Adrian Gómez Diaz
Expediente 1151/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1151/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adrian Gómez Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil veintitrés. Parte quejosa realiza manifestaciones y deberá estarse a lo acordado. Visto el escrito de cuenta que suscribe Nayeli Edith Torres Tercero, autorizada del quejoso Adrián Gómez Díaz, mediante el cual desahoga la vista que se ordenó dar con el cumplimiento realizado por la responsable, y en el que, medularmente se refiere que la responsable no cumple con la ejecutoria ya que si bien emitió un acuerdo donde fueron admitidas en su totalidad las pruebas ofrecidas, señaló para su desahogo fechas fuera del término previsto en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo y por ello, considera que de nueva cuenta comete una violación procesal en perjuicio del quejoso. Al respecto, dígasele que deberá de estarse a lo acordado en proveído de nueve de los actuales, donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; y las manifestaciones que vierte la parte quejosa sobre una nueva violación procesal en el juicio de origen, son subsecuentes al lineamiento que se le estableció en el fallo protector (pronunciarse sobre la admisión y/o desechamiento de pruebas) y de haber requerido a la responsable para los términos que pretende la parte quejosa, sería imponerle un lineamiento o cuestión que no fue materia de la concesión del amparo dictada en el presente asunto, la cual, se delimitó únicamente a que se dictara ese acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas dentro del expediente laboral de origen; y por tanto, no procede requerirla para que cumpla con diversos aspectos que no fueron materia de la ejecutoria de amparo, como el que pretende la parte quejosa (que se fijen fechas en los términos del artículo 883 de la Ley Federal de Trabajo) pues se estaría inobservando lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Máxime, que de haber existido alguna inconformidad de la parte quejosa en relación a los efectos y alcances del amparo concedido, tuvo a su alcance los medios legales para impugnar esa determinación y como no lo hizo, causó ejecutoria y se requirió a la responsable para que cumpliera con la misma, en los términos en que fue dictado el fallo protector. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis número CV/2013 (10ª), del rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN EL QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª.J.45/2007)" Notifíquese
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de enero de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a ADRIÁN GÓMEZ DÍAZ, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. En auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Así, por oficio presentado el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, allegó las constancias para acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "La Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de no existir impedimento legal alguno, se pronuncie de manera inmediata en relación a la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 5A-1881/2020." Con fecha quince de diciembre de dos mil veintidós, se dictó acuerdo dentro del juicio laboral número 5A-1881/2020, donde se proveyó lo siguiente: - Se admitieron en su totalidad las pruebas presentadas por todas las partes, señalando fechas para su desahogo de aquellas que por su naturaleza así lo requieren. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa cumplimiento Visto el oficio de cuenta que suscribe la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia autorizada del proveído de quince de diciembre del presente año, referente a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del juicio laboral número 5A-1881/2020. Vista a la parte quejosa En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente del juicio de amparo V-1151/2022, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-1151/2022 promovido por Adrián Gómez Díaz, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no le reviste el carácter de tercero interesado a persona alguna. Sin que constituya un obstáculo para la celebración de la presente audiencia constitucional, el que se encuentre corriendo la vista hacia la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, puesto que el diferimiento de la audiencia por tal cuestión sólo debe hacerse en su beneficio cuando deba aportar pruebas para desvirtuar lo aseverado por la responsable, situación que en el caso no es necesaria atendiendo a las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable, de ahí que no requiere de prueba adicional, por lo que en vez de diferir la audiencia constitucional y retardar la solución del asunto, se privilegie el principio establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, en relación con impartir justicia de manera pronta y expedita. Sin que con ello se desentiendan las jurisprudencias P./J54/2000 y 1ª/J.112/2006, pues del estudio analítico de las ejecutorias de las que derivaron se colige que su espíritu no es diferir la audiencia constitucional en todos los casos de manera indiscriminada, pues ello atentaría contra el principio constitucional de impartir justicia pronta y expedita, sino antes bien sólo cuando las partes puedan ofrecer pruebas para desvirtuar lo plasmado en el informe justificado lo que en el caso no es necesario. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Acto continuo, el Secretario da cuenta al Juez con el pedimento registrado con el número 17082 EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; asimismo agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta; atento a su contenido, se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado formulando alegatos, los cuales se tienen por realizados en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la etapa correspondiente. EL SECRETARIO: Da cuenta con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Por haberse rendido en tiempo y forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos la documental que anexó a su informe de ley la autoridad responsable; prueba que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvo por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas; y al no existir más medios de convicción que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que mediante pedimento 534/2022, presentado en esta fecha, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló alegatos. EL JUEZ: Se da por concluida la presente audiencia, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número V-1151/2022, promovido por Adrián Gómez Díaz, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de octubre del año en curso, y registrado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, mismo del que por razón de turno, correspondió conocer a este juzgado federal, Adrián Gómez Díaz, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad que señaló en su escrito de demanda y el acto que precisó de la siguiente manera: ".El acuerdo dictado en la Audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas con fecha 29 veintinueve de abril del año 2022 dos mil veintidós, mediante el cual se reservó el acuerdo sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del juicio laboral número 5A-1881/2020." Acto que la parte quejosa consideró violatorio en su perjuicio los derechos humanos reconocidos por los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós, se registró la demanda con el número V-1151/2022, se admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama una omisión a una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, por lo que la competencia se surte a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En ese sentido, el acto reclamado consiste en la omisión de proveer sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral 5A-1881/2020. TERCERO. Existencia de la omisión reclamada. Del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta responsable, se obtiene que es cierta la omisión que se le atribuye. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Estudio de fondo. El único concepto de violación aducido es esencialmente fundado. De la lectura de la demanda se desprende que la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de pronunciarse respecto a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en la audiencia de veintinueve de abril de dos mil veintidós; lo que se traduce en una violación en su perjuicio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso ha acontecido. De la interpretación de tal precepto constitucional se desprende la obligación para los tribunales encargados de la impartición de justicia de dictar sus resoluciones en forma pronta y expedita, imponiéndosele a la autoridad jurisdiccional sujetarse para ello a los términos que se establezcan en la ley que rija el acto. Más aún, este órgano jurisdiccional como garante de la Constitución debe vigilar el irrestricto acatamiento a los derechos fundamentales que consagra nuestra Carta Magna y, por su parte, las autoridades laborales deben proveer lo necesario a fin de tramitar y concluir el juicio dentro de los plazos y términos que establecen los cuerpos normativos a los que debe sujetarse, debiendo en su momento dictar laudo que resuelva la cuestión planteada. Máxime que el Estado tiene el imperativo legal hacía los gobernados de otorgar el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.3º. T. J/57 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 1283 Novena Época, número de registro 177266, que dice: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". A su vez, la Ley Federal del Trabajo en su ahora derogado artículo 880, señala lo siguiente: "Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; (.) IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes". De tal artículo se desprende la forma en que deben proceder las Juntas laborales en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, específicamente con el ofrecimiento y su posterior admisión o desechamiento; asimismo establece que la autoridad del procedimiento podrá reservar su pronunciamiento, únicamente dentro de los cinco días siguientes. En el juicio laboral de origen, en que figura el aquí quejoso como actor, se obtiene que en la propia audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, celebrada el veintinueve de abril del año en curso, se tuvo a las partes actora y diversas codemandadas ofreciendo pruebas, respecto de las cuales se reservó proveer sobre su admisión o desechamiento. De lo anterior, se tiene que a la fecha han transcurrido más de seis meses desde que se reservó acordar sobre la procedencia de los medios de convicción ofrecidos, sin que a la fecha se hubiere pronunciado al respecto; es decir, que ha transcurrido en exceso el término de cinco días de reserva que prevé el numeral 880 de la aplicable Ley Federal del Trabajo. En ese contexto, resulta evidente que la Junta responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta, lo que trae como consecuencia una violación a la garantía tutelada por el citado artículo, pues los términos utilizados por la autoridad responsable para desarrollar el procedimiento exceden de los establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 32/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 205635, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 57, Septiembre de 1992, página 18, que establece: "TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO. El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia". En consecuencia, lo procedente es otorgar la protección constitucional al quejoso Adrián Gómez Díaz, para el efecto de que: - La Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de no existir impedimento legal alguno, se pronuncie de manera inmediata en relación a la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 5A-1881/2020. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis con registro digital 2005150, de contenido literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Lo anterior, a fin de restituir al quejoso en el goce del derecho transgredido, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la ley de la materia. Finalmente, en relación con el desacato al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en el auto admisorio, lo cual fue destacado en la audiencia constitucional, se apercibe a la autoridad responsable que, en su caso, una vez que cause ejecutoria la presente determinación, de no cumplir con el fallo dentro del tiempo que se le conceda, sin mediar diverso acuerdo, se hará acreedora a las sanciones establecidas en el título tercero de la Ley de Amparo, correspondiente al Cumplimiento y Ejecución. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Adrián Gómez Díaz, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con base a las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz Secretario que autoriza.- Doy fe.
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