Adriana del Carmen Hidalgo Rodríguez

Expediente 708/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
708/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Adriana del Carmen Hidalgo Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    El siete de julio de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del siete al veinte de junio de dos mil veintidós, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos. No se tramitó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a siete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en este juicio el tres de junio del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. EMVG 19794 y 19795 En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del ocho de julio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 708/2022, estando en audiencia pública Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado, en unión de Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas; asimismo, se hace constar que la autoridad responsable Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas, no rindió su informe justificado, no obstante haber quedado notificado del oficio por el cual se le solicitó. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el cual se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Cerrado el período probatorio, se pasa a la etapa de alegatos, en el que de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 124 de la ley de la materia, en el que el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se pasar a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 708/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Adriana del Carmen Hidalgo Rodríguez, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que en adelante se precisan. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, registro la demanda bajo el número 708/2022 y la admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista a la representante social de la adscripción; se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo trámite legal, dio inicio en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que tiene su residencia dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa señaló como actos y autoridades responsables los siguientes: Del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas reclama: La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del juicio laboral número 137/2019. La omisión de emplazar al demandado Ayuntamiento de Sombrerete, Zacatecas, dentro del juicio laboral número 137/2019. TERCERO. Presunción de certeza del acto reclamado. El Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas, y el Actuario de su adscripción, no rindieron su informe justificado, no obstante haber quedado notificados de los oficios por los cuales se les solicitó; de ahí que se tienen por ciertos los actos atribuidos, en términos de lo previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, quedando a cargo de la parte quejosa justificar la inconstitucionalidad de tales actos. CUARTO. Improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causal de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Además, de actualizarse alguna de tales causales sería innecesario el examen de la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, de oficio, se advierte que el juicio de amparo deviene improcedente respecto de los actos que se hicieron consistir en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del juicio laboral número 137/2019 y de emplazar al demandado Ayuntamiento de Sombrerete, Zacatecas, dentro del citado juicio laboral, al actualizarse la hipótesis contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no acredita su interés jurídico ni legítimo para comparecer al presente juicio constitucional. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos de la parte quejosa. Ahora bien, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar, lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Al respecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número 2a. LXXX/2013 (10a.), en el libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, página 1854, con registro 2004501, del contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, 'teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo', con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora, para efectos de demostrar el interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; es así dado que respecto de los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se exige que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Es ilustrativo, en lo conducente, el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, del Centro Auxiliar de la Octava Región, localizable en la página 1807, bajo el número XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), libro XIX, abril de 2013, tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la décima época, con registro 2003293, del rubro y texto que a continuación se transcriben: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." Por tanto, el interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional en su contra, por ello, es que la parte peticionaria de garantías debe acreditar en forma fehaciente -cuando acude en demanda de amparo- que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en ese derecho real o personal, según se ostente, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. En el caso, la parte quejosa acude al juicio de derechos a reclamar del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas y del actuario de su adscripción la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del juicio laboral número 137/2019 y de emplazar al demandado Ayuntamiento de Sombrerete, Zacatecas, dentro del citado juicio laboral. Ahora, la parte quejosa para acreditar las omisiones reclamadas de la responsable, en su demanda de amparo relató que el catorce de marzo de dos mil diecinueve, presentó demanda ante el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas, en contra del Ayuntamiento de Sombrerete, Zacatecas, de quien reclamó la reinstalación, pago de salarios vencidos y otras prestaciones laborales; demanda que fue registrada con el número 137/2019. Sin embargo, la aquí quejosa Adriana del Carmen Hidalgo Rodríguez, no aportó documento alguno con el que acreditara su calidad de parte actora dentro del juicio laboral burocrático número 137/2019 del índice del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas; de ahí que la parte quejosa no acredita su interés jurídico ni legitimo para acudir al juicio a reclamar las omisiones y/o dilaciones en el procedimiento laboral. Además, la circunstancia de que la autoridad responsable no haya rendido su informe justificado y de acuerdo a lo previsto por el artículo 117 de la Ley de la materia, se tuvieran por ciertos los actos, de ninguna forma releva a la parte quejosa de acreditar el interés jurídico. Máxime, porque las omisiones reclamadas en sí mismas no pueden ser consideradas como violatorias de los derechos humanos a que se refiere el numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando en tal supuesto, a cargo de la parte quejosa acreditar la inconstitucionalidad de tales actos, con pruebas idóneas ofrecidas en el presente juicio de amparo y al no hacerlo, es claro y evidente que no acreditó el interés jurídico para reclamar las omisiones mencionadas. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de promover un juicio de amparo y de que las autoridades no hayan rendido en él los informes justificados, no establece una presunción juris tantum que acredite el interés jurídico del quejoso, pues ningún precepto de la ley establece que la sola presentación de la demanda de amparo y la relación de los hechos afirmados en ella traiga aparejada esa presunción, de manera que la omisión de las autoridades responsables de rendir informes sólo acarrea la presunción de ser ciertos los actos reclamados, conforme a lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, sin que ello signifique que esa presunción se extienda hasta el grado de relevar a los quejosos de la carga procesal de demostrar su interés jurídico." (Lo subrayado es obra de este órgano) También cobra aplicación, por analogía jurídica, la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." (Subrayas ajenas al texto) Por tanto, las omisiones atribuidas a las autoridades responsables de ninguna manera afectan la esfera jurídica ni legítima de la parte peticionaria de amparo, en tanto que no acreditó ser parte actora en el juicio de origen, dado que en ningún momento ofreció elementos de pruebas con los que acreditara ese hecho. Luego, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, se impone es sobreseer en el juicio constitucional respecto de los actos y autoridades analizados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No sobra decir que, ante la determinación del sentido del fallo, existe imposibilidad de estudiar los conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo. SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adriana del Carmen Hidalgo Rodríguez, en contra de las omisiones atribuidas al Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas y al actuario de su adscripción, en los términos indicados en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. cindy En Zacatecas, Zacatecas a tres de junio de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del seis de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano