Adrian Olivos Nava
Expediente 1596/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1596/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Adrian Olivos Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el veintiuno de julio pasado. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 1596/2022-I-A, promovido por Adrián Olivos Nava; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el veintisiete de junio de dos mil veintidós; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán el mismo día; y turnado el veintiocho siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Adrián Olivos Nava, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de las autoridades siguientes: ORDENADORAS: Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. Juez de Control del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. EJECUTORAS: Secretario de Seguridad Pública del Estado. Director de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán. Comandante de Aplicaciones, Presentaciones, Detenciones Ministeriales y de Custodia de la Policía Estatal de Investigación. Fiscal General del Estado de Yucatán. Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado. Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables y se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, la intervención legal que le compete. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, cumpliendo con lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del mismo modo, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa reclamó lo siguiente: La orden de aprehensión y/o detención y/o presentación dictada en su contra y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades siguientes: Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán (número de promoción 15367, folio 25) Juez de Control del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán (número de promoción 15442, folio 32) Secretario de Seguridad Pública del Estado (número de promoción 15451, folio 30) Director de la Policía Estatal de Investigación de Yucatán (número de promoción 15449, folio 29) Comandante de Aplicaciones, Presentaciones, Detenciones Ministeriales y de Custodia de la Policía Estatal de Investigación (número de promoción 15445, folio 31) Fiscal General del Estado de Yucatán (número de promoción 15522, folio 37) Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado (número de promoción 15529, folio 35) Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (número de promoción 15525, folio 33) Pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para demostrar la existencia de los actos y con ello desvirtuar la negativa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio, únicamente respecto a ese acto reclamado a dicha autoridad, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Adrián Olivos Nava, en contra de los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia y por las razones expuestas en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, seis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del presente incidente. Con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como hecho notorio el contenido de la página de internet "https://coronavirus.yucatan.gob.mx/noticia/6350", de la que se obtiene, en la parte conducente, que el Gobierno del Estado de Yucatán, a través del portal Coronavirus Yucatán, comunica que las Secretarías de Salud de Yucatán (SSY) y del Bienestar, a partir del veintiocho de junio al jueves treinta de junio de dos mil veintidós, aplicarán en esta ciudad de Mérida la primera dosis de la vacuna Pfizer pediátrica a menores de cinco a once años de edad, cuyos padres hayan promovido un juicio de amparo. Para el caso específico del poblado de Espita, Municipio del mismo nombre, del Estado de Yucatán, la jornada de vacunación se iniciará en las fechas ya indicadas, aplicando dosis pediátricas de la farmacéutica Pfizer, en la Casa de la Cultura de ese lugar. Mientras que, en la ciudad de Mérida, la vacunación de menores de cinco a once años de edad que cuentan con un juicio amparo, se llevará a cabo únicamente en el Hospital Militar Regional de Mérida en horario de 08:00 a 18:00 horas. Además, se señala que para la jornada de vacunación, los padres o tutores deberán presentar copia del CURP de la parte menor quejosa, acta de nacimiento, formato de vacunación impreso y la copia de la resolución del amparo. En esas condiciones, se ordena hacer del conocimiento lo anterior, a efecto de que estén en aptitud de presentar a la parte menor quejosa oportunamente para la aplicación de la vacuna en los lugares ya indicados. Por ello, se ordena a cualquiera de los actuarios de la adscripción notificarle personalmente este proveído, a efecto de que a la brevedad posible, le sea aplicada la primera dosis de la vacuna a la parte menor quejosa en su formato pediátrico de la farmacéutica Pfizer. Asimismo, se le solicita a la parte amparista (tutor o tutora), que en el plazo de tres días posteriores a la aplicación de la vacuna de mérito, deberá hacer del conocimiento tal circunstancia a este órgano jurisdiccional, debiendo en lo posible, adjuntar el certificado de vacunación correspondiente, a fin de estar en aptitud de acordar lo conducente. Con el apercibimiento que de no informar al respecto, se le impondrá una multa de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Finamente, el presente proveído deberá ser notificado mediante oficio a las autoridades responsables, reiterándoles la instrucción de aplicar la vacuna a la parte menor quejosa, en cumplimiento a la medida suspensional concedida en los presentes autos, o bien, de conformidad con sus respectivas atribuciones, deberán coadyuvar de inmediato a lograr tal finalidad. Debiendo comunicar en el plazo de tres días contados a partir de que sean legalmente notificados del presente proveído, las acciones que hayan realizado para cumplir lo que se les ha instruido, remitiendo las constancias correspondientes en copia certificada. Apercibiéndoles que de no atender lo anterior, se les aplicará una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; la cual se impone en ese parámetro, toda vez que ya son varios requerimientos en materia de suspensión que se les han hecho, sin que los hayan atendido en sus términos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: agréguese a los autos el escrito de Jonathan González Mora, autorizado de la parte promovente, mediante el cual informa, que le fue aplicada a la menor de edad quejosa, la primera dosis de la vacuna de Pfizer; para lo cual adjunta el comprobante de vacunación respectivo. Circunstancia de la cual queda enterado este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, en cuanto a la solicitud que formula en relación a que no se sobresea el juicio de amparo de donde deriva este incidente de suspensión, dígase al ocursante, que no ha lugar de acordar favorablemente a su petición, toda vez que el dos de junio de dos mil veintidós, se dictó la sentencia definitiva en el expediente principal, en la que, en su segundo punto resolutivo, se le concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos y en contra de la autoridad precisada en dicho fallo; determinación que se encuentra pendiente de causar ejecutoria. Razón por la cual, deberá estarse a lo ordenado en la sentencia de mérito. Notifíquese y cúmplase.
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