Adriana Contreras Jacobo

Expediente 436/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
436/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • Adriana Contreras Jacobo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    En veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: que el plazo de diez días de que disponían las partes para recurrir la sentencia que sobreseyó y negó el juicio de amparo, transcurrió del treinta de agosto al doce de septiembre de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fueron notificadas por lista el veintiséis de agosto del año en curso, sin que lo hubieran hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede . Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que sobreseyó y negó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión provisional y definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del referido acuerdo. 3.1. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 5. Se remiten constancias. Finalmente, toda vez que el presente juicio se encuentra concluido y resulta innecesaria la retención de la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil número 207/2022, del que derivan los actos reclamados; devuélvanse a la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino

  2. Principal

    R. En veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: que el plazo de diez días de que disponían las partes para recurrir la sentencia que sobreseyó y negó el juicio de amparo, transcurrió del treinta de agosto al doce de septiembre de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fueron notificadas por lista el veintiséis de agosto del año en curso, sin que lo hubieran hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede . Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que sobreseyó y negó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión provisional y definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del referido acuerdo. 3.1. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 5. Se remiten constancias. Finalmente, toda vez que el presente juicio se encuentra concluido y resulta innecesaria la retención de la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil número 207/2022, del que derivan los actos reclamados; devuélvanse a la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 436/2022, promovido por Adriana Contreras Jacobo, contra actos del Juez Primero Menor Mixto de esta ciudad y otra autoridad; y, TERCERO. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Resulta relevante destacar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales se advierten de las constancias del juicio de origen. El cuatro de marzo de dos mil veintidós, el Juez responsable radicó los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, consistentes en la confesión judicial de Adriana Contreras Jacobo, registrándose bajo el número 207/2022; se ordenó citarla para que en la fecha señalada, compareciera a contestar el pliego de posiciones que en sobre cerrado exhibió la compareciente, apercibida que de no comparecer, sería declarada confesa de las posiciones calificadas de legales. Previa notificación, y ante la incomparecencia de la persona citada, quien no promovió incidente de justas causas, el promovente de los medios preparatorios solicitó que se señalara fecha y hora para la apertura del pliego de posiciones y la declaración de confesa respecto de las que se calificaran de legales. El once de mayo de dos mil veintidós, se declaró confesa a Adriana Contreras Jacobo respecto de ocho de las trece posiciones formuladas en el expediente subyacente. Por escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintidós, el promovente de las diligencias presentó demanda en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, contra Adriana Contreras Jacobo, a quien, entre otras prestaciones, le reclamó el pago de la cantidad de $9,535.00 (nueve mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional). El diez de junio de dos mil veintidós, el juez natural admitió la demanda, ordenó la conversión del expediente 207/2022 de medios preparatorios a juicio a juicio ejecutivo mercantil; dictó auto con efecto de mandamiento de ejecución y ordenó al ministro ejecutor se constituyera en el domicilio de la parte de mandada y le requiriera el pago de lo adeudado más accesorios legales, y de no hacerlo, le embargara bienes de su propiedad bastantes para garantizar el adeudo; la emplazara al referido contradictorio y le corriera traslado con la copia de la demanda y anexos. Diligencia que se llevó a cabo el veintinueve de junio de dos mil veintidós. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero Menor Mixto de esta ciudad y Actuaria de su adscripción, pues así lo reconocieron al rendir su informe de ley. En tal virtud, se encuentra probada la existencia del acto combatido al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno del Alto Tribunal, publicada en la foja 231, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, su certeza se corrobora con las constancias que la autoridad judicial ordenadora adjuntó a su informe de ley, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EMPLAZAMIENTO REALIZADO A LA QUEJOSA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la existencia de los actos reclamados, en los términos que se precisan en el considerando anterior, uno de ellos no será sometido a análisis constitucional, en razón que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto del acto reclamado consistente en el emplazamiento realizado a la quejosa en el juicio de origen, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción VI, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, el primero de los numerales citados textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (..) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción trascrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por su parte, el artículo 107 fracción VI, de la Ley de Amparo dispone: "Articulo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Tal porción normativa determina que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito, contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. En este sentido, por persona extraña a juicio, debe entenderse aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en el sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la persona que no fue o fue indebidamente emplazada al juicio o al procedimiento. Sobre el particular, resulta aplicable por identidad jurídica entre el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente, la tesis de jurisprudencia P./J. 7/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Así, la persona que no fue llamada o fue indebidamente llamada a juicio se denomina tercero extraño por equiparación, es aquel sujeto que es parte en el juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente en virtud de un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; bajo esa condición, evidentemente será extraño a todo lo actuado en el pleito. Sirve de fundamento a lo anterior la tesis de jurisprudencia VII.2º.C. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 1305, Tomo XXII, Novena Época, del Apéndice 1917, Julio de 2005, que dice: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Por tanto, en el supuesto de que dicho demandado se hubiera hecho sabedor del procedimiento cuando aún no se ha dictado sentencia definitiva, no puede considerarse que tenga el carácter de tercero extraño, por no estar en el supuesto de que la falta de llamamiento a juicio le hubiera ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, pues dicha circunstancia es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al procedimiento en términos del precepto citado. Es fundamento de lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1627, Libro V, Febrero de 2012, Tomo II, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Así, la particularidad para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, parte de que la falta de emplazamiento, o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio", por tanto, aun cuando el quejoso se ostente como "tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter. En ese orden de ideas, si de las constancias de autos se advierte que la quejosa, quien se ostenta tercero extraño por equiparación, conoció la existencia del juicio en el que es parte, a pesar de que, pudiera no haber sido legal su emplazamiento, y, dentro del juicio en comento, se advierte que en ese momento, aún no se había dictado sentencia que pusiera fin al mismo, ya no puede ser considerado como persona extraña por equiparación, pues el conocimiento del contradictorio le otorga la posibilidad de defenderse dentro de éste, lo cual torna improcedente el juicio de amparo. En el caso, el acto reclamado en estudio es el emplazamiento realizado el veintinueve de junio, derivado del juicio ejecutivo mercantil 207/2022, en el que la quejosa es parte demandada. Ahora, de la narración de antecedentes de la demanda de amparo se advierte que la quejosa indica que tuvo conocimiento de la instauración del juicio de origen al revisar las constancias del emplazamiento, en que el actuario responsable acudió a su domicilio a realizar una diligencia ordenada dentro de dicho contradictorio, en el que se asentó de manera incorrecta su domicilio. Lo que conduce a establecer que reconoció el conocimiento de la existencia del procedimiento natural seguido en su contra. Ahora, del análisis de las constancias en cuestión se advierte que aún no se dicta la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil de orgien, pues la última actuación que consta en éste es la diligencia de emplazamiento cuestionada, por lo que, es inconcuso que al momento en que la quejosa tuvo conocimiento del juicio seguido en su contra, aún no se resolvía en definitiva. Entonces, previamente a integrarse la litis en la presente instancia constitucional, la quejosa conoció la tramitación del juicio de origen, en el que no existe resolución definitiva en cuanto al fondo. Por tanto, se encontraba en aptitud de apersonarse dentro del juicio ejecutivo mercantil en comento, imponerse de los autos y defenderse en forma previa a que se emita el acto que concrete el acto privativo en su esfera jurídica (sentencia). Por tanto, no queda acreditado que la quejosa tenga el carácter de tercera extraña por equiparación al juicio ejecutivo mercantil de origen, situación que le impide reclamar ante la Potestad Federal la posible inconstitucionalidad del llamamiento que le fue realizado a ésta. En conclusión, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, éste último en sentido contrario, de la Ley de Amparo en vigor, y procede sobreseer el presente juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide el estudio de la cuestión de fondo en este juicio de amparo. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a foja 57, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." No existiendo diversas causas de improcedencia hechas valer, ni advertidas de oficio, se procede al estudio de fondo del diverso acto reclamado. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y/O INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL AUTO DE EXEQUENDO DE DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. La quejosa aduce en sus conceptos de violación que el auto de ejecución transgrede los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales porque carece de la debida fundamentación y motivación, al no atender el contenidos de los artículo 77 y 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán y no aplicar lo establecido en los artículos 301 y 302 del Código indicado. Refiere además, que el juez responsable al admitir la demanda se limita a tener por cierta la información que se dio y dictó el auto de ejecución indebidamente, porque las documentales allegadas por la actora no constituyen un verdadero título ejecutivo. Los conceptos de violación son infundados. Atendiendo al último argumento reseñado, se considera por lo siguiente: Los artículos 1391 fracción III y 1392 del Código de Comercio establecen: "1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución: . III. La confesión judicial del deudor, según el artículo 1,288; "Artículo 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste." Por su parte, los diversos numerales 1162, 1163 y 1164 de la citada legislación dispone: "Art. 1,162. Puede prepararse el juicio ejecutivo, pidiendo al deudor confesión judicial bajo protesta de decir verdad, para lo cual el juez señalará día y hora para la comparecencia. En este caso el deudor habrá de estar en el lugar del juicio cuando se le haga la citación, y ésta deberá ser personal, expresándose en la notificación el nombre y apellidos del promovente, objeto de la diligencia, la cantidad que se reclame y el origen del adeudo, además de correrle traslado con copia de la solicitud respectiva, cotejada y sellada. Art. 1,163. Si el deudor fuere hallado o no en su domicilio y debidamente cerciorado el notificador de ser ése, le entregará la cédula en la que se contenga la transcripción íntegra de la providencia que se hubiere dictado, al propio interesado, a su mandatario, al pariente más cercano que se encontrare en la casa, a sus empleados, a sus domésticos o a cualquier otra persona que viva en el domicilio del demandado, entregándole también copias del traslado de la solicitud debidamente selladas y cotejadas Art. 1,164. Si no comparece a la citación, y si se le hubiere hecho con apercibimiento de ser declarado confeso, así como cumplidos los requisitos a que se refieren los artículos anteriores, y la exhibición del pliego de posiciones que calificadas de legales acrediten la procedencia de lo solicitado, se le tendrá por confeso en la certeza de la deuda, y se despachará auto de embargo en su contra, siguiéndose el juicio conforme marca la ley para los de su clase." De dichos preceptos legales se advierte que el procedimiento ejecutivo procede cuando se funde en documentos que traigan aparejada ejecución, entre los que se encuentra la confesión judicial de la parte obligada. Asimismo, conforme al último numeral invocado, el juicio ejecutivo mercantil puede prepararse a través de la confesión de obligado, en el cual, ante la incomparecencia a la citación para que absuelva posiciones, se declarará confesa de las calificadas de legales; hecho lo cual, se despachará auto de embargo en su contra, siguiéndose el juicio conforme marca la ley para los de su clase. En ese sentido, una vez que se presenta una demanda en los términos citados, es decir, teniendo como base un documento que traiga aparejada ejecución, el juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. De acuerdo a las consideraciones expuestas el juicio ejecutivo mercantil procederá cuando se funde en un documento que tenga aparejada ejecución, entre los que se encuentran la confesión judicial de la demandada. Sobre el tema, cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio lugar a la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 6/2010, emitió en torno al auto de exequendo, previsto por el artículo 1392 del Código de Comercio, las siguientes consideraciones jurídicas: "...En esa tesitura, cabe destacar que la palabra exequendo usada para referirse al auto que dicta el Juez al admitir y despachar la demanda ejecutiva, viene del latín exsequi que significa ejecutar, cumplimentar. En ese sentido, el mandamiento de ejecución o auto de exequendo, contiene de por sí un mandato, una amenaza y la actualización coercitiva de la amenaza. El mandato se concreta en la orden del Juez de requerir al deudor para que pague al acreedor, en el acto mismo del requerimiento, el monto de su adeudo. La amenaza consiste en la prevención al deudor de que si no hace el pago, se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y costas. Y la actualización coercitiva de la amenaza consiste precisamente en el embargo de bienes. Sobre tales bases, debe señalarse que la resolución que ordena el embargo en un juicio ejecutivo mercantil sólo puede reclamarse, en su caso, a través del amparo indirecto, pues no es un acto contra el que resulte procedente el amparo directo, en la medida que no pone fin al juicio, pues simplemente tiene por objeto asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena que se plantea en el juicio, es decir, es de carácter meramente preventivo, o provisional o cautelar, lo que implica la continuidad del juicio hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva. Ahora bien, la emisión del auto de exequendo debe derivar del examen del Juez del instrumento con que se deduce la acción, es decir, del estudio de si el título que se invoca se halla comprendido en la enumeración del artículo 1,391 del Código de Comercio. Dicho examen se hace sin intervención del demandado, pues éste sólo es admitido como parte después que se le ha citado para oponer excepciones, sin perjuicio de su derecho a reclamar sobre el monto del embargo o la calidad de la cosa embargada, pero una vez cumplida esa diligencia. Al tenor de lo expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el auto de exequendo no tiene meros efectos declarativos, sino la comprobación por parte del Juez del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, es decir, el auto de exequendo manda afectar un bien o conjunto de bienes del demandado con el objeto de asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena que se plantea en el juicio relativo y ordena que el demandado no pueda disponer de él; lo que procede, incluso, con la autorización para hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio del deudor en caso de resistencia. Esto es, el auto de exequendo contiene un mandato que se concreta con la simple emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento, y una amenaza consistente en la prevención al deudor de que si no hace el pago, se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y costas, que no será motivo de análisis en la resolución que ponga fin al juicio, la cual sólo decidirá la suerte de la pretensión de fondo del asunto. Además, tampoco será motivo de examen en algún otro momento del juicio, pues el ejecutado únicamente podrá oponer excepciones después de realizado el embargo y el emplazamiento, y reclamar el monto del embargo o la calidad de la cosa embargada, una vez cumplida la diligencia de embargo ordenada, pero sin la posibilidad de reclamar, por ejemplo, el que se haya emitido el auto de exequendo con apoyo en un título que no traiga aparejada ejecución. .]". Lo resaltado es propio. La jurisprudencia 1a./J. 6/2010, es visible en la página 114, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. Conforme al artículo 1,392 del Código de Comercio, presentada la demanda en la vía ejecutiva mercantil, acompañada del título ejecutivo, el juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de que no pague se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas del juicio, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de la persona nombrada por éste. Ahora bien, el auto con efectos de mandamiento en forma o auto de exequendo no tiene meros efectos declarativos, sino que implica la comprobación por parte del juez del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, es decir, dicho auto ordena la afectación de un bien o de un conjunto de bienes del demandado para asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena planteada en juicio y que el demandado no pueda disponer de él, lo cual procede incluso con la autorización para hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio del deudor en caso de resistencia. Esto es, el auto de exequendo contiene un mandato que se concreta con la sola emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento y una amenaza consistente en la prevención al deudor de que si no efectúa el pago se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y las costas, lo que no será motivo de análisis en la resolución que ponga fin al juicio, la cual sólo decidirá la suerte de la pretensión de fondo del asunto, ni se examinará en otro momento del juicio, pues el ejecutado únicamente podrá oponer excepciones después de realizados el emplazamiento y el embargo, y reclamar su monto o la calidad de la cosa embargada una vez cumplida la diligencia, pero sin poder reclamar, por ejemplo, la emisión del auto de exequendo con apoyo en un título que no traiga aparejada ejecución. Sobre tales premisas, se concluye que contra el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil procede el amparo indirecto, en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, sin esperar a que se practique el embargo, por constituir un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, pues una vez ejecutada la orden, la impugnación del embargo sólo puede tener por efecto remediar vicios propios de éste, pero no la legalidad de la propia orden, que requiere como presupuesto estar fundada en un título que traiga aparejada ejecución. Lo anterior, porque tal perjuicio no es susceptible de reparación dentro del juicio, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable que levantara el embargo, ya que no podría restituirse al quejoso en la afectación sufrida por el tiempo en que éste estuvo en vigor, derivado del auto de exequendo". En efecto en la ejecutoria de mérito, se indica que el auto de exequendo se refiere a aquél que dicta el Juez al admitir y despachar la demanda ejecutiva y viene del latín exsequi que significa ejecutar, cumplimentar. Así, de acuerdo con su naturaleza, dicho acto contiene un mandato, una amenaza y la actualización coercitiva de la amenaza, que se justifica por la ejecutividad con que cuenta el documento base de la acción. En cuanto al mandato, éste se concreta en la orden del Juez de requerir al deudor para que pague al acreedor, en el acto mismo del requerimiento, el monto de su adeudo, por su parte, la amenaza consiste en la prevención al deudor de que si no hace el pago, se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y costas. Y la actualización coercitiva de la amenaza consiste, precisamente en el embargo de bienes para asegurar las prestaciones sobre las que se pidió condena. En el caso, la quejosa reclama el auto de exequendo dictado en el juicio de origen, por considerar que el juez responsable no debió despacharlo y que lo exhibido por el actor no reunía los requisitos para ser considerado un título de crédito, sin embargo, tal argumento carece de razones jurídicas, en virtud de que del análisis de las constancias subyacentes, se advierte que la parte actora natural, promovió medios preparatorios a juicio a efecto de que se citará a la aquí quejosa a absolver posiciones, hecho lo cual, ante su incomparecencia, se le declaró confesa de las calificadas de legales, entre la que se encuentra el reconocimiento del adeudo en favor de la parte actora; razón por la cual, el actor natural contaba con la confesión judicial de la demanda, lo cual constituye título ejecutivo, conforme al cual, solicitó a la autoridad judicial responsable despachar ejecución contra la demanda. De ahí, que se encuentran colmados los requisitos exigidos por la ley de la materia para considerarlo título ejecutivo, verificación que se infiere fue realizada por el Juez de origen previamente a dictar el auto de mandamiento en forma. Por lo anterior, el concepto de violación que se estudia carece de sustento legal, pues como se dijo, el título ejecutivo reúne los requisitos legales para considerarse prueba preconstituida. Luego, el funcionario encargado de practicar la diligencia con base en el citado mandamiento de ejecución estuvo en condiciones de cumplir las formalidades que para el caso del requerimiento, emplazamiento y embargo prevé el artículo 1394 del Código de Comercio. Por otra parte, en la diversa parte del concepto de violación sintetizado previamente, la quejosa refiere que la autoridad responsable no aplicó el contenido de los artículos 77 y 79, así como 301 y 302 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, también deviene infundado. Lo anterior, porque no obstante que la quejosa no argumentó la razón por la cual la inaplicación de dichos preceptos trastocan sus derechos fundamentales, lo cierto es que la supletoriedad en los asuntos jurídicos como el de origen, únicamente está autorizada para los supuestos en los que la legislación de la materia no prevea alguna figura o se encuentre insuficientemente regulada, lo cual no ocurre respecto de las formalidades para la presentación de la demanda y las que deben observarse en la diligencia de emplazamiento, que sí se encuentran contenidas en el Código de Comercio; de ahí lo infundado del argumento en análisis. Consecuentemente, dado que el auto con efectos de mandamiento de diez de junio de dos mil veintidós, cumple los requisitos establecidos por el artículo 1392 del Código de Comercio y ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la quejosa. Alegatos. Finalmente, no es el caso realizar pronunciamiento sobre los alegatos formulados por la parte tercera interesada, atendiendo al sentido de la presente sentencia y porque este órgano de control constitucional no se encuentra constreñido a hacerlo, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Tiene aplicación, la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a página 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Adriana Contreras Jacobo, contra actos de la autoridad responsable precisados en la consideración segunda, por las razones expuestas en la consideración quinta de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Adriana Contreras Jacobo, contra actos de la autoridad responsable precisados en la consideración segunda, por las razones expuestas en la consideración séptima de esta sentencia. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    En ocho de agosto de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta al Juez, con dos oficios, registrados bajo los folios 10555 y 10556, dentro del juicio de amparo indirecto 436/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de agosto de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Remiten constancias se ordena tomo de prueba. Ténganse al Juez y a la Actuaria adscritos al Juzgado Primero Menor Mixto, con residencia en esta ciudad, remitiendo un legajo de copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil número 207/2022, con lo que se ordena dar vista a las partes, para el efecto legal conducente; fórmese por separado un tomo de pruebas con dichas constancias. 2. Se difiere audiencia constitucional. Por lo tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional prevista en autos y en su lugar se fijan LAS DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese.

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