Adriana Berenice Soto Tapia
Expediente 385/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/06/2018
Partes del expediente
- Adriana Berenice Soto Tapia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso e), de la ley en la materia, en contra de la sentencia dictada en este juicio el veintidós de mayo del año en curso (fojas 156-163); en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, por lo que, de conformidad con lo establecido por el precepto 214 de la ley en la materia, al no existir actuación pendiente por realizar, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devuélvase a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, la documental que remitió, consistente en copias certificadas del expediente laboral **** (un tomo). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO: SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ***, contra el acto que reclama a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas y Presidente, residentes en esta ciudad, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos quinto y sexto de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la secretaria general de la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje en el Estado y secretario auxiliar de amparos de su adscripción, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del expediente laboral ********************de su índice, dando así cumplimiento a lo requerido en proveído de siete de mayo del año en curso (fojas 98-99). Con fundamento en lo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista con su contenido a las partes para su conocimiento. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que en copia certificada remite, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, dado lo voluminoso de las constancias remitidas, fórmese por separado el tomo I de pruebas, el cual se deja a disposición de las partes en la secretaría de este Juzgado, respetando folios, rúbricas y entresellos. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el ocurso presentado en línea por ****, mediante el cual manifiesta que la autoridad responsable no remitió las constancias completas relativas al acto reclamado, al respecto se provee: Como lo solicita el promovente, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada de la totalidad del expediente laboral ****, de su índice. Se apercibe que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cincuenta unidades de medida y de actualización, la que asciende a la cantidad de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con los ordinales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso concreto la Jurisprudencia número P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." NOTIFÍQUESE.
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