Adriana Acosta Carmona

Expediente 330/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
330/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
11/09/2017

Partes del expediente

  • Adriana Acosta Carmona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    veintiséis de junio de dos mil El once de septiembre de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C A : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del diecisiete al treinta de agosto del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el catorce de agosto de la presente anualidad, por este juzgado, dentro del juicio de amparo número. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. En el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. Sí existe un tomo de pruebas por devolver a la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas. Doy fe. En la misma fecha el secretario licenciado Juan García Trejo da cuenta a la juez con la certificación que antecede y con el estado de autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a once de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo en vigor, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en fecha catorce de agosto de la presente anualidad, por este juzgado, en la que se sobreseyó el juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito sobreseyó el amparo, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse negado la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase al Juzgado Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Zacatecas, el tomo de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado relativas a las copias certificadas del expediente 424/2013 de su índice. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR MEDIO DE LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. ABL

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 330/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Adriana Acosta Carmona, por su propio de derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: -Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas. Acto reclamado: .la omisión recurrente en que ha incurrido el Juez Segundo de lo Familiar al dejar de aplicar las sanciones que la ley en materia familiar del estado de Zacatecas le permite imponer a quien incumple un convenio hecho ante la propia autoridad judicial y del que se deriva o se puede derivar la causación de daños físicos o emocionales a menores de edad que se encuentran bajo su guarda o custodia, aun cuando de manera contundente se le ha dado a conocer de estas acciones y omisiones por parte del obligado y, aunque se le ha puesto en conocimiento del juez de la materia dichos riesgos, al no aplicar la norma con el obligado, se siguen generando momentos de riesgo para los menores en cuestión. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en auto de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (foja 29 a la 32), la titular de este juzgado ordenó registrar la demanda en referencia con el expediente 330/2017 y previno a la quejosa para que en el pazo de cinco días manifestara si (1) la demanda la promovía por su propio derecho o en representación de sus (tres) hijos menores de edad; (2) proporcionara los datos completos de identificación del juicio de origen, su estado procesal y el contenido íntegro del convenio; (3) aclarara si era su deseo señalara como acto reclamado la omisión de ordenar y vigilar el cumplimiento del convenio de convivencia entre la compareciente al juicio de amparo y Gerardo Alfonso Méndez Díaz (con sus hijos menores de edad Gerardo Joshua, Johan David y María Yareth, todos de apellidos Méndez Acosta); (4) narrara los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados; y, además, (5) exhibiera copias suficientes de su escrito aclaratorio. La apercibió de que en caso de no cumplir con lo anterior en el plazo referido, la demanda se proveería únicamente atendiendo los planteamientos hechos en el escrito de demanda, y que en caso de no atender el requerimiento precisado con el número uno, el juzgado designaría un representante especial para los menores de edad involucrados. En treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete (foja 83), se dio cuenta con el escrito presentado por la promovente del amparo, por el que intentó dar cumplimento a los requerimientos que le fueron hechos; no obstante, se le tuvo únicamente remitiendo documentos en copia simple del juicio de origen, pero sin dar cumplimiento a los requerimientos que le fueron realizados. Asimismo, se le otorgó nuevamente el plazo de cinco días para que cumpliera con la anterior prevención. En proveído de once abril de dos mil diecisiete (fojas 85 y 86) se hizo constar que la promovente del juicio de amparo no dio cumplimento a la prevención realizada, por lo que solicitó al Delegado en Zacatecas del Instituto de la Defensoría Pública para que designara a un asesor que representara a los menores de edad involucrados en el juicio de amparo. En comparecencia de diecinueve de abril de dos mil diecisiete (foja 91), José Alberto Zárate Suarez aceptó y protestó el cargo de Asesor Jurídico Federal y representante especial de Gerardo Joshua, Johan David y María Yareth, todos de apellidos Méndez Acosta, hijos menores de edad de la promovente Adriana Acosta Carmona. En atención al escrito presentado por el citado representante especial (foja 96), en proveído de veintiocho de abril de dos mil diecisiete (fojas 97 a la 100), se admitió a trámite la demanda de amparo sólo por lo que ve a los mencionados menores de edad, por lo que se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó emplazar a los terceros interesados, dio la intervención legal que legamente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio en el escrito presentado por la compareciente al juicio de amparo Adriana Acosta Carmona, se concreta en el acto reclamado siguiente: -La omisión del Juez Segundo de lo Familiar de verificar el cumplimiento del convenio convivencia celebrado en el juicio especial de divorcio voluntario 424/2013 y, en su caso, imponer las medidas de apremio para lograr su observancia; lo anterior, en lo relativo al régimen la convivencia Adriana Acosta Carmona con sus hijos menores de edad (quejosos) y los cuidados que Gerardo Alfonso Méndez (quien ostenta su custodia) debía realizar respecto de ellos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital del Estado de Zacatecas negó la omisión que le fue reclamada al rendir su informe justificado (foja 108 y 109). Lo anterior, aduce la responsable en su informe, porque Adriana Acosta Carmona, en cinco ocasiones, ha requerido -ante esa autoridad- al padre de los menores de edad quejosos para que cumpla con diversos aspectos del convenio, de los cuales, en cuatro ocasiones se había hecho un apercibimiento de multa, de las cuales, hizo efectivas dos. En efecto, del expediente del juicio especial de divorcio voluntario 424/2013, se desprende que la responsable allegó en copia certificada al rendir su informe justificado, se advierte que el diecinueve de octubre de octubre de dos mil dieciséis (fojas 13 a la 14 del cuaderno de pruebas), Adriana Acosta Carmona presentó escrito por el que hizo saber al juez familiar el incumplimiento de Gerardo Alfonso Méndez de lo pactado en el convenio celebrado en ese juicio, en lo relativo a la convivencia y cuidado de los menores de edad quejosos. Al respecto, como adujo la autoridad responsable en su informe, se observa que en actuaciones subsecuentes, la autoridad responsable -en virtud de diversos escritos presentados Adriana Acosta Carmona- realizó varios requerimientos a Gerardo Alfonso Méndez, a fin de que éste diera cumplimento a diversos aspectos del convenio en cuestión, relativos a la convivencia y el cuidado de los menores de edad quejosos. Sin embargo, no se advierte que la responsable se pronunciara en torno a si se cumplió o no lo estipulado en el convenio celebrado en el juicio de origen, en relativo a la convivencia de Adriana Acosta Carmona con sus hijos menores de edad y los cuidados que Gerardo Alfonso Méndez debía tener con ellos. Lo anterior, se reitera, porque la responsable únicamente requirió al quejoso para que diera cumplimiento a lo estipulado en el convenio, pero hasta el momento en que se presentó la demanda de amparo, no había realizado las diligencias necesarias para verificar si Gerardo Alfonso Méndez cumplía con lo pactado y, en su caso, imponer las medidas de apremio necesarias para obligarlo respetar las obligaciones que contrajo. Entonces, ante la omisión de la responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones contendidas en el convenio celebrado en el juicio de origen en los aspectos destacados en la precisión de los actos reclamados, así como la imposición de la medidas de apremio aplicables (en su caso), se concluye cierto el acto reclamado en el presente juicio de amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. De forma oficiosa, este juzgado advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo y fracción citados disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. En suma, los efectos de los actos reclamados cesan cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Por identidad jurídica sustancial, es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Novena Época, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, el acto reclamado emana del juicio especial de divorcio voluntario con número 424/2013, promovido por Adriana Acosta Carmona y Gerardo Alfonso Méndez Díaz. En éste juicio, se advierte el convenio que ambos promoventes suscribieron y allegaron al procedimiento (fojas 1 y 2 del cuaderno de pruebas). En lo conducente para el presente estudio, en la cláusula primera del referido convenio se estableció que dentro del matrimonio, los demandantes procrearon tres hijos, de nombres Gerardo Joshua, Johan David y Marina Yareth, de apellidos Méndez Acosta (quejosos). Al respecto, se estipuló que la custodia del primero de ellos quedaría a cargo de su padre, mientras que los otros dos con su madre. También se estableció que ambos progenitores podrían convivir lunes, martes y miércoles con su padre; jueves y viernes con su madre; y sábado y domingo con su padre; la siguiente semana lunes, martes y miércoles con su madre; jueves y viernes con su padre; y sábado y domingo con su madre. Dicha convivencia se alternaría cada semana. En junta de avenimiento de diecinueve de julio de dos mil trece, los promoventes del juicio, en lo conducente, modificaron los términos de la convivencia y acordaron que se llevaría cabo cada fin de semana de forma alternada; esto es, que un fin de semana el padre que ostenta la custodia de Gerardo Joshua Méndez Acosta conviviría con este y los otros dos y viceversa, en la semana subsecuente. En diecinueve de junio de dos mil trece (fojas 5 a la 7 del cuaderno de pruebas) se dictó sentencia en el juicio, en la que se decretó la disolución del vínculo matrimonial de los demandantes y se aprobó el convenio presentado por estos, con las modificaciones realizadas en la junta de avenimiento. En audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 11 y 12 del cuaderno de pruebas) los demandantes comparecieron nuevamente ante el juez para modificar el convenio celebrado. En lo que interesa, en las enmiendas respectivas se estipuló que el padre de los menores de edad ejercería la guarda y custodia sobre estos, sin poder delegar esa función con los familiares paternos; asimismo, el padre se comprometió a procurar la salud física y emocional de los menores. En otro aspecto, se acordó que la madre podría convivir con sus hijos menores de edad de forma abierta, previa comunicación que existiera con su padre. Se estableció que dicha convivencia sería prudente, madura y flexible; que se garantizaría la integridad física y emocional de los menores de edad y que estos no tendrían convivencia con los abuelos maternos. Mediante escrito de diecinueve de octubre de octubre de dos mil dieciséis (fojas 13 a la 14 del cuaderno de pruebas), Adriana Acosta Carmona presentó escrito por el que hizo saber al juez familiar el incumplimiento de Gerardo Alfonso Méndez de lo pactado en el aludido convenio, esencialmente, que el padre de los menores de edad obstaculizaba la convivencia con estos, que existía falta de cuidado de su padre y que contrariamente a lo pactado, se apoyaba de terceras personas para su vigilancia; y que la menor de edad María Yareth Méndez Acosta requería la atención especial de un especialista, debido a que padecía epilepsia. Como se explicó, al momento de promover demanda de amparo, el juez responsable no se había pronunciado en torno al incumpliendo denunciado por Adriana Acosta Carmona, ya que únicamente le hizo diversos requerimientos en los que lo conminó a cumplir con lo estipulado en el convenio judicial. Así, la materia del acto reclamado consiste precisamente en que el juez responsable no ha hecho un pronunciamiento respecto a si el padre ha cumplido o no con las obligaciones convenidas judicialmente en relación con la convivencia con su madre y el cuidado de éstos, así como tampoco había impuesto los medios de apremio conducentes. Ahora bien, se advierte que durante el trámite del presente del presente juicio de amparo, mediante oficio presentado el veinte de junio de dos mil diecisiete, el juez responsable allegó diversas constancias del juicio de origen. Entre ellas, se observa el acta suscrita con motivo de la audiencia celebrada el catorce de junio de dos mil diecisiete (foja 10 a la 17), en la cual comparecieron los quejosos menores de edad ante el juez responsable, acompañados de su tutora, licenciada Beatriz Chávez Espinoza, el psicólogo designado por el Centro de Convivencia Asistida del Poder Judicial del Estado de Zacatecas Orlando Rivera Ramírez, así como por el ministerio público adscrito al juzgado. En dicha diligencia, el juez responsable formuló diversas preguntas a los menores de edad, en los que indagó acerca de la situación de convivencia con su madre, así como los cuidados que procuraba su padre, quien ejercía su guarda custodia. Luego, en dieciséis de junio de dos mil diecisiete (fojas 165 y 166), el juez responsable emitió resolución en la que resolvió y analizó de forma particular la situación de los tres menores de edad quejosos, en función de las manifestaciones realizadas por éstos en la diligencia antedicha. Así, en primer término, destacó lo manifestado por la menor de edad Marina Yaneth Méndez Acosta: -Pese a que tenía quince días viviendo con su madre, consideraba que aún lo hacía con su padre, con quien manifestó que era feliz quería seguir viviendo con él. -No era manipulada por su padre de forma negativa hacia su madre. -Tiene epilepsia y pese a ello su padre ha omitido llevarla al médico. -El padre la lleva frecuentemente a su trabajo, donde tiene un negocio de pipas, pese a que había sido requerido por el juez para que no lo hiciera, debido al peligro que ello implicaba. -Cuando está con su padre, duerme en una habitación con su hermano menor Santiago (hijo su la actual pareja de su padre), quien no la deja dormir por sus llantos en la noche, lo que le genera estrés y cansancio. -Lo más feo que le ha pasado al lado de su padre son dos lesiones; una ocasionada por su hermano Joshua y otra por un compañero de la escuela. -Su padre la ha dejado sola en casa con sus hermanos y permanece largos periodos con sus tías. Respecto de Johan David Méndez Acosta, señaló: -Le gusta vivir con su padre y es feliz. -Su padre no le impide comunicarse con su madre, incluso, tiene un teléfono con el que se comunica con ella. -Frecuentemente va al negocio de venta de agua de su padre, donde ha activado la bomba. -Su padre lo deja sólo en el domicilio a cargo de su hermano Gerardo, mientras que su papá recoge a su pareja, lo que dura alrededor de quince o veinte minutos. -Su hermana duerme en la habitación con el menor de edad Santiago. -Quiere vivir con su papá porque siempre lo cuida, es cariñoso y no le faltaría nada. Por último, en relación con Gerardo Joshua Méndez Acosta, analizó: -Él siempre ha vivido con su padre. -Confirma que su hermana duerme en el mismo cuarto con hermano menor Santiago. -No le gusta vivir con su mamá y que él es quien no quiere vivir con ella. -Diario va al negocio con su padre y le ayuda a cargar pipas de agua; él menor activa la bomba y confirma que hay un agujero con agua. -Se queda en casa con sus hermanos cuando su papá va por su pareja y señala que su mama una vez los encontró encerrados. -En cuanto a las fotografías que exhibió su madre (relativas a la ropa en mal estado de su hijo), el menor de edad manifestó que ese día se le hizo tarde y se puso esos zapatos y que la ropa se la rompió jugando; no obstante se baña diariamente y se pone ropa limpia. -Se alegra de que su madre no quiera su custodia y considera que sus hermanos estarían mejor con su madre. Atendiendo a las manifestaciones de los menores de edad, el juez determinó: a) Requerir a Gerardo Alfonso Méndez Díaz para que se abstuviera de incurrir en las siguientes conductas: 1. Llevar a sus hijos menores de edad a su negocio de venta de agua en pipas, por el riesgo que ello implica; 2. Dejar a sus menores hijos encerrados en su domicilio sin la supervisión de un adulto, dado que con ello los expone. Lo apercibió de que, en caso de no acatar lo anterior, le impondría una multa de mil pesos, a favor del Fondo Auxiliar para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. b) Del mismo modo, para que dejara de involucrar a su hija Marina Yareth Méndez Acosta en los cuidados de menor de edad Santiago, a fin de que ella pudiera descansar por las noches. Lo apercibió de que, en caso de no acatar lo anterior, le impondría una multa por quinientos pesos, a favor del Fondo citado. c) Por otro lado, ordenó requerir a Adriana Acosta Carmona y Gerardo Alfonso Méndez Díaz para que: 1. En un plazo no mayor de diez días, presentaran a la menor de edad Marina Yareth Méndez Acosta para que fuera valorada clínicamente y, de ser necesario, le fueran suministrados los medicamentos que requiera, lo cual debería ser acreditado ante el juzgado; 2. Mutuamente se mantuvieran informados de cualquier enfermedad que presentaran sus menores hijos y para que fueran atendidos por instancias médicas en forma inmediata de así requerirlo; 3. Se mantuvieran informados de cualquier accidente o eventualidad relacionada con sus hijos menores de edad. De la audiencia de catorce de junio de dos mil diecisiete en la que comparecieron los menores de edad quejosos, así como en la determinación efectuada el día dieciséis siguiente, se obtiene que el juez indagó sobre la situación emocional de los menores en relación con los cuidados que debía ofrecerles quien ejercía su guarda y custodia, así como la forma en que se desarrollaría la convivencia con su madre. Asimismo, advirtió los aspectos en el cuidado de los menores de edad quejosos que estaban siendo afectados, fijó los lineamientos que debían seguir sus padres a fin proteger la integridad de sus hijos y, además, les impuso como apercibimientos, la aplicación de una multa como medida de apremio para que dieran cumplimento a las indicaciones ordenadas. Todo esto, se advierte, con la finalidad de lograr el cumplimento de lo pactado en la última modificación del convenio judicial, en la parte en la que padres de los menores de edad quejosos se comprometieron a velar por su salud física y emocional. En esos términos, es evidente que los efectos del acto reclamado desaparecieron total e incondicionalmente, toda vez que la materia del reclamo de la compareciente al juicio de amparo se hizo consistir precisamente en la omisión de la responsable de verificar si existió cumplimiento de las obligaciones convenidas, así como de imponer los medios de apremio conducentes. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo, promovido por Gerardo Joshua, Johan David y María Yareth, todos de apellidos Méndez Acosta; lo anterior con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gerardo Joshua, Johan David y María Yareth, todos de apellidos Méndez Acosta respecto del acto reclamado al Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, por las razones precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Francisco Javier Soto Moreno, Secretario que autoriza, hoy catorce de agosto de dos mil diecisiete, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del día de hoy, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Asimismo, que se encuentra transcurriendo el término de ocho días, para que las partes se impongan del contenido de las constancias que exhibió la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad. Por tanto, para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, intégrense a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el pedimento de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, téngasele por formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. KARINA

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio del Juez Segundo del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, a través del cual hace del conocimiento a este Órgano Jurisdiccional el contenido de los cuatro acuerdos recaídos a promociones presentadas por la tercera interesada ********************de la audiencia formal celebrada el día catorce de junio del año en curso, así como de las medidas adoptadas por la citada autoridad en auto de dieciséis de junio del año en curso y al efecto remite copia certificada de dicha circunstancia. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas y desahogadas dichas documentales, dada su propia y especial naturaleza jurídica. Dese vista a las partes, con las referidas constancias, a efecto de que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista a las partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. KARINA

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