Adrian Jesus Vera Cherris
Expediente 1488/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1488/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Adrian Jesus Vera Cherris
Actuaciones
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1488/2023-VI-B, promovido por ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, contra el acto que atribuyó a la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, compareció la referida parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuye a la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la que quedó registrada con el número 1188/2023-VI-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa; la cual, previo diferimiento, tuvo lugar conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: El cobro de un impuesto adicional del 20% (veinte por ciento), en los recibos oficiales emitidos por la responsable, con números de folios ********************y********************de la serie ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues no obstante su Director Jurídico los negó al rendir su informe justificado; realizó diversas manifestaciones de donde se desprende su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, refiere la autoridad responsable que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, pues aduce que en el caso no se trata de un acto de autoridad, ya que los recibos exhibidos por la parte quejosa, únicamente constituyen un medio para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del quejoso, esto es, únicamente acredita la existencia de un acto voluntario en cumplimiento de una ley tributaria. Resulta infundada la causal de improcedencia propuesta, pues en el caso, contrario a lo que hace valer la responsable, de los argumentos vertidos por la parte impetrante del amparo, se advierte que su dolencia deriva de la falta de fundamentación y motivación al impuesto adicional del 20% que de manera genérica le asignó en sus recibos, esto es, no reclama el pago del tributo, sino el porcentaje del impuesto adicional. De ahí que en el caso, sí se tenga como autoridad responsable a la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán. Por otra parte, señala la referida responsable que señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, pues refiere que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio constitucional. Deviene infundada dicha causal, pues de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que los recibos oficiales con números de folios ********************y********************de la serie ********************, fueron expedidos a nombre del hoy impetrante del amparo ********************; de ahí que, contrario a lo que señala la citada autoridad responsable, deviene inconcuso que dicho acto reclamado afecta los intereses del quejoso, pues se impuso el cobro del impuesto que por esta vía reclama a éste de manera directa. Finalmente, refiere la autoridad responsable que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, porque contra el acto reclamado procedía el juicio contencioso administrativo que la ley prevé, en virtud del cual pudo ser modificado, revocado o nulificado. Es infundado que en el caso se actualice dicha causa de improcedencia, ya que contrario a lo que hace valer la responsable, de los argumentos de la parte impetrante del amparo, se advierte que su agravio deriva de la falta de fundamentación del impuesto adicional del 20% que de manera genérica le impuso la responsable, por lo tanto, en el caso, el acto se ubica en una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que es precisamente cuando el acto carezca de fundamentación. QUINTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de diversa causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de la litis. Resulta substancialmente fundado uno de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, motivo por el cual deberá de otorgársele el amparo y protección de la Justicia Federal. Sostiene el impetrante del amparo, que es ilegal el actuar de la autoridad responsable por falta de fundamentación y motivación, ya que el impuesto adicional consignado en los recibos de pago reclamados, no tiene sustento jurídico, pues no se informó el concepto por el cual se cobra un veinte por ciento adicional a los derechos que adquirió. Resulta fundado el concepto de violación relatado con antelación y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal. En principio debe determinarse, aun brevemente, lo que debe entenderse por fundamentación y motivación. El artículo 16 Constitucional, en su parte conducente establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Este derecho fundamental se ha entendido como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario. Por motivación, se ha comprendido la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. Desde otro punto de vista, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendiente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Lo antes razonado encuentra apoyo en las tesis de jurisprudencia que enseguida se citan: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." Del artículo Constitucional antes transcrito, en su parte conducente, se desprenden como requisitos que todo acto de autoridad debe tener, los siguientes: 1. El hecho de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones. 2. En caso de que tenga que ser así, debe existir un mandamiento escrito, expedido por la autoridad competente; y, 3. Que dicho mandamiento, funde y motive la causa legal de tal molestia en los bienes y posesiones de las personas. Por tanto, se concluye que cualquier acto de autoridad, debe contener esos tres requisitos para que, no sea violatorio de derechos humanos, traduciéndose lo anterior, en el hecho de que en caso de que el acto de autoridad, carezca de cualquiera de los requisitos mencionados, el mismo, resultará violatorio de los derechos fundamentales de los gobernados, como sucede en el presente caso. Se dice lo anterior, ya que el quejoso manifestó en su demanda que al realizar el pago de los recibos con números de folios ********************y********************de la serie ********************, tuvo que erogar un 20% adicional en cada uno de ellos, sin que se le informe el concepto por el que se le cobró de tal manera. Así las cosas, de los recibos de pago exhibidos por el quejoso con números de folios ******************** y ********************se advierte, en lo que aquí interesa, la descripción: "IMP AD 20% OMAS"; y por lo que hace al diverso********************se advierte la leyenda: "IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MATERIALES Y ASISTENCIA". Sin embargo, en modo alguno se desprende que la responsable hubiese señalado el fundamento legal por el cual hizo el cobro de ese impuesto adicional del 20%, pues no obstante asentó la denominación del impuesto adicional que aplicó, con ello no demuestra que su actuar hubiese estado ajustado a derecho. Esto es, la autoridad responsable debió emitir y/o expedir un acto particularizado, es decir, un recibo de pago en el que además de indicar el nombre completo del impuesto que se le estaba cobrando al quejoso, debía asentar su fundamento legal, con la finalidad de que el gobernado tenga conocimiento correcto y completo de ello, respetando su derecho fundamental de seguridad jurídica. Lo cual no aconteció. A lo que se suma, que la responsable, al rendir su informe justificado, tampoco señaló el fundamento legal del referido impuesto, con el que al ser un acto meramente administrativo, pudiera considerarse que complementó el acto reclamado, de conformidad al último párrafo, del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, se llega a la determinación de que la autoridad responsable no acreditó haber emitido los recibos de pago de manera adecuada, siendo que eso resultaba necesario para que el quejoso estuviera en posibilidad de conocer la causa legal del proceder de la autoridad y así estar en aptitud, en su caso, de combatir la ley que contiene el referido gravamen. En las condiciones expuestas, se concluye que el acto reclamado no satisface el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, pues como ya se precisó anteriormente, el acto de que se duele el quejoso resulta violatorio de sus derechos fundamentales. Por ello, ante la ilegalidad del acto de autoridad, se impone conceder el amparo para los efectos siguientes: a) Que se dejen insubsistentes los recibos de pago con números de folios ********************y********************de la serie ********************, y el cobro de la suma por los conceptos "IMP AD 20% OMAS", e "IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MATERIALES Y ASISTENCIA". b) Se devuelvan las cantidades que por dichos conceptos le fueron cobradas de manera indebida al quejoso. Resulta importante puntualizar que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable no podrá emitir un nuevo recibo de pago purgando los vicios que llevaron a conceder el amparo (fundamentación), pues debe considerarse que dicho acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que la parte impetrante del amparo, desde la presentación de la demanda, manifestó su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia dictada en el presente asunto, lo cual fue acordado favorablemente mediante proveído de cinco de junio del año en curso; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, contra el acto que reclamó de la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Por otra parte, ténganse como sus delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que designa la citada autoridad responsable con tal carácter en el informe de mérito. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de su parte, las documentales que adjuntó al informe de que se trata, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto que ofertó en el mismo; las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional del juicio. En virtud de lo anterior, deviene incuestionable que aún no comienza a transcurrir el término de ocho días hábiles en relación a la vista otorgada en este propio auto; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de cuenta, se tiene a ****S, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: El cobro de un impuesto adicional del 20% (veinte por ciento), en los recibos oficiales emitidos por la responsable, con números de folios 336193, 336822 y 344976 de la serie NB. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1488/2023-VI-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD Con apoyo en los artículos 6 de la Ley de Amparo, y 3, fracción VI del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, toda vez que el ocursante manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el documento que remite vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del original, se reconoce la personalidad con la que comparece, para los efectos del presente juicio. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda como en derecho procede. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las ONCE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. En la cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la parte quejosa sólo podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos previstos en el citado numeral de la referida legislación. Sin menoscabo que, de considerarlo necesario, las partes puedan hacer valer sus alegatos por escrito o vía electrónica. Y de ser necesario el desahogo de pruebas que requieran la presencia de las partes en el órgano jurisdiccional, atendiendo al esquema de trabajo señalado en la sección tercera, artículos 251, fracciones c), f) y g), 254 y 257, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se procurará hacerlo mediante el uso de herramientas tecnológicas como la videoconferencia, sin perjuicio, que de ser estrictamente necesario se podrán llevar a cabo en el recinto judicial siguiendo los lineamientos que al efecto prevé el citado Acuerdo General. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia; equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional). Mandamiento que deberá cumplir la autoridad responsable: De ser CIERTO el acto.- A través de la vía ordinaria, entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva, adjuntando, en su caso, las constancias con las que apoyen el sentido de su informe. Únicamente de ser NEGATIVO el acto.- Podrá enviarse vía electrónica a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (con su firma electrónica FIREL); y, En caso de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitirlo vía interconexión. EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE TERCERO INTERESADA No obstante que la parte quejosa no señaló parte tercero interesada en el presente asunto, resérvese proveer lo que en derecho corresponda respecto a su emplazamiento, hasta en tanto obre en autos el informe justificado que habrá de rendir la autoridad responsable, del cual se advierta, en su caso, a quién le reviste dicho carácter y su domicilio. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia de la demanda. CONOCIMIENTO DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos, con veinte centavos, moneda nacional). JUSTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS SIN NECESIDAD DE GIRAR OFICIO Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, las documentales que adjuntó a su escrito de demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda de amparo. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Asimismo, solicita se le permita el acceso al expediente electrónico, asimismo, se le realicen las notificaciones por esa vía a través del usuario "frantorresca". Al respecto, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como se solicita, se otorga autorización para que tenga acceso a la consulta del expediente electrónico del presente juicio de amparo, y las notificaciones se le realicen por esta vía. En consecuencia, proceda la Secretaría a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). COMUNICACIONES NO PROCESALES Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por proporcionados el número telefónico y correo electrónico que indica la parte promovente en su escrito de demanda, a efecto de establecer comunicaciones no procesales, de resultar necesario, por esas vías. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. DERECHO A LA OPOSICIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES (PRIVACIDAD E INTIMIDAD DE LAS PARTES). Por otro lado, téngase por hecha la manifestación de la parte quejosa de que SE OPONE a que aparezcan sus datos personales al publicarse la sentencia ejecutoriada del presente juicio de amparo, en cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. No obstante, se hace saber a las partes que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. SOLICITUD DE COPIAS Por otra parte, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y regístrese.
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