ES CIERTO, que para calcular el Impuesto Predial, en la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal 2018, se haya establecido el estímulo fiscal para tomar como base gravable el 70% al valor mayor del inmueble determinado. Al respecto, debe precisarse que la quejosa, en su demanda de amparo, manifestó lo siguiente: (.) d) Asimismo se reclama la totalidad del régimen fiscal relativo al impuesto predial previsto en el artículo 1º de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para el ejercicio fiscal 2018 (.) en virtud de la Trasformación que sufrió el régimen fiscal del impuesto predial por los artículos Sexto, fracción I, inciso a), numeral 2 y Noveno, así como los artículos Primero y Tercero Transitorios, todos de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Chihuahua, para el ejercicio 2018, que estableció un estímulo fiscal para tomar como base gravable el 70% al valor mayor del inmueble determinado en el avalúo que se practique para tales efectos, tratándose de viviendas de interés social o vivienda popular nueva, motivo por el cual se tornó DESPROPORCIONAL E INEQUITATIVO todo el sistema del impuesto predial. De lo anterior, se desprende que la quejoso sí reclama el estímulo fiscal a que se refirió el Congreso del Estado de Chihuahua, en su informe justificado; sin embargo, el mismo no está previsto en ninguna de las normas de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Juárez, que se reclama, esto es, los artículos PRIMERO, SEGUNDO, SEXTO, fracción I, inciso a) (sic), SÉPTIMO, inciso a), numeral 2 y NOVENO, así como sus disposiciones PRIMERA Y TERCERA transitorias , sino en el artículo DÉCIMO de dicha Ley de Ingresos, que dispone lo siguiente: ARTÍCULO DÉCIMO.- Con relación al impuesto sobre traslación de dominio se otorgará durante el año 2018, un estímulo fiscal consistente en tomar como base gravable el 70% (setenta por ciento) al valor mayor del inmueble determinado en el avalúo que se practique para tales efectos, en los términos del último párrafo del artículo 158 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua para las viviendas de interés social o viviendas populares nuevas, promovidas tanto por organismos oficiales como particulares. Se entiende por vivienda de interés social aquella cuyo valor al término de su construcción no exceda la cantidad que resulte de multiplicar por 15 la Unidad de Medida y Actualización (UMA) elevado al año; y por vivienda popular, aquella que, en igualdad de condiciones a la anterior, no exceda de multiplicar por 25 en la Unidad de Medida de Actualización (UMA) elevado al año. En ambos casos, su antigüedad no deberá ser mayor a dos años, contados a partir de la fecha de terminación de su edificación, contenida en el permiso de construcción respectivo y la fecha de adquisición. Se otorgará un incentivo fiscal en materia de impuesto sobre traslación de dominio, consistente en aplicar a la base gravable del impuesto, las tasas que a continuación se describen en los casos que se mencionan: (.) No será aplicable la acumulación de estímulos fiscales por lo establecido en esta ley y cualquier otro ordenamiento aplicable. Disposición de la cual se desprende claramente, que el estímulo fiscal que prevé, tal como lo argumentó el Congreso del Estado, no es aplicable al impuesto predial, sino al impuesto sobre traslación de dominio. Por lo tanto, para efectos de este juicio de amparo, donde se reclama el mecanismo para calcular el impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, se tiene como inexistente el estímulo fiscal reclamado por la solicitante de la protección constitucional y de igual forma, con fundamento en la citada fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio en relación con dicho acto reclamado. Tiene aplicación, se cita la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Gobernador Constitucional y el Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en la promulgación y publicación de los ordenamientos legales reclamados. Por su parte, el Congreso del Estado de Chihuahua, en su informe justificado, aceptó la existencia de los ordenamientos legales tildados de inconstitucionales; por lo tanto, la existencia del mismo se presume cierta, en términos del artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Además, la existencia de cada uno de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. QUINTO. Actualización de causas de improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en principio se determinan las causales de improcedencia que se actualizan en este asunto. I. Improcedencia del juicio de amparo respecto de la publicación de las normas impugnadas. Respecto del acto reclamado al Gobernador Constitucional y al Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, consistente en la publicación de los Decretos tildados de inconstitucionales, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) Del primero de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando la parte quejosa impugne tales actos por vicios propios. En el caso, la solicitante del amparo reclama de las citadas autoridades, la publicación de los Decretos que tilda de inconstitucionales, descritos en el considerando segundo, que prevén y determinan el mecanismo fiscal para el cálculo del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en el Municipio de Juárez, Chihuahua; sin embargo, su impugnación no se realizó por vicios propios, es decir, con motivo de la intervención individual de esas autoridades en el proceso legislativo que permitió la publicación de tales ordenamientos legales. De ahí que, en relación con la publicación de los Decretos reclamados, acto atribuido al Gobernador Constitucional y al Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, mayo de 2005, materia administrativa, página 1411, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. II. Improcedencia del juicio de amparo respecto de los Decretos 818/1995, 850/1995, 112/2004, 786/2006 y 406/2008. En relación con los Decretos 818/1995, 850/1995, 112/2004, 786/2006 y 406/2008, que la quejosa reclama, referentes al mecanismo fiscal para el cálculo del impuesto predial, así como a las diversas modificaciones que dicho mecanismo ha sufrido a través del tiempo; es preciso señalar que las Leyes de Ingresos, en el Sistema Jurídico Mexicano, tienen vigencia anual, esto es, para un solo ejercicio fiscal, regularmente para el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. En efecto, por regla general, previo al inicio de cada anualidad se aprueba determinada Ley de Ingresos, que regirá para el ejercicio fiscal que va a iniciar, así el Estado podrá recaudar los ingresos previstos durante ese periodo, estableciendo con ello el ámbito temporal de validez de dicha norma tributaria. Al respecto, cabe precisar que cada ley impositiva expedida por el poder legislativo establece un sistema tributario particular y propio, previendo sus elementos esenciales tales como sujeto, objeto, base gravable, tasa, cuota o tarifa, forma de pago y época de pago, así como, eventualmente, un apartado de deducciones y exenciones; así pues, la interacción de cada uno de esos elementos, en una determinada época, constituye para el contribuyente, un sistema impositivo particular y específico, de tal manera que la alteración de uno solo de esos factores transforma dicho sistema para convertirse en uno nuevo, con características propias y distintas de las del anterior. En el caso, la quejosa reclama los Decretos indicados, que establecen la obligación de pagar impuesto predial, a aquellas personas que detenten bienes inmuebles en el Municipio de Juárez, Chihuahua, así como el mecanismo, propiamente, para la determinación de la base gravable de dicho impuesto, relativo a los años mil novecientos noventa y seis, dos mil cinco, dos mil siete y dos mil nueve; esto es, imponen la obligación de efectuar el pago del impuesto predial, conforme a las Leyes de Ingresos y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, respectivamente aplicables. No obstante, si conforme al principio de anualidad de las Leyes de Ingresos, las disposiciones previstas en esas normas tienen como característica esencial una periodicidad de un año para la recaudación de las contribuciones que establecen y, a partir de ello, año con año se emiten las Leyes de Ingresos correspondientes, se considera que no existe base para estimar que el pago del impuesto predial reclamado, a pagar durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, tuviera que ser calculado con las leyes vigentes en los años mil novecientos noventa y seis, dos mil cinco, dos mil siete y dos mil nueve. Lo anterior es así, pues la quejosa promovió este juicio de amparo con motivo de lo que señaló como el primer acto de aplicación de los ordenamientos legales reclamados, que se traduce en el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, el cual afirmó que efectuó respecto de un bien inmueble que afirmó, bajo protesta de decir verdad, que era de su propiedad, el nueve de marzo de dos mil dieciocho; es decir, el mecanismo de tributación del impuesto predial que reclama, es el relativo al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, tal como él mismo lo señaló en su demanda de amparo, en capítulo denominado "HECHOS" (fojas 4 y 5): (.) 2.- Es el caso que el nueve de marzo del año en curso (09/03/2018), la parte quejosa cubrió el pago del IMPUESTO PREDIAL correspondiente al EJERCICIO FISCAL 2018, relativa a la cuenta catastral asignada al predio de su propiedad, según el comprobante de pago realizado en la Cadena Comercial OXXO, con folio *******, referencia *******, en la fecha antes referida por la cantidad de $*******.los Certificados de Ingresos antes mencionados a favor del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahora bien, se estima que la normatividad tributaria relativa al impuesto predial para el ejercicio fiscal 2018, trasgrede las garantías constitucionales precisadas en el Apartado respectivo del líbelo, causándome agravios personales y directos que afectan severamente mi esfera jurídica, de ahí el INTERÉS JURÍDICO que se tiene para censurarlos en esta vía constitucional. (.) Por lo tanto, en relación con los Decretos indicados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 107, fracción I, segunda parte, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. (.) Conforme al segundo de dichos numerales, el juicio de amparo indirecto es procedente contra normas generales que causen un perjuicio al quejoso con motivo del primer acto de aplicación y en el caso, como se ha indicado, la peticionaria de amparo reclama la expedición de los Decretos señalados, que en conjunto prevén el cálculo del impuesto predial correspondiente a los ejercicios fiscales mil novecientos noventa y seis, dos mil cinco, dos mil siete y dos mil nueve, con motivo de su primer acto de aplicación. Sin embargo, en este asunto no se advierte que se haya materializado acto alguno respecto del pago del impuesto predial conforme a las normas vigentes en los años fiscales de mil novecientos noventa y seis, dos mil cinco, dos mil siete y dos mil nueve, es decir, que se haya concretado la hipótesis ahí prevista, debido a que, como ya se expuso, las normas materia de impugnación tienen una vigencia anual, que al concluir no pueden tener efectos anteriores ni posteriores, situación que impide realizar algún pronunciamiento respecto de su constitucionalidad. Tampoco existe en el sumario, constancia alguna que demuestre que se hayan aplicado las normas relativas a ejercicios fiscales anteriores a dos mil dieciocho, ni ello fue alegado; dado que la quejosa fue omisa en aportar alguna prueba para demostrar ese extremo, aunado a que, como ya se indicó, ella misma manifestó que acudió a este juicio de amparo a partir del pago del impuesto predial correspondiente al año fiscal dos mil dieciocho y no de alguno otro. Por lo tanto, en relación con los Decretos 818/1995, 850/1995, 112/2004, 786/2006 y 406/2008, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 107, fracción I, segunda parte, interpretada en sentido contrario. En apoyo a lo anterior, por las razones que informa, se cita la jurisprudencia 9/2004 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de dos mil cuatro, Materia Constitucional, que se consulta en la página 957, con registro 182049, que estatuye: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS. De lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, se advierte que en relación con la Ley de Ingresos y con el Presupuesto de Egresos de la Federación rige el principio de anualidad, consistente en establecer los ingresos que puede recaudar la Federación durante un ejercicio fiscal, así como la forma en que aquéllos han de aplicarse, con el fin de llevar un adecuado control, evaluación y vigilancia del ejercicio del gasto público, lo cual se patentiza con el hecho de que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de egresos de la Federación, en la cual se deberán contemplar las contribuciones a cobrar en el año siguiente, para cubrir el presupuesto de egresos, aunado a que en la propia Ley de Ingresos se establece que su vigencia será de un año, así como la de todas las disposiciones referentes a su distribución y gasto. En consecuencia, si la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos tienen vigencia anual y ésta concluyó, resulta indudable que no es posible realizar pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad, pues al ser de vigencia anual la materia de impugnación, y concluir aquélla, no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara la constitucionalidad de la norma general impugnada, la sentencia no podría surtir plenos efectos, ya que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de invalidez de las sentencias dictadas en ese medio de control constitucional no tiene efectos retroactivos. Por tanto, procede sobreseer en la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción V, 59 y 65, todos de la mencionada ley reglamentaria. III. Improcedencia del juicio de amparo, concretamente respecto de los artículos: 147, 150, 151, 152, 153 y 154 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como 1, 2, 4 a 20, 26 y 29 a 32 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, vigentes en función de la expedición de la Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Juárez, y SEXTO, fracción I, a) (sic) y NOVENO de la citada Ley de Ingresos. Respecto de las normas reclamadas 147, 150, 151, 152, 153 y 154 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como 1, 2, 4 a 26 y 29 a 32 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, vigentes en función de la expedición de la Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Juárez, y artículos SEXTO, fracción I, a) (sic) y NOVENO de dicha Ley de Ingresos; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación. En efecto, conforme al segundo de los citados preceptos, uno de los requisitos de la demanda de amparo, es formular los conceptos de violación en contra de los actos reclamados, esto es, los argumentos lógico jurídicos en función de los cuales se van a analizar tales actos en asuntos, como el que nos ocupa, de estricto derecho, o al menos, expresiones que permitan al juzgador advertir cuál es el motivo de inconformidad esencial de la quejosa en relación con el acto reclamado (causa de pedir). En el caso, no se advierte que la quejosa, en su demanda de amparo, analizada en su integridad, haya esgrimido concepto de violación alguno en relación con tales preceptos que reclamó, por lo que, al respecto, se actualiza la causal de improcedencia invocada. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia 3ª./J. 28/93, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 72, Diciembre de 1993, materia común, del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo. IV. Improcedencia del juicio de amparo por no encontrarse acreditado el primer acto de aplicación de las normas reclamadas En el caso, respecto de las restantes normas reclamadas, es decir, artículo 28, fracción II, de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, así como las que prevén el mecanismo para el cálculo del impuesto predial de inmuebles con construcciones adheridas al mismo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, contenidas en el Decreto LXV/APLIM/0600/2017 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintitrés de diciembre de dos mil diecisiete, que contiene la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Juárez, específicamente en lo establecido en el artículo séptimo, inciso a), numeral 2), así como primero y tercero transitorios; así como el diverso Decreto LXV/APTVV/0515/2017 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que contiene las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción que servirán de base para la determinación del valor catastral y cálculo de las construcciones en materia inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en sus artículos primero, segundo y tercero transitorios, quien resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que la promovente no acreditó el acto concreto de aplicación de las normas que tilda de inconstitucionales, por medio de los cuales se regula el cobro del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho y que, por tanto, esa normatividad general le cause perjuicio. Con el propósito de evidenciar el anterior aserto, conviene precisar que la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, el artículo 6º también de la legislación de la materia, señala: 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. De la interpretación armónica de estos numerales se deduce que el juicio de amparo procede respecto de actos que incidan en la esfera jurídica de la parte quejosa, de lo contrario será improcedente el citado medio de control constitucional al no existir afectación al interés jurídico de aquél. Así, se entiende por interés jurídico para la procedencia del juicio constitucional el criterio contenido en la jurisprudencia I.1o.A.J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 60, de diciembre de 1992, página 35, aplicada por analogía, cuyo rubro y texto son: INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclama tendrá por incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico solo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Luego, para pedir la protección constitucional la parte quejosa debe resentir un perjuicio directo sobre su interés jurídico con motivo de un acto de autoridad; en ese sentido, del criterio transcrito se advierte: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y, c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por tanto, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Ahora, tratándose de amparo contra leyes, la procedencia del juicio constitucional está sujeta a la existencia de un perjuicio inmediato y directo en los intereses jurídicos del particular, pero para que ello pueda surtir sus efectos es necesario que se acredite ser sujeto de ese derecho debidamente tutelado. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 286, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 339, tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Séptima Época, que estatuye: INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en término de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4º. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico. Así como la jurisprudencia 2a./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo 82, de octubre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. En ese sentido, para la impugnación de normas a través del juicio de amparo, debe quedar acreditado que se produjeron efectos en la esfera jurídica de quien solicita la protección constitucional, sea porque la entrada en vigor de las mismas los produzca de inmediato o porque dichos efectos se hayan producido por una actuación, por un acto de autoridad, o bien que tratándose de actos de particular vinculen al peticionario a la ley por actualizarse los supuestos de la norma. Así, para que surja el derecho de un particular para solicitar amparo en contra de una ley autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario que se individualice el efecto de la misma en aquél que lo promueve. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo VI, de julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En efecto, tratándose del juicio de amparo indirecto o bi-instancial, la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es procedente contra leyes u ordenamientos generales, que por su sola vigencia o con motivo del primer acto de aplicación, provoquen un agravio al quejoso. En esa tesitura, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo contra leyes y estar en condiciones de analizar el aspecto sustantivo de una norma legal, todo quejoso debe probar que con la emisión de los preceptos legales controvertidos, se haya irrumpido en su individualidad al grado de ocasionarle un agravio, positivo o negativo, en su esfera jurídica. Agravio que, se reitera, puede causarse por la sola vigencia del ordenamiento legal o puede aplicarse, en su caso, de manera escrita o de hecho y que altere su ámbito de acción; sin embargo, es conditio sine qua non que la ley general, abstracta e impersonal, produzca sus efectos en forma particular, concreta y personal en el destinatario. Por ello, el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales debe partir, necesariamente, del examen de su naturaleza para determinar así la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse; a saber: 1. Dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entran en vigor, según lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, y 2. Dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna de las hipótesis previstas por el artículo 17 de la legislación en comento. Es decir, las leyes autoaplicativas se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna. Las leyes heteroaplicativas se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de aplicación de la misma. Estas normas pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguiente al de su primer acto de aplicación, esto es, sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones. Conforme a lo anterior, la afectación sufrida por el gobernado, que posibilita la promoción del juicio de amparo, debe ser objetiva y actual al momento de la presentación de la demanda, es decir, para que la constitucionalidad de una norma legal pueda ser analizada en el juicio de amparo, debe incidir de manera directa en la esfera de derechos del gobernado, afectando una situación real y concreta. Así, para determinar la procedencia del amparo contra leyes, debe distinguirse entre normas legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellas que requieren un acto concreto de aplicación para causarle afectación a los gobernados en su esfera jurídica. Sobre el particular, se atiende el criterio contenido en la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 103-108 Primera Parte, Materia Común, visible en la página 167, con registro 800694, que señala: LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse al través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma. Esta doble distinción de ordenamientos legales que la doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales Federales han denominado autoaplicativos y heteroaplicativos, parte del supuesto formal de la obligatoriedad de la norma legal en relación con los gobernados, pues si una norma no produce por sí sola perjuicio en su contra, el ejercicio de la acción de amparo es improcedente, porque, como quedó anotado con antelación, se requiere de la presencia de un perjuicio o daño individual, concreto y directo. Luego, la ley tiene el carácter de autoaplicativa, cuando por su sola expedición es de observancia obligatoria y causa un perjuicio real que afecta la esfera jurídica del gobernado, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad para que el gobernado se encuentre en la situación prevista en la norma, pues su sola vigencia lo obliga. Lo anterior, de conformidad con el criterio de jurisprudencia VI. 2o. J/112, que emitió el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VII, abril de 1991, materia común, que se consulta en la página 107, con registro 223121, de rubro y texto siguientes: LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer; y, b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad. Por el contrario, la ley es heteroaplicativa cuando el solo inicio de su vigencia no coloca al gobernado en la situación prevista por la norma, sino que exige un acto posterior de aplicación, ya sea de la autoridad o de un particular, para que se genere la afectación en la esfera jurídica del destinatario. Así, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica regulada por determinados preceptos legales, que le otorgan los medios para lograr su defensa y la reparación del perjuicio irrogado por su desconocimiento o violación. En efecto, la hipótesis legal deriva como ya se dijo de lo previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el cual el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, supuesto que también se encuentra regulado en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. Entonces, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, esto es, alude a normas de naturaleza heteroaplicativa. En el caso, ******* reclamó la aplicación de las normas que consideró son las que prevén el mecanismo para el cálculo del impuesto predial de inmuebles con construcciones adheridas al mismo, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, contenidas en el Decreto LXV/APLIM/0600/2017 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintitrés de diciembre de dos mil diecisiete, que contiene la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Juárez, específicamente en lo establecido en el artículo séptimo, inciso a), numeral 2), así como primero y tercero transitorios; así como el diverso Decreto LXV/APTVV/0515/2017 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que contiene las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción que servirán de base para la determinación del valor catastral y cálculo de las construcciones en materia inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en sus artículos primero, segundo y tercero transitorios, así como el 28 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua. Esto es, se reclama la inconstitucionalidad de los ordenamientos que regulan el cobro del derecho de alumbrado público, respecto del cual la solicitante del amparo aduce que la norma que reclama le fue aplicada el nueve de marzo de dos mil dieciocho, cuando realizó el pago del tributo por conducto de la "Cadena Comercial OXXO", en donde se le extendió un comprobante de pago con folio *******, por la cantidad de $*******. Al respecto es conveniente mencionar, que en los preceptos cuestionados se establecen como ingresos de la hacienda pública, el pago del impuesto predial, los cuales tienen el carácter de una norma heteroaplicativa, ya que requieren de un acto de individualización para que trasciendan a la esfera jurídica del gobernado, el cual puede provenir del pago espontáneo del tributo o del requerimiento realizado por la autoridad fiscal municipal. En esa medida, el pago del tributo realizado en forma espontánea por el contribuyente, o bien el requerimiento formulado por la autoridad hacendaria, son los actos que pudieran constituir el acto concreto de aplicación de las normas que contemplan dicho impuesto, situación que genera la carga procesal de comprobar la afectación en su esfera jurídica a través del acto concreto de aplicación de la ley materia de reclamo. No obstante esa carga procesal, la quejosa no acreditó la individualización de las normas reclamadas a su esfera jurídica, toda vez que con la única constancia que se exhibió en el juicio, la parte quejosa no demostró que el sistema tributario impugnado haya sido aplicado en su perjuicio. Así se sostiene, ya que la promovente tenía la carga de acreditar, de manera fehaciente, el acto concreto de aplicación de los artículos que impugna y que, además, esa aplicación le causaba perjuicio, porque -como se dijo-, esto último constituye el presupuesto indispensable que le otorga la facultad de combatir la ley relativa, lo cual no aconteció en el caso que se analiza. En efecto, la única documental que la quejosa ofreció lo constituye una hoja blanca, tamaño carta, que se encuentra glosada en la foja 20 de autos, que de acuerdo con la certificación secretarial realizada en el acuerdo de cinco de abril de dos mil dieciocho, se presentó en forma ilegible y cubierto totalmente con cinta adhesiva transparente, que precisamente por esas características no permite su lectura completa y, por ende, constatar cuáles son los datos que en tal documentos se asentaron. Este Juzgador no soslaya que si bien son visibles algunas partes del mencionado documento, entre ellas no aparece el nombre del contribuyente, el tipo de tributo que amparaba ese recibo, ni el ejercicio fiscal por el que se realizó el pago, ello para estar en condiciones de determinar si existió o no la aplicación de los ordenamientos legales que prevén el pago del impuesto predial, con cargo a la quejosa, en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Así, dado que de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, este juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor, la documental exhibida no resulta idónea para acreditar que la quejosa realizó el pago del impuesto predial, en términos de la legislación que regula el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. De ahí que la solicitante del amparo no haya demostrado que el pago que realizó efectivamente corresponda al primer acto de aplicación del tributo que impugna, respecto del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, el cual es el que regula los lineamientos aquí impugnados, ya que de ninguna de las constancias que exhibe se advierte la relación entre el sujeto y el objeto del tributo, con el primer acto de aplicación de la norma, que la quejosa afirmó que se encuentra contenido en el aludido recibo. En las relacionadas condiciones, si ******* no acreditó en autos la aplicación concreta en su perjuicio de los preceptos señalados en párrafos anteriores, es patente que no demostró que cuenta con interés jurídico para cuestionar su constitucionalidad. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 4/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 103, tomo IX, febrero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que lleva por rubro y texto los siguientes: LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 193-198, Primera Parte, Materia Constitucional, materia común, página 180, del siguiente tenor: INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en término de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en tanto que la quejosa ******* no acreditó el acto concreto de aplicación de las normas que impugnó y que regulan el cobro del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, se impone sobreseer en el juicio por lo que se refiere a dichos artículos reclamados. Resulta aplicable a lo anterior, por mayoría de razón, la tesis 3a. LII/91 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Marzo de 1991, página 20, que establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA ÚNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA. No debe confundirse el carácter de autoaplicativa de la ley, con el interés jurídico para reclamarla en amparo, pues mientras que aquél se refiere a la obligatoriedad del mandato legal desde que entra en vigor, el segundo se relaciona con la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse, tomando en cuenta que el artículo 4o. de la Ley de Amparo previene que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente con que las disposiciones de la ley resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el quejoso se encuentra en los supuestos de las normas que pretenda impugnar, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo. En consecuencia y conforme a todo lo anteriormente expuesto, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas y analizadas, respecto a los actos reclamados descritos en este considerando, lo procedente es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en el presente juicio de amparo. En este contexto, resulta innecesario abordar el estudio de las diversas causas de improcedencia propuestas por las autoridades responsables, pues no modificarían el sentido de la presente resolución. Resulta aplicable al presente caso, la jurisprudencia número 2a./J. 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, que señala: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Sólo resta precisar que esta determinación no prejuzga sobre la legalidad de las normas reclamadas, ni limita la posibilidad de que la parte quejosa acuda ante las instancias competentes para deducir sus derechos, pues la conclusión a que arribó este Juzgado no involucra el estudio de fondo de aquéllas, pues el sobreseimiento decretado en el juicio constituye un impedimento legal para abordar ese tipo de análisis. Es aplicable a esta consideración, la tesis II.3o. J/58 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo indirecto, en términos de los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario del Juzgado del Juzgado que autoriza y da fe, *******, hoy veintiocho de junio de dos mil dieciocho, en que las labores del Juzgado así lo permitieron. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días que deben mediar entre la notificación al quejoso de la rendición del informe justificado y la fecha de celebración de la audiencia constitucional, dado que el nueve de los corrientes, se recibieron los informes justificados de las autoridades responsables, Presidente Municipal y del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Directora de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación adscrito a la Dirección de Catastro, todos del Municipio de Juárez;. Ahora, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las nueve horas con treinta minutos del quince de junio de dos mil dieciocho, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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