Adrián Ortiz Rivera
Expediente 915/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 915/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adrián Ortiz Rivera
- Personal de seguridad y custodia de la Penitenciaría de la Ciudad de México.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal, el auto dictado el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Démian Gibrán González Ramírez, secretaria que autoriza y da fe.
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En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto lo de cuenta, agréguese únicamente como constancia el oficio del Subdirector de Defensa y Asesoría Jurídica del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad; lo anterior en atención a que, en auto de veinticinco de los actuales se tuvo al licenciado Luis Miguel García Aguilar, apersonándose al presente asunto.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y SU DEFENSOR, LOS SIGUIENTES PROVEÍDOS: ... En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Por recibida la demanda promovida por María del Carmen Rivera promoviendo a favor de Adrián Ortiz Rivera, contra actos del Personal de seguridad y custodia de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 915/2021. 1.2. Examen de la demanda y precisión de acto reclamado: Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, cabe destacar que el quejoso hace consistir el acto reclamado en: La orden de traslado del Centro Penitenciario en el que se encuentra recluido a cualquier centro de reclusión y su ejecución fuera del procedimiento. Asimismo, la reubicación dentro del centro penitenciario sin emplazamiento y, la tortura psicológica derivada de la reubicación en los módulos (8 o 9). 1.3. Causa de improcedencia y desechamiento. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Dicho numeral dispone que, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éstos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. La hipótesis es de interpretación restrictiva y tiene cuatro excepciones contemplado en el aludido artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, exclusivamente los siguientes supuestos: a) Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. b) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. c) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. d) Que la suspensión tenga los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Como se observa, previo al ejercicio de la acción constitucional, se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario. Sobre el tema, es menester enfatizar que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo el modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, por lo que, conforme con el nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas; en consecuencia, el Poder Judicial es el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de la pena dictada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. El conjunto de esas reformas, puso de manifiesto que la facultad de administrar las prisiones correspondería al Poder Ejecutivo, y confiriendo al Poder Judicial la potestad de ejecutar lo juzgado, a través de la creación de la figura de los "jueces de ejecución de sentencias". Entonces, correspondía a las autoridades judiciales en materia penal, en especial a los jueces de ejecución, tanto en el ámbito federal como local, asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se podían producir dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución podía adoptar la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Es conveniente señalar que por tratarse de situaciones relacionadas a la reclusión del quejoso, el acto reclamado en esta instancia, le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal, y dentro del capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo, se contempla la posibilidad de que los internos lleven a cabo las peticiones administrativas que requieran dentro de su estancia en los centros de internamiento. Así, en el caso, los artículos 107, 108, 109, 110, 115, 116, fracción I, 117 y 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se advierte que prevé un procedimiento administrativo relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, en lo que se refiere a la afectación de sus condiciones de vida digna segura en reclusión, como cuestiones relativas a la salud, alimentación nutritiva, a permanecer en estancias designadas, a recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal, así como artículos de aseo diario necesarios, acceder al régimen de visitas, a efectuar peticiones p quejas por escrito y en casos urgentes por cualquier medio a las instancias correspondientes, a que se garantice su integridad moral, física, sexual psicológica y a participar en integración de su pan de actividades el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de su libertad respecto a las condiciones de operación del centro penitenciario. También se desprende que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad, ante el director del centro en que se encuentren recluidos, en el que se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión, incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad, cuando se lo solicite, a formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición y la forma en que debe sustanciar tales peticiones y la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria. En casos urgentes podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, cuando se encuentre en riesgo su vida e integridad física, en un procedimiento especial, pues en este caso el Juez de ejecución de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; en el entendido que cuando el juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. De igual manera la persona privada de su libertad también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Asimismo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el cual se encuentra previsto en el capítulo IV, relativo a controversias ante el Juez de Ejecución, en los numerales 116 a 119 de la citada legislación, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular peticiones administrativas también tiene acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre diversos aspectos, entre los que se encuentran condiciones de internamiento, plan de actividades, duración, modificación de la pena y sus efectos, para lo cual será requisito indispensable que agote la petición administrativa. En el caso, la parte quejosa reclama: La orden de traslado del Centro Penitenciario en el que se encuentra recluido a cualquier centro de reclusión y su ejecución fuera del procedimiento. Asimismo, la reubicación dentro del centro penitenciario sin emplazamiento y, la tortura psicológica derivada de la reubicación en los módulos (8 o 9). Ahora, como antecedentes del acto reclamado se desprende que la parte quejosa refiere que cuando gozaba de su libertad, fungió como policía federal, realizó diversas detenciones a individuos que cometieron conductas antijurídicas, quienes fueron condenados con pena de cárcel, y varios de estos individuos se encuentran actualmente en los módulos (8 y 9) de la Penitenciaría de la Ciudad de México cuyo uso es de conductas especiales; que con antelación, sufrió amenazas de muerte por parte de diversos internos que habitan en los módulos multicitados (8 y 9), circunstancia que tienen conocimiento las responsables señaladas, no obstante con su conducta ponen en riesgo la vida del quejoso pues su ubicación original es el dormitorio 4, zona 3, estancia 3, la cual fue determinada por Comité Técnico. Lo narrado, permite concluir que dichos actos son relativos a condiciones de internamiento del quejoso. Ahora, respecto de los diversos actos reclamados consistentes en tormento psicológico y abuso de autoridad, debe decirse que dichos actos derivan de las citadas condiciones; lo anterior es así, ya que si bien el quejoso argumenta que sufre tortura psicológica y abuso de poder -por reubicación de módulo-; lo cierto es que los mismos derivan directamente de las condiciones de internamiento en la que se encuentra actualmente, es decir, el origen de ellos es porque se encuentra en un pabellón diverso al en que se encontraba, lo que genera esos actos que reclama, ya que como fue expuesto la demanda planteada, por el quejoso la hace depender esencialmente respecto de temas de estadía. Por tanto, previo a promover la demanda de amparo, por ser un medio extraordinario de defensa, debió formular la petición administrativa prevista por el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante el Director del Centro Penitenciario en el que guarda reclusión, pues no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo, con motivo de su suspensión, pues como ya se dijo la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que en casos urgentes, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición así como los defectos que tuviere hasta en tanto se resuelva en definitiva. En ese sentido, se colige que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las situaciones relacionadas con su reclusión; como lo es, lo relativo a cuestiones relativas a la salud y alimentación nutritiva y a efectuar peticiones o quejas por escrito, adicionalmente cuenta con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, por lo que es inconcuso que dichos procedimientos deben ser agotados previo a la presentación del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. Sin que al efecto se pueda considerar actualizada alguna de las excepciones a que alude la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, pues no se está ante violaciones directas a la constitución, pues el derecho a recibir un trato digno, de las personas privadas de la libertad, se encuentran reguladas por la citada ley de ejecución; además, no se está en el caso de que el medio de defensa que está previsto para combatir el acto en estudio se encuentre contemplado en un reglamento, pues como se precisó en líneas precedentes, es la propia Ley de Ejecución de Penas la que estipula y al ser el acto reclamado una omisión no está sujeto a la condicionante constitucional de estar fundado, precisamente atendiendo a su naturaleza omisiva. Además, respecto de la orden de traslado, la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Ahora bien, existen dos medios de defensas legales, a través de los cuales, dependiendo del actuar de dichas autoridades jurisdiccionales, podrán ser empleadas según sea el caso. En el primer supuesto, una vez que se ha notificado del traslado del recluso, el Juez de Control o de Ejecución, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, la cual podrá ser combatida a través del recurso de apelación, contemplado en el numeral 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por el que un tribunal de alzada revisará la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III y último párrafo, de dicha la Ley Nacional, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Ahora, el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, la firma o huella digital y que de acuerdo con dicha pretensión, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Asimismo, el segundo párrafo, del numeral 124 de dicha Ley, precisa que de no atenderse de inmediato aquellos casos urgentes de medidas disciplinarias y de violación a derechos, como ocurre cuando se trata de una restricción adicional a la libertad de los internos de algún centro penitenciario, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, por lo que el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva, pues de no hacerlo así, podría dejar sin materia el medio de defensa legal intentado. De manera que lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cumple con las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Ahora, la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento administrativo contemplado en la Ley de Ejecución Penal, en donde además existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. En ese sentido, se colige que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las situaciones relacionadas con su reclusión; y a efectuar peticiones o quejas por escrito, adicionalmente cuenta con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, por lo que es inconcuso que dichos procedimientos deben ser agotados previo a la presentación del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. Por lo que, al no existir ninguna causa de excepción y que dicha orden no tiene el carácter de definitivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se manifiesta e indudable la causal de improcedencia, con fundamento en el 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que nos ocupa. En la inteligencia, de que se arriba a la anterior determinación, con base a los fundamentos establecidos en el recurso de queja 36/2020, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del desechamiento de demanda de amparo. 1.4. Notificación al quejoso. Ahora bien, toda vez que el quejoso directo Adrián Ortiz Rivera, se encuentra recluido en la Penitenciaria de la Ciudad de México, con sede Iztapalapa, en algunas de más áreas de conductas especiales de los módulos 8 o 9 de la citada penitenciaría; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia, gírese exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva comisionar a quien corresponda, para que se constituya en el domicilio citado y notifique al quejoso el contenido de este auto. Facultándose al juez requerido, para que en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habiliten días y horas inhábiles a efecto de que realice la referida diligencia. Hecho lo anterior, deberá devolver la citada comunicación oficial adjuntando las constancias que acrediten su diligenciación. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. 1.5 Representante especial. Tomando en consideración que el peticionario del amparo se encuentra privado de su libertad y no designó autorizado alguno para recibir notificaciones; en esa virtud, con fundamento en el artículo 29 fracción V, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, solicítese vía correo electrónico al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, para que tenga a bien designarle un asesor o defensor público, que asista al impetrante, por lo que se refiere a este expediente, adjuntándole copia simple de la demanda y de este acuerdo, para los efectos legales respectivos. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en el Acuerdo General 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformaron el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. 2.3. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Correo electrónico 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje al correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Morelia, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.6. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.7. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.8. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.8.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.8.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.8.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.8.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.8.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado al siguiente medio de contacto: Correo electrónico del juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.8.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.8.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.8.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.9. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ... En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Acepta cargo defensor. Se tiene por recibido el escrito signado por el del licenciado Luis Miguel García Aguilar, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en autos, hace del conocimiento que le fue notificado por la Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, la designación como asesor jurídico para brindar el servicio de defensa al quejoso Adrián Ortiz Aguilar; en tales condiciones se le tiene aceptando el cargo conferido en el presente asunto, reconociéndole tal carácter. 1.2. Señala domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados. Se tiene al ocursante señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como el correo vampereggae@hotmail.com; por tanto, manténgase bajo resguardo ese dato, a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que sólo deba acudirse físicamente a este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. 2. Estado procesal notificación defensor. En el auto inicial dictado el de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se determinó desechar la demanda interpuesta por Adrián Ortiz Aguilar; en consecuencia, a fin de que el defensor Luis Miguel García Aguilar, se encuentre debidamente impuesto de dicha determinación, notifíquesele personalmente el proveído en cuestión. ...
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Acepta cargo defensor. Se tiene por recibido el escrito signado por el del licenciado Luis Miguel García Aguilar, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en autos, hace del conocimiento que le fue notificado por la Subdirección de Defensa y Asesoría Jurídica del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, la designación como asesor jurídico para brindar el servicio de defensa al quejoso Adrián Ortiz Aguilar; en tales condiciones se le tiene aceptando el cargo conferido en el presente asunto, reconociéndole tal carácter. 1.2. Señala domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados. Se tiene al ocursante señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como el correo vampereggae@hotmail.com; por tanto, manténgase bajo resguardo ese dato, a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que sólo deba acudirse físicamente a este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. 2. Estado procesal notificación defensor. En el auto inicial dictado el de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se determinó desechar la demanda interpuesta por Adrián Ortiz Aguilar; en consecuencia, a fin de que el defensor Luis Miguel García Aguilar, se encuentre debidamente impuesto de dicha determinación, notifíquesele personalmente el proveído en cuestión.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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