Adrián Montes Fernández

Expediente 881/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
881/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • Adrián Montes Fernández
  • Ricardo González Ovalle

Actuaciones

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en este juicio el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por lo que, una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral, llévese a cabo el proceso de destrucción e inclúyase en el acta correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción III, del precitado Acuerdo; en razón de que se negó la suspensión definitiva, se determina que el incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez que transcurran los tres años, que establece dicho numeral, llévese a cabo el proceso de destrucción e inclúyanse en el acta correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído al cuaderno incidental. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de la capital, el tomo de pruebas que en su momento adjunto en apoyó a su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con diez minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el presente juicio de amparo 881/2023, estando en audiencia pública Jorge Martín Zamora González, secretario encargado del despacho por vacaciones del titular, quien actúa con José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a las constancias que obran en los autos; demanda de amparo, el informe justificado rendido por la autoridad responsable; así como con un escrito con folio 14098 y las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo anterior, el secretario encargado del despacho provee: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes; asimismo agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el Director General del Instituto de la Defensoría Pública del estado de Zacatecas; mediante el cual, en atención al requerimiento formulado por este Juzgado informa que nombró como asesores jurídicos federales a ********************para que funjan como defensores públicos del********************; de igual forma, comunica su domicilio; por tanto, se les tiene con tal carácter, a fin de que intervengan en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, se comisiona al actuario judicial de la adscripción a fin de que se constituya en las instalaciones que ocupa el Instituto de la Defensoría Pública del estado, y requiera a los citados profesionistas para que en el término de tres días hábiles legalmente computados, comparezcan ante este órgano jurisdiccional y acepten y protesten el cargo conferido en su favor. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las remitidas por la autoridad responsable con el informe justificado. En el periodo de alegatos: el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo cual se cierra esta etapa. A lo que el secretario encargado del despacho dispone: se tiene por perdido el derecho de las partes para formularlos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del citado numeral 124 de la ley de la materia y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 881/2023; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ********************demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridades responsables: Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital. Actos reclamados: Orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Trámite de amparo. En auto de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este tribunal federal y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se lleva a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, por razón de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda en relación con los informes justificados, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que el acto impugnado es el siguiente: Orden de aprehensión y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de actos. La autoridad responsable, rindió informe justificado negado la existencia del acto atribuido por los impetrantes del amparo. La parte quejosa no ofreció ni desahogo prueba en la audiencia constitucional con la que desvirtué la inexistencia del acto reclamado respecto a la mencionada responsable; de ahí que, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los********************s no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por********************por el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable y por los motivos indicados en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta signado por la licenciada María Guadalupe Aguayo González; en atención a su contenido, téngase a la asesora jurídica del quejoso renunciando al cargo de asesora, en el presente juicio; hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar. DESIGNACIÓN DE DEFENSOR PÚBLICO. Atendiendo a que el peticionario de amparo se encuentra privado de su libertad y no designa defensor para que lo asesore adecuadamente y se potencialice su derecho humano a una defensa adecuada, este juzgado de Distrito, de oficio, le designa defensor público para que lo represente en esta instancia constitucional; por tanto solicítese a la Defensoría Pública del estado de Zacatecas, para que de no tener inconveniente legal, dentro del plazo de veinticuatro horas contado a partir de que reciba el oficio de notificación correspondiente designe un asesor para que represente al promovente en el presente juicio. Lo anterior, con fundamento en el criterio contenido en la jurisprudencia XXIV 2o. J./2 (10ª), del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, el siete de abril de dos mil diecisiete, instancia correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 2014075, del rubro y texto siguiente: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional -sujeta a proceso- o definitiva -sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso. Notifíquese.

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