Adrián Varela Salazar

Expediente 931/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
931/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
06/04/2022

Partes del expediente

  • Adrián Varela Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de abril de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por el quejoso, en atención a su contenido, referente a la expedición de copias certificadas de las actuaciones que obran en autos, estese a lo dispuesto en el auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, el que se ordenó la expedición de copias, siempre y cuando obren agregadas dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa, previa constancia de recibo que obre en autos. Asimismo, téngase como autorizada a efecto de recibir las constancias que solicita a Porfiaría Guzmán Rosas. Por otra parte, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa, por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, para el efecto de ratificar el contenido del escrito de fecha veinticuatro de febrero del año en curso, transcurrió del siete al nueve de marzo del año en curso, cómputo que se realizó a partir de la notificación realizada por lista de acuerdos el tres del mes y año en curso, sin que hubiera comparecido para tal efecto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido auto y se tiene por no presentado el escrito de referencia con las consecuencias legales que ello conlleva. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    En esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa el auto de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, mismo que dice: "... Agréguese el escrito signado por la parte quejosa Adrián Varela Salazar, en atención a su contenido, se aprecia que la firma que calza en el mismo, es notoriamente distinta a la estampada en diversas promociones firmadas por el promovente. En tal virtud, a fin de tener la certeza de quién signó el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se requiere a Adrián Varela Salazar, quien deberá comparecer ante la presencia judicial dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente asunto, con identificación oficial vigente, para el efecto de que reconozca si es esa su firma y ratifique su escrito recibido ante la Oficialía de Partes de este juzgado el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, apercibido que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Por otra parte, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley..."

  4. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por oficio 25555/2021 y anexos, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, fue remitida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos que más adelante se precisarán, que atribuyó al 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz; 2. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Veracruz, Veracruz; 3. Departamento o Dirección de Catastro del Municipio de Paso de Ovejas, Veracruz y 4. Notario Público Número Dieciséis de la Undécima Demarcación Notarial de Xalapa, Veracruz, por declararse legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo 820/2021, y solicitó el turno correspondiente (fojas 2 a 22). SEGUNDO. Acepta competencia y admite demanda. Por acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno, se acordó: aceptar la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto registrándose con el número 931/2021) se desechó parcialmente la demanda de garantías respecto del Notario Público Número Dieciséis de la Undécima Demarcación Notarial de Xalapa, Veracruz, por el acto que se le atribuye; admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación; fijar data y hora para celebrar audiencia constitucional; solicitar el informe justificado a las autoridades responsables; sin tramitarse el incidente de suspensión; emplazar a la tercero interesada ******************** o Matilde Varella Salazar (fojas 24 a 32). TERCERO. Trámite. Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por apersonada a juicio en su carácter de tercera interesada a ******************** o Matilde Varella Salazar, quien hizo valer causales de improcedencia y formuló alegatos (fojas 250 a 293 y 294). CUARTO. Audiencia Constitucional. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de las autoridades responsables, quienes no hicieron valer causales de improcedencia (fojas 62 a 63, 218 a 223 y 298 a 334) la audiencia constitucional tuvo verificativo el veintiuno de enero de dos mil veintidós (fojas 338). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución.CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción IV, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción I, inciso g) de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto emitido por una autoridad judicial que, se alega es susceptible de afectar directa e inmediatamente derechos fundamentales del gobernado como lo son el debido proceso, formalidades esenciales del procedimiento, garantía de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia en todas las materias. Así también, se es competente por cuestión del territorio, toda vez que se trata de un acto que se atribuye a una autoridad que radica en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado y que es el lugar en el que se emitió y surte sus efectos dicho acto. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo con sus anexos y las constancias de autos principalmente el informe justificado de la autoridad responsable se tiene que, los actos reclamados en el presente juicio son: a) La resolución de nueve de diciembre de dos mil nueve, dictada en el Juicio Civil 1664/2009 del índice del ********************, en la que se declaró como única y universal heredera a ********************, así como albacea de la sucesión. b) La cancelación de la inscripción de la escritura pública número once mil novecientos dieciséis a fojas uno a catorce del volumen quinientos noventa y seis de la sección primera del año dos mil once, relativa a la escritura pública número once mil cuatrocientos noventa y dos, libro centésimo quincuagésimo tercero. Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Inexistencia de actos. No es cierto el acto reclamado que se atribuye al 2. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Veracruz, Veracruz, relativo a b) La cancelación de la inscripción de la escritura pública número once mil novecientos dieciséis a fojas uno a catorce del volumen quinientos noventa y seis de la sección primera del año dos mil once, relativa a la escritura pública número once mil cuatrocientos noventa y dos, libro centésimo quincuagésimo tercero, toda vez que al rendir su informe justificado negó su existencia (fojas 218 a 223). En esas condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado por parte de la autoridad responsable, y como la parte quejosa no ofreció prueba alguna para acreditar lo contrario, a pesar de haberse puesto a la vista el informe justificado mediante auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno (fojas 224) lo que procede es sobreseer en este juicio, por lo que hace a la autoridad responsable, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable en este aspecto la jurisprudencia VI.2o.J/20: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz y 3. Departamento o Dirección de Catastro del Municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 62 a 63 y 298 a 334). Además, su existencia se corrobora con las copias certificadas del Juicio Civil 1664/2009 y las diversa que remitieron las autoridades responsables como justificación de sus actos, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas expedidas por un servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley y de las que se advierten los actos reclamados. Al respecto de lo anterior, tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Improcedencia del juicio. En el juicio de amparo es posible impugnar normas generales, actos u omisiones cuando vulneren derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, inclusive, cuando esa vulneración se origine por la contravención al régimen de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas. Por ello, es un mecanismo jurisdiccional de control constitucional que tiene la finalidad de restituir el goce de tales derechos. La improcedencia de dicho mecanismo, según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conlleva la actualización de un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional analice y resuelva la cuestión planteada en la demanda y, por ende, supone algunas circunstancias - de hecho o de derecho - que impiden que la parte quejosa logre la satisfacción de su pretensión mediante la acción de amparo e implica, según el momento procesal, el desechamiento de aquélla o el sobreseimiento en el juicio. Tales circunstancias están previstas como hipótesis en el artículo 61 de la Ley de Amparo; y, según lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser interpretadas restrictivamente para que la salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos mediante el juicio de amparo sea efectiva y no ilusoria. De ahí que siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia número 814, visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, como la tesis aislada 2a. CLVII/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 324, con Registro digital 165538 del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." A juicio del suscrito, el presente juicio de amparo resulta improcedente por al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque se considera que la demanda de amparo con que se constituyó este asunto fue presentada fuera del plazo que establece el artículo 17 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. MARCO NORMATIVO Para justificar la actualización del aludido motivo de improcedencia, se considera oportuno establecer el siguiente marco legal. Los artículos 17, 18, 19 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ." De una interpretación sistemática y teleológica de los preceptos legales citados se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días que prevé el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Igualmente, se prevén tres supuestos en los que el peticionario del amparo puede tener conocimiento de los actos reclamados y, que se tomarán como punto de partida para realizar el cómputo de los quince días para la interposición de la demanda de amparo. Esas hipótesis son: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. La hipótesis del inciso a) refiere a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en data precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, en tanto el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La contemplada en el inciso b) establece que, para computar el plazo de quince días, es necesario un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación) de una autoridad diversa o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento en forma directa, plena y completa del acto reclamado. Y la diversa del inciso c) establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada; esa conducta puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. De lo anterior se concluye que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo -en las vías directa o indirecta- comienza a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis antes señaladas, las cuales son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. ANTECEDENTES Precisado el marco jurídico referencial que precede, el cual representa la premisa mayor del silogismo legal a practicar, conviene hacer referencia a las copias certificadas del Juicio Civil 1664/2009, del índice del ********************, que la autoridad responsable remitió en justificación de sus actos, que adquieren el carácter de premisa menor, y con la finalidad de contar con la información suficiente para justificar el criterio que aquí se sostiene, conviene hacer referencia a los antecedentes que de ellas se desprenden, a saber: a) Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil nueve, ante el ********************, quien lo radicó con el número 1664/2009, ********************, Sebastián Varela Salazar y Julián Varela Salazar, promovieron juicio sucesorio (fojas 1 a 3, cuaderno de pruebas). b) El auto de admisión de dieciocho de agosto de dos mil nueve dio entrada a la sucesión (fojas 18, cuaderno de pruebas). c) Diligencia de siete de septiembre de dos mil nueve se recibió la testimonial a cargo de Luis Sánchez Barrios y Micaela Sánchez Campos (fojas 16 a 19, cuaderno de pruebas). d) En diligencia de uno de octubre de dos mil nueve se tuvo a Sebastián Varela Salazar y Julián Varela Salazar, ratificando su escrito mediante el cual repudian sus derechos hereditarios (fojas 19 a 23 vuelta, cuaderno de pruebas). e) En proveído de veintitrés de octubre de dos mil nueve, se tuvo a Sebastián Varela Salazar y Julián Varela Salazar, repudiando sus derechos hereditarios (fojas 23, cuaderno de pruebas). f) Resolución de nueve de diciembre de dos mil nueve, en la que se determinó: "PRIMERO. Declaro como única y universal heredera de la autora de la sucesión ********************, también conocida como ******************** viuda de Varela, a su hija ********************. SEGUNDO. Se tiene como albacea de la presente sucesión a la C. ********************, a quien se le hará saber su nombramiento para los efectos de su aceptación y protesta del cargo. TERCERO. Notifíquese por lista de acuerdos y oportunamente remítase a la superioridad copia de esta resolución." (fojas 29 a 29 vuelta, se notificó mediante de lista de acuerdos de nueve de diciembre de dos mil nueve, con el número quince, cuaderno de pruebas). g) Diligencia de aceptación del cargo de albacea de tres de febrero de dos mil diez, por parte de ******************** (fojas 30, cuaderno de pruebas). h) Acuerdo de veintidós de febrero de dos mil diez, por el que se autorizó la separación de la prosecución del juicio, a fin de continuarlo ante Notario Público de su elección (fojas 30 vuelta, cuaderno de pruebas). i) Proveído de seis de noviembre de dos mil trece, mediante el cual se consideraron realizadas las manifestaciones de Roberto Varela Salazar y ******************** (fojas 35, cuaderno de pruebas). j) Escrito de Roberto Varela Salazar y ******************** (fojas 36 a 37, cuaderno de pruebas). k) El cuatro de febrero de dos mil once, se promovió el Juicio Ordinario Civil 272/2011, del índice del ********************, en contra de la sucesión a bienes de ********************, representada por su albacea definitivo ********************, sobre petición de herencia y otras prestaciones (fojas 262, juicio de amparo y 33, cuaderno de pruebas). l) Resolución de sentencia de seis de julio de dos mil doce, emitida dentro de los autos del Juicio Ordinario Civil 272/2011, del índice del ********************, en contra de la sucesión a bienes de ********************, representada por su albacea definitivo ********************, sobre petición de herencia y otras prestaciones, en cuyos puntos resolutivos se determinó: "PRIMERO. Los actores Roberto y Adrián de apellidos Varela Salazar, probaron parcialmente su acción y la sucesión a bienes de ******************** viuda de Varela ó ********************, representada por su albacea definitivo ********************, no justificó sus excepciones, en consecuencia; SEGUNDO. Se declara que los actores Roberto y Adrián de apellidos Varela Salazar, tienen derecho a heredar los bienes de la de cujus ******************** viuda de Varela ó ********************, en su carácter de descendientes, en los términos y pociones que la ley establece, por lo que una vez que cause estado esta sentencia, déseles la intervención que legalmente les corresponde dentro de los autos del juicio sucesorio intestamentario número 1664/2009 del Índice de este Juzgado; TERCERO. Se absuelve a los demandados Sebastián y Julián de apellidos Varela Salazar, de todas y cada una de las prestaciones que les fueron reclamadas por los actores; CUARTO. Se condena a la demandada ********************, al pago de los gastos y costas del juicio, como a cargo del actor son los erogados por los señores Sebastián y Julián de apellidos Varela Salazar, por no haber obtenido sentencia favorable, respecto de las pretensiones que a éstos les reclamaron; QUINTO. Remítase copia autorizada a la Superioridad; SEXTO. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes." (fojas 38 a 41, cuaderno de pruebas). m) Mediante proveído de trece de septiembre de dos mil doce, por el que se determinó que causó estado la sentencia dictada el seis de julio de dos mil doce (fojas 43, cuaderno de pruebas). SUBSUNCIÓN. En el contexto normativo y fáctico anterior, se puede concluir que, en el asunto a estudio, se concreta el primero de los supuestos precisados, del artículo 18, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la resolución de nueve de diciembre de dos mil nueve, dictada en el ******************** del índice del ********************, en la que se declaró como única y universal heredera a ********************, así como albacea de la sucesión; no obstante que de ello tuvo conocimiento el cuatro de febrero de dos mil once, al promover el ********************, del índice del ********************, en contra de la sucesión a bienes de ********************, representada por su albacea definitivo ********************, sobre petición de herencia y otras prestaciones, por lo que es posible presumir que conocía adecuadamente el juicio y su trámite, además de que en cumplimiento al resolutivo segundo de esa resolución, compareció ante la autoridad responsable el seis de noviembre de dos mil trece (fojas 35, cuaderno de pruebas) sin que haya presentado su demanda de amparo dentro de los quince días siguientes a esa actuación y no así como refiere en su demanda de amparo que tuvo conocimiento el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Circunstancia que pone en evidencia que, en su caso, a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento, empezó a transcurrir el término de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar su demanda de amparo, el cual inició el ocho y feneció el veintiocho de febrero de dos mil once, con descuento de los días inhábiles (doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete) por ser sábados y domingos. Luego, se colige que el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar la demanda de amparo ya había fenecido, conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que de conformidad con el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del juicio de amparo, en este caso, es de quince días, pues el acto reclamado en este asunto no lo constituye una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que el plazo de presentación de la demanda es de treinta días. Tampoco se está ante una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, donde el plazo para presentarse es hasta de ocho años. Mucho menos se promovió el presente asunto contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, donde el plazo para promoverla será de siete años. Además, el acto reclamado no constituye un acto que ataque la libertad personal fuera de procedimiento judicial. Tampoco se advierte que, exista en perjuicio de la quejosa, peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. Por lo que se evidencia que no se está en presencia de alguna de las hipótesis de excepción establecidas por el citado precepto legal. Y si en la especie, se tiene como fecha cierta a partir del día siguiente en que promovió el ********************, del índice del ********************, en contra de la sucesión a bienes de ********************, representada por su albacea definitivo ********************, sobre petición de herencia y otras prestaciones, es decir, el ocho de febrero de dos mil once, entonces es evidente que la presentación de la demanda que originó el presente juicio es extemporánea y, por ende, los destacados actos reclamados deben considerarse tácitamente consentidos. Lo anterior es así, se insiste, debido al sello de recibido de la demanda, se desprende que fue presentada a las doce horas con veintidós minutos, del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Xalapa Veracruz, por lo que ya había fenecido el plazo legal de quince días con que contaba la parte quejosa para promover el juicio de amparo contra los actos antes destacados, previo descuento de los días inhábiles ya mencionados. CONCLUSIÓN En consecuencia, al tener el acto reclamado resolución de nueve de diciembre de dos mil nueve, dictada en el ******************** del índice del ********************, en la que se declaró como única y universal heredera a ********************, así como albacea de la sucesión, la calidad de consentido tácitamente, pues no se promovió en su contra el juicio de amparo en el término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, resulta indudable que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia de mérito, entonces debe sobreseerse el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, conforme a los términos antes expuestos, no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XIV, 63, fracción IV y V, 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos y autoridades señaladas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de Ley.

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