Adrián Martínez Rodríguez
Expediente 251/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 251/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Adrián Martínez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Vistos el estado de autos; advirtiéndose que el tres de septiembre de dos mil dieciocho (foja 190), se notificó al quejoso el acuerdo en el que causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo, en el cual se ordenó la devolución del billete de depósito N829903 (foja 186), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), por $2,000.00 (dos mil pesos, moneda nacional), cuya garantía se constituyó para que surtiera efecto la suspensión provisional concedida a Adrián Martínez Rodriguez, habiendo transcurrido más de dos años naturales, sin que se hubiese presentado a recogerlo; con fundamento en los artículos 36 y 48, párrafo segundo, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, vigente a partir del uno de enero de mil novecientos ochenta y seis, se declara que dicha garantía ha prescrito en favor del Fisco Federal; en consecuencia, y conforme a la circular número siete de veintitrés de agosto de mil novecientos setenta y seis, y diversa fechada el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, que comunican acuerdos relativos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debidamente transferido, remítase el referido documento al Tesorero de la Federación. En el entendido que en acatamiento a lo determinado en la CIRCULAR/DGT/04/2007, de diecisiete de mayo de dos mil siete, signada por el Director General de Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, este acuerdo de prescripción no se le hará de su conocimiento. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno ocho, relativo al Control de Certificados de Depósito. Cúmplase
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías, el treinta de julio de dos mil dieciocho (fojas 132 a 139), en el que se decretó sobreseer fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido; glósese a este expediente el original del incidente de suspensión. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en el que se concedió la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la suspensión provisional. Sin embargo, en este cuaderno incidental se destaca que el quejoso ADRIAN MARTINEZ RODRIGUEZ, exhibió el billete de depósito N 829903, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (bansefi), que ampara la cantidad de dos mil pesos ($2,000.00), como garantía que les fue fijada para que surtiera efectos la suspensión provisional en la que concedió, respecto de los actos reclamados. En consecuencia, devuélvase al quejoso el billete de depósito debidamente endosado a su favor, previa identificación y recibo que se asiente en autos, haciéndole de su conocimiento que si no se presenta a recogerlo dentro del término de dos años, contados a partir de la legal notificación de este proveído, se prescribirá a favor del Erario Federal. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. NOTIFÍQUESE. II-A-Penal
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio 31097/2018, signado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, por el que en cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de veinte de agosto del año en curso, remite el billete de depósito N 829903, que ampara la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos, cero centavos moneda nacional), garantía que le fue fijada al quejoso ADRIÁN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, para que surtiera efectos la suspensión provisional que le fue concedida por la autoridad oficiante; por tanto, acúsese el recibo de estilo y entréguese el mismo al Secretario encargado de la caja de valores de este Juzgado el aludido documento y hágase del conocimiento de las partes la constitución de dicha garantía, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese. II-A
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA; TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que en proveído de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho (foja 13), la Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quien previno en el conocimiento de la demanda, la admitió a trámite, registrándola con el número 276/2018 de su índice; previa substanciación del juicio, por acuerdo de once de junio del año en curso (fojas 92 a 97), se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para seguir conociendo y resolver del citado juicio de amparo. Por tal razón, por acuerdo dictado el dieciocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 98 a 102), se aceptó la competencia declinada, registrándose el presente juicio de amparo con el número 251/2018; y toda vez que el mismo se encontraba integrado en su totalidad únicamente se ordenó notificar a las partes como obra en autos señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, de los autos del juicio de amparo en que se actúa, en específico de la demanda de amparo se advierte que Adrián Martínez Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de los Magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otra autoridad, consistentes en la resolución de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, emitida en el toca penal JOTP/02/2018 en la que se revocó la resolución de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se negó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa al hoy quejoso en la causa penal 372/2017, ordenando que el juez de control celebrara nuevamente audiencia con la finalidad de que se resolviera conforme a los lineamientos emitidos por dichos magistrados respecto de la citada medida cautelar (fojas 9 a 12). Asimismo, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables se desprende que las mismas admitieron en la existencia de los actos reclamados, señalando el Juez de Control de Puerto Escondido, Oaxaca (autoridad ejecutora) que en cumplimiento a lo ordenado por los citados magistrados en el recurso de apelación señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de revisión de medida cautelar; llegada la fecha de esa audiencia el imputando no asistió, por lo cual se difirió la misma (fojas 17 y 18, así como 27). Posteriormente, en proveído de ocho de mayo del año en curso (foja 37) se tuvo informando al Juez de Control de mérito que en comparecencia espontánea de uno de mayo siguiente, se concedió al quejoso el beneficio de la suspensión condicional del proceso establecida en los numerales 192 a 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el plazo de seis meses, para lo cual remitió la trascripción de dicha audiencia, así como un DVD que contiene el audio y video de la misma (fojas 89 a 91). En razón de lo hasta aquí expuesto, se considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, debido a que se determinó la suspensión condicional del proceso de donde deriva el acto reclamado en este juicio. Lo anterior es así, pues del contenido de dicho precepto legal se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Al respecto es oportuno traer a colación los parámetros de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), de los cuales se desprende en lo substancial el tópico en estudió, la primera sala del alto tribunal sostuvo: *Los acuerdos reparatorios son un medio autocompositivo, pues consisten en un acuerdo celebrado entre la víctima u ofendido y el imputado, cuyo fin es convenir la reparación de las consecuencias causadas por la comisión de un hecho considerado como delito, el cual una vez aprobado por el ministerio público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal, respecto de delitos que afectan bienes jurídicos disponibles, de carácter patrimonial, que consisten en afectaciones menos graves o constituyen delitos culposos. En este sentido, las partes podrán suscribir acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido, esto es, cuando la obligación adquirida, se cumple en el plazo establecido para tal fin. *La suspensión del proceso a prueba también es un mecanismo autocompositivo, dado que se requiere un acuerdo entre el imputado y el fiscal, cuya finalidad consiste en paralizar el procedimiento y conducir la conclusión del conflicto penal, mediante el pago de la reparación del daño y el cumplimiento del imputado de una o varias de las condiciones indicadas por el Juez, cuya observancia, genera la extinción de la acción penal en delitos específicamente determinados. *Los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba, constituyen mecanismos alternativos de solución al conflicto penal, que si bien no dejan de tener como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, su prioridad no es declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión, sino reparar el daño causado por el delito. *Los dos caminos de solución alterna, que buscan justicia restaurativa, requieren -como presupuesto- el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, dado que ese consentimiento no es gratuito, pues a cambio logra paralizar la continuación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva: que se le imponga una pena, principalmente la privación de su libertad. *Una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio o transcurrido el plazo -si se trata de la suspensión del proceso a prueba- que se fije, sin que la suspensión fuere revocada, pagada la reparación del daño material y cumplidas las condiciones establecidas, en ambos casos el juez decretará la extinción de la acción penal, lo que se traduce en la conclusión del conflicto penal sin necesidad de imponer una pena, principalmente de prisión, sino privilegiando la voluntad de las partes que las llevó a una solución alterna del conflicto. *En cambio, si el imputado decide incumplir con las obligaciones pactadas en el acuerdo o incurre en alguna causa de revocación de la suspensión del proceso a prueba, asumirá como consecuencia la reanudación del proceso penal con todo lo que implica: enfrentar un juicio y una eventual condena, con la limitante de que la información que se genere como producto de esos mecanismos alternativos no podrá ser utilizada dentro del proceso penal. *La cuestión a resolver en esa contradicción de tesis, consiste en: determinar si en el amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso, la aceptación del quejoso de concluir el proceso penal, a través de un acuerdo reparatorio o suspensión del proceso a prueba, entraña el consentimiento del acto reclamado, que actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. *Cuando el quejoso -en su calidad de imputado- suscribe un acuerdo reparatorio o la suspensión del proceso a prueba, dicha acción entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso respectivo, dado que su voluntad de concluir el proceso penal, a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. *Que el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena, privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. *Lo anterior propicia una adecuada interacción entre el nuevo sistema de justicia penal y el juicio de amparo, pues implica que al examinarse la constitucionalidad del acto reclamado, el juez constitucional pondere que la paralización del proceso motivado por haber alcanzado algún mecanismo alternativo de solución, se debe al único propósito que distingue a la justicia restaurativa: reparar el daño causado por el delito, sin sanción penal. *Estimar lo contrario, no sólo se traduciría en un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en un mecanismo alternativo y, otro, que lo cuestiona, mediante el juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. *Si la referida causa de improcedencia, se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. Tales razonamientos, como se dijo, fueron sustentados en la ejecutoria de donde deriva la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 461, libro 43, junio de 2017, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, Décima Época, cuyo tenor es: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Ahora, en el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el ministerio público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere el capítulo III del título I del libro segundo de dicho código, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal; cuyos requisitos de procedencia se prevén en el diverso 192 y la enunciación de las condiciones por cumplir en ese plan se instituyen de manera ejemplificativa en el numeral 195. Del artículo 196 del código en cita, se desprende el trámite a seguir, de lo que destaca que la víctima u ofendido serán citados a la audiencia en la fecha que señale el juez de control; en su resolución, el juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud y aprobará el plan de reparación propuesto, mismo que podrá ser modificado por el juez de control en la audiencia. Además, en el segundo párrafo del diverso 199 del código nacional adjetivo penal invocado se advierte que cuando las condiciones establecidas por el juez de control para la suspensión condicional del proceso, así como el plan de reparación hayan sido cumplidas por el imputado dentro del plazo establecido para tal efecto sin que se hubiese revocado dicha suspensión condicional del proceso, se extinguirá la acción penal; con relación a lo cual, el juez de control deberá decretar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento. En esa misma tesitura, el artículo 179 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se determine la suspensión condicional de proceso, la autoridad judicial deberá suspender las medidas cautelares impuestas, las que podrán continuar en los mismos términos o modificarse, si el proceso se reanuda, de acuerdo con las peticiones de las partes y la determinación judicial. En el caso, se estima que el acto reclamado fue consentido, en razón de que el quejoso al momento de solicitar el beneficio de la suspensión condicional del proceso, aceptó los hechos materia de vinculación a proceso y por tanto las condiciones en que se impuso la medida cautelar de la que ahora se duele, como se explica a continuación: Como se adelantó, el acto que por esta vía se combate se hizo consistir en la resolución de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, emitida en el toca penal JOTP/02/2008, en la que se revocó la resolución de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, por la que se negó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa al hoy quejoso en la causa penal 372/2017, como probable responsable del hecho que la ley señala como delito de lesiones que ponen en peligro la vida. Ahora bien, el uno de mayo del año en curso, se llevó a cabo la audiencia relativa a la solución alterna del procedimiento, concerniente a la suspensión condicional del proceso, tal como se advierte del registro digital respectivo, contenido en el disco compacto remitido por oficio PJEO/CJ/JCPPE/721/2018-J, signado por el Juez de Control autoridad responsable ejecutora, así como de la trascripción en formato PDF que obra en autos (fojas 31 y 89 a 91). Información generada por medios electrónicos y ópticos a los que se otorga pleno valor probatorio, de acuerdo con los artículos 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo. Así pues, del registro digital en mención (contenido en el disco compacto contenido en el anexo I) se desprende que la audiencia fue iniciada a las catorce horas con treinta y dos minutos del uno de mayo de dos mil dieciocho dentro de la referida causa penal 372/2017; de cuyo contenido se advierte que previa exposición de las condiciones, el juez de control (autoridad judicial responsable ejecutora) consideró, entre otras cuestiones otorgar la suspensión condicional del proceso aprobando el plan de reparación del daño, el cual fue cubierto por el imputado aquí quejoso dándose por pagada la víctima, sujetándose dicha suspensión a un plazo de seis meses. En tales condiciones, es inconcuso que la parte quejosa ha consentido expresamente el contenido de la resolución aquí reclamada, dada su voluntad de concluir el proceso penal a través de un mecanismo de solución alterna, lo que debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque -como se ha expuesto- el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación y sus consecuencias o que, al menos, no la cuestione, pues su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio. Esto, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la medida cautelar, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena, privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Pues tal como la primera sala del alto tribunal lo sostuvo, ello propicia una adecuada interacción entre el nuevo sistema de justicia penal y el juicio de amparo, al implicar que al examinarse la constitucionalidad del acto reclamado, el juez constitucional pondere que la paralización del proceso motivado por haber alcanzado algún mecanismo alternativo de solución, se debe al único propósito que distingue a la justicia restaurativa: reparar el daño causado por el delito, sin sanción penal. De ahí que al haberse concedido la suspensión condicional del proceso constituya una manifestación de voluntad de las partes que intervienen y entrañe a la vez el consentimiento del imputado respecto de la medida cautelar reclamada; lo que actualiza la causal de improcedencia en estudio. Además, de admitir la procedencia del juicio de amparo contra las medidas cautelares, cuando el imputado hizo uso ya de la justicia alternativa, se desnaturalizaría el sistema de justicia penal acusatorio, al permitir que éste ejerza intereses incompatibles entre sí, pues es claro que al acceder a la justicia alternativa, en realidad acepta la situación en la que se encuentra inmerso, tanto es así, que pretende darla por concluida de manera voluntaria, en tanto que, la impugnación de ésta mediante el juicio de amparo revela inconformidad con ella, lo que evidentemente es un contrasentido que resulta inadmisible en nuestro sistema de derecho, por contrariar la seguridad jurídica. En esas condiciones, como se adelantó al actualizarse de forma manifiesta e indubitable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Lo anterior, pues a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la audiencia constitucional, estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de sustento, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, página 386, bajo el número de registro 184572, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las diez horas con quince minutos del treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente. II-B-Penal
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