Adrian Reyes Cadena

Expediente 143/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
143/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/08/2023

Partes del expediente

  • Adrian Reyes Cadena

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; y ordénese su archivo como asunto totalmente concluido. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: * No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. * Es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 del citado Acuerdo General, razón por la que, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del citado acuerdo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de control correspondiente (electrónico) así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponde, el oficio y anexos, que remite el Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en atención a que ese juzgado en auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, se declaró legalmente incompetente para conocer la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, promovida por César Antonio Cortes Bolaños quien se ostentó como defensor particular de Adrián Reyes Cadena, en el que además, la autoridad declinante, concedió la suspensión de plano al directo quejoso, por ello, adjunta los oficios suscritos por las siguientes autoridades: Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán (con registros 002404 y 002873). Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México (con registro 002420). Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales, de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación de dicha Secretaría, con residencia en la Ciudad de México (con registro 002544) al que se adjuntó copia certificada del expediente que esa institución administrativa tiene respecto al directo quejoso, respecto a la atención médica brinda con motivo de los efectos de la suspensión de plano. En atención a sus contenidos, téngaseles rindiendo su informe respecto a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa por el juez declinante en auto de dos de marzo de dos mil veintitrés; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Sin pasar inadvertido que, en auto de ocho de marzo de la presente anualidad este juzgado aceptó la competencia planteada, sin embargo, en este propio auto se desechó de plano la demanda de amparo, por la causal de improcedencia ahí precisada. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, ocho de marzo de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DEL OFICIO DE INCOMPETENCIA Se tiene por recibido el oficio OCC/C11/JDM/157/2023, signado por la jefe de oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito con sede en Morelia, por el cual se remite, el diverso 4702/2023, signado por el Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que se declara incompetente de conocer la demanda promovida por César Antonio Cortes Bolaños quien se ostenta como defensor particular de Adrián Reyes Cadena, tal y como se advierte del proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés dictado por la autoridad declinante. Asimismo, remite el expediente original del juicio de amparo 185/2023 y su acumulado 1862023, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA Ahora, del contenido del auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México dentro del juicio de amparo indirecto 185/2023 y su acumulado 186/2023, se advierte que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de las demanda de amparo promovida por César Antonio Cortes Bolaños quien se ostenta como defensor particular de Adrián Reyes Cadena, lo anterior, en virtud a que los actos que se reclaman en la demanda de amparo que origino dicho juicio tiene ejecución o se están ejecutando en la jurisdicción de este Tribunal, lo anterior de conformidad con los dispuesto por el artículo 37 de la Ley de amparo. Así, de las demandas de amparo de cuenta se desprende que la parte quejosa, señala como acto reclamado lo siguiente: ".SE RECLAMA LOS ACTOS QUE PONEN EN PELIGRO SU SALUD E INCLUSIVE VIDA AL NEGAR LA ATENCIÓN MÉDICA AÚN CUANDO HA PRESENTADO SINTOMATOLOGÍA GRAVE, SIN QUE SE LE OTORGUE UNA CONSULTA O DIAGNÓSTICO MEDICO." Y, como autoridades responsables ordenadoras a: TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA. TITULAR DEL ÓRGANO ADMINISTRAVIO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN READAPTACIÓN SOCIAL. C. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, CEFERESO NO. 17 MICHOACÁN. Como autoridades ejecutoras a: JEFE O ENCARGADO DEL ÁREA MÉDICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, CEFERESO NO. 17 MICHOACÁN. JEFE O ENRCARADO DEL ÁREA DE TRBAJO SOCIAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, CEFERESO NO. 17 MICHOACÁN. JEFE O ENCARGADO DEL ÁREA TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, CEFERESO NO. 17 MICHOACÁN. JEFE O ENCARGADO DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, CEFERESO NO. 17 MICHOACÁN. JEFE O ENCARGADO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOPCIAL, CEFERESO NO. 17 MICHOACÁN. Ahora bien, de la lectura integral de las demandas, como un todo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: La omisión de proporcionar al quejoso la atención médica para su sintomatología -grave-, y su ejecución, al negarle al quejoso consulta y el correspondiente diagnóstico. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Por lo anteriormente indicado, estando dentro del término de cuarenta y ocho horas que establece el segundo párrafo del artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a fin de resolver sobre la aceptación de la competencia planteada, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA y SE AVOCA AL CONOCIMIENTO de los escritos de demanda promovidas por César Antonio Cortes Bolaños se ostenta como defensor particular de Adrián Reyes Cadena, contra actos del Titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y, otras autoridades, en razón a que ese acto reclamado tiene impacto dentro de la jurisdicción sobre la cual este juzgado ejerce competencia; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 143/2023. Ahora bien, como se adelantó el acto reclamado, se hace consistir en: La omisión de proporcionar al quejoso la atención médica para su sintomatología -grave-, y su ejecución, al negarle al quejoso consulta y el correspondiente diagnóstico. DESECHAMIENTO Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Asentado lo anterior, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo; así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, destaca en su importancia, el principio de definitividad que la parte quejosa debió observar frente a los actos reclamados, ya que contra ellos procede el instrumento legal establecido en los artículos 24, 107 al 117, 122, 124, 125, 138 y 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, se considera así pues dicho sistema normativo en su artículo 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida digna y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso trascienda a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 1. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: 1. Que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2. Las peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciara resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla. 3. Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado). 4. Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5. En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento. 6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas. 7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa. De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad (como el agraviado) ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tiene a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a la omisión de proporcionar al quejoso la atención médica para su sintomatología -grave-, y su ejecución, al negarle al quejoso consulta y el correspondiente diagnóstico; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por tanto, si el quejoso acuden en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos entre otra a la autoridad directiva del centro de reclusión donde se encuentra interno, mismo que se vinculan con las condiciones de su estancia en el mismo, como la omisión de proporcionar al quejoso la atención médica para su sintomatología -grave-, y su ejecución, al negarle al quejoso consulta y el correspondiente diagnóstico, es claro que resulta aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, es preciso concluir que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, de ser un caso urgente, debió acudir ante el juez de ejecución para plantear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgentes, debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serle favorable o no se le responda, plantear la controversia ante el Juez de Ejecución, lo que le permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que al no hacerlo así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, provoca DESECHAR DE PLANO EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar la presentación que antecede, pues la causal de improcedencia invocada no se apoya en aspectos fácticos, sino que deriva de la propia ley que regula el medio de impugnación ordinario. Tienen aplicación al caso, los criterios siguientes: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO." "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA IMPUGNAR HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN." No se soslaya que en el caso pudiera estimarse que se actualiza alguna de la excepción al principio rector en estudio, sin embargo, de los artículos 115 a 117, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que no es así, como enseguida se expondrá. Esto es, porque de la lectura de dichos preceptos se desprende que las personas privadas de su libertad, podrán acudir directamente al Juez de Ejecución, cuando se trate de peticiones urgentes, quien oficiosamente suspenderá el hecho o acto de que se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto resuelva en definitiva el planteamiento formulado, además, si se trata de omisiones será la autoridad jurisdiccional quien estará facultada para conocer de las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, para lo cual determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciara; asimismo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte ordenará la suspensión del acto motivo de la controversia si lo considera pertinente; previsiones que se estiman en términos similares a los que fija la Ley de Amparo para la suspensión. Luego, si el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal establece una previsión para suspender los actos controvertidos, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, es evidente no opera la excepción al principio de definitividad, por lo que no existe impedimento para desechar en este juicio, en los términos anotados. Se destaca que lo expuesto tiene sustento, además, en la ejecutoria dictada el seis septiembre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, al resolver el amparo en revisión 146/2018. Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de una causal de improcedencia del juicio de garantías que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113, de dicho ordenamiento legal. Sin pasar por alto que, en los autos del juicio de amparo 114/2023 del índice de este juzgado, se desechó la demanda de amparo del directo Adrián Reyes Cadena, por el mismo acto reclamado, empero, en esa demanda, únicamente, señaló como autoridad responsable ordenadora al Director General del Centro Federal de Readaptación Social, CEFERESO NO. 17 Michoacán, en tanto, en las demandas de amparo que se desechan en este auto, fueron señaladas además de esa, otras autoridades, de ahí que, en el caso se considera se actualiza la causa de improcedencia analizada y no otra. Finalmente, en atención al sentido de este auto, resulta innecesario realizar mayor pronunciamiento, respecto a la acumulación de las demandas de amparo que ordenó la autoridad declinante. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO Tomando en consideración que el peticionario del amparo, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS "Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, Michoacán; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y notifique personalmente al quejoso directo Adrián Reyes Cadena, el presente proveído. AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como autorizados en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Cesar Antonio Cortes Bolaños, Oscar Gutiérrez Gómez y Julio César Ortiz Valdez, toda vez que, cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que Juanita Jazmín Domínguez Moreno, únicamente estará autorizada para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto acredite encontrarse facultada para ejercer la profesión de licenciada en derecho, de igual forma, a las diversas personas que se indican en la demanda de amparo, por así haberse solicitado expresamente. Juicio en línea Como lo solicita la parte quejosa, en términos del artículo 3, párrafos primero, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, se abre juicio en línea, y se le autoriza el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario "CESARBOLANOS ", donde se harán las notificaciones electrónicas respectivas, conforme a la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 24, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 14, 16 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para cuyo efecto, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes -SISE, que otorgue los permisos correspondientes en el sistema, así como al actuario de la adscripción para que realizarle las notificaciones personales través del Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notificación a las autoridades Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificaran por medio de lista. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Hágase saber a las autoridades responsables y a las partes que, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Autorización de copias Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Transparencia y acceso a la información De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y A SUS AUTORIZADOS VÍA ELECTRÓNICA.

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