Adríán Trinidad Solano

Expediente 1105/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1105/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Adríán Trinidad Solano

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio que signa el Magistrado Presidente de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase la autoridad responsable denominada Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, rendido su informe justificado; con su contenido y constancias que adjunta en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen exhibidas las documentales consistentes en un sobre cerrado que según su dicho contiene un juego de copias certificadas de diversas constancias que obran en el expediente número 816/2014-II, un juego de copias certificadas de diversas constancias que obran en el toca familiar 211/2018, así como los autos originales del toca familiar 176/2022 y del incidente de cesación de pensión alimenticia 816/2014, que anexa a su informe justificado la autoridad en cita, con los que se ordena formar por separado el tomo uno y dos de pruebas y dar cuenta al momento de la celebración de la audiencia constitucional; constancias que quedan a disposición de las partes para su consulta, cuando así lo soliciten. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que, en el día de la fecha se tuvo a la autoridad responsable Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, rendido su informe justificado. A fin de dar margen a que trascurra el plazo de ocho establecidos en el artículo 117 de la ley de Amparo, la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo Al respecto, es aplicable la Tesis II.1o.P.37 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que indica: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA INICIALMENTE PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA SEÑALADA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO SE TUVO CONOCIMIENTO DEL INFORME JUSTIFICADO CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA, DEBEN MEDIAR OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS. El artículo 149 de la Ley de Amparo establece que el Juez o la autoridad que conozca del juicio de garantías biinstancial debe diferir, oficiosamente y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional cuando la autoridad responsable no presente su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por la parte quejosa, a fin de que esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes para desvirtuar el contenido de aquél. De esa manera, si la parte quejosa no tuvo conocimiento del contenido del informe con justificación que rindió la autoridad responsable con la anticipación a que se refiere el numeral en comento, es decir, ocho días, pues entre la fecha señalada para la audiencia constitucional y la que se programó para que de nueva cuenta tuviera verificativo mediaron menos de ocho días hábiles, es patente que la audiencia constitucional se celebró sin otorgar cabalmente al quejoso su derecho de defensa, o sea, la oportunidad de imponerse del contenido del informe con justificación y, por tanto, la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimara convenientes. Esto es, entre la fecha inicialmente prevista para la audiencia constitucional y la nueva que se señale con motivo de su diferimiento deben mediar ocho días hábiles y continuos, dado que sólo así puede el quejoso ajustarse a los términos previstos en el segundo párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo y no simplemente completarlos en relación con la fecha de recepción del informe justificado, pues de ser así, habría necesidad de un nuevo diferimiento en caso de que se diera el anuncio de pruebas, lo que iría en contra del principio de celeridad procesal y de la finalidad de equilibrar procesalmente a las partes." En otro orden, visto el escrito que signa al tercera interesada Diana Maritel Trinidad León, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se le tiene apersonada al presente juicio de amparo. Téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cedros, número nueve, colonia el Encanto de esta ciudad, y como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Delia Nava Cortez, por estar acreditada para ejercer la profesión de licenciada en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse a los autos a Jesús Ramirez Sánchez, y Moisés Mendoza Magaña, por no contar con el anterior requisito. En otro orden, no ha lugar a tenerle proporcionados los correos electrónicos ni el número de teléfono que refiere en el escrito que se provee, a efecto para oír y recibir notificaciones, toda vez que párrafos precedentes, se le tuvo designado para tal efecto, el ubicado en calle Cedros, número nueve, colonia el Encanto de esta ciudad. Además, porque si bien, con antelación resultaba procedente tener por señalados dichos medios digitales para que las partes fueran notificadas de los acuerdos y resoluciones que llegaran a emitirse, también lo es que, ello, acontecía debido a que nos encontrábamos inmersos en la pandemia por Covid-19, por lo cual se emitieron diversos acuerdos generales, a efecto de salvaguardar la salud tanto de los justiciables, como de los funcionarios de los diversos órganos jurisdiccionales, sin embargo, los mismos fueron abrogados mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, en los que, además, se derogaron diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo sistema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. De igual manera, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, téngase realizadas las manifestaciones que formula en vía de alegatos, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración en la etapa procesal oportuna. Por otra parte, visto el escrito que signa el quejoso Adrián Trinidad Solano, mediante el cual ofrece como medios de prueba los que denominó como informes, mismos que pidió, fueran requeridos al Responsable y/o Director Académico del Instituto Windsor y al Administrador del Mercado de Zona de San Francisco, ambos de esta ciudad, debido a que afirma que tienen relación con el juicio de constitucional en que se actúa, dígasele que no ha lugar a tenerle por anunciado el medio de prueba en comento, ya que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, corresponde a las partes la carga de la prueba, por tanto, es al impetrante a quien corresponde la obligación procesal de exhibir los documentos que refiere de considerar que son necesarios para que se dicte una sentencia definitiva a su favor. Aplica a lo anterior, la tesis VI.2°.A.4 K, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2001, Novena Época, página 903, que a la letra dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Además de lo anterior, se observa del escrito que se provee, que el ocursante no acreditó ante este juzgado, haber solicitado al Responsable y/o Director Académico del Instituto Windsor y al Administrador del Mercado de Zona de San Francisco, ambos de esta ciudad, la información que refiere, a efecto de que este juzgado pudiera constreñir a estos a entregar dicha información al requirente, o en su defecto para que la hiciera llegar a este órgano de control constitucional, por tanto debe decirse que el promovente no cumplió con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la citada ley, se tiene a la parte quejosa anunciada como medio de prueba, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, con las que se ordena dar cuenta al momento de la celebración de la audiencia constitucional.

  2. Principal

    fórmese expediente impreso y electrónico. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni advertirse que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. INFORME JUSTIFICADO. Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Asimismo, requiérase a la autoridad señalada como responsable para el efecto de que informe a este Juzgado de Distrito, si en el expediente del que emana el acto que reclama la quejosa, se han promovido diversos juicios de amparo, debiendo señalar el órgano u órganos de control constitucional que le haya tocado conocer del mismo y el número mediante el cual se haya radicado. Con el apercibimiento que 1) de no rendir su informe, de no acompañar las constancias relativas, o 2) no comunicar la existencia de alguna causa de sobreseimiento; se le impondrá una multa por las cantidades comprendidas, en su orden, en el primer caso, entre cien y mil Unidades de Medida y Actualización vigente, y en el segundo, de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización vigente, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 251 y 260 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y Adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis. TERCERO INTERESADO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5° de la ley de la materia, se tiene como tercera interesada a Diana Maritel Trinidad León, con domicilio ubicado en calle Cedros, número 9, colonia EI Encanto, y/o en su fuente de trabajo, en los locales comerciales 70 y 71, en el interior del mercado de zona de San Francisco, de esta ciudad, con un horario del último domicilio, de siete de la mañana a seis de la tarde, en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), y 27 de la Ley de la Materia, se ordena al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en los domicilios citados por el quejoso y con copia simple de la demanda les corra traslado y la emplace a juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Juan N. Álvarez, número 50, interior uno altos, colonia Centro, en esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gabriela Nava Mónica, Kenia Dalila Venancio Antúnez, Grisyesenia Encarnación Luna, Humberto Ariel Nájera Capilla y Rafael Barragán Martínez, por estar acreditados para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Betzi Jaqueline Díaz Mendoza, Eleazar Ibáñez Martínez y Jazael Benítez Galeana, por no contar con el anterior requisito. En otro orden, no ha lugar a tenerle proporcionado el correo electrónico ni el número de teléfono que refiere en el escrito que se provee, a efecto para oír y recibir notificaciones, toda vez que párrafos precedentes, se le tuvo designado para tal efecto, el ubicado en Juan N. Álvarez, número 50, interior uno altos, colonia Centro, en esta ciudad. Además, porque si bien, con antelación resultaba procedente tener por señalados dichos medios digitales para que las partes fueran notificadas de los acuerdos y resoluciones que llegaran a emitirse, también lo es que, ello, acontecía debido a que nos encontrábamos inmersos en la pandemia por Covid-19, por lo cual se emitieron diversos acuerdos generales, a efecto de salvaguardar la salud tanto de los justiciables, como de los funcionarios de los diversos órganos jurisdiccionales, sin embargo, los mismos fueron abrogados mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, en los que, además, se derogaron diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo sistema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, la intervención legal que le compete. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; en el entendido que la utilidad que le dé a esos documentos, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finalmente, se instruye al actuario judicial adscrito que de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante razón correspondiente y una vez reanudadas sin previo acuerdo, realice la entrega de dichas comunicaciones.

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