AdriàN Reyes Cadena
Expediente 241/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 241/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- AdriàN Reyes Cadena
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: CAUSA ESTADO En virtud a que no fue impugnado en legal término el auto de que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ORDEN DE ARCHIVO Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento toda vez que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de abril de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: 1. Determinaciones específicas en relación con la acción de amparo. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Cesar Antonio Cortes Bolaños, quien se ostenta defensor particular de Adrián Reyes Cadena, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, y otras autoridades. 1.2. Registro. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 241/2022-P. 1.3. Causa de improcedencia y desechamiento de plano de la demanda de amparo. Ahora bien, y a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Ahora, en el caso, el promovente de amparo hace consistir su reclamo en: "(.) I. EL ACTO RECLAMADO; SE RECLAMA LOS ACTOS QUE PONEN EN PELIGRO SU SALUD E INCLUSIVE VIDA AL NEGAR LA ATENCIÓN MÉDICA POR DOLORES DIVERSOS, AÚN CUANDO HAN PASADO MÁS DE OCHO DÍAS CON ESTAS MOLESTIAS, SIENDO DE CONOCIMIENTO GENERAL QUE EL DOLOR EN DICHO ÓRGANO CORPORAL PUEDE REQUERIR UNA CIRUGÍA, LO QUE SE TRADUCE EN UNA PENA INUSITADA Y TRASCENDENTAL. (.)". Bajo ese contexto, se aprecia que el peticionario de amparo, comparece ante esta instancia constitucional a dolerse en esencia de los actos reclamados consistentes en: La falta de atención médica, por parte de las autoridades responsables adscritas al Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, donde se encuentra recluido el peticionario de amparo. Ahora, es importante precisar, que del cuerpo de principios fundamentales que rigen nuestro medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III inciso a) y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, por lo que la legislación secundaria, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para nuestra noble institución controladora encarnada en el juicio de amparo. El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley rige al acto reclamado para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, siendo que debe agotarse antes de promover el presente juicio de amparo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que sea interpuesto por la parte quejosa, el juicio de amparo es improcedente. Dicho principio, se fundamenta en la naturaleza misma del juicio de amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría el segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el juicio de amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales. Es lógico concluir, que antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Se estima que en relación con los actos reclamados consistentes medularmente en: la falta de atención médica, por parte de las autoridades responsables adscritas al Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, donde se encuentra recluido el peticionario de amparo, se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De la interpretación jurídica del precepto en mención, se desprende que los elementos con los que se integra la citada causal de improcedencia, son: Que el acto reclamado provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la citada ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Así, la sola concurrencia de tales elementos configura la causal de improcedencia en comento. En ese sentido, el juicio de amparo indirecto deviene improcedente en virtud que se pone de manifiesto que el promovente de la acción constitucional no agotó los medios ordinarios previstos en la ley. Ahora, del contenido integral de la demanda de amparo, se desprende que el peticionario de amparo, hace valer como actos reclamados, en esencia, la falta de atención médica, por parte de las autoridades responsables adscritas al Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, donde se encuentra recluido el peticionario de amparo. Así, los actos reclamados evidentemente forman parte de la litis que nos ocupa; en tal virtud, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, previamente debieron agotar el medio de defensa ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, recurso mediante el cual, las situaciones de hecho reclamadas a las autoridades penitenciarias descritas en párrafos precedentes, pudieron resolverse, modificarse o anularse, sin que en el caso se actualice alguna de las causas de excepción previstas en la citada fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es así, pues existe jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cobra aplicación al caso concreto. En ese sentido, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, la Primera Sala precisó lo siguiente: Conforme al artículo primero transitorio del decreto publicado el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, y sus artículos 1 y 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los actos suscitados en relación con cuestiones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sean procesadas o sentenciadas, se rigen por las disposiciones de la aludida ley a partir de su entrada en vigor (día siguiente de su publicación). Una condición de internamiento es cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, instrumentos de trabajo, artículos para el deporte y la recreación, lo cual se desprende de los artículos 3, 9, 10 y 30 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el título cuarto denominado "Del procedimiento de ejecución", en la parte correspondiente a su capítulo III, relativo al "Procedimiento Administrativo", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar, entre otras, omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento; esto es, cualquier omisión que impida que la persona interna tenga una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Ese mecanismo debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social. El mismo faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente. Las peticiones administrativas pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros. Ésta tiene por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no, una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas y, en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación. Asimismo, tal mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada. No obstante, el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición por caso urgente, así como la posibilidad de que el acto sea suspendido, mediante acciones positivas necesarias, a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. Cuando las peticiones recaigan sobre casos urgentes, siendo éstas, entre otras, omisiones relativas a condiciones de internamiento que por su carácter deban ser atendidas de inmediato, la petición se hará directamente ante el Juez para plantearle su petición, quien tratándose de actos de carácter positivo, suspenderá el hecho o acto, así como sus efectos; tratándose de actos omisivos, determinará las acciones a realizar por parte de la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición, el Juez reparará la afectación. Si el juez determina que la petición no es de carácter urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción para su tramitación. Con motivo de ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó, que cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, sí debe agotar el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual inicia con una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Lo anterior, porque éste constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales los internos, pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio; que el acto de ser urgente sea suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que el mismo cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea impugnada a través de los recursos correspondientes, en caso de que considere que vulnera sus derechos; de ahí que se estime que el mismo debe ser agotado previamente a acudir al juicio de amparo indirecto. En tales supuestos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que se trata de actos reclamados a autoridades distintas a los tribunales judiciales, y el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, la persona privada de su libertad puede reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que estima vulneran sus derechos -sean actos de carácter positivo u omisivos-, el cual, además, prevé la posibilidad real de que el acto sea suspendido con la finalidad de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir, con todo lo cual se cumple con lo exigido por la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Concluyó señalando lo siguiente: "144. Con el presente criterio, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca darle funcionalidad y coherencia a las reformas constitucionales de los artículos 18, 21, y 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, que en su conjunto, como ya se examinó, implementaron un modelo penitenciario de reinserción social, la judicialización del régimen de penas, control judicial de las cuestiones inherentes a las condiciones de internamiento, así como la creación de un juez cuya función primordial sería, entre otras, la de proteger y velar por los derechos humanos de quienes en su condición de interno acuden ante su potestad. 145. Asimismo, con la presente resolución cobra sentido uno de los objetivos por los cuales fue expedida la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos y procedimientos eficientes, rápidos y sencillos que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad a través de los Jueces penales correspondientes." Finalmente, el criterio que prevaleció es: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". La citada jurisprudencia, de observancia obligatoria, cobra exacta aplicación al caso concreto, ya que los actos reclamados por el quejoso constituyen condiciones de internamiento, entendidas según se estableció en la ejecutoria en comento, como cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, en contra de las cuales procede el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, bien sea a través de una petición de carácter no urgente ante la autoridad penitenciaria, o de naturaleza urgente ante la autoridad judicial, con la posibilidad, en este último supuesto, de suspender los actos reclamados con los efectos ya descritos. Esto, porque como se estableció previamente, los actos reclamados por el impetrante de garantías lo constituyen: la falta de atención médica, por parte de las autoridades responsables adscritas al Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, donde se encuentra recluido el peticionario de amparo. Los cuales se identifican plenamente con las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, de conformidad con los artículos 2, 9, 30, 31 y 37 de la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, que dicen: "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales. Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el Centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta Ley y a las demás disposiciones aplicables; VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta Ley; IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario; XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables. Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad. Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas." Artículo 37. Medidas de vigilancia especial Las personas privadas de la libertad por delincuencia organizada y aquellos que requieran medidas especiales de seguridad compurgarán sus penas en espacios especiales, de conformidad con el artículo 18 Constitucional. Las medidas de vigilancia especial consistirán en: I. Cambio de dormitorio, módulo, nivel, sección, estancia y cama; II. Vigilancia permanente de todas las instalaciones del Centro Penitenciario, incluyendo módulos y locutorios; III. El traslado a otro Centro Penitenciario o a módulos especiales para su observación; IV. Restricción del tránsito en el interior del Centro Penitenciario; V. Visitas médicas periódicas; VI. Las visitas familiares e íntimas, así como las comunicaciones con el exterior podrán restringirse, con excepción de las comunicaciones con su defensor, y VII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. El plan de actividades se deberá ajustar a las medidas de vigilancia y estará orientado a lograr la reinserción de las personas privadas de la libertad, con estricto apego a las disposiciones legales aplicables. Sin menoscabo de lo anterior, la Autoridad Penitenciaria podrá decretar en cualquier momento estado de alerta o, en su caso, alerta máxima cuando exista riesgo o amenaza inminente que ponga en peligro la seguridad del Centro Penitenciario, de la población penitenciaria, de su personal o de las visitas. En caso de declaratoria de alerta, el Director del Centro Penitenciario deberá solicitar el apoyo a las fuerzas de seguridad pública, así como dar vista al Ministerio Público y al organismo público de protección de derechos humanos competentes.". Ello, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis de la que derivó la jurisprudencia que aquí se aplica, analizó la procedencia del mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, considerando que debe agotarse en contra de las "omisiones inherentes a las condiciones de internamiento", que abarca actos de carácter positivo y omisivo de suspensión inmediata, en la que encuadran los actos aquí reclamados. Además, la citada Sala, al resolver la diversa contradicción de tesis 304/2018, en sesión de trece de febrero de dos mil diecinueve, entre los criterios sostenidos por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, la declaró sin materia, porque el punto de contradicción fue resuelto con la jurisprudencia 1ª./J. 79/2018 (10ª), previamente transcrita, y precisó que de conformidad con ésta, cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, sí debe agotar el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, se estima que en el caso, el acto que reclama el quejoso, no afectan o comprometen gravemente su dignidad e integridad personal; de ahí que, no se actualice algún supuesto de excepción al principio de definitividad, como lo sería que, el acto reclamado sea susceptible de equiparse a un tormento, pues la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa contradicción de tesis 42/2018, estableció que por este se entienden aquellos actos u omisiones que afecten gravemente la dignidad e integridad personal, empero, que éstos no son absolutos, pues el tormento se refiere a actos graves que no pueden equipararse a cualquier molestia derivada del estado de reclusión. Consecuentemente, la parte promovente de amparo debió agotar el medio de defensa ordinario idóneo contra el acto reclamado; antes de acudir a la instancia constitucional, porque no se actualizan para la procedencia del juicio de amparo indirecto intentado alguno de los supuestos de excepción. Es ilustrativa, la Jurisprudencia VI.3o.C. J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, consultable en la página 1665, Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." En consecuencia, es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo; lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley en cita. Cobra puntual aplicación, la jurisprudencia número I.13º. A. J/6, visible en la página 1631, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que sostiene: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." 1.4. Notificación a la parte quejosa. Ahora bien, virtud a que el quejoso guarda reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona al actuario de la adscripción, para que se constituya en el interior del aludido centro de reclusión y le notifique el presente auto. Lo anterior, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de la persona justiciable. De ser el caso, instrúyase al área administrativa de este juzgado, para los efectos del artículo 156, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 1.5. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Oscar Gutiérrez Gómez y Julio Cesar Ortiz Valdez, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación; además, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas restantes, por así haberlo solicitado expresamente, así como a Juanita Jazmín Domínguez Moreno, Sara Elisa Santiago Estrada, Ana Alejandra Fernández Ángeles, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. 1.6. Correo electrónico. Se le tiene proporcionando el correo electrónico y número telefónico a que refiere en su manuscrito de cuenta: por tanto, manténgase bajo resguardo, a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que solo deba acudirse físicamente a este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. 1.7. Notificaciones electrónicas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones que le resulten a través de los usuarios "CESARBOLANOS" y "OSCAR3063" para lo cual se instruye al actuario de la adscripción darles de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), asimismo, deberá habilitarse la consulta del expediente Electrónico. 2. Determinaciones generales en relación con la actuación del personal judicial y las partes. Con apoyo en el Acuerdo General 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformaron el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. 2.3. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono celular 4525180416 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.6. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.7. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.8. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.8.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.8.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.8.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.8.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.8.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera de los siguientes medios de contacto: Mensajería instantánea (WhatsApp) 4525180416 Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.8.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.8.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.8.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.9. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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