Adrián Orlando Guevara Hernández
Expediente 785/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 785/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 24/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Adrián Orlando Guevara Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, realizándolo mediante escrito presentado ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diecisiete de enero pasado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en la que la Justicia de la Unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ a la parte quejosa, Adrián Orlando Guevara Hernández, para los efectos siguientes: "(.)En conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Adrian Orlando Guevara Hernández, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, deje insubsistente la resolución dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil 888/2022 y, en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades particulares del acreedor alimentario y las posibilidades del deudor, aborde el análisis de la totalidad de las manifestaciones del reclamante, así como de las pruebas que acompañó a su recurso, en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. (.)" Posteriormente, en proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Octavo de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz. Asimismo, en auto de diez de enero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que con oficio 116, remitió la determinación de nueve de enero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 888/2022-X de su índice y, con libertad de jurisdicción, resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Adrián Orlando Guevara Hernández siguiendo los lineamientos que en la ejecutoria de amparo se le indicaron, a saber: Tomar en cuenta las manifestaciones y constancias que el reclamante exhibió, relativas a que justifica que carece de trabajo, consistentes en la constancia expedida por Preacero Pellizzari México, S.A. de C.V., en la que se indicó que Adrian Orlando Guevara Hernández laboró en dicha empresa desde el once de enero de dos mil veintiuno, hasta el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, así como diversos estados de cuenta de Banco Nacional de México de los meses noviembre de dos mil veintiuno, a marzo de dos mil veintidós, en los que se aprecia el depósito de nómina por parte de la referida empresa al hoy quejoso; por tanto, dichos medios de convicción deben ser objeto de valoración por parte de la autoridad, a efecto de determinar si son aptos o no para sustentar el dicho del recurrente. Expresar por qué llegó a la conclusión de que el demandado no cuenta con otros acreedores alimentarios, a pesar que en el correspondiente recurso, Adrian Orlando Guevara Hernández señaló que debe satisfacer las necesidades "tanto del menor que representa la actora, como de mi primera hija que aún es menor de edad". Además deberá analizar la copia certificada del acta de nacimiento número de control 07708 de fecha de registro veinticinco de septiembre de dos mil nueve, relativa a la menor de edad de siglas H.M.G.C., en la que se aprecia como nombre de padre, el del demandado Adrian Orlando Guevara Hernández, así como convenio de doce de abril de dos mil trece, celebrado ante la agente del Ministerio Público Especializado en Responsabilidad Juvenil y Conciliación de la Agencia Primera Especializada en Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y la Familia, en Veracruz, Veracruz, en el que el aquí quejoso se compromete a pagar la cantidad de trescientos pesos quincenales, para la manutención de la menor H.M.G.C., debiendo emitir contestación y establecer razonamientos a efecto de señalar si dicho argumento resulta apto o no para sustentar la modificación solicitada de la pensión alimenticia provisional. En relación al inciso a) se aprecia que el Juez responsable consideró que la parte actora en el hecho cuatro de su demanda citó que el demandado desarrolla una actividad por su cuenta como maestro soldador, misma actividad que estuvo realizando cuando se encontraba asalariado, sin que apreciara las constancias aportadas como medios idóneos para acreditar que no se encuentre realizando actividades laborales de forma privada. Asimismo, atendiendo al inciso b) y c), la autoridad responsable analizó que del acta de nacimiento 07708 de fecha de registro veinticinco de septiembre de dos mil nueve, se aprecia el nacimiento de una menor de iniciales H.M.G.C., quien nació el día cinco de septiembre de dos mil nueve, hija del demandado y una persona ajena al juicio; además, tomo en consideración que fue exhibida la fotocopia de un convenio que celebró el demandado con la mamá de la menor referida, lo cual fue realizado ante la agencia del Ministerio Público Especializada, en el que se comprometió a otorgar a la progenitora de la referida menor la cantidad de trescientos pesos quincenales, así como una tarjeta de despensa de ciento treinta pesos mensuales como alimentos. Así, de lo anterior llegó a la conclusión de que el deudor alimentario se encontraba depositando la cantidad acordada, al advertirlo de los estados de cuenta en donde aparecen los depósitos realizados a la señora Maribel Carrión Proo, por lo que, consideró tal circunstancia como un hecho que no se conocía cuando se decretó la pensión alimenticia y, observando el interés superior de los menores tanto de la acreedora alimentaria del juicio de origen como la diversa previamente mencionada, determinó que el demandado no acredito que su capacidad económica sea insuficiente, ni que se contraponga con la pensión alimenticia provisional establecida y de los gatos que eroga por su diversa hija y sus propios gastos. Lo anterior, pues a consideración de la autoridad responsable el deudor alimentario debió justificar que no desarrolla ninguna actividad laboral independiente, por lo tanto, el juez consideró que el hecho de que el demandado tuviera otra acreedora alimentaria, no era el medio idóneo para que procediera la reducción de la pensión alimenticia provisional. En relatadas condiciones, declaró improcedente la reclamación planteada por Adrián Orlando Guevara Hernández y conformó el monto de la pensión provisional alimentaria fijada consistente en un salario mínimo diario en razón de $172.87 (ciento sesenta y dos pesos 87/100 moneda nacional). Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en el presente asunto, toda vez que contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada respecto a todos los actos reclamados, tal como se advierte de la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós (fojas 31 a 34) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 785/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, realizándolo mediante escrito presentado ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diecisiete de enero pasado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en la que la Justicia de la Unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ a la parte quejosa, ********************, para los efectos siguientes: "(.)En conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Adrian Orlando Guevara Hernández, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, deje insubsistente la resolución dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil 888/2022 y, en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo.********************Esto es, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades particulares del acreedor alimentario y las posibilidades del deudor, aborde el análisis de la totalidad de las manifestaciones del reclamante, así como de las pruebas que acompañó a su recurso, en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. (.)" Posteriormente, en proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Octavo de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz. Asimismo, en auto de diez de enero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que con oficio 116, remitió la determinación de nueve de enero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 888/2022-X de su índice y, con libertad de jurisdicción, resolvió el recurso de reclamación interpuesto por ******************** siguiendo los lineamientos que en la ejecutoria de amparo se le indicaron, a saber: Tomar en cuenta las manifestaciones y constancias que el reclamante exhibió, relativas a que justifica que carece de trabajo, consistentes en la constancia expedida por Preacero Pellizzari México, S.A. de C.V., en la que se indicó que Adrian Orlando Guevara Hernández laboró en dicha empresa desde el once de enero de dos mil veintiuno, hasta el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, así como diversos estados de cuenta de Banco Nacional de México de los meses noviembre de dos mil veintiuno, a marzo de dos mil veintidós, en los que se aprecia el depósito de nómina por parte de la referida empresa al hoy quejoso; por tanto, dichos medios de convicción deben ser objeto de valoración por parte de la autoridad, a efecto de determinar si son aptos o no para sustentar el dicho del recurrente.********************Expresar por qué llegó a la conclusión de que el demandado no cuenta con otros acreedores alimentarios, a pesar que en el correspondiente recurso, Adrian Orlando Guevara Hernández señaló que debe satisfacer las necesidades "tanto del menor que representa la actora, como de mi primera hija que aún es menor de edad".********************Además deberá analizar la copia certificada del acta de nacimiento número de control 07708 de fecha de registro veinticinco de septiembre de dos mil nueve, relativa a la menor de edad de siglas H.M.G.C., en la que se aprecia como nombre de padre, el del demandado Adrian Orlando Guevara Hernández, así como convenio de doce de abril de dos mil trece, celebrado ante la agente del Ministerio Público Especializado en Responsabilidad Juvenil y Conciliación de la Agencia Primera Especializada en Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y la Familia, en Veracruz, Veracruz, en el que el aquí quejoso se compromete a pagar la cantidad de trescientos pesos quincenales, para la manutención de la menor H.M.G.C., debiendo emitir contestación y establecer razonamientos a efecto de señalar si dicho argumento resulta apto o no para sustentar la modificación solicitada de la pensión alimenticia provisional. En relación al inciso a) se aprecia que el Juez responsable consideró que la parte actora en el hecho cuatro de su demanda citó que el demandado desarrolla una actividad por su cuenta como maestro soldador, misma actividad que estuvo realizando cuando se encontraba asalariado, sin que apreciara las constancias aportadas como medios idóneos para acreditar que no se encuentre realizando actividades laborales de forma privada. Asimismo, atendiendo al inciso b) y c), la autoridad responsable analizó que del acta de nacimiento 07708 de fecha de registro veinticinco de septiembre de dos mil nueve, se aprecia el nacimiento de una menor de iniciales H.M.G.C., quien nació el día cinco de septiembre de dos mil nueve, hija del demandado y una persona ajena al juicio; además, tomo en consideración que fue exhibida la fotocopia de un convenio que celebró el demandado con la mamá de la menor referida, lo cual fue realizado ante la agencia del Ministerio Público Especializada, en el que se comprometió a otorgar a la progenitora de la referida menor la cantidad de trescientos pesos quincenales, así como una tarjeta de despensa de ciento treinta pesos mensuales como alimentos. Así, de lo anterior llegó a la conclusión de que el deudor alimentario se encontraba depositando la cantidad acordada, al advertirlo de los estados de cuenta en donde aparecen los depósitos realizados a la señora Maribel Carrión Proo, por lo que, consideró tal circunstancia como un hecho que no se conocía cuando se decretó la pensión alimenticia y, observando el interés superior de los menores tanto de la acreedora alimentaria del juicio de origen como la diversa previamente mencionada, determinó que el demandado no acredito que su capacidad económica sea insuficiente, ni que se contraponga con la pensión alimenticia provisional establecida y de los gatos que eroga por su diversa hija y sus propios gastos.********************Lo anterior, pues a consideración de la autoridad responsable el deudor alimentario debió justificar que no desarrolla ninguna actividad laboral independiente, por lo tanto, el juez consideró que el hecho de que el demandado tuviera otra acreedora alimentaria, no era el medio idóneo para que procediera la reducción de la pensión alimenticia provisional.********************En relatadas condiciones, declaró improcedente la reclamación planteada por ******************** y conformó el monto de la pensión provisional alimentaria fijada consistente en un salario mínimo diario en razón de $172.87 (ciento sesenta y dos pesos 87/100 moneda nacional). Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en el presente asunto, toda vez que contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada respecto a todos los actos reclamados, tal como se advierte de la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós (fojas 31 a 34) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, realizándolo mediante escrito presentado ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diecisiete de enero pasado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en la que la Justicia de la Unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ a la parte quejosa, ********************, para los efectos siguientes: "(.)En conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Adrian Orlando Guevara Hernández, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, deje insubsistente la resolución dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil 888/2022 y, en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo.********************Esto es, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades particulares del acreedor alimentario y las posibilidades del deudor, aborde el análisis de la totalidad de las manifestaciones del reclamante, así como de las pruebas que acompañó a su recurso, en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. (.)" Posteriormente, en proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Octavo de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz. Asimismo, en auto de diez de enero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que con oficio 116, remitió la determinación de nueve de enero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 888/2022-X de su índice y, con libertad de jurisdicción, resolvió el recurso de reclamación interpuesto por ******************** siguiendo los lineamientos que en la ejecutoria de amparo se le indicaron, a saber: Tomar en cuenta las manifestaciones y constancias que el reclamante exhibió, relativas a que justifica que carece de trabajo, consistentes en la constancia expedida por Preacero Pellizzari México, S.A. de C.V., en la que se indicó que Adrian Orlando Guevara Hernández laboró en dicha empresa desde el once de enero de dos mil veintiuno, hasta el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, así como diversos estados de cuenta de Banco Nacional de México de los meses noviembre de dos mil veintiuno, a marzo de dos mil veintidós, en los que se aprecia el depósito de nómina por parte de la referida empresa al hoy quejoso; por tanto, dichos medios de convicción deben ser objeto de valoración por parte de la autoridad, a efecto de determinar si son aptos o no para sustentar el dicho del recurrente.********************Expresar por qué llegó a la conclusión de que el demandado no cuenta con otros acreedores alimentarios, a pesar que en el correspondiente recurso, Adrian Orlando Guevara Hernández señaló que debe satisfacer las necesidades "tanto del menor que representa la actora, como de mi primera hija que aún es menor de edad".********************Además deberá analizar la copia certificada del acta de nacimiento número de control 07708 de fecha de registro veinticinco de septiembre de dos mil nueve, relativa a la menor de edad de siglas H.M.G.C., en la que se aprecia como nombre de padre, el del demandado Adrian Orlando Guevara Hernández, así como convenio de doce de abril de dos mil trece, celebrado ante la agente del Ministerio Público Especializado en Responsabilidad Juvenil y Conciliación de la Agencia Primera Especializada en Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y la Familia, en Veracruz, Veracruz, en el que el aquí quejoso se compromete a pagar la cantidad de trescientos pesos quincenales, para la manutención de la menor H.M.G.C., debiendo emitir contestación y establecer razonamientos a efecto de señalar si dicho argumento resulta apto o no para sustentar la modificación solicitada de la pensión alimenticia provisional. En relación al inciso a) se aprecia que el Juez responsable consideró que la parte actora en el hecho cuatro de su demanda citó que el demandado desarrolla una actividad por su cuenta como maestro soldador, misma actividad que estuvo realizando cuando se encontraba asalariado, sin que apreciara las constancias aportadas como medios idóneos para acreditar que no se encuentre realizando actividades laborales de forma privada. Asimismo, atendiendo al inciso b) y c), la autoridad responsable analizó que del acta de nacimiento 07708 de fecha de registro veinticinco de septiembre de dos mil nueve, se aprecia el nacimiento de una menor de iniciales H.M.G.C., quien nació el día cinco de septiembre de dos mil nueve, hija del demandado y una persona ajena al juicio; además, tomo en consideración que fue exhibida la fotocopia de un convenio que celebró el demandado con la mamá de la menor referida, lo cual fue realizado ante la agencia del Ministerio Público Especializada, en el que se comprometió a otorgar a la progenitora de la referida menor la cantidad de trescientos pesos quincenales, así como una tarjeta de despensa de ciento treinta pesos mensuales como alimentos. Así, de lo anterior llegó a la conclusión de que el deudor alimentario se encontraba depositando la cantidad acordada, al advertirlo de los estados de cuenta en donde aparecen los depósitos realizados a la señora Maribel Carrión Proo, por lo que, consideró tal circunstancia como un hecho que no se conocía cuando se decretó la pensión alimenticia y, observando el interés superior de los menores tanto de la acreedora alimentaria del juicio de origen como la diversa previamente mencionada, determinó que el demandado no acredito que su capacidad económica sea insuficiente, ni que se contraponga con la pensión alimenticia provisional establecida y de los gatos que eroga por su diversa hija y sus propios gastos.********************Lo anterior, pues a consideración de la autoridad responsable el deudor alimentario debió justificar que no desarrolla ninguna actividad laboral independiente, por lo tanto, el juez consideró que el hecho de que el demandado tuviera otra acreedora alimentaria, no era el medio idóneo para que procediera la reducción de la pensión alimenticia provisional.********************En relatadas condiciones, declaró improcedente la reclamación planteada por ******************** y conformó el monto de la pensión provisional alimentaria fijada consistente en un salario mínimo diario en razón de $172.87 (ciento sesenta y dos pesos 87/100 moneda nacional). Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en el presente asunto, toda vez que contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada respecto a todos los actos reclamados, tal como se advierte de la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós (fojas 31 a 34) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manilla Hernández, con quien actúa y da fe.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, realizándolo mediante escrito presentado ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diecisiete de enero pasado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en la que la Justicia de la Unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ a la parte quejosa, Adrián Orlando Guevara Hernández, para los efectos siguientes: "(.)En conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Adrian Orlando Guevara Hernández, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, deje insubsistente la resolución dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil 888/2022 y, en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades particulares del acreedor alimentario y las posibilidades del deudor, aborde el análisis de la totalidad de las manifestaciones del reclamante, así como de las pruebas que acompañó a su recurso, en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. (.)" Posteriormente, en proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Octavo de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz. Asimismo, en auto de diez de enero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que con oficio 116, remitió la determinación de nueve de enero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 888/2022-X de su índice y, con libertad de jurisdicción, resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Adrián Orlando Guevara Hernández siguiendo los lineamientos que en la ejecutoria de amparo se le indicaron, a saber: Tomar en cuenta las manifestaciones y constancias que el reclamante exhibió, relativas a que justifica que carece de trabajo, consistentes en la constancia expedida por Preacero Pellizzari México, S.A. de C.V., en la que se indicó que Adrian Orlando Guevara Hernández laboró en dicha empresa desde el once de enero de dos mil veintiuno, hasta el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, así como diversos estados de cuenta de Banco Nacional de México de los meses noviembre de dos mil veintiuno, a marzo de dos mil veintidós, en los que se aprecia el depósito de nómina por parte de la referida empresa al hoy quejoso; por tanto, dichos medios de convicción deben ser objeto de valoración por parte de la autoridad, a efecto de determinar si son aptos o no para sustentar el dicho del recurrente. Expresar por qué llegó a la conclusión de que el demandado no cuenta con otros acreedores alimentarios, a pesar que en el correspondiente recurso, Adrian Orlando Guevara Hernández señaló que debe satisfacer las necesidades "tanto del menor que representa la actora, como de mi primera hija que aún es menor de edad". Además deberá analizar la copia certificada del acta de nacimiento número de control 07708 de fecha de registro veinticinco de septiembre de dos mil nueve, relativa a la menor de edad de siglas H.M.G.C., en la que se aprecia como nombre de padre, el del demandado Adrian Orlando Guevara Hernández, así como convenio de doce de abril de dos mil trece, celebrado ante la agente del Ministerio Público Especializado en Responsabilidad Juvenil y Conciliación de la Agencia Primera Especializada en Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y la Familia, en Veracruz, Veracruz, en el que el aquí quejoso se compromete a pagar la cantidad de trescientos pesos quincenales, para la manutención de la menor H.M.G.C., debiendo emitir contestación y establecer razonamientos a efecto de señalar si dicho argumento resulta apto o no para sustentar la modificación solicitada de la pensión alimenticia provisional. En relación al inciso a) se aprecia que el Juez responsable consideró que la parte actora en el hecho cuatro de su demanda citó que el demandado desarrolla una actividad por su cuenta como maestro soldador, misma actividad que estuvo realizando cuando se encontraba asalariado, sin que apreciara las constancias aportadas como medios idóneos para acreditar que no se encuentre realizando actividades laborales de forma privada. Asimismo, atendiendo al inciso b) y c), la autoridad responsable analizó que del acta de nacimiento 07708 de fecha de registro veinticinco de septiembre de dos mil nueve, se aprecia el nacimiento de una menor de iniciales H.M.G.C., quien nació el día cinco de septiembre de dos mil nueve, hija del demandado y una persona ajena al juicio; además, tomo en consideración que fue exhibida la fotocopia de un convenio que celebró el demandado con la mamá de la menor referida, lo cual fue realizado ante la agencia del Ministerio Público Especializada, en el que se comprometió a otorgar a la progenitora de la referida menor la cantidad de trescientos pesos quincenales, así como una tarjeta de despensa de ciento treinta pesos mensuales como alimentos. Así, de lo anterior llegó a la conclusión de que el deudor alimentario se encontraba depositando la cantidad acordada, al advertirlo de los estados de cuenta en donde aparecen los depósitos realizados a la señora Maribel Carrión Proo, por lo que, consideró tal circunstancia como un hecho que no se conocía cuando se decretó la pensión alimenticia y, observando el interés superior de los menores tanto de la acreedora alimentaria del juicio de origen como la diversa previamente mencionada, determinó que el demandado no acredito que su capacidad económica sea insuficiente, ni que se contraponga con la pensión alimenticia provisional establecida y de los gatos que eroga por su diversa hija y sus propios gastos. Lo anterior, pues a consideración de la autoridad responsable el deudor alimentario debió justificar que no desarrolla ninguna actividad laboral independiente, por lo tanto, el juez consideró que el hecho de que el demandado tuviera otra acreedora alimentaria, no era el medio idóneo para que procediera la reducción de la pensión alimenticia provisional. En relatadas condiciones, declaró improcedente la reclamación planteada por Adrián Orlando Guevara Hernández y conformó el monto de la pensión provisional alimentaria fijada consistente en un salario mínimo diario en razón de $172.87 (ciento sesenta y dos pesos 87/100 moneda nacional). Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en el presente asunto, toda vez que contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada respecto a todos los actos reclamados, tal como se advierte de la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós (fojas 31 a 34) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe.
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Boca del Río, Veracruz, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por Guadalupe Mosqueda Herrera, autorizada de la parte quejosa en el presente asunto, en atención a su contenido, téngasele desahogando la vista que se otorgó en proveído de diez de enero de dos mil veintitrés y, por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe.
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