Adrian Melgarejo Cortés

Expediente 562/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
562/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
28/08/2023

Partes del expediente

  • R. M C. Olivia Benitez Reyes
  • Adrian Melgarejo Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA HEIDY GUADALUPE OROZCO MARTINEZ, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. ACLARACIÓN DE SENTENCIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio fue promovida por ********************, en su carácter de apoderado del quejoso directo ********************, por sí y en cuanto representante legítimo de la menor de iniciales ********************, contra actos de la Jueza Octava de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial. Sin embargo, en el único resolutivo de la sentencia pronunciada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se atentó: "ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra del acto y autoridad que quedaron precisadas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.", omitiéndose asentar que el quejoso también compareció ante esta instancia constitucional en cuanto representante legítimo de la menor de ******************** Consecuentemente, atendiendo a la omisión advertida; con fundamento en el artículo 74, último párrafo, de la Ley de Amparo, se realiza la aclaración de la sentencia pronunciada en autos, para el único efecto de que quede establecido en el único resolutivo de la sentencia, que el quejoso directo compareció a juicio por sí y en cuanto representante legítimo de la menor de ********************, por lo que éste deberá quedar como sigue: "ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por sí y en cuanto representante legítimo de la menor de ********************, en contra del acto y autoridad que quedaron precisadas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia." Lo anterior notifíquese personalmente a las partes conforme a lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso h) de la ley de la materia. SE DECLARA EJECUTORIA LA SENTENCIA. Precisado lo anterior y continuando con el estado de los autos, específicamente la certificación que obra al rubro del presente proveído, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con engrose de diecinueve de junio del año en curso, en que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ******************** por sí y en cuanto representante legítimo de la menor de iniciales ******************** Consecuentemente, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la segunda parte de la certificación secretarial, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 17, fracción III, inciso a), Capítulo Quinto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación; por lo que, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es conservable y transferible dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, lo anterior por haberse NEGADO EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, a la parte quejosa. DESTINO DE INCIDENTES. Con fundamento en el artículo 20, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, se determina que el incidente de suspensión es destruible, ya que se negó la suspensión definitiva solicitada. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS Ahora bien, de autos se advierte que se formó un cuaderno de pruebas por separado con las copias certificadas que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar con sede en esta ciudad, devuélvanse las mismas a dicha autoridad, por ser innecesaria su retención. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Finalmente, háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. ACLARACIÓN DE SENTENCIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio fue promovida por ********************, en su carácter de apoderado del quejoso directo ********************, por sí y en cuanto representante legítimo de la menor de iniciales ********************, contra actos de la Jueza Octava de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial. Sin embargo, en el único resolutivo de la sentencia pronunciada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se atentó: "ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra del acto y autoridad que quedaron precisadas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.", omitiéndose asentar que el quejoso también compareció ante esta instancia constitucional en cuanto representante legítimo de la menor de ******************** Consecuentemente, atendiendo a la omisión advertida; con fundamento en el artículo 74, último párrafo, de la Ley de Amparo, se realiza la aclaración de la sentencia pronunciada en autos, para el único efecto de que quede establecido en el único resolutivo de la sentencia, que el quejoso directo compareció a juicio por sí y en cuanto representante legítimo de la menor de ********************, por lo que éste deberá quedar como sigue: "ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por sí y en cuanto representante legítimo de la menor de ********************, en contra del acto y autoridad que quedaron precisadas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia." Lo anterior notifíquese personalmente a las partes conforme a lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso h) de la ley de la materia. SE DECLARA EJECUTORIA LA SENTENCIA. Precisado lo anterior y continuando con el estado de los autos, específicamente la certificación que obra al rubro del presente proveído, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con engrose de diecinueve de junio del año en curso, en que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ******************** por sí y en cuanto representante legítimo de la menor de iniciales ******************** Consecuentemente, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la segunda parte de la certificación secretarial, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 17, fracción III, inciso a), Capítulo Quinto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación; por lo que, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es conservable y transferible dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, lo anterior por haberse NEGADO EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, a la parte quejosa. DESTINO DE INCIDENTES. Con fundamento en el artículo 20, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, se determina que el incidente de suspensión es destruible, ya que se negó la suspensión definitiva solicitada. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS Ahora bien, de autos se advierte que se formó un cuaderno de pruebas por separado con las copias certificadas que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar con sede en esta ciudad, devuélvanse las mismas a dicha autoridad, por ser innecesaria su retención. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Finalmente, háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, por sí y como representante de la menor de iniciales ********************, contra el acto de la Jueza Octava de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito ingresado el nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, registrado en esa misma data ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, ********************¸ por sí y como representante de la menor de iniciales ********************, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto de la Jueza Octava de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, en los términos siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Resulta ser el acuerdo de fecha 14 catorce de abril del año en curso, por medio del cual la autoridad responsable omite con evasivas, pronunciarse sobre la petición de ampliación del Régimen de Convivencia entre mi poderdante y su hija menor de edad, conculcando el derecho humano tanto de la infante de iniciales R. M. O. como de mi representado al fijar un régimen de convivencia insuficiente para ayudar a la infante en mención a desarrollar una mayor autonomía e independencia, así como promover la adquisición de los valores sociales y el desarrollo moral, aspectos que son fortalecidos en un mejor (sic) de edad con las figuras materna y paterna. Lo anterior es así, toda vez que sin motivo alguno ni justificación legal, la autoridad responsable fijó y limitó la convivencia entre mi representado y su hija menor de edad de iniciales R. M. O., en un horario comprendido únicamente los días domingos de cada semana de las diez horas con treinta minutos a las diecisiete horas, debiendo mi representado recoger a la infante en cita en las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán y devolverla en el mismo lugar una vez que concluya dicha convivencia. De lo anterior se advierte que la citada responsable fue omisa en ponderar las cuestiones inherentes al caso concreto, de donde se advierte que en la escucha de la menor de edad en referencia llevada a cabo dentro del juicio del cual emana el acto reclamado, la propia infante manifestó el deseo de convivir con mi poderdante, sin que existan indicios de que mi representado influya de manera negativa en la infante en referencia, además, la Juez señalada como autoridad responsable omitió considerar que dentro del juicio especial oral familiar número 167/2022 se encuentra acreditado que mi representado habita en el domicilio conocido de la localidad de Jaripeo del municipio de Charo, Michoacán y al no contar con un vehículo propio el tiempo de traslado una vez que recoge a su menor hija y regresar a su domicilio le demanda 1 una hora y 1 una hora más en volver a su descendiente a las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de ahí que resulte ilegal e insuficiente el tiempo decretado por la autoridad responsable para que tanto la menor de edad inmersa en el presente juicio y mi representado lleven a cabo una adecuada convivencia.". En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de once de mayo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional de amparo radicó y admitió la demanda bajo el expediente número 562/2023, requirió su informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Asimismo reconoció el carácter de tercera interesada a Heidy Guadalupe Orozco Martínez, en términos de lo que dispone el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; por lo que se ordenó y efectúo su emplazamiento para los efectos legales conducentes, compareciendo a deducir sus derechos el quince de mayo de dos mil veintitrés. Toda vez que en el presente asunto se encuentran inmiscuidos los derechos de la menor de iniciales ********************, a fin de garantizar sus intereses, se determinó designarle un representante especial designado por la Delegación Regional de la Defensoría Pública, quien aceptó y protestó el cargo conferido en el presente expediente, lo que así se tuvo efectuado en auto de diecisiete de mayo del actual. Finalmente, el catorce de junio de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por materia, territorio y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto emanado por una autoridad del orden familiar que reside dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal con competencia mixta ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que los actos reclamados en este juicio constitucional son los siguientes: El auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio especial oral familiar 167/2022, sobre alimentos y custodia, que promovió Heidy Guadalupe Orozco Martínez en contra de ********************. En dicho proveído la jueza familiar responsable reservó acordar lo conducente en la audiencia respectiva, sobre la petición del demandado de modificación del régimen provisional de convivencias que se le había fijado con su hija. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la jueza responsable en su informe justificado que obra en autos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las copias certificadas relativas al juicio especial oral familiar 167/2022 del índice del juzgado responsable, en las que obra el auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, que se reclaman en este juicio constitucional. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, virtud de tratarse de actuaciones certificadas por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública. CUARTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el asunto se hace la siguiente relatoría que se desprende de las constancias allegadas al sumario: 1. El siete de marzo de dos mil veintidós, Heidy Guadalupe Orozco Martínez, por sí y en representación de su menor hija de iniciales ********************, promovió demanda en la vía especial oral familiar, en contra de ********************, de quien reclamó: El pago de alimentos definitivos en su favor y de su menor hija. La guarda y custodia provisional y definitiva de la infanta. El pago de gastos y costas procesales. En ese ocurso, la accionante narró que: hace más de veinte años inició una relación con el demandado, comenzando a hacer vida en común en el domicilio ubicado en predio girasoles sin número, kilómetro 12 de la carretera mil cumbres, de la localidad de Jaripeo, municipio de Charo, Michoacán; y, que de esa unión procrearon dos hijas de iniciales D.F.M.O. y ******************** -quienes a la fecha de la presentación de la demanda contaban con diecinueve y ocho años, respectivamente-. Que después de diversas desavenencias dejaron de hacer vida en común, por lo que actualmente la promovente habita con su menor hija de iniciales ********************, en el domicilio ubicado en calle Leona Vicario número 668, colonia Ventura Puente, de esta ciudad capital. Que a partir del mes de enero de dos mil veintidós, el demandado dejó de cumplir con su obligación de proveer alimento para la manutención de su hija, cuando las erogaciones mensuales por ese concepto ascienden a $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.). La actora agregó que durante el tiempo que hizo vida en común con el demandado y hasta la actualidad, se ha dedicado preponderantemente al cuidado del hogar, sin contar con un ingreso para cubrir sus necesidades, máxime que padece diabetes mellitus tipo II e hipertensión arterial sistémica. Atento a lo anterior, la promovente solicitó como medidas cautelares la custodia provisional a su favor de la menor de iniciales ********************, así como la fijación de alimentos provisionales a cargo del demandado. 2. De ese ocurso correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, el que mediante proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, lo radicó y admitió bajo el expediente número 167/2022, por lo que ordenó correr traslado a la parte reo, nombró tutora especial a la infanta cuyos intereses se encuentran de por medio y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de su adscripción. Asimismo, respecto de las medidas cautelares solicitadas, la jueza familiar fijó los alimentos provisionales a favor de la menor, en cantidad de $3,457.40 (tres mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 40/100 M.N.), por lo que ordenó requerir al demandado sobre su pronto y efectivo pago; mientras que, por lo que hace a la custodia provisional, toda vez que la menor se encuentra viviendo con la accionante, la juzgadora estimó que debería de continuar dicha permanencia en su propio beneficio. 3. El demandado fue emplazado a juicio y, no obstante que pretendió efectuar su contestación, en auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se declaró precluido su derecho al no haber comparecido en el término legal concedido. 4. El tres de junio de dos mil veintidós, se dictó resolución interlocutoria en el incidente de nulidad de emplazamiento formulado por el citado demandado, en el sentido de resultar improcedente, razón por la cual se ordenó levantar la suspensión del procedimiento que en su momento se decretó. 5. El dieciocho de octubre de dos mil veintidós, el demandado solicitó la fijación de un régimen de convivencias con su menor hija, pues no obstante que las partes habían acordado que ello se concretaría los días sábados y hasta el domingo, a partir del quince de esa anualidad, la actora ha pretendido obstaculizar tal convivencia, aunado a que, dice, ha ejercido actos de alienación parental en su perjuicio, cuando la menor manifestó su deseo de pasar los fines de semana a su lado. 6. A lo anterior recayó el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en el que se ordenó correr traslado a la contraria. 7. Ante la omisión de citada parte procesal de hacer alguna manifestación y a petición del demandado, el catorce de noviembre del año en mención se fijó día y hora para que tuviera lugar la escucha de la menor con asistencia de la psicóloga adscrita. Según lo asentado en el acta levantada el cinco de diciembre de dos mil veintidós, en general, la menor manifestó a la jueza la forma en que venía conviviendo los fines de semana con su progenitor y que le gustaría seguir haciéndolo por más tiempo porque la trata bien. Luego, la psicóloga valoró lo expresado para considerar la forma en que se venía desenvolviendo la dinámica familiar. Finalmente, en opinión de la tutora y fiscal adscrita, toda vez que la menor manifestó buena relación con sus padres, solicitaron se decretara el régimen de convivencia de la menor con el demandado. 8. El nueve de diciembre de dos mil veintidós, el demandado volvió a insistir en la fijación de las convivencias con la infanta, por los motivos que ya había expuesto. 9. A lo anterior recayó el auto de cinco de enero de dos mil veintitrés, en el que se requirió a las partes para que proporcionaran datos actuales sobre sus horarios y días laborales, así como los horarios de las actividades de la menor de iniciales ********************, a fin de contar con elementos suficientes para atender lo solicitado. 10. Atento a las manifestaciones de la actora y pruebas que al efecto ofreció sobre hechos de violencia suscitados en contra de su persona, el diez de enero de dos mil veintitrés, se decretó orden de restricción en contra del demandado, sobre lo siguiente: "a. Se abstenga, en acercarse al domicilio particular en que habita la parte actora y su hija R. M.O., esto es, no se acerque a la calle Uruapan, número 189 de la colonia Juárez, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, o lugar diverso en la que la actora se encuentre. b. Prohibición para acercarse a la antes referida, a una distancia no menor a 300 trescientos metros, a menos que lo haga en presencia de una autoridad. c. Prohibición para intimidar o molestar a la accionante en su entorno social, así como cualquier lugar de trabajo y/o diverso en que se encuentren. d. Prohibición para amenazar a la parte accionante, por cualquier medio electrónico o redes sociales, ya sea de manera personal o por conducto de terceras personas; por lo que deberá abstenerse de realizar cualquier comentario denostativo, respecto de su persona.". 11. Una vez que las partes informaron los horarios requeridos, mediante auto de trece de enero de dos mil veintitrés, la jueza consideró que no existe situación de riesgo en peligro de la integridad de la menor y la necesidad de ésta de interactuar con sus progenitores; por ende, decretó el régimen de convivencia de la siguiente manera: ".a partir de las diez horas con treinta minutos hasta las diecisiete horas de los días domingo de cada semana, comenzando con tal régimen el día veintidós de enero en curso.". Por tal razón, fijó como punto de entrega y recepción el Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Además, aclaró la jueza, sin que pase inadvertida la orden de restricción decretada en autos, dado que ésta va encaminada únicamente hacia la accionante. Finalmente, en esa propia determinación, la juzgadora exhortó a las partes para que propiciaran las condiciones necesarias para que se lleve a cabo la convivencia de marras y, al mismo tiempo, requirió al progenitor para que indicara su domicilio particular actual dentro de la ciudad de Morelia, Michoacán, en el que deberá de concretarse la convivencia otorgada. 12. El veintitrés de enero de dos mil veintitrés, el apoderado del demandado, señaló que el domicilio en que vive el progenitor y en el cual se efectuará la convivencia, se encuentra en la localidad de Jaripeo, municipio de Charo, Michoacán. 13. El treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, el apoderado del demandado solicitó la ampliación del régimen de convivencia fijado, bajo el argumento principal de que existe una distancia considerable entre su domicilio y el centro de convivencia, aunado a que no cuenta con vehículo propio para trasladarse, lo que, en su opinión, disminuye en dos horas el tiempo de convivencia otorgado; y, que la menor manifestó en su escucha y su deseo de convivir con su padre. Por tal motivo, con vista a las partes, solicitó se fijara el horario de las quince horas del sábado, hasta las dieciocho de domingo de cada semana. 14. Toda vez que la tutora especial no manifestó oposición a esa petición, el apoderado del demandado insistió en que se declarara procedente la ampliación del régimen de convivencias. 15. A lo anterior recayó el auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, en el que la jueza familiar responsable reservó acordar lo conducente en la audiencia respectiva. Dicha determinación constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Así, al no existir alguna causal alegada por las partes, ni que se advierta de oficio, lo que se impone es proseguir con el estudio de fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que enseguida se transcribe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.". Además, se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. En principio se indica que, si bien es cierto que en el caso, opera la suplencia de la queja en toda su amplitud, al estar inmiscuidos los intereses directos de la menor de iniciales ********************, sin que sea determinante la naturaleza de los derechos familiares en controversia. Ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en la contienda susceptible de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Empero, cierto es también que este juzgado constitucional no advierte que se necesario suplir tal deficiencia. En ese contexto, el Máximo Tribunal de Justicia del País ha sostenido que el principio del interés superior del menor de edad implica que todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. Tal criterio se encuentra reflejado en la jurisprudencia 7/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento.". En su demanda de amparo el quejoso medularmente argumenta que la responsable fue omisa en ponderar las cuestiones particulares del caso porque no consideró el tiempo de traslado de su domicilio al centro de convivencia, sin contar con vehículo propio, lo que hace insuficiente el horario fijado. Argumenta que, frente a su petición de modificación de convivencia, ni la fiscal adscrita y ni la tutora especial asignada manifestaron oposición, de modo que el auto reclamado carece de debida fundamentación y motivación, al solo señalar "se acordará lo conducente en la audiencia respectiva". Cuando, dice, en el juicio ni siquiera se encuentra fijada una fecha y hora para que tenga lugar dicho acto procesal, aunado a que la progenitora se niega a permitir la convivencia; factores anteriores que impiden que esta se concrete en un horario adecuado para fortalecer los lazos de parentesco. Aunado a que la menor manifestó su deseo de convivir más con su padre y no existe riesgo alguno para ampliar la convivencia. A más de que, existe disposición normativa que autoriza a modificar tal régimen de convivencia. Lo anterior es ineficaz. De inicio se tiene en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 139/2005, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." en lo que interesa, interpretó lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional -que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan- y determinó que la fundamentación y motivación consiste en que en todas las resoluciones materialmente jurisdiccionales o cualquier tipo de acto de autoridad deben expresarse las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deben ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Por tanto, la Sala concluyó que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional o cualquier acto de autoridad se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, donde se citen los preceptos jurídicos que permitían su emisión, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para dictar la resolución respectiva, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por otra parte, también es preciso transcribir el texto del artículo 873 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, que establece lo siguiente: "Artículo 873. El juez resolverá sobre las modalidades del derecho de convivencia provisional con sus progenitores, teniendo en cuenta el interés superior del menor, para lo cual deberá valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor a fin de determinar cuál es el ambiente que resulte más benéfico para los hijos menores de edad o con discapacidad.". De lo que se obtiene que el juez familiar debe resolver sobre las modalidades del derecho de convivencia provisional del menor con sus progenitores, atendiendo a su interés superior, valorando las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor a fin de determinar cuál es el ambiente que resulte más benéfico para que se despliegue la interacción. Ahora bien, se recuerda que el acto reclamado se emitió dentro del juicio especial oral familiar sobre convivencia y alimentos promovido por la aquí tercera interesada, frente al aquí quejoso, el que tiene una naturaleza procesal sumarísima. Luego, atento a la solicitud de fijación de convivencia provisional que efectuó Melgarejo Cortés y una vez agotadas las vistas otorgadas, así como tomada la escucha de la menor de iniciales ********************, mediante auto de trece de enero de dos mil veintitrés, la jueza consideró que no existe situación de riesgo en peligro de la integridad de la menor y la necesidad de ésta de interactuar con sus progenitores; por ende, decretó el régimen de convivencia de la siguiente manera: ".a partir de las diez horas con treinta minutos hasta las diecisiete horas de los días domingo de cada semana, comenzando con tal régimen el día veintidós de enero en curso.". Por tal razón, fijó como punto de entrega y recepción el Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Además, aclaró la jueza, sin que pase inadvertida la orden de restricción decretada en autos, dado que ésta va encaminada únicamente hacia la accionante. Finalmente, en esa propia determinación, la juzgadora exhortó a las partes para que propiciaran las condiciones necesarias para que se lleve a cabo la convivencia de marras y, al mismo tiempo, requirió al progenitor para que indicara su domicilio particular actual dentro de la ciudad de Morelia, Michoacán, en el que deberá de concretarse la convivencia otorgada. Lo anterior pone de manifiesto ante este Juzgador Federal que la jueza responsable se apegó al artículo 873 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, pues se allegó de los elementos suficientes que, a su consideración, permitían que se decretara la convivencia del aquí quejoso con su menor hija, bajo los horarios establecidos. Luego, de singular relevancia para el caso en estudio resulta que con posterioridad al tal determinación, el peticionario de derechos fundamentales solicitó la modificación del horario de convivencias porque, en su opinión, la distancia y falta de vehículo propio obstaculizaban y disminuían el tiempo de interacción otorgado. Petición respecto de la cual, la juzgadora dio vista a las partes, a fin de resolver lo conducente. Por esta razón, ante la insistencia del aquí quejoso en que se modificara el régimen de convivencias, mediante auto de catorce de abril de dos mil veintitrés -que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo- la jueza familiar responsable reservó acordar lo conducente en la audiencia respectiva. Proveído en el cual citó los preceptos legales que estimó conducentes al caso (712, 730, 731 y 982 del Código Familiar del Estado) y reservó proveer lo conducente en la audiencia respectiva, como razón esencial para no proveer, por el momento, conforme a derecho. Al margen de que en ese proveído no se invocan amplios motivos y fundamentos legales que sustenten ese proceder, esta Potestad Federal estima que el concepto de violación argüido es ineficaz para obtener la protección constitucional solicitada. Es así porque, como se evidenció a suprapárrafos, en su momento, la jueza familiar ya resolvió lo conducente sobre la convivencia provisional solicitada, de acuerdo a las particularidades del caso. De modo que si la disidencia del quejoso que plantea en esta instancia versa en la modificación de aquella determinación, bajo el argumento de la distancia y falta de transporte propio, no resulta factible que la jueza responsable resuelva en un nuevo auto tal cuestión, máxime la litis del natural versa sobre la convivencia definitiva. Ello, aunado al hecho de que al fijarse la convivencia provisional, el quejoso fue requerido para que señalara un domicilio dentro de esta ciudad capital, en el que se llevara a cabo la convivencia, sin que al efecto hubiera planteado controversia sobre tal determinación. De tal suerte que las cuestiones externas propuestas -domicilio y transporte- resultan, por sí mismas, novedosas para variar la convivencia provisional ya decretada. Más que aun cuando la determinación condigna puede modificarse en términos de lo dispuesto por el precepto 1062 de la multicitada ley, que es del contenido siguiente: "Artículo 1062. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, custodia, convivencia, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevenga este Código, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente." Conforme al cual se colige que las determinaciones emitidas con el carácter de provisionales, pueden modificarse, mediante sentencia interlocutoria o, en su defecto, en la definitiva. Incluso, se prevé que las resoluciones judiciales declaradas firmes, en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, custodia, convivencia, interdicción, jurisdicción voluntaria y, las demás previstas por el citado Código Familiar aplicable, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción deducido en el juicio condigno. Por otro lado, atento al principio de legalidad que rige en las resoluciones judiciales, inexiste precepto que autorice al juzgador para, de plano, modificar su propia determinación. Es decir, la autoridad responsable no se encuentra legalmente autorizada para modificar el régimen de convivencias decretado, salvo algún riesgo evidente y grave para la menor, porque conforme a la codificación familiar michoacana, el único momento en que el juzgador puede juzgar de forma sumaria, es cuando provee sobre la procedencia de las convivencias provisionales, cuyo régimen debe graduar en atención a las pruebas que hasta ese momento obren en autos. Toda vez que será en la sentencia que se dicte en el juicio, la que decida sobre las convivencias en definitiva, de acuerdo a los medios de convicción allegados por las partes. No obsta para determinarlo así el hecho de que en el particular se involucren los derechos de una menor, toda vez que dicha circunstancia no puede estar por encima del principio de legalidad o de eximir el mínimo respeto a derechos fundamentales como la igualdad procesal, audiencia y contradicción. En mérito de lo anterior, con independencia de lo manifestado por la infanta en su escucha, y de lo que argumenta el quejoso sobre la inexistencia de un riesgo, se estima que la jueza responsable estaba en condiciones de reservar sobre la petición del actor, puesto que, se reitera, ésta se encuentra relacionada con el fondo de la controversia, máxime que dicha solicitud no la hace valer desde hechos supervenientes que llevaran a la imperiosa necesidad de variar su determinación antes de dictar sentencia, ni a través de los propios mecanismos que prevé la ley aplicable para obtener la modificación del régimen de convivencia provisional. Luego, no se ignora el señalamiento de que no existe fecha agenda da para la celebración de la audiencia [de juicio] correspondiente y que, señala el quejoso, la progenitora se niega permitir se concrete la convivencia otorgada. Sin embargo, debe decírsele al peticionario de amparo que tales circunstancias no abonan a variar el sentido del presente fallo, cuenta habida de que se encuentran expeditos sus derechos en el juicio natural para que impulse el procedimiento y, en su caso, exigir la puntual convivencia en los términos ya otorgados. En tanto que el régimen de convivencia actual fue fijado desde el trece de enero de dos mil veintitrés, una vez que se verificó la escucha de la menor; no obstante, el quejoso se abstuvo de controvertir su fijación inicial oportunamente. Por todo lo anterior, ante lo ineficaz de los conceptos de violación hechos valer, al no advertir queja deficiente a suplir, lo que se impone es negar la protección constitucional solicitada. No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos formulados por la tercera interesada, en virtud de que en ellos no se aduce la actualización de diversa causal de improcedencia ni sobreseimiento en el juicio de amparo. Ello en términos de la tesis P./J. 26/2018 (10a.), consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra del acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA HEIDY GUADALUPE OROZCO MARTINEZ, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, por sí y como representante de la menor de iniciales ********************, contra el acto de la Jueza Octava de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito ingresado el nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, registrado en esa misma data ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, ********************¸ por sí y como representante de la menor de iniciales ********************, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto de la Jueza Octava de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, en los términos siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Resulta ser el acuerdo de fecha 14 catorce de abril del año en curso, por medio del cual la autoridad responsable omite con evasivas, pronunciarse sobre la petición de ampliación del Régimen de Convivencia entre mi poderdante y su hija menor de edad, conculcando el derecho humano tanto de la infante de iniciales R. M. O. como de mi representado al fijar un régimen de convivencia insuficiente para ayudar a la infante en mención a desarrollar una mayor autonomía e independencia, así como promover la adquisición de los valores sociales y el desarrollo moral, aspectos que son fortalecidos en un mejor (sic) de edad con las figuras materna y paterna. Lo anterior es así, toda vez que sin motivo alguno ni justificación legal, la autoridad responsable fijó y limitó la convivencia entre mi representado y su hija menor de edad de iniciales R. M. O., en un horario comprendido únicamente los días domingos de cada semana de las diez horas con treinta minutos a las diecisiete horas, debiendo mi representado recoger a la infante en cita en las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán y devolverla en el mismo lugar una vez que concluya dicha convivencia. De lo anterior se advierte que la citada responsable fue omisa en ponderar las cuestiones inherentes al caso concreto, de donde se advierte que en la escucha de la menor de edad en referencia llevada a cabo dentro del juicio del cual emana el acto reclamado, la propia infante manifestó el deseo de convivir con mi poderdante, sin que existan indicios de que mi representado influya de manera negativa en la infante en referencia, además, la Juez señalada como autoridad responsable omitió considerar que dentro del juicio especial oral familiar número 167/2022 se encuentra acreditado que mi representado habita en el domicilio conocido de la localidad de Jaripeo del municipio de Charo, Michoacán y al no contar con un vehículo propio el tiempo de traslado una vez que recoge a su menor hija y regresar a su domicilio le demanda 1 una hora y 1 una hora más en volver a su descendiente a las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de ahí que resulte ilegal e insuficiente el tiempo decretado por la autoridad responsable para que tanto la menor de edad inmersa en el presente juicio y mi representado lleven a cabo una adecuada convivencia.". En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de once de mayo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional de amparo radicó y admitió la demanda bajo el expediente número 562/2023, requirió su informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Asimismo reconoció el carácter de tercera interesada a Heidy Guadalupe Orozco Martínez, en términos de lo que dispone el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; por lo que se ordenó y efectúo su emplazamiento para los efectos legales conducentes, compareciendo a deducir sus derechos el quince de mayo de dos mil veintitrés. Toda vez que en el presente asunto se encuentran inmiscuidos los derechos de la menor de iniciales ********************, a fin de garantizar sus intereses, se determinó designarle un representante especial designado por la Delegación Regional de la Defensoría Pública, quien aceptó y protestó el cargo conferido en el presente expediente, lo que así se tuvo efectuado en auto de diecisiete de mayo del actual. Finalmente, el catorce de junio de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por materia, territorio y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto emanado por una autoridad del orden familiar que reside dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal con competencia mixta ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que los actos reclamados en este juicio constitucional son los siguientes: El auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio especial oral familiar 167/2022, sobre alimentos y custodia, que promovió Heidy Guadalupe Orozco Martínez en contra de ********************. En dicho proveído la jueza familiar responsable reservó acordar lo conducente en la audiencia respectiva, sobre la petición del demandado de modificación del régimen provisional de convivencias que se le había fijado con su hija. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la jueza responsable en su informe justificado que obra en autos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las copias certificadas relativas al juicio especial oral familiar 167/2022 del índice del juzgado responsable, en las que obra el auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, que se reclaman en este juicio constitucional. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, virtud de tratarse de actuaciones certificadas por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública. CUARTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el asunto se hace la siguiente relatoría que se desprende de las constancias allegadas al sumario: 1. El siete de marzo de dos mil veintidós, Heidy Guadalupe Orozco Martínez, por sí y en representación de su menor hija de iniciales ********************, promovió demanda en la vía especial oral familiar, en contra de ********************, de quien reclamó: El pago de alimentos definitivos en su favor y de su menor hija. La guarda y custodia provisional y definitiva de la infanta. El pago de gastos y costas procesales. En ese ocurso, la accionante narró que: hace más de veinte años inició una relación con el demandado, comenzando a hacer vida en común en el domicilio ubicado en predio girasoles sin número, kilómetro 12 de la carretera mil cumbres, de la localidad de Jaripeo, municipio de Charo, Michoacán; y, que de esa unión procrearon dos hijas de iniciales D.F.M.O. y ******************** -quienes a la fecha de la presentación de la demanda contaban con diecinueve y ocho años, respectivamente-. Que después de diversas desavenencias dejaron de hacer vida en común, por lo que actualmente la promovente habita con su menor hija de iniciales ********************, en el domicilio ubicado en calle Leona Vicario número 668, colonia Ventura Puente, de esta ciudad capital. Que a partir del mes de enero de dos mil veintidós, el demandado dejó de cumplir con su obligación de proveer alimento para la manutención de su hija, cuando las erogaciones mensuales por ese concepto ascienden a $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.). La actora agregó que durante el tiempo que hizo vida en común con el demandado y hasta la actualidad, se ha dedicado preponderantemente al cuidado del hogar, sin contar con un ingreso para cubrir sus necesidades, máxime que padece diabetes mellitus tipo II e hipertensión arterial sistémica. Atento a lo anterior, la promovente solicitó como medidas cautelares la custodia provisional a su favor de la menor de iniciales ********************, así como la fijación de alimentos provisionales a cargo del demandado. 2. De ese ocurso correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, el que mediante proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, lo radicó y admitió bajo el expediente número 167/2022, por lo que ordenó correr traslado a la parte reo, nombró tutora especial a la infanta cuyos intereses se encuentran de por medio y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de su adscripción. Asimismo, respecto de las medidas cautelares solicitadas, la jueza familiar fijó los alimentos provisionales a favor de la menor, en cantidad de $3,457.40 (tres mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 40/100 M.N.), por lo que ordenó requerir al demandado sobre su pronto y efectivo pago; mientras que, por lo que hace a la custodia provisional, toda vez que la menor se encuentra viviendo con la accionante, la juzgadora estimó que debería de continuar dicha permanencia en su propio beneficio. 3. El demandado fue emplazado a juicio y, no obstante que pretendió efectuar su contestación, en auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se declaró precluido su derecho al no haber comparecido en el término legal concedido. 4. El tres de junio de dos mil veintidós, se dictó resolución interlocutoria en el incidente de nulidad de emplazamiento formulado por el citado demandado, en el sentido de resultar improcedente, razón por la cual se ordenó levantar la suspensión del procedimiento que en su momento se decretó. 5. El dieciocho de octubre de dos mil veintidós, el demandado solicitó la fijación de un régimen de convivencias con su menor hija, pues no obstante que las partes habían acordado que ello se concretaría los días sábados y hasta el domingo, a partir del quince de esa anualidad, la actora ha pretendido obstaculizar tal convivencia, aunado a que, dice, ha ejercido actos de alienación parental en su perjuicio, cuando la menor manifestó su deseo de pasar los fines de semana a su lado. 6. A lo anterior recayó el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en el que se ordenó correr traslado a la contraria. 7. Ante la omisión de citada parte procesal de hacer alguna manifestación y a petición del demandado, el catorce de noviembre del año en mención se fijó día y hora para que tuviera lugar la escucha de la menor con asistencia de la psicóloga adscrita. Según lo asentado en el acta levantada el cinco de diciembre de dos mil veintidós, en general, la menor manifestó a la jueza la forma en que venía conviviendo los fines de semana con su progenitor y que le gustaría seguir haciéndolo por más tiempo porque la trata bien. Luego, la psicóloga valoró lo expresado para considerar la forma en que se venía desenvolviendo la dinámica familiar. Finalmente, en opinión de la tutora y fiscal adscrita, toda vez que la menor manifestó buena relación con sus padres, solicitaron se decretara el régimen de convivencia de la menor con el demandado. 8. El nueve de diciembre de dos mil veintidós, el demandado volvió a insistir en la fijación de las convivencias con la infanta, por los motivos que ya había expuesto. 9. A lo anterior recayó el auto de cinco de enero de dos mil veintitrés, en el que se requirió a las partes para que proporcionaran datos actuales sobre sus horarios y días laborales, así como los horarios de las actividades de la menor de iniciales ********************, a fin de contar con elementos suficientes para atender lo solicitado. 10. Atento a las manifestaciones de la actora y pruebas que al efecto ofreció sobre hechos de violencia suscitados en contra de su persona, el diez de enero de dos mil veintitrés, se decretó orden de restricción en contra del demandado, sobre lo siguiente: "a. Se abstenga, en acercarse al domicilio particular en que habita la parte actora y su hija R. M.O., esto es, no se acerque a la calle Uruapan, número 189 de la colonia Juárez, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, o lugar diverso en la que la actora se encuentre. b. Prohibición para acercarse a la antes referida, a una distancia no menor a 300 trescientos metros, a menos que lo haga en presencia de una autoridad. c. Prohibición para intimidar o molestar a la accionante en su entorno social, así como cualquier lugar de trabajo y/o diverso en que se encuentren. d. Prohibición para amenazar a la parte accionante, por cualquier medio electrónico o redes sociales, ya sea de manera personal o por conducto de terceras personas; por lo que deberá abstenerse de realizar cualquier comentario denostativo, respecto de su persona.". 11. Una vez que las partes informaron los horarios requeridos, mediante auto de trece de enero de dos mil veintitrés, la jueza consideró que no existe situación de riesgo en peligro de la integridad de la menor y la necesidad de ésta de interactuar con sus progenitores; por ende, decretó el régimen de convivencia de la siguiente manera: ".a partir de las diez horas con treinta minutos hasta las diecisiete horas de los días domingo de cada semana, comenzando con tal régimen el día veintidós de enero en curso.". Por tal razón, fijó como punto de entrega y recepción el Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Además, aclaró la jueza, sin que pase inadvertida la orden de restricción decretada en autos, dado que ésta va encaminada únicamente hacia la accionante. Finalmente, en esa propia determinación, la juzgadora exhortó a las partes para que propiciaran las condiciones necesarias para que se lleve a cabo la convivencia de marras y, al mismo tiempo, requirió al progenitor para que indicara su domicilio particular actual dentro de la ciudad de Morelia, Michoacán, en el que deberá de concretarse la convivencia otorgada. 12. El veintitrés de enero de dos mil veintitrés, el apoderado del demandado, señaló que el domicilio en que vive el progenitor y en el cual se efectuará la convivencia, se encuentra en la localidad de Jaripeo, municipio de Charo, Michoacán. 13. El treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, el apoderado del demandado solicitó la ampliación del régimen de convivencia fijado, bajo el argumento principal de que existe una distancia considerable entre su domicilio y el centro de convivencia, aunado a que no cuenta con vehículo propio para trasladarse, lo que, en su opinión, disminuye en dos horas el tiempo de convivencia otorgado; y, que la menor manifestó en su escucha y su deseo de convivir con su padre. Por tal motivo, con vista a las partes, solicitó se fijara el horario de las quince horas del sábado, hasta las dieciocho de domingo de cada semana. 14. Toda vez que la tutora especial no manifestó oposición a esa petición, el apoderado del demandado insistió en que se declarara procedente la ampliación del régimen de convivencias. 15. A lo anterior recayó el auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, en el que la jueza familiar responsable reservó acordar lo conducente en la audiencia respectiva. Dicha determinación constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Así, al no existir alguna causal alegada por las partes, ni que se advierta de oficio, lo que se impone es proseguir con el estudio de fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que enseguida se transcribe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.". Además, se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. En principio se indica que, si bien es cierto que en el caso, opera la suplencia de la queja en toda su amplitud, al estar inmiscuidos los intereses directos de la menor de iniciales ********************, sin que sea determinante la naturaleza de los derechos familiares en controversia. Ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en la contienda susceptible de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Empero, cierto es también que este juzgado constitucional no advierte que se necesario suplir tal deficiencia. En ese contexto, el Máximo Tribunal de Justicia del País ha sostenido que el principio del interés superior del menor de edad implica que todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. Tal criterio se encuentra reflejado en la jurisprudencia 7/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento.". En su demanda de amparo el quejoso medularmente argumenta que la responsable fue omisa en ponderar las cuestiones particulares del caso porque no consideró el tiempo de traslado de su domicilio al centro de convivencia, sin contar con vehículo propio, lo que hace insuficiente el horario fijado. Argumenta que, frente a su petición de modificación de convivencia, ni la fiscal adscrita y ni la tutora especial asignada manifestaron oposición, de modo que el auto reclamado carece de debida fundamentación y motivación, al solo señalar "se acordará lo conducente en la audiencia respectiva". Cuando, dice, en el juicio ni siquiera se encuentra fijada una fecha y hora para que tenga lugar dicho acto procesal, aunado a que la progenitora se niega a permitir la convivencia; factores anteriores que impiden que esta se concrete en un horario adecuado para fortalecer los lazos de parentesco. Aunado a que la menor manifestó su deseo de convivir más con su padre y no existe riesgo alguno para ampliar la convivencia. A más de que, existe disposición normativa que autoriza a modificar tal régimen de convivencia. Lo anterior es ineficaz. De inicio se tiene en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 139/2005, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." en lo que interesa, interpretó lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional -que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan- y determinó que la fundamentación y motivación consiste en que en todas las resoluciones materialmente jurisdiccionales o cualquier tipo de acto de autoridad deben expresarse las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deben ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Por tanto, la Sala concluyó que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional o cualquier acto de autoridad se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, donde se citen los preceptos jurídicos que permitían su emisión, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para dictar la resolución respectiva, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por otra parte, también es preciso transcribir el texto del artículo 873 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, que establece lo siguiente: "Artículo 873. El juez resolverá sobre las modalidades del derecho de convivencia provisional con sus progenitores, teniendo en cuenta el interés superior del menor, para lo cual deberá valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor a fin de determinar cuál es el ambiente que resulte más benéfico para los hijos menores de edad o con discapacidad.". De lo que se obtiene que el juez familiar debe resolver sobre las modalidades del derecho de convivencia provisional del menor con sus progenitores, atendiendo a su interés superior, valorando las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor a fin de determinar cuál es el ambiente que resulte más benéfico para que se despliegue la interacción. Ahora bien, se recuerda que el acto reclamado se emitió dentro del juicio especial oral familiar sobre convivencia y alimentos promovido por la aquí tercera interesada, frente al aquí quejoso, el que tiene una naturaleza procesal sumarísima. Luego, atento a la solicitud de fijación de convivencia provisional que efectuó Melgarejo Cortés y una vez agotadas las vistas otorgadas, así como tomada la escucha de la menor de iniciales ********************, mediante auto de trece de enero de dos mil veintitrés, la jueza consideró que no existe situación de riesgo en peligro de la integridad de la menor y la necesidad de ésta de interactuar con sus progenitores; por ende, decretó el régimen de convivencia de la siguiente manera: ".a partir de las diez horas con treinta minutos hasta las diecisiete horas de los días domingo de cada semana, comenzando con tal régimen el día veintidós de enero en curso.". Por tal razón, fijó como punto de entrega y recepción el Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Además, aclaró la jueza, sin que pase inadvertida la orden de restricción decretada en autos, dado que ésta va encaminada únicamente hacia la accionante. Finalmente, en esa propia determinación, la juzgadora exhortó a las partes para que propiciaran las condiciones necesarias para que se lleve a cabo la convivencia de marras y, al mismo tiempo, requirió al progenitor para que indicara su domicilio particular actual dentro de la ciudad de Morelia, Michoacán, en el que deberá de concretarse la convivencia otorgada. Lo anterior pone de manifiesto ante este Juzgador Federal que la jueza responsable se apegó al artículo 873 del Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, pues se allegó de los elementos suficientes que, a su consideración, permitían que se decretara la convivencia del aquí quejoso con su menor hija, bajo los horarios establecidos. Luego, de singular relevancia para el caso en estudio resulta que con posterioridad al tal determinación, el peticionario de derechos fundamentales solicitó la modificación del horario de convivencias porque, en su opinión, la distancia y falta de vehículo propio obstaculizaban y disminuían el tiempo de interacción otorgado. Petición respecto de la cual, la juzgadora dio vista a las partes, a fin de resolver lo conducente. Por esta razón, ante la insistencia del aquí quejoso en que se modificara el régimen de convivencias, mediante auto de catorce de abril de dos mil veintitrés -que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo- la jueza familiar responsable reservó acordar lo conducente en la audiencia respectiva. Proveído en el cual citó los preceptos legales que estimó conducentes al caso (712, 730, 731 y 982 del Código Familiar del Estado) y reservó proveer lo conducente en la audiencia respectiva, como razón esencial para no proveer, por el momento, conforme a derecho. Al margen de que en ese proveído no se invocan amplios motivos y fundamentos legales que sustenten ese proceder, esta Potestad Federal estima que el concepto de violación argüido es ineficaz para obtener la protección constitucional solicitada. Es así porque, como se evidenció a suprapárrafos, en su momento, la jueza familiar ya resolvió lo conducente sobre la convivencia provisional solicitada, de acuerdo a las particularidades del caso. De modo que si la disidencia del quejoso que plantea en esta instancia versa en la modificación de aquella determinación, bajo el argumento de la distancia y falta de transporte propio, no resulta factible que la jueza responsable resuelva en un nuevo auto tal cuestión, máxime la litis del natural versa sobre la convivencia definitiva. Ello, aunado al hecho de que al fijarse la convivencia provisional, el quejoso fue requerido para que señalara un domicilio dentro de esta ciudad capital, en el que se llevara a cabo la convivencia, sin que al efecto hubiera planteado controversia sobre tal determinación. De tal suerte que las cuestiones externas propuestas -domicilio y transporte- resultan, por sí mismas, novedosas para variar la convivencia provisional ya decretada. Más que aun cuando la determinación condigna puede modificarse en términos de lo dispuesto por el precepto 1062 de la multicitada ley, que es del contenido siguiente: "Artículo 1062. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, custodia, convivencia, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevenga este Código, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente." Conforme al cual se colige que las determinaciones emitidas con el carácter de provisionales, pueden modificarse, mediante sentencia interlocutoria o, en su defecto, en la definitiva. Incluso, se prevé que las resoluciones judiciales declaradas firmes, en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, custodia, convivencia, interdicción, jurisdicción voluntaria y, las demás previstas por el citado Código Familiar aplicable, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción deducido en el juicio condigno. Por otro lado, atento al principio de legalidad que rige en las resoluciones judiciales, inexiste precepto que autorice al juzgador para, de plano, modificar su propia determinación. Es decir, la autoridad responsable no se encuentra legalmente autorizada para modificar el régimen de convivencias decretado, salvo algún riesgo evidente y grave para la menor, porque conforme a la codificación familiar michoacana, el único momento en que el juzgador puede juzgar de forma sumaria, es cuando provee sobre la procedencia de las convivencias provisionales, cuyo régimen debe graduar en atención a las pruebas que hasta ese momento obren en autos. Toda vez que será en la sentencia que se dicte en el juicio, la que decida sobre las convivencias en definitiva, de acuerdo a los medios de convicción allegados por las partes. No obsta para determinarlo así el hecho de que en el particular se involucren los derechos de una menor, toda vez que dicha circunstancia no puede estar por encima del principio de legalidad o de eximir el mínimo respeto a derechos fundamentales como la igualdad procesal, audiencia y contradicción. En mérito de lo anterior, con independencia de lo manifestado por la infanta en su escucha, y de lo que argumenta el quejoso sobre la inexistencia de un riesgo, se estima que la jueza responsable estaba en condiciones de reservar sobre la petición del actor, puesto que, se reitera, ésta se encuentra relacionada con el fondo de la controversia, máxime que dicha solicitud no la hace valer desde hechos supervenientes que llevaran a la imperiosa necesidad de variar su determinación antes de dictar sentencia, ni a través de los propios mecanismos que prevé la ley aplicable para obtener la modificación del régimen de convivencia provisional. Luego, no se ignora el señalamiento de que no existe fecha agenda da para la celebración de la audiencia [de juicio] correspondiente y que, señala el quejoso, la progenitora se niega permitir se concrete la convivencia otorgada. Sin embargo, debe decírsele al peticionario de amparo que tales circunstancias no abonan a variar el sentido del presente fallo, cuenta habida de que se encuentran expeditos sus derechos en el juicio natural para que impulse el procedimiento y, en su caso, exigir la puntual convivencia en los términos ya otorgados. En tanto que el régimen de convivencia actual fue fijado desde el trece de enero de dos mil veintitrés, una vez que se verificó la escucha de la menor; no obstante, el quejoso se abstuvo de controvertir su fijación inicial oportunamente. Por todo lo anterior, ante lo ineficaz de los conceptos de violación hechos valer, al no advertir queja deficiente a suplir, lo que se impone es negar la protección constitucional solicitada. No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos formulados por la tercera interesada, en virtud de que en ellos no se aduce la actualización de diversa causal de improcedencia ni sobreseimiento en el juicio de amparo. Ello en términos de la tesis P./J. 26/2018 (10a.), consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra del acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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