Adriana Bahena Cruz

Expediente 486/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
486/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Adriana Bahena Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido en queja el proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto en el que se desechó la demanda de amparo del presente asunto, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. En cumplimiento al artículo 21, segundo párrafo del Acuerdo General antes citado, se instruye al Actuario Judicial correspondiente, notifique personalmente a la parte quejosa el presente acuerdo, para que de considerarlo necesario acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En el entendido para el fedatario judicial que de no poder efectuar la notificación señalada, deberá realizarla a través de lista en los Estrados de este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, háganse la indicación en la carátula de este expediente de que será destruible. Por último, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Por otra parte, vistos los escritos presentados por la quejosa Adriana Bahena Cruz; así como su autorizado Wilmar Alexander Méndez Jiménez mediante el cual solicitan la devolución de los documentos originales que fueron exhibidos en su escrito inicial de demanda. Como lo solicita la promovente, en términos del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de las documentales de las constancias que solicita, previa razón se deje en autos: a) Copia fotostática del oficio FGE/VCEAPJ/DGRHyDP/0997/2019, de veintidós de mayo de dos mil diecinueve. b) Cuatro recibos de nómina con número de folios 0265918, 0268434, 0271660 y 0260796.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo indirecto promovida por Adriana Baena Cruz, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Háganse las anotaciones en libro de gobierno respectivo y regístrese la demanda como juicio de amparo indirecto 486/2022-IV; fórmese expediente. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la ley de la materia, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "Articulo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto faculta a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Del análisis de la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado por la quejosa a la autoridad responsable Fiscalía General del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, lo hace consistir en: "a).- SE RECLAMAN LAS ILEGALES RETENCIONES DEL PAGO DE MI SALARIO, COMO DIRECTORA DE ÁREA EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE". En efecto, los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal, en relación con los numerales 1º, 5, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en su orden disponen: "Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por Leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 1°- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: (. . .) II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Los artículos citados, interpretados en sentido contrario, revelan improcedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos emitidos por entes u organismos que no son considerados como autoridades responsables para los efectos de dicha instancia constitucional. Respecto del tema conceptual de autoridad para los efectos del juicio de amparo, bajo el marco legal regulador, destaca lo siguiente: 1. Contra actos de autoridad, entendida como tal, según el precepto transcrito, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 2. Contra actos de particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego, la propia Ley de Amparo provee las notas distintivas de una "autoridad" para los efectos del juicio, cuya actuación transgresora de la esfera del particular, deberá estar dotada de unilateralidad y obligatoriedad; adjetivos estos últimos que constituyen el común denominador tanto en actos de "autoridad" en estricto sentido (párrafo primero de la fracción II del numeral 5° de la ley en cita) como en actos de "particulares" porque la última parte del numeral transcrito destaca que para que los actos de particulares sean susceptibles de impugnarse vía amparo deberán afectar derechos en los términos estipulados en la propia fracción, lo cual nos remite indefectiblemente a las notas de unilateralidad y obligatoriedad del acto en cuestión y que sus funciones estén determinadas por una norma general, para que pueda ser tutelado por el juicio de amparo. En efecto, la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha delimitado el concepto de "particular" para efectos del juicio de amparo, de ahí que dicha expresión no debe entenderse en amplio sentido, puesto que el texto de la ley es expreso al momento de acotar ese concepto, circunscribiendo sus alcances a que la actuación emanada del particular, se encuentre investida de: I. Unilateralidad; II. Obligatoriedad; y, III. Siempre que sus funciones estén determinadas en una norma de observancia general. No sobra decir que el citado texto emana de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de cuyo proceso legislativo se aprecia la discusión efectuada en la Cámara de Senadores el veinte de marzo de dos mil trece, de donde se extrae la siguiente precisión: ".Por otro lado, se amplían las autoridades para efectos del juicio de amparo, ya que se prevé que éste procederá no sólo en contra de las autoridades, sino también de particulares en funciones que ejerzan en calidad de autoridades." El texto transcrito revela que la redacción del artículo 5° en el fragmento materia de análisis, no es sino la objetivación de la interpretación que al respecto había ya efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Novena Época, bajo el rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS."; a través de la cual, estableció los elementos esenciales para dilucidar la actualización de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Además, sobre la figura de "autoridad para efectos del juicio de amparo" el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/92, en sesión de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, sostuvo, en la parte conducente, lo siguiente: "... sobre el particular se estima que la fijación que se ha dado al concepto de autoridad por este tribunal, debe ajustarse al momento que actualmente se vive, en el que la organización y las funciones del Estado han resentido cambios sustanciales. Efectivamente, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el decurso del tiempo. De un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho, en el que el crecimiento de la colectividad y concomitantemente de los problemas y necesidades de ésta, suscitaron una creciente intervención del ente público en diversas actividades tanto de prestación de servicios como de producción y comercialización de productos. En este sentido, advertimos en la década de los ochenta profundos cambios constitucionales que dieron paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica. Consecuentemente, la estructura estatal se modificó y creció, específicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, en cuyo seno se gestó la llamada administración paraestatal, formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto de autoridad establecido en la jurisprudencia de que se trata.--- De esta guisa, la aplicación generalizada de criterio, en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, considerados ya individual o colectivamente, pues estos entes en su actuación, con independencia de la disposición directa que puedan tener o no de la fuerza pública, pueden, con fundamento en una norma legal, emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan su esfera legal.--- En esta línea de interpretación, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del amparo, debe ante todo atender a la norma legal para examinar si lo faculta o no, para tomar decisiones o dictar resoluciones que afecten, unilateralmente, la esfera jurídica del interesado, y que pueden exigirse ya sea directamente mediante el uso de la fuerza pública, o bien a través de otras autoridades que dispongan de ella. Por ello, se sostiene que no puede, bajo los argumentos examinados, admitirse la negación absoluta y general del carácter de autoridad de esta institución, y por el contrario, se afirma que debe atenderse al caso concreto y analizarse si dichos entes, con fundamento en una ley de origen público, ejercen un poder jurídico de tal suerte que afecten por sí y ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso directo de la fuerza pública..." Lo expuesto revela que la estructura estatal se modificó y creció, específicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, en cuyo seno se produjo la llamada administración paraestatal, formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que escapaban al concepto de autoridad tradicional, por ende, con independencia de la naturaleza jurídica del ente público, se destacaron una serie de notas distintivas que dan vigencia al actuar de una "autoridad" para efectos del juicio de amparo, las cuales fueron apuntadas con antelación. Entonces, en atención a la tendencia marcada por el Máximo Tribunal del país, el legislador recogió esas notas distintivas y las plasmó en el texto del numeral 5°, fracción II de la Ley de Amparo, el cual como ya se dijo, establece claramente la procedencia del juicio inclusive en contra de actos de particulares; empero, siempre que dicho actuar esté dotado de las características esenciales ya destacadas, esto es, unilateralidad, obligatoriedad y que sus funciones estén determinadas en una norma de observancia general, pues de lo contrario, se llegaría al extremo inadmisible de que el juicio de amparo procedería contra actos violatorios de derechos fundamentales emanados de relaciones regidas por el derecho privado, lo cual invade el plano de la licitud penal o civil, cuyo ámbito competencial para decidir al respecto corresponde a los tribunales ordinarios, no así a los tribunales constitucionales, porque la finalidad del juicio de amparo es determinar actos violatorios de derechos fundamentales, no así, la comisión de delitos penales o de incumplimiento a obligaciones civiles. Ahora bien, a fin de dilucidar si en el caso planteado se está en presencia de un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo" en términos del numeral 5º de la ley de la materia (ya sea por una autoridad ?en estricto sentido? o por un particular que haya actuado con unilateralidad, obligatoriedad y que sus funciones estén determinadas por una norma general), es necesario atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas siguientes: Relaciones jurídicas de coordinación; y, Relaciones jurídicas de supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para entilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Sentado lo anterior, cabe señalar que como ya quedó establecido, la promovente del presente juicio de amparo Adriana Bahena Cruz, reclama de la autoridad que señaló como responsable, la retención de su salario como empleada de la Fiscalía General del Estado de Guerrero con sede en esta urbe, derivado de que a partir de la segunda quincena de marzo del presente año se le retuvo en su totalidad el sueldo. Sin embargo, debe decirse que el acto que se reclama es consecuencia de un vínculo laboral, como es el nombramiento en el que se le otorga a la promovente comisión como enlace, supervisión y apoyo para la atención de Colectivos de Personas No Localizadas en el Estado de Guerrero otorgado por la Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de la Fiscalía General del Estado; de tal manera que el acto reclamado consistente en la retención de su salario, revela que deriva del anexo laboral entre la quejosa y la autoridad responsable, en su calidad de patrón, de ahí que los conflictos y el ejercicio de las acciones que surjan con motivo de su aplicación debe ser de la competencia de las autoridades especializadas en esa materia. Se afirma lo anterior, dado que la relación que existe entre la peticionaria de amparo y la responsable, es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, puesto que la quejosa mantiene una relación laboral con la Fiscalía General del Estado de Guerrero, desempeñando el cargo de Directora de Área en la Coordinación General de la Policía Ministerial y, por lo tanto, la autoridad responsable al emitir y ejecutar el acto reclamado ?suspensión de salario?, actuaron en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa con sus superiores, por lo que se sitúa en el mismo plano que los gobernados; razón por la que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En tal virtud, la autoridad a la que atribuye el acto reclamado actúa en un plano de coordinación y de no de supra a subordinación, por lo que es dable sostener que no le asiste el carácter de autoridad responsable para los efectos del presente juicio amparo. A título ilustrativo se invoca la tesis I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación a que ya se hizo mérito". Bajo esas premisas debe destacarse que los conflictos relacionados con el despido y separación o, en su caso, la suspensión del salario de un trabajador al servicio de la federación, estados o municipios es competencia de un tribunal laboral, para conocer de la demanda y dirimir el conflicto en cuestión, en acatamiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, ello por resultar más afín para conocer de la demanda en la que un servidor público impugna sanciones derivadas de una relación de servicio como maestro, por lo tanto, se desarrolla dentro del ámbito administrativo local. Bajo este contexto, la suspensión del salario de la promovente respecto del puesto que desempeña, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino un acto emitido por la señalada como responsable en su carácter de patrón. Así las cosas, sin desconocer que es válido el criterio de que el Estado puede actuar con doble carácter frente a los particulares; lo cierto es que, en el caso, no es correcto afirmar que la señalada como responsable, al suspender o retener el sueldo a la quejosa, actuó con poder de imperio; ello, porque lo reclamado por la quejosa está relacionado con el sueldo, el cual es uno de los aspectos que, entre otros, derivan de la relación entre el trabajador y su empleador. En otras palabras, la obligación que genera el servicio que una persona presta al subordinarse a un patrón, atañe al derecho laboral aplicable a ambos sujetos, ya sea en lo particular o en lo burocrático; por lo tanto, en la medida que la cuestión efectivamente planteada en el caso, es que la quejosa siga obteniendo su sueldo completo, se llega a la conclusión de que pretende defender en amparo una cuestión jurídica que pertenece al derecho laboral, donde las relaciones son de coordinación, esto es: trabajador-empleador, de modo que las violaciones que pudiera alegar para defender su sueldo, concierne al orden jurisdiccional común y no al juicio de amparo; de ahí que resulta válido sostener la improcedencia de la acción constitucional. Pensar de otra manera, convertiría a los tribunales constitucionales en instancias ordinarias, dirimiendo, de primera mano, conflictos sobre prestaciones que atañen meramente al derecho laboral, para lo cual existen tribunales establecidos y a los que de inicio deben acudir los justiciables, pudiendo en el momento determinado, intervenir la función extraordinaria del juicio de amparo. En las condiciones expuestas, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE QUE SE TRATA, en términos del artículo 113 de dicho ordenamiento. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual resulta preferible que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica la promovente en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Luis Gallegos Peralta, Martha Beatriz Pino Escorcia, José Guadalupe Ramos Guerrero, Rafael Bernal Carbajal, Wilmar Alexander Méndez Jiménez y Viridiana Arizmendi Villasana, por estar acreditado para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales, y únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de autos y tomar fotos con cualquier dispositivo electrónico a Alberto Isay Ortiz Catalán y Guillermo Timm Morales, por no reunir el anterior requisito. Por otra parte, con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se autoriza a los usuarios jguadaluperamos, rafaelbernal, Jimenez-27 y Arizmendi-30, que corresponden a los nombres de José Guadalupe Ramos Guerrero, Rafael Bernal Carbajal, Wilmar Alexander Méndez Jiménez y Viridiana Arizmendi Villasana, la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. En atención a ello, se instruye a la analista jurídica encargada del "Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes [SISE 2.0)", a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tales efectos. En ese mismo tenor, como lo solicita la parte quejosa, se le tiene señalando el correo electrónico despacho_jlgp@outlook.com, para recibir notificaciones y acuerdos; por tanto, se instruye al actuario adscrito para que las notificaciones las realice mediante el correo electrónico en comento, debiendo confirmar su recepción y asentar la razón respectiva. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. NOTIFICACIÓN EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. TRANSPARENCIA Finalmente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo indirecto promovida por Adriana Baena Cruz, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Háganse las anotaciones en libro de gobierno respectivo y regístrese la demanda como juicio de amparo indirecto 486/2022-IV; fórmese expediente. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la ley de la materia, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "Articulo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto faculta a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Del análisis de la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado por la quejosa a la autoridad responsable Fiscalía General del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, lo hace consistir en: "a).- SE RECLAMAN LAS ILEGALES RETENCIONES DEL PAGO DE MI SALARIO, COMO DIRECTORA DE ÁREA EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE". En efecto, los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal, en relación con los numerales 1º, 5, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en su orden disponen: "Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por Leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 1°- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: (. . .) II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Los artículos citados, interpretados en sentido contrario, revelan improcedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos emitidos por entes u organismos que no son considerados como autoridades responsables para los efectos de dicha instancia constitucional. Respecto del tema conceptual de autoridad para los efectos del juicio de amparo, bajo el marco legal regulador, destaca lo siguiente: 1. Contra actos de autoridad, entendida como tal, según el precepto transcrito, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 2. Contra actos de particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego, la propia Ley de Amparo provee las notas distintivas de una "autoridad" para los efectos del juicio, cuya actuación transgresora de la esfera del particular, deberá estar dotada de unilateralidad y obligatoriedad; adjetivos estos últimos que constituyen el común denominador tanto en actos de "autoridad" en estricto sentido (párrafo primero de la fracción II del numeral 5° de la ley en cita) como en actos de "particulares" porque la última parte del numeral transcrito destaca que para que los actos de particulares sean susceptibles de impugnarse vía amparo deberán afectar derechos en los términos estipulados en la propia fracción, lo cual nos remite indefectiblemente a las notas de unilateralidad y obligatoriedad del acto en cuestión y que sus funciones estén determinadas por una norma general, para que pueda ser tutelado por el juicio de amparo. En efecto, la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha delimitado el concepto de "particular" para efectos del juicio de amparo, de ahí que dicha expresión no debe entenderse en amplio sentido, puesto que el texto de la ley es expreso al momento de acotar ese concepto, circunscribiendo sus alcances a que la actuación emanada del particular, se encuentre investida de: I. Unilateralidad; II. Obligatoriedad; y, III. Siempre que sus funciones estén determinadas en una norma de observancia general. No sobra decir que el citado texto emana de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de cuyo proceso legislativo se aprecia la discusión efectuada en la Cámara de Senadores el veinte de marzo de dos mil trece, de donde se extrae la siguiente precisión: ".Por otro lado, se amplían las autoridades para efectos del juicio de amparo, ya que se prevé que éste procederá no sólo en contra de las autoridades, sino también de particulares en funciones que ejerzan en calidad de autoridades." El texto transcrito revela que la redacción del artículo 5° en el fragmento materia de análisis, no es sino la objetivación de la interpretación que al respecto había ya efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Novena Época, bajo el rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS."; a través de la cual, estableció los elementos esenciales para dilucidar la actualización de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Además, sobre la figura de "autoridad para efectos del juicio de amparo" el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/92, en sesión de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, sostuvo, en la parte conducente, lo siguiente: "... sobre el particular se estima que la fijación que se ha dado al concepto de autoridad por este tribunal, debe ajustarse al momento que actualmente se vive, en el que la organización y las funciones del Estado han resentido cambios sustanciales. Efectivamente, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el decurso del tiempo. De un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho, en el que el crecimiento de la colectividad y concomitantemente de los problemas y necesidades de ésta, suscitaron una creciente intervención del ente público en diversas actividades tanto de prestación de servicios como de producción y comercialización de productos. En este sentido, advertimos en la década de los ochenta profundos cambios constitucionales que dieron paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica. Consecuentemente, la estructura estatal se modificó y creció, específicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, en cuyo seno se gestó la llamada administración paraestatal, formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto de autoridad establecido en la jurisprudencia de que se trata.--- De esta guisa, la aplicación generalizada de criterio, en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, considerados ya individual o colectivamente, pues estos entes en su actuación, con independencia de la disposición directa que puedan tener o no de la fuerza pública, pueden, con fundamento en una norma legal, emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan su esfera legal.--- En esta línea de interpretación, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del amparo, debe ante todo atender a la norma legal para examinar si lo faculta o no, para tomar decisiones o dictar resoluciones que afecten, unilateralmente, la esfera jurídica del interesado, y que pueden exigirse ya sea directamente mediante el uso de la fuerza pública, o bien a través de otras autoridades que dispongan de ella. Por ello, se sostiene que no puede, bajo los argumentos examinados, admitirse la negación absoluta y general del carácter de autoridad de esta institución, y por el contrario, se afirma que debe atenderse al caso concreto y analizarse si dichos entes, con fundamento en una ley de origen público, ejercen un poder jurídico de tal suerte que afecten por sí y ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso directo de la fuerza pública..." Lo expuesto revela que la estructura estatal se modificó y creció, específicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, en cuyo seno se produjo la llamada administración paraestatal, formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que escapaban al concepto de autoridad tradicional, por ende, con independencia de la naturaleza jurídica del ente público, se destacaron una serie de notas distintivas que dan vigencia al actuar de una "autoridad" para efectos del juicio de amparo, las cuales fueron apuntadas con antelación. Entonces, en atención a la tendencia marcada por el Máximo Tribunal del país, el legislador recogió esas notas distintivas y las plasmó en el texto del numeral 5°, fracción II de la Ley de Amparo, el cual como ya se dijo, establece claramente la procedencia del juicio inclusive en contra de actos de particulares; empero, siempre que dicho actuar esté dotado de las características esenciales ya destacadas, esto es, unilateralidad, obligatoriedad y que sus funciones estén determinadas en una norma de observancia general, pues de lo contrario, se llegaría al extremo inadmisible de que el juicio de amparo procedería contra actos violatorios de derechos fundamentales emanados de relaciones regidas por el derecho privado, lo cual invade el plano de la licitud penal o civil, cuyo ámbito competencial para decidir al respecto corresponde a los tribunales ordinarios, no así a los tribunales constitucionales, porque la finalidad del juicio de amparo es determinar actos violatorios de derechos fundamentales, no así, la comisión de delitos penales o de incumplimiento a obligaciones civiles. Ahora bien, a fin de dilucidar si en el caso planteado se está en presencia de un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo" en términos del numeral 5º de la ley de la materia (ya sea por una autoridad ?en estricto sentido? o por un particular que haya actuado con unilateralidad, obligatoriedad y que sus funciones estén determinadas por una norma general), es necesario atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas siguientes: Relaciones jurídicas de coordinación; y, Relaciones jurídicas de supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para entilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Sentado lo anterior, cabe señalar que como ya quedó establecido, la promovente del presente juicio de amparo Adriana Bahena Cruz, reclama de la autoridad que señaló como responsable, la retención de su salario como empleada de la Fiscalía General del Estado de Guerrero con sede en esta urbe, derivado de que a partir de la segunda quincena de marzo del presente año se le retuvo en su totalidad el sueldo. Sin embargo, debe decirse que el acto que se reclama es consecuencia de un vínculo laboral, como es el nombramiento en el que se le otorga a la promovente comisión como enlace, supervisión y apoyo para la atención de Colectivos de Personas No Localizadas en el Estado de Guerrero otorgado por la Dirección General de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal de la Fiscalía General del Estado; de tal manera que el acto reclamado consistente en la retención de su salario, revela que deriva del anexo laboral entre la quejosa y la autoridad responsable, en su calidad de patrón, de ahí que los conflictos y el ejercicio de las acciones que surjan con motivo de su aplicación debe ser de la competencia de las autoridades especializadas en esa materia. Se afirma lo anterior, dado que la relación que existe entre la peticionaria de amparo y la responsable, es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, puesto que la quejosa mantiene una relación laboral con la Fiscalía General del Estado de Guerrero, desempeñando el cargo de Directora de Área en la Coordinación General de la Policía Ministerial y, por lo tanto, la autoridad responsable al emitir y ejecutar el acto reclamado ?suspensión de salario?, actuaron en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa con sus superiores, por lo que se sitúa en el mismo plano que los gobernados; razón por la que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En tal virtud, la autoridad a la que atribuye el acto reclamado actúa en un plano de coordinación y de no de supra a subordinación, por lo que es dable sostener que no le asiste el carácter de autoridad responsable para los efectos del presente juicio amparo. A título ilustrativo se invoca la tesis I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación a que ya se hizo mérito". Bajo esas premisas debe destacarse que los conflictos relacionados con el despido y separación o, en su caso, la suspensión del salario de un trabajador al servicio de la federación, estados o municipios es competencia de un tribunal laboral, para conocer de la demanda y dirimir el conflicto en cuestión, en acatamiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, ello por resultar más afín para conocer de la demanda en la que un servidor público impugna sanciones derivadas de una relación de servicio como maestro, por lo tanto, se desarrolla dentro del ámbito administrativo local. Bajo este contexto, la suspensión del salario de la promovente respecto del puesto que desempeña, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino un acto emitido por la señalada como responsable en su carácter de patrón. Así las cosas, sin desconocer que es válido el criterio de que el Estado puede actuar con doble carácter frente a los particulares; lo cierto es que, en el caso, no es correcto afirmar que la señalada como responsable, al suspender o retener el sueldo a la quejosa, actuó con poder de imperio; ello, porque lo reclamado por la quejosa está relacionado con el sueldo, el cual es uno de los aspectos que, entre otros, derivan de la relación entre el trabajador y su empleador. En otras palabras, la obligación que genera el servicio que una persona presta al subordinarse a un patrón, atañe al derecho laboral aplicable a ambos sujetos, ya sea en lo particular o en lo burocrático; por lo tanto, en la medida que la cuestión efectivamente planteada en el caso, es que la quejosa siga obteniendo su sueldo completo, se llega a la conclusión de que pretende defender en amparo una cuestión jurídica que pertenece al derecho laboral, donde las relaciones son de coordinación, esto es: trabajador-empleador, de modo que las violaciones que pudiera alegar para defender su sueldo, concierne al orden jurisdiccional común y no al juicio de amparo; de ahí que resulta válido sostener la improcedencia de la acción constitucional. Pensar de otra manera, convertiría a los tribunales constitucionales en instancias ordinarias, dirimiendo, de primera mano, conflictos sobre prestaciones que atañen meramente al derecho laboral, para lo cual existen tribunales establecidos y a los que de inicio deben acudir los justiciables, pudiendo en el momento determinado, intervenir la función extraordinaria del juicio de amparo. En las condiciones expuestas, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE QUE SE TRATA, en términos del artículo 113 de dicho ordenamiento. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual resulta preferible que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica la promovente en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Luis Gallegos Peralta, Martha Beatriz Pino Escorcia, José Guadalupe Ramos Guerrero, Rafael Bernal Carbajal, Wilmar Alexander Méndez Jiménez y Viridiana Arizmendi Villasana, por estar acreditado para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales, y únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de autos y tomar fotos con cualquier dispositivo electrónico a Alberto Isay Ortiz Catalán y Guillermo Timm Morales, por no reunir el anterior requisito. Por otra parte, con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se autoriza a los usuarios jguadaluperamos, rafaelbernal, Jimenez-27 y Arizmendi-30, que corresponden a los nombres de José Guadalupe Ramos Guerrero, Rafael Bernal Carbajal, Wilmar Alexander Méndez Jiménez y Viridiana Arizmendi Villasana, la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. En atención a ello, se instruye a la analista jurídica encargada del "Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes [SISE 2.0)", a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tales efectos. En ese mismo tenor, como lo solicita la parte quejosa, se le tiene señalando el correo electrónico despacho_jlgp@outlook.com, para recibir notificaciones y acuerdos; por tanto, se instruye al actuario adscrito para que las notificaciones las realice mediante el correo electrónico en comento, debiendo confirmar su recepción y asentar la razón respectiva. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. NOTIFICACIÓN EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. TRANSPARENCIA Finalmente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

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