Adrián López Solís, Fiscal General del Estado

Expediente 669/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
669/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
10/12/2021

Partes del expediente

  • Adrián López Solís, Fiscal General del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Tanto de la certificación de cuenta como del estado procesal, se desprende que no fue impugnada en legal término la sentencia que sobreseyó y negó la protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. Valoración de expedientes. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Ahora, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados, en consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión también es susceptible de DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 1.3. Transferencia de expedientes. De conformidad con el tercer párrafo del numeral 18 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes depúrese el cuaderno principal como el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 1.4. Constancia. La anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. 1.5. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a devolver documentos dado que no se ofertaron.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Vistos el estado que guarda el expediente electrónico, del que se aprecia que no se encuentra vinculada electrónicamente la sentencia; atento a ello, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y II, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la autorización de dicha sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que queden debidamente integradas las constancias electrónicas de este trámite. Por otro lado, se advierte que a la fecha, no han sido notificadas las partes de la citada sentencia; en esa virtud, se ordena notificarle dicha determinación. Asimismo, gírese atento oficio vía electrónica, a la autoridad responsable, adjuntándole copia simple de la mencionada sentencia.

  3. Principal

    Vistos el estado que guarda el expediente electrónico, del que se aprecia que no se encuentra vinculada electrónicamente la sentencia; atento a ello, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y II, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la autorización de dicha sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que queden debidamente integradas las constancias electrónicas de este trámite. Por otro lado, se advierte que a la fecha, no han sido notificadas las partes de la citada sentencia; en esa virtud, se ordena notificarle dicha determinación. Asimismo, gírese atento oficio vía electrónica, a la autoridad responsable, adjuntándole copia simple de la mencionada sentencia.

  4. Principal

    S E N T E N C I A VISTO para resolver el juicio de amparo 669/2020 promovido por Adrián López Solís quien alega vulneración a los derechos humanos consignados en los artículos 1º 3º 4° 14 16 17 22 115 116 y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuida a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán este órgano jurisdiccional ha decidido SOBRESEER EN EL JUICIO Y NO AMPARAR NI PROTEGER AL QUEJOSO Al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES y PRIMERO Consideración previa El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno el suscrito juez fue adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de siete de julio del año en curso sin que previo a la emisión de esta sentencia tal incorporación se haya informado a las partes Sin embargo se considera que esa falta de notificación no causa agravio alguno a los interesados tanto porque este nuevo titular estima no encontrarse en alguna causa de impedimento para resolver el asunto cuanto porque el trámite de la vista mencionada únicamente dilataría la impartición de justicia tomando en cuenta que se actúa en un expediente en el que a pesar de que la audiencia constitucional fue celebrada hace meses no se ha dictado sentencia sino hasta ahora cuestión que cabe precisar no es responsabilidad del juzgador de reciente adscripción como sí lo es en cambio remediar tal omisión con el pronto dictado del fallo Lo anterior sin perjuicio de que las partes pudiesen alegar lo que a su interés convenga en un eventual recurso de revisión en términos de la jurisprudencia 2a /J 104/2010 de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO" si acaso estimaren que existe una causa que impida a este juzgador resolver aunque para ello también deberán considerar que para evitar la interposición de recusaciones sin fundamento el legislador ha dispuesto que en el escrito relativo no sólo han de manifestarse bajo protesta de decir verdad los hechos que la fundamentan sino también que se exhiba en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada según se desprende del artículo 59 de la Ley de Amparo SEGUNDO Precisión del acto reclamado1 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo en este apartado se procede a precisar el acto reclamado En ese sentido del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata se desprende que la parte quejosa reclamó lo siguiente ?El proceso legislativo que culminó con la emisión del artículo 42 de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Michoacán de contenido siguiente Artículo 42 - Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por el Presidente y los secretarios y los acuerdos sólo por éstos Las leyes o decretos se promulgarán en esta forma "El Congreso de Michoacán de Ocampo decreta" (Texto de la Ley o decreto) El Congreso expedirá la Ley Orgánica que regulará su estructura y funcionamiento internos así como la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán Estas leyes no podrán ser vetadas ni necesitarán de promulgación del Ejecutivo del Estado para tener vigencia Esta Ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo del Estado para tener vigencia ? Como primer acto de aplicación del precepto legal antes referido el proceso legislativo que culminó con la emisión del decreto que 343 de veintiocho de julio de dos mil veinte por medio del cual se reformó las porciones normativas siguientes a) Artículos 88 89 y 90 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo y Artículo 88 Los servidores públicos que deberán garantizar su responsabilidad mediante fianza o caución serán I En el caso de los ayuntamientos concejos municipales y comunidades o consejos indígenas y ciudadanos el tesorero o el responsable de la administración o ejecución de recursos públicos el titular o responsable del área correspondiente a las obras públicas y el titular o responsable del organismo operador de agua potable y alcantarillado y II A nivel estatal los titulares de las dependencias de la administración pública centralizada entidades paraestatales y órganos constitucionales autónomos Los servidores públicos enumerados contarán con un plazo de sesenta días hábiles a partir de la asunción del cargo respectivo para exhibir ante la Auditoría Superior la respectiva fianza en términos de los lineamientos que al respecto se emitan Artículo 89 Los lineamientos sobre las fianzas o cauciones garantizarán que el monto de éstas sea racional y justificado debiendo ser aprobados bajo el siguiente procedimiento I El Auditor Superior deberá presentar ante el Congreso del Estado un proyecto de lineamientos para requerir tramitar recibir registrar aplicar y determinar los montos de las fianzas o cauciones que se fijen a los servidores públicos en los términos de la presente Ley Dicho proyecto será turnado en la próxima sesión inmediata a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán debiendo contener al menos lo siguiente a) Fundamentación jurídica b) Objeto c) Sujetos d) Justificación e) Montos generales y desglosados f) Explicación y metodología del cálculo de los montos g) Presentación y ejecución de la fianza y h) Sanciones II La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán hará del conocimiento de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales el proyecto a efecto de que remita sus observaciones respecto a los servidores públicos municipales en un plazo de diez días hábiles III Agotado el término señalado la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán analizará y elaborará una Propuesta de Acuerdo conforme a lo establecido en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado Dicha Propuesta de Acuerdo será sometida al Pleno del Congreso del Estado para su posible aprobación y IV Se ordenará su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo Artículo 90 Las fianzas o cauciones que se fijen a los servidores públicos establecidos en la presente Ley deberán atender a su función de recaudación manejo custodia o autorización de recursos públicos El monto de las fianzas o cauciones no podrá ser mayor al cinco por ciento del presupuesto total de la respectiva Entidad Para lo cual la Auditoría se deberá basar en estudios actualizados apegados a la realidad social y económica en materia estatal y municipal ? La omisión de derogar con motivo de lo anterior los Lineamientos para la Tramitación Contratación Recepción Registro Operación Aplicación y Determinación de Montos de las Fianzas que deben otorgar los servidores públicos municipales y estatales del Estado de Michoacán así como emitir nuevos lineamientos aplicables a los artículos referidos en el párrafo que antecede TERCERO Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de conformidad con los artículos 103 y 107 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 37 y 107 fracción I incisos c) y d) de la Ley de Amparo 48 y 52 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito porque se reclama un acto emitido por una autoridad residente en la circunscripción territorial que corresponde a este juzgado de distrito CUARTO Inexistencia de la omisión reclamada Respecto de la omisión de derogar los Lineamientos para la Tramitación Contratación Recepción Registro Operación Aplicación y Determinación de Montos de las Fianzas que deben otorgar los servidores públicos municipales y estatales del Estado de Michoacán de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo que la responsable atribuye al Auditor Superior de Michoacán Tal omisión es inexistente como se advierte del informe justificado rendido por el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de Michoacán el veintiocho de julio de dos mil veinte los citados lineamientos reclamados fueron derogados con motivo de la reforma a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo realizada mediante decreto 343 de la citada fecha En efecto debe precisarse que el contenido de los artículos 88 y 90 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve establecían lo siguiente Artículo 88 Los servidores públicos que deban garantizar su responsabilidad mediante fianza o caución serán aquellos dispuestos en la Constitución del Estado y en la presente ley los cuales son I En el caso de los ayuntamientos concejos municipales y comunidades o consejos indígenas y ciudadanos el presidente municipal el síndico el tesorero o el responsable de la administración o ejecución de recursos públicos el titular o responsable del área correspondiente a las obras públicas y el titular o responsable del organismo operador de agua potable y alcantarillado y II A nivel estatal los titulares de las dependencias de la administración pública centralizada Entidades paraestatales y órganos constitucionales autónomos Los servidores públicos enumerados contarán con un plazo de treinta días hábiles a partir de la asunción del cargo respectivo para exhibir ante la Auditoría Superior la respectiva fianza en términos de los lineamientos que al respecto ésta emita Los servidores públicos podrán constituir la fianza de forma individual o colectiva sobre bienes privados propios o ajenos que nunca serán públicos La vigencia de la fianza o caución no será menor al proceso de fiscalización previsto en la Ley y sólo podrá ser cancelado al momento en que la Auditoría Superior emita la liberación correspondiente sobre lo afianzado Artículo 90 Las fianzas o cauciones que se fijen a los servidores públicos deberán atender a su función de recaudación manejo custodia o autorización de recursos públicos El monto de las fianzas o cauciones no podrá ser mayor al cinco por ciento del presupuesto total de la respectiva Entidad " En el primer numeral se precisaba que los servidores públicos que debían garantizar su responsabilidad mediante fianza o caución eran los dispuestos en la Constitución del Estado y en dicha Ley específicamente en el caso de los ayuntamientos concejos municipales y comunidades o consejos indígenas y ciudadanos serían el presidente municipal el síndico el tesorero o el responsable de la administración o ejecución de recursos públicos el titular o responsable del área correspondiente a las obras públicas y el titular o responsable del organismo operador de agua potable y alcantarillado y a nivel estatal los titulares de las dependencias de la administración pública centralizada Entidades paraestatales y órganos constitucionales autónomos de igual forma precisaba que dichos servidores públicos contaban con un plazo de treinta días hábiles a partir de la asunción a su cargo para exhibir ante la Auditoria Superior la fianza respectiva de conformidad con los lineamientos que dicha Auditoria emitiera En tanto el artículo 90 establecía que las fianzas o cauciones que se fijaran a los servidores públicos debían atender a su función de recaudación manejo custodia o autorización de recursos públicos así como que el monto de las fianzas o cauciones no podía ser mayor al cinco por ciento del presupuesto total de la respectiva Entidad Así en función a lo previsto en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve específicamente a lo establecido en su numeral 88 fracción II última parte fue que la Auditoría Superior de Michoacán el trece de mayo de dos mil veinte emitió los Lineamientos para la Tramitación Contratación Recepción Registro Operación Aplicación y Determinación de Montos de las Fianzas que deben otorgar los servidores públicos municipales y estatales del Estado de Michoacán incluyendo los anexos 1 y 2 Sin embargo la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo fue reformada mediante decreto publicado el veintiocho de julio de dos mil veinte y fueron materia de reforma entre otros los numerales 88 fracciones I y II 89 y 90 para quedar en los términos siguientes Artículo 88 Los servidores públicos que deberán garantizar su responsabilidad mediante fianza o caución serán I En el caso de los ayuntamientos concejos municipales y comunidades o consejos indígenas y ciudadanos el tesorero o el responsable de la administración o ejecución de recursos públicos el titular o responsable del área correspondiente a las obras públicas y el titular o responsable del organismo operador de agua potable y alcantarillado y II A nivel estatal los titulares de las dependencias de la administración pública centralizada entidades paraestatales y órganos constitucionales autónomos Los servidores públicos enumerados contarán con un plazo de sesenta días hábiles a partir de la asunción del cargo respectivo para exhibir ante la Auditoría Superior la respectiva fianza en términos de los lineamientos que al respecto se emitan Los servidores públicos podrán constituir la fianza de forma individual o colectiva sobre bienes privados propios o ajenos que nunca serán públicos La vigencia de la fianza o caución no será menor al proceso de fiscalización previsto en la Ley y sólo podrá ser cancelado al momento en que la Auditoría Superior emita la liberación correspondiente sobre lo afianzado Artículo 89 Los lineamientos sobre las fianzas o cauciones garantizarán que el monto de éstas sea racional y justificado debiendo ser aprobados bajo el siguiente procedimiento I El Auditor Superior deberá presentar ante el Congreso del Estado un proyecto de lineamientos para requerir tramitar recibir registrar aplicar y determinar los montos de las fianzas o cauciones que se fijen a los servidores públicos en los términos de la presente Ley Dicho proyecto será turnado en la próxima sesión inmediata a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán debiendo contener al menos lo siguiente a) Fundamentación jurídica b) Objeto c) Sujetos d) Justificación e) Montos generales y desglosados f) Explicación y metodología del cálculo de los montos g) Presentación y ejecución de la fianza y h) Sanciones II La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán hará del conocimiento de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales el proyecto a efecto de que remita sus observaciones respecto a los servidores públicos municipales en un plazo de diez días hábiles III Agotado el término señalado la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán analizará y elaborará una Propuesta de Acuerdo conforme a lo establecido en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado Dicha Propuesta de Acuerdo será sometida al Pleno del Congreso del Estado para su posible aprobación y I Se ordenará su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo Artículo 90 Las fianzas o cauciones que se fijen a los servidores públicos establecidos en la presente Ley deberán atender a su función de recaudación manejo custodia o autorización de recursos públicos El monto de las fianzas o cauciones no podrá ser mayor al cinco por ciento del presupuesto total de la respectiva Entidad Para lo cual la Auditoría se deberá basar en estudios actualizados apegados a la realidad social y económica en materia estatal y municipal Del decreto de reformas citado -publicado el veintiocho de julio de dos mil veinte- también se advierte que en los artículos transitorios se estableció PRIMERO El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación en términos del segundo párrafo del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo SEGUNDO Se deroga todo lo que se oponga al presente Decreto La Auditoría Superior de Michoacán en un plazo no mayor a treinta días naturales a la publicación del presente Decreto hará la devolución respectiva de las fianzas o cauciones en la forma como se hayan presentado de todos aquellos servidores públicos que acataron lo establecido en su momento en los "LINEAMIENTOS PARA LA TRAMITACIÓN CONTRATACIÓN RECEPCIÓN REGISTRO OPERACIÓN APLICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE MONTOS DE LAS FIANZAS QUE DEBEN OTORGAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES Y ESTATALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO" Publicados en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el día 13 de mayo de 2020 Séptima Sección TERCERO Las Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo solicitará al Auditor Superior un nuevo proyecto de lineamientos sobre las fianzas o cauciones conforme al presente Decreto mismo que en caso de ser aprobado será aplicable exclusivamente para los servidores públicos que no hayan exhibido fianza o caución conforme a la normatividad vigente al momento de asumir su encargo De las transcripciones precedentes se advierte que la reforma de los artículos 88 89 y 90 de la Ley citada publicada el veintiocho de julio de dos mil veinte si bien delimitó las obligaciones y condiciones en materia de las fianzas a cargo de los funcionarios ahí señalados también lo es que precisó los lineamientos -que al efecto se emitirían- sobre las fianzas o cauciones las cuales garantizarían que el monto de éstas fuera racional y justificado y para ello previó un procedimiento específico respecto del cual debía observarse para ser aprobados De igual manera en el artículo primero transitorio de dicho decreto se estableció la vigencia de la reforma en cuestión A su vez en el segundo transitorio se estableció que todo lo que se opusiera a la reforma citada se derogaba agregando que en el plazo de treinta días naturales siguientes a la publicación del decreto mencionado se haría la devolución de las fianzas o cauciones en la forma como se hayan presentado de todos aquellos servidores públicos que hubieran acatado lo establecido en su momento en los "LINEAMIENTOS PARA LA TRAMITACIÓN CONTRATACIÓN RECEPCIÓN REGISTRO OPERACIÓN APLICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE MONTOS DE LAS FIANZAS QUE DEBEN OTORGAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES Y ESTATALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO" publicados en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el día trece de mayo de dos mil veinte Mientras que en el diverso tercero transitorio se dispuso el plazo (no mayor a diez días hábiles posteriores a la publicación del decreto) para que la Comisión correspondiente solicitara al Auditor Superior el nuevo proyecto de lineamientos sobre fianzas acorde al decreto en cuestión el cual -una vez aprobado- se aplicaría exclusivamente para los servidores públicos que no hayan exhibido la fianza o caución conforme a la normatividad vigente en el momento de asumir el cargo Bien con base en todo lo precedente se arriba a la conclusión de que en la reforma de los numerales 88 89 y 90 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo publicada el veintiocho de julio de dos mil veinte se rediseñaron las obligaciones y condiciones en materia del otorgamiento de fianza a cargo de los funcionarios ahí descritos estableciéndose el plazo para su exhibición y acorde a términos previstos en los lineamientos que al efecto se emitirían conforme al procedimiento previsto en la misma ley De donde se sigue que conforme al precitada reforma de ley publicada el veintiocho de julio de dos mil veinte los lineamientos que aquí reclama el quejoso2 (publicados el trece de mayo de dos mil veinte) han quedado derogados pues aquella reforma de ley estableció nuevas reglas para la emisión de los nuevos lineamientos a los cuales se sujetaría el cumplimiento de las obligaciones trazadas en los numerales 88 al 90 de la Ley reformada Lo que se corrobora porque en el artículo segundo de lo transitorios del decreto publicado el veintiocho de julio de dos mil veinte se estableció que -virtud al decreto aludido- se devolverían las fianzas que habían otorgado los funcionarios que acataron las obligaciones de ley conforme a los lineamientos iniciales publicados el trece de mayo del mismo año esto es tal devolución de fianzas revela que éstas -otorgadas con base en los lineamientos primigeniosya no tendrían razón de ser dada la reforma y las directrices contenidas en la misma para la emisión de los nuevos lineamientos al respecto No se contrapone a la conclusión precedente la circunstancia de que en el artículo tercero transitorio del Decreto de veintiocho de julio de dos mil veinte se estableciera que los nuevos lineamientos serían aplicables a los servidores públicos que no hubieran exhibido la fianza o caución conforme a la normatividad vigente al momento de asumir su encargo Lo anterior es así pues al margen de que la redacción de ese numeral transitorio pudiera resultar incongruente con el numeral 89 reformado de la Ley en mención (pues el contenido de éste es general y no selectivo) lo cierto es que aun con base en la literalidad de dicho transitorio debe estimarse que los lineamientos reclamados por el quejoso fueron derogados y sin efecto para su persona con antelación a la presentación de la demanda de amparo y por ende inexistentes jurídicamente máxime que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa dichos lineamientos no habían sido expedidos como expresamente lo reconoce el quejoso al referir que también reclama ?"La omisión de emitir nuevos lineamientos aplicables a los artículos referidos en el párrafo que antecede" Y respecto de este último acto reclamado que la parte quejosa atribuye al Auditor Superior de Michoacán conforme a lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo contenida en el Decreto de veintiocho de julio de dos mil veinte también debe tenerse por inexistente dado que conforme al contenido de las fracciones II y III de dicho dispositivo legal la aprobación de los citados lineamientos corresponde al Pleno del Congreso del Estado no así al mencionado auditor primero que en su caso ordenará su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo en la inteligencia que la quejosa en su demanda inicial no atribuyó el mencionado acto a la diversa responsable Congreso del Estado de Michoacán En consecuencia de conformidad con el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo se sobresee el presente asunto por el acto consistente en omisión de derogar los Lineamientos para la Tramitación Contratación Recepción Registro Operación Aplicación y Determinación de Montos de las Fianzas que deben otorgar los servidores públicos municipales y estatales del Estado de Michoacán de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo y en la omisión de expedir unos nuevos mismos que la quejosa atribuye al Auditor Superior de Michoacán QUINTO Existencia de los actos reclamados Respecto de los actos consistente en el desahogo de las distintas etapas del proceso legislativo del artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Michoacán y de los artículos 88 89 y 90 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo tales como la aprobación promulgación publicación expedición y entrada en vigor son ciertos los actos que la parte quejosa reclama del (1) Congreso (2) Gobernador (3) Secretario de Gobierno (4) Director del Periódico Oficial todos del Estado de Michoacán pues al margen de los contenidos de los informes justificados como los actos que se les reclaman son la participación que tuvieron en el proceso legislativo que dio origen a la ley que se impugna al tratarse de normas generales su existencia no está sujeta a prueba Lo anterior conforme a la tesis de jurisprudencia 65/20003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee PRUEBA CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES REGLAMENTOS DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Respecto de las leyes reglamentos decretos y acuerdos de interés general no se necesita probar su existencia en autos pues basta que estén publicados en el Diario Oficial para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta en virtud de su naturaleza y obligatoriedad y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho por la notoriedad de ese acontecimiento no puedan argüir desconocerlo También resulta aplicable a la consideración precedente la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 de la siguiente literalidad LEYES NO SON OBJETO DE PRUEBA EL juzgador de amparo sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas debe tomarla en consideración aplicando el principio relativo a que el derecho no es objeto de prueba SEXTO Improcedencia De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo se analiza la procedencia del juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente 6 1 Este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el artículo 108 fracción III este último aplicado en sentido contrario ambos de la Ley de Amparo en relación con los actos reclamados al (2) Gobernador (3) Secretario de Gobierno (4) Director del Periódico Oficial todos del Estado de Michoacán respecto de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo en virtud de que la quejosa no los impugna por vicios propios A fin de justificar lo anterior en el caso es necesario traer a colación los numerales que establece la causal de mérito esto es el 61 fracción XXIII en relación con los diversos 5 fracción II y 108 fracción III ambos de la Ley de Amparo los cuales disponen lo siguiente Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley Artículo 5o Son partes en el juicio de amparo [.] II La autoridad responsable teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal la que dicta ordena ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Para los efectos de esta Ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general Por su parte el artículo 108 fracción III de la Ley de Amparo establece Artículo 108 La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice en la que se expresará [.] II La autoridad o autoridades responsables En caso de que se impugnen normas generales el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios [.] VIII Los conceptos de violación De lo anteriormente expuesto se desprende que para efectos de la Ley de Amparo será autoridad responsable con independencia de su naturaleza formal la que dicta ordena ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria (artículo 5 fracción II) Sin embargo cuando se controvierten normas generales el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación (artículo 108 fracción III) de ahí que en el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo o en la publicación del decreto promulgatorio el promovente sólo podrá señalarlas con el carácter de responsables cuando se impugnen esos actos por viciospropios En el caso este órgano de control constitucional estima que la parte quejosa no impugnó el acto atribuido al (2) Gobernador (3) Secretario de Gobierno (4) Director del Periódico Oficial todos del Estado de Michoacán por vicios propios motivo por el cual se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII en relación con los numerales 5 fracción II y 108 fracción III todos de la legislación en consulta por lo tanto lo conducente es sobreseer en el presente juicio con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo 6 2 El congreso del Estado de Michoacán al rendir su respectivo informe justificado adujo que el juicio resulta improcedente conforme lo dispuesto en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo toda vez que con el acto reclamado no se afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso dado que no se le ocasiona agravio alguno a los derechos fundamentales que invoca en su demanda sin embargo contrario a lo expuesto toda vez que las normas tildadas de ser contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regulan entre otras cuestiones la actividad que desempeña el quejoso en cuanto fiscal general del Estado es evidente que con su emisión sí se afectan los intereses de éste de ahí que se desestime la misma SÉPTIMO Estudio de fondo Los conceptos de violación hechos valer en torno a la inconstitucionalidad del artículo 42 de la Constitución del Estado de Michoacán son inoperantes En efecto el inconforme se duele en síntesis de que es inconstitucional el artículo 42 de la Constitución del Estado de Michoacán virtud que en su párrafo segundo sostiene que entre otras la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo del Estado para tener vigencia Que al dispensarse la publicación de la referida norma se omite un acto en el proceso legislativo relativo a la promulgación y publicación que impide la intervención del Ejecutivo del Estado y excluye el derecho de veto y objeción de éste violándose de esa forma lo dispuesto por los artículos 1 3 4 14 16 17 22 115 y 116 de la Constitución Federal virtud que la misma no contiene posibilidad de que se dispense el requisito de publicación de una norma y consecuencia de ello tenga vigor antes de su publicación Y al respecto debe indicarse que lo antes expuesto por el quejoso resulta inoperante ello es así porque del escrito inicial de demanda se desprende que el recurrente no expone los argumentos que evidencien la referida inconstitucionalidad pues debió confrontar el contenido del artículo 42 de la Constitución local que tilda de inconstitucional con el texto de la Constitución Federal que contiene los derechos fundamentales que considera violados para determinar si se contraponen a la misma porque la simple circunstancia de expresar que el numeral invocado contraviene la norma suprema por las razones que expone e invocar de forma genérica diversos dispositivos constitucionales no es suficiente para demostrar que efectivamente la norma general del Estado contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de ahí su inoperancia esto es que es condición insuperable que el quejoso exprese con claridad tanto el dispositivo de la norma suprema como el contenido de éste que considera vulnerados con el artículo 42 de la Constitución Local de Michoacán para así concretizar su causa de pedir y el juzgador éste en condiciones de emprender el estudio respectivo Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P /J 108/99 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X Noviembre de 1999 Página 29 Novena Época del rubro LEY PARA ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD DEBE PLANTEARSE SU OPOSICIÓN CON UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN Por otra parte es infundado el concepto de violación relativo a que el artículo 42 de la Constitución local vulnera el derecho de no retroactividad de la ley al permitir que Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo no necesite ser promulgada por el Ejecutivo del Estado para tener vigencia dado que dicha circunstancia no implica que dicha Ley vaya a regular aspectos anteriores a su aprobación por lo contrario ésta resulta observable una vez que es aprobada por el Congreso del Estado de Michoacán y del contenido de dicha norma no se advierte que su aplicación se extienda a regular aspectos o situaciones anteriores a su creación de ahí que lo así sostenido sea infundado en tal aspecto En otro orden de ideas resulta infundado el concepto de violación relativo a que los artículos 88 89 y 90 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo permiten fijar discrecionalmente a la autoridad administrativa las bases objeto criterios elementos y montos de las fianzas que deben otorgar las autoridades que con motivo de sus funciones se ubiquen dentro de los supuestos señalados por el artículo 88 de la mencionada Ley Ello es así dado que conforme al contenido de los artículos 88 89 y 90 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo se advierte que no es una autoridad administrativa quien fijará las bases objeto elementos criterios y montos de las fianzas que deben otorgar las autoridades a que se refiere el artículo 88 de la mencionada Ley sino que estos serán aprobados por el Pleno del Congreso del Estado precisamente al someterse a su consideración los lineamientos a que alude la parte final de la fracción II del precepto 88 del anotado cuerpo legal ello desarrollado el procedimiento a que se refiere el artículo 89 de la referida Ley Además de los preceptos invocados se advierte que la garantía o fianza que deben otorgar las autoridades a que alude el numeral 88 de la referida norma legal no es discrecional por lo contrario el artículo 89 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo dispone que la determinación de éstas (garantía o fianza) se realizará tomando en consideración la a)Fundamentación jurídica Así como el b) Objeto c) Sujetos d) Justificación e) Montos generales y desglosados f) Explicación y metodología del cálculo de los montos g) Presentación y ejecución de la fianza y h) Sanciones Esto es la determinación de dichas garantías no queda al prudente arbitrio de la autoridad encargada de realizar formular presentar y aprobar los lineamientos en que se contengan éstas por lo contrario la norma establece las bases que deberán tomarse en consideración para su emisión además de señalar un procedimiento colegiado para ello en el que interviene la Auditoria Superior del Estado y el Congreso Estatal correspondiendo a este último aprobar dichos lineamientos y en su caso publicarlos en el Periódico Oficial del Estado para su observancia y hecho lo anterior conformen parte de la propia normativa que ordena su expedición y remisión para su fijación esto es de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo Incluso la propia Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo establece en su artículo 90 un tope a las fianzas o garantías que deban exhibir las autoridades a que alude el numeral 88 del referido dispositivo legal lo que en todo caso constituye una garantía de que los montos que al respecto se fijen no sean excesivos o desproporcionales a la finalidad y objeto para el cual se fijan En virtud de lo anterior procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 74 y 75 de la Ley de Amparo se RESUELVE PRIMERO Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adrián López Solís por sí y en cuanto fiscal general del Estado de Michoacán contra los actos que reclamó al Auditor Superior de Michoacán (2) Gobernador (3) Secretario de Gobierno (4) Director del Periódico Oficial todos del Estado de Michoacán por los actos y razones precisados en el considerando cuarto y sexto punto 6 1 de esta resolución SEGUNDO La Justicia de la Unión no ampara y protege a Adrián López Solís por sí y en cuanto fiscal general del Estado de Michoacán contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Michoacán por las razones precisadas en el considerando séptimo

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