Adrian Alejandre Rubio
Expediente 73/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 73/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adrian Alejandre Rubio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el alegato constitucional 24/2023 suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante el cual formula alegatos, por lo que con el mismo se ordena dar nueva cuenta al momento de la audiencia constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte tercera interesada, víctima indirecta Irma Zamudio Aguilar, por conducto de su asesor jurídico victimal Fernando Loa Bernabé, se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, en el presente asunto, no ha trascurrido; por tanto, a fin de que dicha parte se imponga de su contenido, y esté en condiciones de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, la audiencia constitucional señalada para esta data, se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Uruapan, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintitrés. Acto continuo, el Secretario hace constar que en los presentes autos obra: Copia simple de la demanda de amparo. Auto del quince de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se concedió la suspensión provisional. Asimismo, se hace constar que obra el informe previo, de la autoridad responsable que se relaciona en el cuadro siguiente: No.Autoridad responsableSentidoÚnicaMagistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán. Cierto A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 138 y 144 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que anteceden; asimismo, por rendido el informe previo de la autoridad mencionada en el recuadro ilustrado, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de lo dispuesto por el artículo 140 de la ley de la materia. A continuación, se declara abierto el período de pruebas: El Secretario hace constar que las partes no ofrecieron medio probatorio. Al efecto la Jueza acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes de ofrecer pruebas, con lo que se cierra esta etapa. Abierto el periodo de alegatos. El secretario certifica que ninguna de las partes formuló alegatos de su parte, asimismo, certifica el acto que se reclama en el presente asunto es el siguiente: (.) La resolución emitida por la autoridad responsable el 5 cinco de enero de 2023 dos mil veintitrés, dentro del toca penal número ********************-********************/********************, formado con motivo de la apelación interpuesta por el primero de los suscritos en contra de la resolución que impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa emitida en la audiencia de fecha 28 de octubre del año ********************, por el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, en la que el resolutor RESOLVIÓ EN AUDIENCIA IMPONER LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, dentro de la causa penal ********************/********************. (.)". Y no es de los señalados por el artículo 15 de la ley de amparo; de igual manera, certifica que las partes no formularon durante el juicio alegatos por escrito. Al efecto la Jueza acuerda: con las certificaciones anteriores, y toda vez que el acto que se reclama en este juicio de amparo, no es de los establecido por el artículo 15 de la Ley de Amparo, y téngase por perdido el derecho de las partes para formular alegatos, cerrándose así este período. Con lo anterior, se levanta la presente acta para constancia legal, procediéndose a dictar la interlocutoria siguiente: Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 73/2023. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, tiene competencia legal para resolver el presente incidente de suspensión, toda vez que la competencia, nace en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión y se extiende a éste. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En el caso se tiene que, se trata de la resolución dictada por la autoridad responsable, el cinco de enero de dos mil veintitrés, dentro del toca penal número ********************-********************/********************, formado con motivo de la apelación interpuesta por el directo quejoso en contra de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictada por el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, en audiencia de veintiocho de octubre del año ********************, dentro de la causa penal ********************/********************. TERCERO. Efectos que el quejoso espera de la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión en los para los efectos siguientes: Empero, será esta Juzgadora quien, en caso de proceder, hará el pronunciamiento de los efectos correspondientes de la suspensión y conforme a lo establecido por la propia ley de Amparo, en razón a que, en el caso, el amparo y su suspensión, se pide contra un acto que afecta la libertad personal del quejoso dentro del procedimiento penal que se sigue en su contra, concretamente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, supuesto que se prevé en el artículo 161 de la ley de la materia, y que precisa cuáles serán sus efectos. TERCERO. Existencia del Acto Reclamado. Es cierto el acto reclamado en razón a que la autoridad responsable así lo aceptó en su informe previo. CUARTO. Estudio de la suspensión solicitada. En ese sentido, para resolver la suspensión de que se trata, debe atenderse a lo previsto, entre otros numerales, al 128, 131, 138 y 161 de la Ley de Amparo, porque, en dicha normativa, por un lado, se prevén los requisitos que deben cubrirse para su otorgamiento, por otro, cuáles serán los efectos; por lo que, se procede analizar el requisito referente al interés suspensional de la parte quejosa, para efectos de la medida cautelar. Así, se tiene que el quejoso acude a la vía indirecta constitucional, en su calidad de parte formal en los autos del toca penal ********************-********************/******************** del índice de la autoridad responsable, en su carácter de apelante, al interponer recurso de apelación en contra de la resolución dictada, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, por el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, dentro de la causa penal ********************/********************, en la que resolvió, en audiencia, imponerle, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Por tanto, la parte quejosa demuestra su intereses suspensional, que permite continuar con el estudio de la presente suspensión. Ahora, el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que, no serán objeto de suspensión, entre otros supuestos, la medida cautelar concedida por autoridad judicial, lo que en este caso implicaría, bajo ese supuesto, negar la suspensión, en razón a que el acto reclamado, precisamente, se trata de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictada por una autoridad judicial. Sin embargo, no se pierde de vista que dicho dispositivo 128, se encuentra ubicado en la Primera Parte -Reglas Generales- de la Sección Tercera -Suspensión del Acto reclamado-, del Capítulo I -El Amparo Indirecto- correspondientes al Título Segundo -De los procedimientos de Amparo-de la Ley de Amparo. En tanto, en la Segunda Parte -Materia Penal-, de la citada Sección Tercera -Suspensión del Acto reclamado-, Capítulo I -El Amparo Indirecto-, correspondientes al Título Segundo -De los procedimientos de Amparo- de la Ley de Amparo, se contempla al artículo 161, el cual ya establece, el efecto que debe proyectar la suspensión, cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, como en el caso se ha dicho, es la medida cautelar reclamada. Por tanto, cuando se trate de una medida cautelar que implique afectación a la libertad persona de una persona dictada dentro de un procedimiento de orden penal, se debe atender a lo previsto en la segunda parte de la suspensión en la vía indirecta de la Ley de Amparo, dado que en ella, el legislador enfatizó supuestos que pueden presentarse en materia penal y que merecen, tratamiento distinto a los supuestos que se presentan en otras materias, de ahí que no se les pueden aplicar las reglas generales previstas en la primera parte de la suspensión del amparo indirecto. Lo anterior es así, porque, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 397/2016 consideró que del proceso legislativo [de la Ley de Amparo] se advierte que la finalidad de establecer un epígrafe especial para la materia penal, no fue excluir de la suspensión a los actos reclamados en materia penal que no estuvieran expresamente contemplados en la misma, sino una diversa, a saber, dar un tratamiento unitario a las clases de actos reclamados más recurrentes en materia penal que -en general- pudieran incidir directa o indirectamente en la libertad personal, sin que esto implique, en modo alguno, que los actos reclamables en materia penal se limitan a los allí previstos, ya que existe una cantidad indeterminada de actos reclamables en materia penal que no están regulados específicamente por el apartado respectivo de la Ley de Amparo y que, sin embargo, como cualquier otro acto, son susceptibles de generar los efectos que pretenden evitarse mediante la suspensión: dejar sin materia el juicio y causar daños irreparables o difícilmente reparables. Luego, si la resolución que se reclama de inconstitucional, versa en la continuación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es decir un acto que afecta la libertad personal del quejoso dentro del procedimiento penal; por tanto, a consideración de la suscrita ello no actualiza el impedimento previsto en artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, porque, de otorgarse la suspensión solicitada, no se contravienen disposiciones de orden público, ni se priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, menos se le infiere daño, de ahí que, lo procedente es CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. QUINTO. Efectos de la suspensión definitiva. Con fundamento en el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo, el efecto de la presente suspensión, será para que el quejoso quede a disposición de este órgano de Control Constitucional, por cuanto a su libertad personal se refiere en el lugar donde se encuentre recluido y a disposición de la autoridad judicial responsable que conoce de la causa penal de que se trata, para la continuación de su procedimiento penal, en razón a que, la medida cautelar reclamada se otorgó respecto al hecho que la ley considera como delito de homicidio, el cual, en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica tal medida. CONDICIONES DE LA SUSPENSIÓN La presente medida cautelar tendrá efectos desde el momento en que se dicta esta determinación y hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se pronuncie en el juicio principal y la misma haya quedado firme. La medida cautelar deberá ser acatada por las autoridades responsables, con el apercibimiento que en caso de desobediencia se procederá en términos del artículo 206 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- Se concede a ********************, la suspensión definitiva que solicita, respecto de los actos reclamados a la autoridad precisada en el considerando tercero de esta interlocutoria y por los motivos expuestos en el cuarto punto considerativo, y para los efectos insertos en el quinto considerando. NOTIFÍQUESE; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado.
- Principal
En razón de que la parte tercera interesada ALEJANDRO ANTONIO MIRANDA (VÍCTIMA INDIRECTA IRMA ZAMUDIO AGUILAR), POR CONDUCTO DE SU ASESOR JURÍDICO VICTIMAL FERNANDO LOA BERNABÉ, no compareció ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del citatorio que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el nueve del mes y año en curso, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación de los proveídos de quince y veintisiete de febrero del presente año, así como su emplazamiento a juicio respecto de la demanda de garantías que presentó Adrián Alejandre Rubio, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. PROVEIDOS QUE DICEN: Uruapan, Michoacán, quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el escrito firmado por Adrián Alejandre Rubio, quien, en principio, manifiesta que es el quejoso directo en el presente juicio de amparo y su defensor particular lo es Gustavo Cesar Carreón Borja, como lo indicó en su demanda, además, cumple con la prevención impuesta en auto de dos de febrero pasado. Bajo esa premisa, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, se asentó como parte quejosa "Adrián Alejandre Rubio, ostentándose como defensor particular de Gustavo Cesar Carreón Borja" siendo que, lo correcto es Adrián Alejandre Rubio, quejoso directo, por su propio derecho y su defensor particular Gustavo Cesar Carreón Borja, con tal carácter; por lo que, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se ordena regularizar el procedimiento, únicamente para aclarar el nombre del citado quejoso directo. Ahora bien, atento a lo expuesto en el escrito de cuenta por el quejoso Adrián Alejandre Rubio y, atento a su contenido, téngasele cumpliendo en tiempo con la prevención contenida en auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, al efecto manifiesta: "ADRIAN ALEJANDRE RUBIO, quejoso directo, me encuentro recluido en el Centro Penitenciario "Licenciado Eduardo Ruíz [CERESO "Lic. Eduardo Ruíz], ubicado en Carretera Uruapan-Taretán KM 4.5 1, C.P. 60220, Uruapan, Michoacán." Manifestación que se tiene por hecha para los efectos legales consiguientes. ADMISIÓN. Vista la demanda y escrito aclaratorio de cuenta, firmados por el quejoso Adrián Alejandre Rubio, por su propio derecho, contra actos que atribuye al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE en sus términos la demanda de que se trata. Con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, por separado fórmese y tramítese el incidente de suspensión que se solicita. Ahora, cabe precisar que, si bien, en este caso, el quejoso reclama violaciones al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, el acto reclamado, tiene relación con el diverso 19 de ese máximo ordenamiento, lo cierto es que, no se reclama una resolución que se vincule directamente al proceso penal, sino que, se trata de una circunstancia autónoma, como es la medida cautelar; por tanto, la continuación del procedimiento y el dictado de su sentencia en primera instancia, no implica dejar, en este caso, irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, porque, aun con el dictado de esa sentencia, puede seguir surtiendo efectos la medida cautelar reclamada. Por tanto, la autoridad judicial que conoce del proceso penal del cual deriva el acto reclamado, no tendrá porque, suspender el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia. Dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con los artículos 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables, su INFORME JUSTIFICADO el cual deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que tomaron en consideración para emitirlo. Asimismo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir su informe justificado, informen si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata promovió algún medio ordinario de defensa o, bien, diverso juicio de amparo en contra del acto que por esta vía constitucional reclama. Se les hace saber que el correo electrónico oficial de este juzgado es 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx para esos fines. En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se les haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Respecto al emplazamiento de quién o quiénes les pudiera resultar el carácter de terceros interesados, se reserva acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto obren constancias en autos que así lo acrediten, de ser ciertos los actos reclamados. FORMA DE NOTIFICAR Y HABILITACIÓN HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio, debiendo notificarse preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a las autoridades, de así desearlo, proporcionen algún correo electrónico oficial o se den de alta con Firel y acepten la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación; de no desearlo así, se le notificarán por medios ordinarios como antes se ha señalado; lo anterior con apoyo en la SECNO/7/2020 y acuerdo general en cita; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. En el caso del agente del Ministerio Público adscrito se le notificará por oficio cuando se trata de amparos contra normas generales, cuando cuenten con firma electrónica se le harán las notificaciones en línea si solicita expresamente el acceso al expediente electrónico y autoriza su notificación en línea; cuando no cuenten con ella, la notificación se realizará, en los demás casos por medio de lista electrónica, aun respecto de las de carácter personal, cuando así lo solicite, con base en el artículo 30, de la Ley de Amparo, al ser parte en el juicio de amparo; así como con apoyo en la SECNO/7/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Uruapan, Michoacán, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el escrito de cuenta signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, mediante el cual, en cumplimiento al oficio que le fue allegado por la autoridad aquí responsable Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, allega copias autentificadas de la causa penal 215/2019, de la cual deriva el acto aquí reclamado, asimismo, de audio y video de las audiencia de juicio (un disco), del índice cronológico de las audiencia y, la notificación del fiscal del juicio y alzada (emplazamiento de su carácter de tercero interesado). Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad de mérito, remitiendo en apoyo al informe de ley del citado magistrado, dichas constancias, con las cuales dése vista a las partes por el término de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por otro lado, agréguese el oficio y anexo de cuenta, registrado con folio 3341; con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, así como por ofrecidas las documentales que remite en su apoyo, consistente en: Testimonio del toca de apelación número XI-126/2022, de su índice, del cual deriva el acto aquí reclamado. Con el informe y documental de referencia, dése vista a las partes por el término de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Ahora bien, del informe justificado rendido por el citado Magistrado, se advierte que es cierto el acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 5° fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo, les resulta el carácter de terceros interesados a: Alejandro Antonio Coria Miranda (víctima indirecta Irma Zamudio Aguilar), por conducto de su asesor jurídico victimal Fernando Loa Bernabé, con domicilio para recibir notificaciones en el área administrativa del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, unicado en la calle de Leona Vicario sin número esquina con Privada de Cedros de la colinia San Rafael de Uruapan, con número telefónico 353-100-05-55 (dato de contacto). Agente del Ministerio Público de Litigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán -encargado de la causa penal 215/2019, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán-. En tales condiciones, resulta incensario ordenar nuevamente el emplazamiento del agente tercero interesado, ya que en cumplimiento a lo ordenado por el Magistrado responsable, dicha constancias fue allegada en autos, como se advierte que párrafos que anteceden. Luego, se comisiona al Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, a fin de que se constituya en legal y debida forma, en el domicilio señalado del tercero interesado Alejandro Antonio Coria Miranda (víctima indirecta Irma Zamudio Aguilar), por conducto de su asesor jurídico victimal Fernando Loa Bernabé y la emplace a juicio, en el domicilio antes precisado; una vez hecho lo anterior, le corra traslado con copia simple de la demanda de amparo y del auto admisorio; asimismo, le informe que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de marzo de dos mil veintitrés, para el verificativo de la audiencia constitucional; además, le requiera para que al momento de la notificación o, bien, dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio procesal en esta ciudad, esto es, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes y aún las de carácter personal, se le harán por lista en los estrados de este juzgado, hasta en tanto no señale un nuevo domicilio para oír notificaciones. Finalmente, glósese el diverso oficio allegado por el citado Magistrado, por el cual, se advierte que informa, recibió los oficios por los que se solicitan sus respectivos informes (mismos que ya obran en autos); de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA (JUICIO EN LÍNEA) y, emplácese a la parte tercera interesada.
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