Adriana Berenice Soto Tapia

Expediente 393/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
393/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Adriana Berenice Soto Tapia

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de octubre de dos mil veintiuno. ********************* Cúmplase. *********************

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECYTE CHIAPAS), con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de expediente 393/2018-III. DESECHAMIENTO Ahora bien este juzgado de distrito, debe analizar la procedencia de la demanda de amparo, tal como dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo se advierte, que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia; lo anterior es así, por las siguientes consideraciones de índole jurídico. Así es, la quejosa señala como actos reclamados el siguiente: "LA NEGATIVA DE CUMPLIR EL LAUDO DENTRO DEL EXPEDIENTE ***IA JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO. LA NEGATIVA DE REINSTALARME EN EL PUESTO Y CON SALARIO CONDENADO EN EL ALUDO DEL EXPEDIENTE CITADO AL RUBRO" (SIC). Por lo que se estima actualizada la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De una interpretación sistemática de los numerales transcritos, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. La negativa por parte de la autoridad señalada como responsable de dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral ***, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad, en principio sostuvo el criterio de quienes podían ejercer fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de actuar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponían; criterio que fue superado al emitir el pleno del alto tribunal, la tesis 97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo V, página 118, febrero de 1997, número de registro electrónico 199459, de texto siguiente: ***** De la anterior tesis, se destaca, que una autoridad para efectos del amparo, que posee las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora bien, de acuerdo con la doctrina, el Estado en su actuación puede vincularse de distinta manera, y surgen así relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios, tales relaciones se clasifican en: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, hipótesis en la cual todos concurren en calidad de gobernados. Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aún en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, propia de un acto autoritario. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que los actos que reclama la quejosa tienen una naturaleza jurídica eminentemente laboral, toda vez que derivan de su relación patrón- trabajador y no de una relación autoridad-gobernado. Por otra parte, aun cuando se señalen como autoridades responsables a personas jurídicas oficiales, no necesariamente conlleva a determinar que sus actos gozan de facultades de imperio; pues será la naturaleza jurídica de cada acto en particular la que permitirá determinar si se está en presencia o no de un acto de autoridad, es decir, cuando el acto reúna las características particulares de la actuación autoritaria, como lo son la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Tales características se traducen en la posibilidad de que el Estado, actuando a través de alguna Secretaría, dependencia o persona jurídica oficial, pueda imponer sus determinaciones sin el consenso de los particulares, aún en contra de su voluntad; por el contrario, cuando esa persona jurídica oficial asume conductas y obligaciones como cualquier otra persona particular, su actuación será equivalente a la de un ente de derecho privado. Por tanto, sus actos jurídicos son equiparables a los celebrados entre particulares y en consecuencia, quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier persona jurídica ejecuta, sometida a las prevenciones del derecho laboral como si se tratara de un particular. Precisado lo anterior, se advierte que en el caso, la omisión reclamada surge en una relación jurídica entre particulares, toda vez que se reclama la negativa de dar cumplimiento al laudo, dictado en el juicio laboral ***, lo cual forma parte de la relación jurídica que existe entre un trabajador y su patrón. En este caso, el Colegio de ***, con residencia en esta ciudad, no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues en la relación jurídica patrón- trabajador, si bien pueden estar dotadas de facultades de decisión o ejecución, esta no es unilateral, imperativa y coercitiva. No resulta óbice a la anterior conclusión, la excepción prevista en el artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en el que se precisa que para los efectos de esa Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, pues como ha quedado precisado, tampoco se actualiza ese supuesto, toda vez que el acto u omisión reclamadas surgen en la relación jurídica que existe entre un trabajador y su patrón; y en el caso específicamente, el ente público que señala como responsable tiene el carácter de demandado en el juicio de origen, lo cual per se, le testa el grado de autoridad para efecto del juicio de amparo, pues los actos que reclama se le pueden ser imputados al tribunal obrero. Se apoya lo anterior en la jurisprudencia 79/2014 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto, son los siguientes: ****. Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona". En ese sentido, la conducta que se atribuye al Colegio ***, con residencia en esta ciudad, no encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el precepto 113 de la mencionada ley en consulta, SE DESECHA promovida por ***, a través de su apoderado ****. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que al efecto señala y como autorizados en términos del párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a ****, por haberlo solicitado expresamente.

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