Adriana Diaz Diaz De León

Expediente 1/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
23/06/2017

Partes del expediente

  • Adriana Diaz Diaz De León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO POR LA ACTUARIA DE LA ADSCRICPCIÓN Y EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE, SE NOTIFICA POR LISTA LA SENTENCIA DE VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE QUE A LA LETRA DICE Audiencia Constitucional En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las nueve horas con diez minutos del ocho de marzo de dos mil diecisiete, *********, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa con la Secretaria *********, que autoriza y da fe, procedió a desahogar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1/2017-IV. Abierta la audiencia la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo (fojas 2 a 18), el emplazamiento al Fiscal Federal adscrito (foja 22), el emplazamiento a la parte tercero interesada, *********(fojas 24 y 25) y agente del Ministerio Público encargado de la causa penal 2177/2016, instruida en contra de la parte quejosa (foja 27), así como el informe justificado remitido por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos (fojas 29 a 40). Se hace constar que el contenido de los discos ópticos que remitió el Juez de Control responsable, correspondientes a las videograbaciones certificadas de las audiencias de nombramiento de defensor, formulación de la imputación, no declaración preparatoria, control de medidas cautelares (foja 38), declaración de testigo, declaración de imputado, vinculación a proceso, pruebas ofrecidas en la duplicidad y plazo para cierre de instrucción (foja 39), celebradas dentro de la causa penal 2177/2016, se encuentran completos, corresponden al asunto del que derivan los actos reclamados y al momento de su reproducción en el equipo de cómputo de este Juzgado, no se advirtió dificultad técnica alguna. Acto continuo, de conformidad con el artículo 119, 123 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se abre el periodo probatorio, donde las pruebas documentales y las videograbaciones de referencia, remitidas por el Juez de Control responsable (fojas 30 a 40), se tienen por desahogadas en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que así lo permite su especial naturaleza. Se cierra la etapa. Enseguida, de conformidad con el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se abre el periodo de alegatos, donde la Secretaria hace constar que no fueron formulados, y que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no realizó pedimento. Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia y el Juez ordenó dictar la sentencia correspondiente al permitirlo las labores del juzgado. El Juez Lic. ********* La Secretaria Lic. ********* SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo 1/2017-IV, promovido por *********, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado al día siguiente hábil, Adriana Díaz Díaz de León, promovió demanda de amparo contra la autoridad y acto siguientes: III.- Autoridad o autoridades responsables: Se señala como autoridad responsable en su carácter de ordenadora y ejecutora al C. JUEZ DE GARANTÍA DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, con domicilio en calle Barranco Azul sin número, de la Colonia Toribio Ortega en esta ciudad. IV.- Acto reclamado: El auto de vinculación a proceso dictado en mi contra por el delito de Lesiones contemplado en el artículo 129 Fracción VI, así como las consideraciones que sirvieron de base para su dictado, mismo que fuera pronunciado el día 09 de diciembre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Derechos que la quejosa estima vulnerados. La quejosa señaló como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de tres de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento a la tercero interesada y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere un acto cuya emisión y ejecución tienen lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación del acto reclamado, por lo que, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias del juicio, se desprende que la quejosa reclama del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra, el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 2177/2016, por el delito de lesiones, previsto en el artículo 129, fracción VI, del Código Penal del Estado de Chihuahua, aplicable al caso. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en su informe justificado (foja 29), manifestó que es cierto el acto reclamado, pues el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 2177/2016, dictó vinculación a proceso en contra de la quejosa *********, por su probable participación en la comisión del delito de lesiones, previsto en el artículo 129, fracción VI, del Código Penal del Estado de Chihuahua, aplicable al caso. En relación con lo anterior, el Juez de Control responsable, remitió copia certificada del auto de vinculación a proceso reclamado, así como de las videograbaciones certificadas de las audiencias previas relativas. Pruebas que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por el Juez de Control responsable, dotado de fe pública. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia por lo que se procede a estudiar los actos reclamados de oficio y conforme a los conceptos de violación formulados por la quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, mayo de dos mil diez, tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Análisis del auto de vinculación a proceso reclamado. El análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, para el mismo efecto precisa: 280. Requisitos para vincular a proceso al imputado. El Juez, a petición del Ministerio Público, decretará la vinculación del imputado a proceso siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar. III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular imputación. En dicho auto deberá establecerse el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución de tales hechos. De este dispositivo se advierten, además de los anteriores requisitos, los siguientes: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya tomado declaración preparatoria o se encuentre asentado el deseo del imputado de negarse a declarar; y finalmente, c) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación. Es aplicable al caso, la tesis XVII.1o.P.A.61 P sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, octubre de dos mil diez, Materia Penal, visible en la página 2901, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. El subrayado es nuestro. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. En relación a lo anterior, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo dispone: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Precisado lo anterior y antes de comenzar el estudio del auto de vinculación a proceso conforme a los presupuestos señalados, se considera necesario aclarar que el que suscribe no pierde de vista, de forma alguna, que en su séptimo concepto de violación, la aquí quejosa argumenta que la pretensión punitiva está prescrita, figura jurídica que, como lo señala el artículo 105 del Código Penal del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, extingue la pretensión punitiva y opera con el transcurso del tiempo señalado por la ley, la cual constituye un presupuesto procesal, esto es, de estudio preferente, pues en el supuesto de que efectivamente se actualice, no tendría ya objeto analizar el auto de vinculación a proceso reclamado, por lo tanto, en principio, se procede al estudio de dicho concepto de violación. Al respecto, la aquí quejosa argumenta que el hecho que de forma probable se le imputa, tipificado por la ley como lesiones, previsto por el artículo 129, fracción VI, del Código Penal del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, es instantáneo y se consumó el día veintiséis de noviembre de dos mil once, fecha en la cual practicó una cirugía ortognática a la víctima. Asimismo, aduce que toda vez que dicho ilícito está sancionado con una pena de tres a siete años de prisión, el término medio aritmético de dicha pena, es de cinco años, cuyo transcurso ininterrumpido es necesario, conforme al artículo 111, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, para que opere la prescripción de la pretensión puntiva, término que en el caso, feneció el veintiséis de noviembre de dos mil dieciséis. De manera que, si la formulación de la imputación ocurrió el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, la pretensión punitiva ya estaba extinta. Dicho concepto de violación, es infundado. A efecto de demostrar lo anterior, se citan los artículos 17; 105, primer párrafo; 108, fracción I; 111, fracción I; y, 129, fracción VI, del Código Penal del Estado de Chihuahua aplicable al caso: Artículo 17. Delito instantáneo, continuo y continuado El delito, atendiendo a su momento de consumación, puede ser: I. Instantáneo: cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal; II. Permanente o continuo: cuando se viola el mismo precepto legal, y la consumación se prolonga en el tiempo; y III. Continuado: cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de sujeto pasivo, se concretan los elementos de un mismo tipo penal. Artículo 105. Efectos y características de la prescripción La prescripción es personal y extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad, y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley. Artículo 108. Plazos para la prescripción de la pretensión punitiva Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades y se contarán a partir de: El momento en que se consumó el delito, si es instantáneo; Artículo 111. Prescripción según el tipo de pena La pretensión punitiva respecto de delitos que se investigan de oficio prescribirá: I. En un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años. Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la libertad esté señalada en forma conjunta o alterna con otra diversa. Artículo 129. A quien cause a otro un daño o alteración en su salud, se le impondrán: (.) VI. De tres a siete años de prisión, si producen la pérdida de cualquier función orgánica, de un miembro, de un órgano o de una facultad, o causen una enfermedad incurable o una deformidad incorregible; y Pues bien, en el caso, el Juez de Control responsable, como se expondrá exhaustivamente más delante, consideró que los hechos que se hicieron del conocimiento de la imputada, en la audiencia relativa, configuran el delito de lesiones, previsto en el citado artículo 129, fracción VI; el cual se consumó en enero de dos mil catorce, cuando la víctima, advirtió en el área de su cuello, un abultamiento que resultó ser un cuerpo extraño, amorfo, de metil metacrilato, el cual inicialmente, en la cirugía ortognática que le practicó la aquí quejosa, estaba colocado en la mandíbula y debido a la acción de la gravedad y a la falta de fijación al hueso, se fue desplazando hasta el lugar donde fue advertido por la víctima, ocasionándole una deformidad permanente en el músculo esternocleidomastoideo, por la presión que ejercía sobre el mismo y la consecuente falta de irrigación sanguínea. Esto es, se trata de un delito instantáneo, como también lo advierte la aquí quejosa, sin embargo, la fecha de su consumación no es la fecha en que la aquí quejosa practicó la mencionada cirugía a la víctima, pues en esa fecha, tal procedimiento quirúrgico no ocasionó deformidad permanente alguna, al menos no se tiene noticia de ello; sino que, la fecha de consumación del delito, es la fecha en que la víctima advirtió un abultamiento en el área de su cuello y acudió a una diversa cirujano maxilofacial, pues fue hasta ese momento, en enero de dos mil catorce, específicamente el día treinta y uno, que se tuvo conocimiento de tal abultamiento que ocasionó la deformidad permanente ya descrita, es decir, fue en la citada fecha que se agotaron los elementos de la descripción típica del delito, en este caso, la deformidad permanente de que se trata, esto, conforme al citado artículo 17, fracción I. Por lo tanto, conforme al referido numeral 108, fracción I, el término para que opere la prescripción de la pretensión punitiva, comienza a contar, para el caso de delitos instantáneos, como el que nos ocupa, a partir de que se consumó, en el caso, a partir del treinta y uno de enero de dos mil catorce. Por lo tanto, el término medio aritmético a que se refiere la mencionada norma 111, fracción I, que en el caso corresponde efectivamente a cinco años, pues el delito que nos ocupa es sancionado por el citado artículo 129, fracción VI, con pena de prisión de tres a siete años, comenzó a computarse a partir del treinta y uno de enero de dos mil catorce y fenecía el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve; sin embargo, dicho término fue interrumpido el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, en que el Ministerio Público formuló imputación en contra de la aquí quejosa, impidiendo así que la prescripción de la pretensión punitiva, operara, esto de conformidad con el artículo 114, primer párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, que dispone: Artículo 114. Interrupción de la prescripción La prescripción de la pretensión punitiva se interrumpe con la aprehensión del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición. Así pues, como se adelantó, el concepto de violación relativo a la actualización de la prescripción de pretensión punitiva, es infundado. Determinado lo anterior y en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos de forma y fondo que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados al inicio de este considerando, se expone lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Juez de Control responsable remitió copia certificada del mismo, ya valorada; fue dictado por autoridad competente, conforme a los artículos 15, fracción II, 77, 82 y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, especializado en materia penal, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción y se emitió previa formulación de imputación en contra de la aquí quejosa por parte del agente del Ministerio Público, la cual estuvo asistida en todo momento de sus defensores particulares, como se pudo advertir de la reproducción de la videograbación certificada relativa. Continuando, a la aquí quejosa se le dio oportunidad de emitir su declaración preparatoria respecto de los hechos ilícitos que se le imputaron, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien se acogió, durante la audiencia de imputación, a tal derecho, pero durante la prórroga del término constitucional para resolver su situación jurídica, emitió su declaración. Determinado lo anterior, se procede al estudio oficioso del auto de vinculación reclamado y a al análisis de los conceptos de violación formulados en su contra. El Juez de Control responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del delito de lesiones, previsto en el artículo 129, fracción IV, del Código Penal del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, que dispone: Artículo 129. A quien cause a otro un daño o alteración en su salud, se le impondrán: (.) VI. De tres a siete años de prisión, si producen la pérdida de cualquier función orgánica, de un miembro, de un órgano o de una facultad, o causen una enfermedad incurable o una deformidad incorregible; y (.) Antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por el Juez de Control responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, se considera conveniente precisar que dicho estudio es a nivel conceptual, esto es la acreditación de los elementos esenciales y comunes del concepto, se da desde la lógica formal y a partir de los datos que se desprendan de los medios de convicción que el Fiscal haya hecho del conocimiento del Juez de Control, esto es así, con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que, la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. En apoyo a lo anterior, por las razones que informa, se cita la tesis de jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/2 (10ª.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 757, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 2004857, del rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. Pues bien, como se indicó, el Juez de Control responsable, estimó configurado el hecho ilícito considerado por la ley como lesiones, tomando en cuenta los datos que se desprendieron de los medios de convicción desahogados por el agente del Ministerio Público durante la integración de la carpeta de investigación, consistentes en la declaración de la víctima, los dictámenes de *********, *********, *********, *********y la propia imputada, así como el aseguramiento ministerial de un cuerpo extraño localizado en la región maxilar y de cuello, del lado derecho, de la víctima, valorados en términos del artículo 330 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable al caso. Específicamente tomó en cuenta las declaraciones de la víctima, quien, como indicó, narró hechos que le constaron de forma personal y directa, en el sentido de que acudió con la cirujana máxilofacial Adriana Díaz Díaz de León, a su consultorio ubicado en Avenida 16 de Septiembre número 1830, de la Colonia Partido Romero, en esta ciudad, a fin de que le corrigiera una malformación congénita en su rostro; que dicha especialista le diagnosticó una laterognosis, esto es, una desviación de la mandíbula que provocaba que la mordida no fuera la correcta, para lo cual le sugirió una cirugía ortognática; que los días quince y dieciséis de noviembre de dos mil once, la imputada le explicó que la cirugía a la cual la sometería consistía en: hacer un corte mandibular del lado derecho para acortar el maxilar, para lo cual requería un injerto sintético de hueso y así evitar que su cuerpo lo rechazara; hacer un corte maxilar del lado izquierdo para acomodar correctamente la mandíbula; hacer un corte en el mentón para centrar y acomodar la mandíbula; y, en despejar su maxilar superior para acomodar correctamente y hacia el frente la mandíbula. Que la imputada le indicó que los cortes en sus huesos serían fijados con placas metálicas para garantizar el éxito de la cirugía y que los honorarios serían de setenta mil pesos moneda nacional; cirugía que ocurrió el veintiséis de noviembre de dos mil once. Asimismo, la víctima declaró que su mordida no quedó completamente cerrada y que la imputada le explicó a su mamá que eso se debía a un descuido del anestesiólogo al quitarle el tubo de respiración, que más delante se haría una corrección y el problema se solucionaría; que la imputada mantuvo cerrada la boca de la víctima con prótesis y ligas que retiró a los meses; que para marzo de dos mil doce, su mordida no estaba cerrada y su mentón presentaba insensibilidad, a lo que la imputada le dijo que eso se corregiría con el tiempo, paulatinamente. Que después, la víctima notó un borde del lado derecho de su mandíbula que provocó un intenso dolor y que se le hizo un hundimiento en la mandíbula, junto a su oreja, en la mejilla derecha, razón por la cual, acudió de nuevo con la imputada, quien afirmó que el implante se había movido, procediendo, el doce de abril de dos mil doce, en una sala de su consultorio, a sedarla y de forma manual, con uno de sus dedos, a colocar de nuevo el citado implante en su lugar; a pesar de lo cual, la víctima continuó con dolor y malestar, salida de saliva y dificultad para deglutir. Esto, hasta el treinta de enero de dos mil catorce, cuando la víctima notó un abultamiento en su cuello, por lo cual acudió con diversa especialista, cirujana maxilofacial Lizbeth Gallegos, quien luego de ordenar y revisar unas radiografías de la víctima, le dijo que su maxilar estaba fracturado y que se apreciaba un abultamiento en su cuello, que le ordenó otras radiografías y entonces le dijo que no se observaba ningún implante de hueso, que su mentón estaba fijado con un alambre y que en el maxilar izquierdo se apreciaba un tornillo y no la placa que se debe colocar en una cirugía ortognática, que en su maxilar superior, por dentro de su boca, entre los dientes y debajo de su nariz, apreció una cicatriz, pero ningún corte en el hueso, que debido al mal procedimiento se fracturó la mandíbula y que la protuberancia, en su opinión, era el implante caído. Que la doctora *********, el cinco de febrero de dos mil catorce, le realizó una cirugía ortognática, que concluyó satisfactoriamente y que luego de la cirugía, ésta profesionista le explicó, además de lo ya indicado, que la protuberancia que percibía en su garganta era un material rosa usado en consultorios dentales, de uso externo, pues es tóxico y si está dentro del organismo se absorbe causando envenenamiento y que la insensibilidad en el mentón la provocó el procedimiento quirúrgico incorrecto, la cual es irreversible. Manifestaciones de la víctima que, efectivamente, como lo advirtió el Juez de Control responsable, se robustecen con la declaración de la propia imputada, quien dijo ser cirujano maxilofacial, que consultó a la víctima y le diagnosticó laterognosis, que el veintiséis de noviembre de dos mil once, le practicó una cirugía ortognática, que no puso ningún implante debido a la tendencia o técnica de "mínima invasión", que consiste en utilizar el menor material posible a fin de reducir el daño en el nervio dental y que ella diseñó el implante de metil metacrilato. Declaración de la imputada de la que, como lo señaló el Juez de Control responsable, se desprenden datos aptos para corroborar el dicho de la víctima, pues admitió haber realizado en la persona de aquélla, una procedimiento quirúrgico, lo que efectivamente, la coloca en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que ocurrieron los hechos narrados por la víctima. Así como con el dictamen del perito odontólogo forense *********, quien luego de: a) examinar directamente a la víctima; b) examinar las fotografías de la víctima obtenidas antes de la cirugía en cuestión; c) examinar las placas radiográficas aportadas por el ministerio público; d) el expediente clínico aportado por la imputada; e) el examen químico del perito Juan Carlos López Pérez; f) el expediente clínico de la cirujana *********; y, g) los datos aportados por la médico legista *********, concluyó que: En la cirugía practicada por la imputada, en la persona de la víctima, no se colocaron placas de fijación, sino un tornillo del lado izquierdo del maxilar inferior, Que no había ninguna placa metálica ni material sintético de hueso como implante, en el lado derecho del maxilar inferior, Que no ocurrió una correcta fijación del área cortada en el maxilar inferior y no hubo ningún material de fijación en maxilar superior, Que no existía injerto de hueso, sino que, el abultamiento que presentó la víctima en el cuello, era un material dental conocido como metil metacrilato, el cual se desplazó por gravedad y provocó el hundimiento en la mejilla derecha de la víctima, Que dicho hundimiento no se presentaba en la primer cirugía, sino que se formó como consecuencia de la presión que realizó el material colocado por la imputada (metil metacrilato), a manera de implante sintético de hueso, el cual, al no ser material orgánico, no es posible que ocurra una osteosíntesis (consolidación) entre el hueso y dicho material y al no estar fijado dicho material de ninguna manera, fue desplazándose por la acción de la gravedad a la región del cuello de la afectada, donde, como respuesta autoprotección del organismo, se fue encapsulando y creciendo, ejerciendo presión sobre la tráquea, ocasionando problemas respiratorios, misma presión que ejercía sobre el músculo esternocleidomastoideo, provocando insuficiencia de irrigación sanguínea, lo que ocasionó el hundimiento que presenta la víctima, el cual es muy notorio y antiestético. Al respecto, como lo precisó el Juez de Control responsable, los datos que se desprenden del dictamen químico, de *********, quien determinó que el material asegurado que se localizó a la altura del cuello, del lado derecho, en la persona de la víctima, corresponde a metil metacrilato; del dictamen médico legista de *********, quien revisa físicamente por primera vez a la víctima; y, del dictamen odontológico forense, de *********, adquieren valor convictivo, pues tales profesionistas dieron cuenta de los mecanismos y procedimientos empleados en el área maxilar de la víctima y detallan, cada uno de ellos, cómo es que arribaron a las conclusiones aportadas; además, como lo advirtió el citado Juez, hasta el momento en que el auto de vinculación a proceso se dictó, tales dictámenes no se encontraban desvirtuados con diversos medios de convicción de igual naturaleza ofertados por la defensa, de los que se desprendieran datos en contrario. Conforme a lo anteriormente expuesto, es posible concluir, como lo hizo el Juez de Control responsable, que en este momento procesal, los hechos que nos ocupan, constituyen el delito de lesiones, previsto en el artículo 129, fracción VI, del Código Penal del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, que dice: Artículo 129. A quien cause a otro un daño o alteración en su salud, se le impondrán: (.) VI. De tres a siete años de prisión, si producen la pérdida de cualquier función orgánica, de un miembro, de un órgano o de una facultad, o causen una enfermedad incurable o una deformidad incorregible; y Esto, porque de acuerdo a los antecedentes relatados, el treinta y uno de enero de dos mil catorce, la víctima presentó una malformación facial permanente, ocasionada, a la postre, por la incorrecta manipulación quirúrgica de la activo del delito, ocurrida el veintiséis de noviembre de dos mil once, en la Clínica Centeno, ubicada en calle Centeno número 7986, de la Colonia El Granjero, en esta ciudad. De igual forma, en grado de probabilidad, se puede concluir, hasta esta etapa procesal, que fue la imputada, aquí quejosa, *********, quien ocasionó dicha alteración permanente, ya descrita, en la persona de la víctima, pues aceptó que fue ella quien en la fecha y lugar indicados, realizó la intervención quirúrgica que nos ocupa. Esto, en términos de autora del delito, conforme al artículo 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, ya que la imputada actuó por sí; además, como adujo el Juez de Control responsable, si bien no se advierte el ánimo directo de perjudicar a la víctima, sí se advierte, hasta este momento, que la imputada, en su calidad de cirujano maxilofacial, conocía el procedimiento quirúrgico que debía practicar a fin de que la víctima no sufriera consecuencias médico legales, distintas de las secuelas inherentes a la cirugía ortognática; lo que, ciertamente, se traduce en un actuar indirectamente doloso de su parte, en términos del artículo 18, fracción I, del citado Código Penal Estatal, aplicable al caso. Sin que, como lo acotó el Juez de Control responsable, lo alegado defensivamente por la imputada, en el sentido de que la víctima autorizó el tratamiento, sabedora de las posibles consecuencias, como parestesia (insensibilidad), rechazo al proceso, sangrado o alergia a sustancias, pues efectivamente, si bien estas posibles consecuencias se hicieron del conocimiento de la víctima, en ningún momento se le hizo saber que era posible que a raíz del proceso quirúrgico al que se sometió, era posible que sufriera una deformación permanente en su rostro, ni se le explicó la técnica conocida como "de mínima invasión", resultando en todo caso que, la víctima fue sometida a un proceso quirúrgico distinto al convenido, que ocasionó la lesión permanente en la persona de la víctima, ya descrita. Ahora bien, como lo señala el Juez de Control responsable, el hecho de que la víctima se haya realizado un tratamiento de ortodoncia con una diversa persona, de momento, no sugiere que la lesión de que se trata, se haya ocasionado por diverso profesionista, pues no se ofreció medio de convicción alguno del cual se desprendiera ese dato. Continuando, a la víctima no le favorece el testimonio del anestesiólogo *********, pues su especialidad no es la cirugía maxilofacial, de manera que, ciertamente, sus declaraciones no arrojan datos confiables en la especialidad que nos ocupa; mientras que la cirujana maxilofacial Karla Durán Maese, si bien sí cuenta con la especialidad del caso, efectivamente se advierte parcial su testimonio, esto es, con el propósito de favorecer a la imputada, pues fue llamada a petición de ella y lo lógico es, esperar que declare en el sentido de corroborar la teoría del caso de la imputada. Por último, en cuanto al alegato de la defensa en el sentido de que operó la caducidad en el proceso penal, como lo indica el Juez de Control responsable, conforme al artículo 110 del Código Penal del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, tal figura jurídico procesal, opera únicamente tratándose de delitos perseguibles a instancia de parte, es decir, por querella y en este caso, el delito que nos ocupa, previsto en el artículo 129, fracción VI, del citado Código Penal Estatal, es perseguible de oficio. Una vez determinado lo anterior, se procede a analizar los conceptos de violación que hace valer la aquí quejosa, quien en el primero, aduce que el agente del Ministerio Público la citó a la audiencia de formulación de imputación, informándole que se trataba del delito de "simulación de la práctica de una intervención quirúrgica", sin embargo, durante la celebración de dicha audiencia, "clasificó" los hechos como delito de lesiones, previsto en el artículo 129, fracción VI, del Código Penal del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, no obstante que los hechos narrados por la víctima, corresponden al engaño que sufrió, al no haber sido sometida al procedimiento que ella refiere se le prometió, esto es, un injerto de hueso y colocación de mini placas para fijar las mandíbulas correctamente. Al respecto, la aquí quejosa continúa explicando en dicho concepto de violación, por qué la simulación que adujo la víctima, no existió. Pues bien, la primera parte del concepto de violación en estudio, es inoperante, ya que conforme al artículo 247 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, la formulación de imputación, es el acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, a través del cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra, respecto de uno o más hechos determinados; esto es, la formulación de imputación es el acto procesal, donde el Ministerio Público da a conocer, formalmente, al imputado, los hechos en los que se considera que probablemente participó. De manera que, no es trascendente, para efectos procesales, que antes de la formulación de imputación propiamente, ? se insiste, acto procesal formal indicado para dar a conocer al imputado los hechos ilícitos que de forma probable se le atribuyen ? , se le haya mencionado a la aquí quejosa la clasificación de los hechos en un delito determinado, pues al Ministerio Público, no le corresponde tal clasificación en el auto de vinculación a proceso; por lo tanto, en nada incide que él haya considerado y le haya notificado a la aquí quejosa, que los hechos que investigaba, configuraban el delito de "simulación de la práctica de una intervención quirúrgica", y a la postre, durante la celebración de la audiencia de imputación, haya variado dicha clasificación, pues lo cierto es, que conforme al artículo 280, último párrafo, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, el Juez puede otorgar a los hechos una clasificación diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular la imputación, siempre y cuando, se circunscriba a los hechos que se hagan de su conocimiento. Por lo que, los argumentos que versa la aquí quejosa en la segunda parte de su primer concepto de violación, en el sentido de que no se simuló el procedimiento quirúrgico que le practicó a la víctima, son inatendibles, pues como ya se expuso al analizar el auto de vinculación a proceso reclamado, éste se dictó por el delito de lesiones y no por un ilícito que tenga relación con la práctica profesional indebida de la imputada. Continuando, en su segundo concepto de violación, la aquí quejosa argumenta que el auto de vinculación a proceso reclamado, carece de una adecuada fundamentación y motivación, debido a que la médico legista María Guadalupe Ávila Álvila, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce, realizó un certificado médico a la denunciante (dos meses después de haber denunciado el hecho) y resultó lo siguiente: Se recomendó solicitar expedientes clínicos y notas de los médicos tratantes, relativos a las cirugías mencionadas, Se recomendó solicitar la comparecencia de los médicos involucrados en los tratamientos quirúrgicos, a fin de conocer los detalles propios de las cirugías y los hallazgos quirúrgicos en cada una de ellas, Se recomendó la valoración y clasificación de las lesiones, de acuerdo al criterio del odontólogo forense, y Se sugirió recabar fotografías de la persona examinada en diferentes edades, donde se observe la alteración anatómica que se presentaba previamente a la primera cirugía. Al respecto, argumenta la aquí quejosa que el Ministerio Público no siguió ninguna de esas recomendaciones, pues: a) No citó a los médicos para una entrevista adecuada. b) No recabó el expediente clínico o bien un informe de la Clínica Centeno, donde realizó la intervención quirúrgica a la víctima, pues no obra constancia alguna de que se hayan requerido dichos expediente o informe, lo que era sumamente importante y trascendente pues es en ese expediente donde se describe la técnica quirúrgica practicada, así como los documentos de consentimiento informado de posibles secuelas, expediente o informe que no le fueron proporcionados al perito odontólogo forense que determinó la lesión que nos ocupa, para que así pudiera emitir su opinión con mayor conciencia y certeza. En el mismo tenor, señala la aquí quejosa, que ella presentó el expediente clínico que tenía en su consultorio, no el de la intervención quirúrgica, el cual, afirma, se encuentra resguardado en la Clínica Centeno. c) Por último, aduce la aquí quejosa que no existe constancia de que las radiografías de la víctima, hayan sido anexadas a la carpeta de investigación, ni que hayan sido presentadas al médico odontólogo legista Alejandro Hernández, pues al obtener copia de la carpeta de investigación, la pericial de dicho experto no contenía información en el sentido de que tuvo a la vista tales radiografías, sino que, hasta la audiencia de vinculación a proceso, en la etapa en la cual el agente del Ministerio Público "emite sus conclusiones", es que hizo referencia a una tercera hoja del dictamen pericial en comento, donde se habla de la observación de dichas radiografías. Que en relación con lo anterior, se solicitó al Juez de Control responsable un receso para analizar dicha documental, lo que les fue negado a ella y su defensa, que no se les corrió traslado con esa tercera hoja del dictamen pericial y que no existe constancia de que las fotografías y las radiografías de la víctima hayan sido anexadas a la carpeta de investigación. Pues bien, en principio es menester aclarar que el segundo concepto de violación, recién descrito, no guarda relación con la fundamentación y motivación del auto de vinculación a proceso reclamado, sino con la actuación del Ministerio Público durante la integración de la carpeta de investigación. Luego debe indicarse a la aquí quejosa, que conforme al artículo 228 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, la dirección de la investigación, le corresponde únicamente Ministerio Público, quien podrá realizar por sí, o por encomienda a la policía, todas las diligencias que considere conducentes al esclarecimiento de los hechos, por lo que, el Ministerio Público no tenía obligación alguna de acatar las recomendaciones formuladas por la médico legista que revisó a la víctima, pues como director de la investigación que es, él tenía la facultad de decidir cuáles eran las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos que nos ocupan; por lo que, el argumento de la aquí quejosa en el sentido de que el agente del Ministerio Público no acató tales recomendaciones, es inoperante. No obstante, se contestan el resto de los argumentos relativos que hace valer la aquí quejosa. El identificado con el inciso a), es inoperante, pues aun cuando el agente del Ministerio Público no citó a declarar ante él, a las médico cirujano maxilofaciales que practicaron, la primera, aparentemente una cirugía ortognática a la víctima, y la segunda, dicha cirugía propiamente, lo cierto es que ambas profesionistas acudieron a declarar ante el Juez de Control responsable, durante la audiencia de vinculación a proceso, momento en el cual su defensa pudo cuestionarlas sobre su proceder. Mientras que, el argumento identificado con el inciso b), también resulta inoperante, en principio porque si la aquí quejosa y su defensa consideraban de tal trascendencia la aportación a la carpeta de investigación, del expediente clínico que, según dicen, está resguardado en la Clínica Centeno, donde afirman, se describe la técnica quirúrgica utilizada por la imputada al intervenir a la víctima, ellos mismos estuvieron en aptitud de presentar dicho expediente clínico durante la integración de la carpeta de investigación, para que fuera tomado en cuenta por el perito odontólogo forense al momento de rendir su dictamen pericial, pues si dicho experto tomó en cuenta únicamente el expediente clínico que, dice la aquí quejosa, tenía en su consultorio, se debió a que tal expediente clínico fue el único que aportó a la carpeta de investigación. Pero además, no se pierde de vista que el Ministerio Público, en la audiencia de vinculación a proceso, sí refirió haber solicitado en diversas ocasiones dicho expediente a la Clínica Centeno, pero que, en dicho lugar fue informado de que ahí no se resguardan expedientes clínicos, puesto que únicamente se rentan sus instalaciones a médicos para que desarrollen su práctica. Por último, el argumento identificado con el inciso c), en el sentido de que no existe constancia de que las fotografías y radiografías de la víctima hayan sido anexadas a la carpeta de investigación, ni que hayan sido presentadas al médico odontólogo legista, es infundado, sencillamente porque de no haber sido exhibidas, dicho experto no las hubiera tomado en cuenta, como de hecho lo hizo, para emitir su dictamen. Ahora bien, el argumento de la aquí quejosa en el sentido de que, a pesar de que su defensa solicitó un receso para imponerse de la tercera hoja del dictamen pericial en odontología forense, con la cual no contaban y en la que se refiere la existencia de las fotografías y radiografías de la víctima, el Juez de Control responsable negó dicho receso, afectándose así su derecho a una defensa técnica, es infundado, pues conforme al artículo 283 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, la audiencia de vinculación a proceso inicia con el desahogo de pruebas que ofrezca el imputado o presentado, debiendo observarse las reglas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral y, desahogadas las mismas, se concede la palabra al Ministerio Público y al imputado, para que, a manera de debate, formulen sus alegatos, después de lo cual, el Juez resuelve sobre la vinculación o no del imputado. Esto es, tal como lo argumentó el Juez de Control responsable, en la audiencia de vinculación a proceso, el Ministerio Público dio lectura a los medios de convicción desahogados durante la integración de la carpeta de investigación, a fin de que el Juez tuviera conocimiento de los datos que de ellos se desprenden, audiencia durante la cual, efectivamente, estuvo presente, de principio a fin, la defensa de la aquí quejosa, de manera que, luego de terminada la intervención del Ministerio Público, lo que procedía, era la intervención de la defensa para formular alegatos, dentro de la etapa de debate, pero ya no estaba en aptitud de solicitar un receso para conocer una prueba que fue descrita en su totalidad por el Ministerio Púbico, esto, a petición expresa de la defensa, realizada previamente al inicio de la intervención del Ministerio Público en la etapa de debate, lo que advirtió el que suscribe de la reproducción de la audiencia de vinculación a proceso que nos ocupa. En otras palabras, como le indicó el Juez de Control responsable al defensor de la aquí quejosa, en la etapa de debate de la audiencia de vinculación a proceso, lo que procedía era que dicho defensor formulara alegatos, que efectuara su defensa técnica, partiendo de la intervención previa del Ministerio Público, intervención durante la cual estuvo presente de principio a fin, de hecho, estuvo presente desde la formulación de imputación hasta la terminación de la audiencia de vinculación a proceso, lo que implica que sí estaba en aptitud de formular sus alegatos y su defensa técnica, pues escuchó la totalidad de las actuaciones que integran la carpeta de investigación, resultando efectivamente innecesario e inconducente procesalmente ya, un receso para que la defensa se impusiera de una prueba que, se insiste, conoció en su totalidad a través de la lectura que le dio el Ministerio Público. Por otra parte, la aquí quejosa, en su tercer concepto de violación, aduce que el peritaje del odontólogo forense *********, es dogmático y que arribó a sus conclusiones de forma deliberada, pues se sustentó únicamente en el dicho de la víctima, quien expuso que el procedimiento quirúrgico que la imputada le ofreció, consistía en un injerto de hueso y colocación de placas metálicas para fijar las mandíbulas, extremo que no está probado, esto es, argumenta la aquí quejosa, no se ofreció prueba alguna que demuestre que ella ofreció dicho procedimiento quirúrgico; y que el citado perito no puede determinar la técnica indicada para corregir el defecto congénito de la víctima pues no es cirujano maxilofacial, Tales argumentos resultan inoperantes, pues al margen de la propuesta de intervención quirúrgica por parte de la aquí quejosa a la víctima y de la técnica utilizada en dicha intervención, cuestiones que no están a debate en la causa penal; la propia imputada, en su declaración ante el Juez de Control responsable, manifestó que colocó un injerto de metil metacrilato en la mandíbula de la víctima, del lado derecho, injerto que ella misma elaboró, el cual a la postre ocasionó la lesión que nos ocupa, en la persona de la víctima. Asimismo, la aquí quejosa aduce que durante la audiencia de vinculación a proceso, ofreció la prueba consistente en la documental mediante la cual se informa a la víctima, que la cirugía a practicar es la ortognática y sus posibles secuelas, como la parestesia. Tal argumento es inoperante, pues dicho documento, ofertado por la defensa y que fue puesto a la vista de la víctima durante la audiencia de vinculación a proceso, tal como lo argumentó el Juez de Control responsable, no contiene información sobre una posible secuela de desprendimiento del injerto de metil metacrilato que la aquí quejosa elaboró y colocó y mucho menos que a la postre, ello pudiera ocasionarle la lesión que nos ocupa. Son de igual forma inoperantes, los argumentos de la aquí quejosa en el sentido de intentar demostrar que no "simuló" una cirugía ortognática en la persona de la víctima, porque como ya se ha indicado en varias ocasiones, si se simuló o no dicha cirugía, no es el hecho ilícito por el cual se le dictó auto de vinculación a proceso, sino la lesión que sufrió la víctima a raíz de tal procedimiento quirúrgico. En la última parte de su tercer concepto de violación, la aquí quejosa aduce que el peritaje del médico odontólogo legista carece de credibilidad, pues al afirmar dicho perito que el metil metacrilato es un material tóxico en tejidos blandos y duros, no apoyó tal aseveración en material bibliográfico, además de que tal conclusión está contradicha por el médico ortopedista Rodolfo Escudero Licon y la cirujana maxilofacial *********, quienes indicaron que dicho material es de uso común y frecuente en tejidos blandos y en hueso. Lo anterior, también resulta inoperante, pues el perito odontólogo legista no concluyó que la deformidad permanente que presenta la víctima, se haya debido a la toxicidad del material conocido como metil metacrilato, sino al desplazamiento por gravedad del injerto de dicho material, colocado en la mandíbula derecha de la víctima, que no estaba fijado de manera alguna al hueso, y a la posterior presión que ocasionó en el músculo esternocleidomastoideo, obstruyendo la irrigación sangúinea; por lo que, en nada trasciende, de momento, el hecho de que el Juez de Control responsable, no haya tomado en cuenta, para dictar el auto de vinculación a proceso, la declaración del médico ortopedista de referencia (pues la de la cirujana maxilofacial referida, sí la relacionó), pues ello en nada cambia el sentido de dicha determinación. En el cuarto concepto de violación que formula la aquí quejosa, afirma que el Juez de Control responsable, tomó en cuenta el aspecto del rostro de la víctima para emitir auto de vinculación a proceso en su contra, sin considerar que ella tiene una malformación congénita y que no se le pusieron a la vista fotografías de la afectada, tomadas antes de primera cirugía que le practicó la aquí quejosa, esto, para corroborar si su aspecto físico era el mismo o no. Lo anterior resulta fundado pero inoperante, pues es cierto que al dictar el auto de vinculación a proceso, en la audiencia relativa, el Juez de Control responsable, mencionó que la lesión de la víctima, esto es el hundimiento en el lado derecho de su cuello, se apreciaba a simple vista, lo que fue legalmente válido, tomando en cuenta que la audiencia de vinculación a proceso se rige entre otros, por el principio de inmediación, el cual consiste, conforme al artículo 307 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, en que el Juez dirige las audiencias, las cuales deberán desarrollarse oralmente, esto es, el Juez debe tener contacto directo, presencial y visual, de todo lo que ocurra en la audiencia y desde luego puede motivar su resolución con lo apreciado por medio de sus sentidos. Aunado a lo anterior, como se expuso claramente al analizar el auto de vinculación a proceso reclamado, ese no fue el dato que tomó en cuenta para emitirlo, además, esa apreciación por medio de los sentidos también la advirtió el médico odontólogo legista, quien en su peritaje asentó que la malformación permanente ocasionada a la víctima es muy notoria y antiestética; ahora bien, la defensa estuvo en aptitud de ofrecer como pruebas, las fotografías que refiere, para que se desahogaran durante la audiencia de vinculación a proceso y así demostrar su argumento, sin que lo haya hecho. Continuando, en su quinto concepto de violación, la aquí quejosa argumenta que el Juez de Control responsable, no tomó en cuenta las siguientes contradicciones de la víctima: La relativa a la ubicación de su consultorio, refiriendo inicialmente en su denuncia, que se ubicaba en *********, en esta ciudad, y posteriormente en la audiencia de vinculación a proceso, que estaba en el Hospital Ángeles de esta ciudad, La relativa a manifestar que un día se levantó y advirtió un abultamiento del tamaño de un limón, en su garganta, luego indicó que estaba en su tráquea, cuando la cirujana maxilofacial *********, indicó que dicho objeto amorfo se encontró en el maxilar derecho y no en la tráquea, y La relativa a que en la audiencia de vinculación a proceso, mencionó que no tenía conocimiento del material del que estaba hecho el cuerpo extraño localizado en su maxilar derecho (sic), que lo supo hasta que el perito lo refirió en su dictamen de dos de noviembre de dos mil dieciséis, mientras que, en su denuncia mencionó haber tenido ese conocimiento desde el momento en que la presentó. Mientras que, en la última parte de su quinto concepto de violación, la aquí quejosa argumenta que la víctima exageró anímicamente al emitir su declaración ante el Juez de Control responsable, esto, al señalar que se le caía el cabello, que se sentía débil y que el perito odontólogo forense señaló que el metil metacrilato puede incluso provocar cáncer. Pues bien, el argumento descrito en el inciso a), es inatendible, pues en el auto de vinculación a proceso se dejó claramente establecido, que la cirugía que realizó la imputada a la víctima, ocurrió en la Clínica Centeno, ubicada en calle *********, en esta ciudad y que la lesión se consumó el día treinta y uno de enero de dos mil catorce, cuando la víctima, al despertar, advierte un abultamiento en el área que ella refiere como la garganta; de manera que, es irrelevante la ubicación del consultorio de la aquí quejosa, pero cabe señalar que ella misma, en su declaración ante el Juez de Control responsable, mencionó que cambió la ubicación de su consultorio y que ofrecía consulta en el Hospital Ángeles. El argumento descrito en el inciso b), es inoperante e infundado, pues la propia víctima mencionó que su profesión es la de arquitecto, esto es, no es perito en medicina, fisiología, anatomía o alguna otra disciplina que le permita identificar con exactitud el lugar donde se localizó el abultamiento; mientras que, la cirujana maxilofacial *********, contrario a lo que afirma la aquí quejosa, no dijo haber encontrado el objeto amorfo que resultó ser de metil metacrilato, en el maxilar derecho de la paciente, sino en su región maxilar y de cuello, específicamente en el cuello, del lado derecho, incluso menciona que estaba totalmente desplazado del maxilar, sin cumplir función alguna donde fue localizado. El argumento descrito en el inciso c), también resulta infundado e inoperante, pues si bien la víctima, al momento de poner su denuncia, no conocía el nombre del material exacto del cual se conformaba el cuerpo extraño que le fue extraído por la cirujano maxilofacial *********, sí tenía conocimiento de que se trataba de un material dental que refiere como acrílico, pues así se lo informó la cirujano de mérito, lo que coincide con manifestado por dicha profesionista; pero en todo caso, el conocimiento que la víctima pudiera tener del material del mencionado cuerpo extraño, no es relevante, ya que lo cierto es que se localizó en el lado derecho de su cuello y que, como como lo mencionó el perito odontólogo legista, se desplazó a ese lugar por acción de gravedad, ya que no estaba fijado al maxilar de forma alguna, ejerciendo presión, una vez desplazado, sobre el músculo esternocleidomastoideo, donde ocasionó una malformación permanente debido a que la presión impedía la irrigación sanguínea. Para finalizar el estudio del quinto concepto de violación, el último argumento de la aquí quejosa, en el sentido de que la víctima exageró su declaración con el propósito de influir en la determinación del Juez de Control responsable, es inatendible, pues lo único que el resolutor de proceso tomó en cuenta, respecto de la recepción de la declaración de la víctima (principio de inmediación), para emitir el auto de vinculación a proceso reclamado, como ya se había mencionado, fue la apreciación del hundimiento que presenta en su mejilla derecha, sin mencionar, en momento alguno, los datos que refiere la aquí quejosa y los que aprecia, exagerados, de una forma totalmente subjetiva. Por último, el sexto concepto de violación, en el que la aquí quejosa refiere que la forma en que el Juez de Control responsable, le pareció inapropiada, pues actuó autoritariamente, es inatendible, ya que no es un argumento jurídico, sino que, se trata de una apreciación subjetiva de la aquí quejosa; mientras que, sus argumentos en el sentido de que dicha autoridad vulneró el principio de concentración, pues no le permitió expresarse, pero a la víctima sí le dio oportunidad de emitir su declaración y además él mismo sí tomó su tiempo para emitir su resolución, son infundados, ya que efectivamente, conforme al artículo 36, último párrafo, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, el Juez tiene la facultad de impedir a las partes que aleguen cuestiones ajenas a la materia de la audiencia o que sean redundantes en sus argumentos, pudiendo limitar sus intervenciones si así lo estima necesario; mientras que el artículo 283, último párrafo, del propio ordenamiento legal, otorga al Juez, en casos de extrema dificultad (lo que está a consideración precisamente del Juez), un plazo de dos horas para resolver la situación jurídica del imputado, aunado a que, pierde de vista la aquí quejosa, que su defensa solicitó al Juez de Control responsable, que en la audiencia de vinculación a proceso, únicamente dictara una opinión al respecto y los puntos resolutivos del mismo, enterando a las partes de sus consideraciones a través de la notificación del auto de vinculación a proceso, dicha solicitud el Juez responsable la mencionó al final de la audiencia y preguntó nuevamente a la defensa si insistía en proceder de tal manera, a lo que contestó afirmativamente. Por lo tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron los razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión del delito mencionado y la participación de la aquí quejosa en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución y al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la aquí quejosa Adriana Díaz Díaz de León, en relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el Juez de Control responsable, el día nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 2177/2015, por su probable participación en el delito de lesiones, previsto por el artículo 129, fracción VI, del Código Penal del Estado de Chihuahua, aplicable al caso. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a A*********, en relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *********, hasta el día de hoy, veintitrés de junio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en esta fecha se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional relativa al presente juicio de amparo. No obstante, en atención a que el informe justificado remitido por la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, no se agregó con los ocho días de antelación a la audiencia constitucional, tal como lo exige la Ley de Amparo, en su numeral 117, segundo párrafo, se determina que existe imposibilidad jurídica para celebrarla. Por ende, se difiere la audiencia determinada para el día de hoy, a fin de tener verificativo a las nueve horas con diez minutos del ocho de marzo de dos mil diecisiete, con la finalidad de que las partes tengan cabal conocimiento del informe de referencia y puedan ofrecer pruebas y formular alegatos conforme a sus intereses convenga. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia número P./J. 54/2000, sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia Tesis: 2a./J. 21/2008, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 253/2007-SS, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, y la cual es visible en la página 590 del Tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. - En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el informe justificado signado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos,; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el numeral 117 de la Ley de Amparo. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con los discos compactos remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe. RJVM

  4. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de enero de dos mil diecisiete. Visto para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1/2017-IV, promovido por *******, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. El dos de enero de dos mil diecisiete, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con incidente de suspensión, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. Segundo. Tramitación del Incidente de Suspensión. Se admitió la demanda, se ordenó la tramitación de este incidente donde se solicitó informe previo a la autoridad responsable y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, fijando al efecto la presente data. C o n s i d e r a n d o: Primero.- Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe previo, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos (foja 14), aceptó la existencia del acto reclamado. Segundo.- Se resuelve sobre la suspensión definitiva. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa, en principio, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en el auto de vinculación emitido en su contra. Ahora bien, a efecto de proveer sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada, debe recordarse que en el sistema acusatorio, el auto de vinculación es, en estricto sentido, la decisión judicial de continuar con la etapa de investigación en su parte formalizada, es decir, el juez autoriza continuar con el proceso, pero esta decisión no implica una segunda consecuencia, como sucedía con el auto de formal prisión, pues éste tenía como secuela continuar con el proceso y traía aparejada (en la mayoría de los casos), la prisión preventiva; en tanto, en el sistema acusatorio, la prisión preventiva resulta una decisión separada de la vinculación a proceso, pues ella se decide a través de diversa determinación -medidas cautelares-. Bajo este contexto, tenemos que el auto de vinculación sólo implica la autorización de continuar con el proceso pero de forma judicializada, lo cual trae consigo dos efectos: a) pleno acceso al imputado a la investigación y, b) que se establezca un periodo para cerrar la investigación. Establecida la naturaleza y efectos del auto de vinculación, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, en virtud de que se trata de un acto consumado, que de otorgarse, daría efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo. Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 12, visible en la página 13, del tomo VI, correspondiente a la Materia Común del Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, del tenor literal siguiente: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. Por lo expuesto y fundado, se; R e s u e l v e: Único. Se niega a *******, la suspensión definitiva que solicitó, en contra del acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando primero de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

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