Adrian Montes Fernandez

Expediente 44/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
44/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Adrian Montes Fernandez

Actuaciones

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja a que refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...

  2. Principal

    El dos de febrero de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción con folio 2277. Conste. El dos de febrero de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción con folio 2277. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto con número de orden 38/2022 y de origen 09/2022, que le fue enviado a fin de que en auxilio de las labores de este tribunal federal notificara a la parte quejosa el proveído de once de enero del año en curso. Sin que haya lugar a expedir el acuse respectivo, dada la vía en la que fue recibida la comunicación de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Luis. ANGELICA BOBADILLA Zacatecas, Zacatecas, dos de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto con número de orden 38/2022 y de origen 09/2022, que le fue enviado a fin de que en auxilio de las labores de este tribunal federal notificara a la parte quejosa el proveído de once de enero del año en curso. Sin que haya lugar a expedir el acuse respectivo, dada la vía en la que fue recibida la comunicación de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Luis.

  3. Principal

    CUENTA. El once de enero de dos mil veintidós, se da cuenta con lo siguiente: Con el oficio número 412/2022, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, registrado con el folio 470, por el que remite el juicio de amparo 5/2022 y anexos, el cual contiene la demanda de amparo promovida por Adrián Montes Fernández, contra actos del Licenciado Martín Santoyo Vicuña, Fiscal del Ministerio Público Número Tres, adscrito a la Unidad Especializada al Combate del Secuestro y otras autoridades. Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de enero de dos mil veintidós. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Téngase por recibido el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, por el que remite el juicio de amparo 5/2022, de su índice, promovido por Adrián Montes Fernández, contra actos del Licenciado Martín Santoyo Vicuña, Fiscal del Ministerio Público Número Tres, adscrito a la Unidad Especializada al Combate del Secuestro y otras autoridades. Acúsese de recibo. Ahora bien, del contenido del oficio de cuenta se advierte que dicho órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia para conocer y resolver del citado juicio de amparo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, al no tener ejecución dentro de la jurisdicción del citado órgano jurisdiccional, sino dentro del territorio de los juzgados de Distrito del Estado de Zacatecas; en tal virtud con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de la materia, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas acepta la competencia planteada y asume el conocimiento de la demanda; hágase la anterior circunstancia del conocimiento del juzgado declinante para los efectos legales conducentes. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 44/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Primeramente, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese tenor, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existirá causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El dispositivo en comento establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917 1988, que a la letra dice: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. También es ilustrativa sobre el particular, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Una vez analizado el escrito de cuenta, se advierte la existencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo, por las razones que a continuación se exponen. En principio, se ha mencionado que por agravio, debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En ese tenor, cabe destacar que el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, condiciona la promoción del juicio protector a la circunstancia de que el acto reclamado perjudique o agravie al peticionario. En torno de las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, Volumen 199-204, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece: AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará. En esas condiciones, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. En la ejecutoria que originó la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 25/2003, publicada en la página 73, Tomo XVII, Junio de 2003 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral. Se advierte, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el agravio es presente cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician, pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique al quejoso. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo, y si se promueve, en este supuesto habrá de producirse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en vinculación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se puede advertir que en los actos futuros e inciertos, su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio, que el artículo 5º, fracción I, de la ley en cita, exige como condición para que pueda promoverse el juicio. Apoya a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 1740, Tomo XLI de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos. De igual modo sirve de apoyo, la tesis aislada del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV- 1, Febrero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, que al efecto señala: ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías. En la especie, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la promovente señala como acto reclamado: El posible mal uso de la información extraída a los aparatos telefónicos que le fueron asegurados en la causa penal 252/2020, con motivo del desahogo de una técnica de investigación con autorización judicial. Como antecedente del acto reclamado, menciona que fue detenido por la Metropol en el municipio de Trancoso, Zacatecas y que los elementos policiacos reportaron que traía tres aparatos telefónicos; sin embargo, no firmó ningún inventario de sus pertenencias que sustente la cadena de custodia. Además que, a petición del Ministerio Público, se realizaron inspecciones a los aparatos telefónicos mencionados, de las cuales se levantaron tres actas, lo cual ocurrió sin intervención judicial. También, que durante el proceso se desahogó la técnica de investigación consistente en la extracción de información de los referidos tres aparatos telefónicos, para verificar llamadas y mensajes de texto, por el plazo de veinte días naturales a partir del treinta de abril de dos mil veinte; a solicitud del Fiscal de Justicia del Estado de Zacatecas y autorizada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado. Por último, que fue sentenciado junto a su coacusada por el delito de secuestro agravado en la causa penal 252/2020; sin embargo, tiene temor fundado de que a la información que se obtuvo de la citada técnica de investigación practicada en los aparatos telefónicos, le puedan dar un mal uso o ser entregadas, divulgadas o utilizadas para posteriores investigaciones de la autoridad ministerial; que en esencia constituye el acto de que se duele. En consecuencia, es concluyente que el posible uso que se le pueda dar a los datos extraídos de esos tres aparatos telefónicos, se trata de actos cuya realización resulta ser futura e incierta, pues tales actos aún no nacen a la vida jurídica y, por ende, hasta el momento de la presentación de demanda, no pueden ocasionarle el agravio personal y directo exigido por la Ley de Amparo, pues se evidencia que su realización dependerá del proceder que, en su caso, realice la autoridad responsable; pues hasta el momento, el quejoso solo tiene la certeza de que fueron usados para la investigación del delito en la causa penal 252/2020, sin actos posteriores. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5° y 6°, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto en estudio. Sin que obste a lo anterior, que derivado de la relatoría en su demanda de amparo se adviertan diversos actos como: la ausencia de algún inventario con firma del quejoso sobre sus pertenencias al momento de su detención que sustente la cadena de custodia; además, que se hayan levantado tres actas de inspección ministerial a los aparatos telefónicos mencionados sin intervención judicial. Lo anterior, pues si bien es cierto fueron señalados como actos reclamados a las autoridades ejecutoras; del estudio integral de la demanda, no resultan destacados, pues los conceptos de violación sólo están dirigidos a combatir el posible uso de la información obtenida de los multicitados aparatos telefónicos. Sin embargo, debe decirse que sobre estas irregularidades procesales que esgrime se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Federal, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;" Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y . De lo anterior, conviene señalar que por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos intraprocesales, ya que ese tipo de actos no generan perjuicio al justiciable, en virtud de que la ley del proceso de origen cuenta con medios de defensa ordinarios. Sirve de apoyo la tesis I.1o.A.E. J/4 (10a.), con número de registro digital 2011339, y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1903, la cual se inserta a continuación: ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS. Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión. En ese sentido, los actos consistentes en las irregularidades procesales que el quejoso manifiesta sucedieron durante el proceso penal 252/2020, como la ausencia de algún inventario de las pertenencias del solicitante de amparo al momento de su detención y la existencia de tres actas de inspección ministerial de los aparatos telefónicos sin intervención judicial, resultan actos intraprocesales. A mayor abundamiento, de la propia demanda del quejoso se advierte que en dicha causa penal el quejoso fue sentenciado por el delito de secuestro agravado Por lo tanto, las violaciones procesales que arguye las pudo hacer valer al interponer el medio ordinario de defensa, inclusive en el Juicio de Amparo Directo. En consecuencia, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, de conformidad con el diverso numeral 113 de la legislación de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. Ahora bien, toda vez que el quejoso señaló que se encuentra recluido en el CEFERESO número 12, ubicado en el municipio de Ocampo, Guanajuato; por lo tanto, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado comisione al actuario de su adscripción, a fin que se constituya en dicho centro penitenciario y notifique de manera personal el presente acuerdo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese, personalmente al quejoso.

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